EEUU
denuncia homicidios, torturas, corrupción, impunidad y falta
de garantías electorales en Guinea
El
Departamento de Estado asegura en su informe anual sobre
DDHH que "todas las ramas del Gobierno" están en poder de
Obiang, su clan y su partido.
WASHINGTON, 12 (EUROPA PRESS)-
El informe de 2009 sobre Derechos
Humanos del Departamento de Estado estadounidense denuncia,
en la parte correspondiente a Guinea Ecuatorial, que a lo
largo del año pasado se registraron en el país africano
homicidios ilegales por parte de las fuerzas de seguridad,
torturas a detenidos y presos, acoso y deportaciones sin
garantías procesales a extranjeros, corrupción,
restricciones a las libertades y "límites a la capacidad de
los ciudadanos para cambiar su gobierno".
Guinea Ecuatorial "es nominalmente
una República constitucional multipartidista", se lee en el
informe, publicado este jueves por el Departamento de Estado
estadounidense y que repasa la situación en 194 países. No
obstante, precisa, "todas las ramas del Gobierno están
dominadas por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,
quien gobierna desde que tomó el poder mediante un golpe
militar en 1979, junto con su clan perteneciente al grupo
mayoritario de la etnia Fang y su partido político, el
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE)".
Entre los principales problemas en
materia de Derechos Humanos registrados a lo largo de 2009,
el informe denuncia "los límites a la capacidad de los
ciudadanos para cambiar su gobierno", los homicidios
ilegales por parte de las fuerzas de seguridad, las torturas
a detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad,
las malas condiciones de vida carcelarias, la impunidad
oficial, las detenciones arbitrarias, las detenciones en
régimen de incomunicación.
Asimismo, denuncia el acoso y la
deportación sin garantías procesales de los extranjeros
residentes, la corrupción judicial y la falta de debido
proceso, las restricciones al derecho a la intimidad, las
restricciones a la libertad de expresión, prensa, reunión,
asociación y circulación, la corrupción gubernamental, la
violencia y la discriminación contra la mujer, la
discriminación contra las minorías étnicas y las
restricciones a los derechos laborales.
LAS ELECCIONES
"El 29 de noviembre", señala el
documento, "el presidente Obiang fue reelegido con el 95,37
por ciento de los votos emitidos" tras unas elecciones
presidenciales en las que "el desequilibrio de los
resultados y la escasa supervisión independiente del
proceso" hicieron levantar sospechas de "fraude electoral
sistemático". "Los observadores diplomáticos tomaron nota de
las numerosas irregularidades y de la presencia de personal
militar en todos los lugares de votación", afirma el
informe. "Si bien las autoridades civiles mantuvieron, por
lo general, un control efectivo sobre las fuerzas de
seguridad, hubo casos en que los elementos de las fuerzas de
seguridad actuaron de forma independiente", añadió.
Entre las irregularidades detectadas
en el proceso electoral, en el que hubo "pocos observadores
electorales internacionales en los 1.289 centros de votación
del país", el informe del Departamento de Estado destaca "el
voto múltiple, el insuficiente respeto del secreto de
votación y la falta de una lista a disposición de los
candidatos registrados". Aparte, el documento lamenta la
inexistencia de "un organismo independiente e imparcial para
supervisar el proceso electoral o considerar las quejas
relacionadas con las elecciones".
Según el informe, el PDGE gobierna "a
través de un complejo dispositivo construido alrededor de la
familia, el clan y las lealtades étnicas" y a lo largo de
2009 continuaron las presiones indirectas contra los
funcionarios del Estado para que se afiliasen al partido del
Gobierno. "Los miembros de la oposición denunciaron que
habían sido objeto de discriminación en los contratos, la
conservación del empleo, las becas y la obtención de
licencias comerciales", agrega el informe del Departamento
de Estado.
El documento destaca también que,
tras el ataque armado el 17 de febrero contra el Palacio
Presidencial, "que posteriormente fue atribuido a un grupo
rebelde de Nigeria", el Gobierno detuvo "arbitrariamente,
sin orden judicial y sin cargos", a numerosas personas, una
de las cuales "murió a causa de las palizas durante los
interrogatorios" y dos de las cuales "fueron torturadas".
Entre los detenidos por estos hechos, asegura el
Departamento de Estado, figuran ocho pescadores nigerianos y
la esposa de uno de ellos, Afiong Etim, la cual "murió como
consecuencia de las palizas administradas durante el
interrogatorio".
El informe también denuncia varios
secuestros en el extranjero por parte de las fuerzas de
seguridad ecuatoguineanas, entre ellos el ex coronel
Cipriano Nguema Mba, capturado de Camerún en octubre de 2008
y transportado "en secreto" a la prisión de Black Beach de
Malabo, o Florencio Ela Bibang, Antimo Edu Nchama y Felipe
Esono Ntutumu, "todos ellos secuestrados en 2005 en países
extranjeros donde tenían estatuto de refugiados" y que aún a
finales de 2009 permanecían encarcelados en Black Beach.
El documento oficial estadounidense
también denuncia que las fuerzas de seguridad cometieron
cometieron denuncias a lo largo del año pasado y cita un
informe de Amnistía Internacional, del 28 de mayo, en el que
se asegura que "los presuntos delincuentes siguen siendo
torturados o sometidos a malos tratos con impunidad en las
comisarías de Policía".
"En septiembre de 2008, un
responsable del Gobierno reconoció ante un diplomático
extranjero que, a pesar de los esfuerzos por parte de un
organismo de Derechos Humanos del gobierno para supervisar
los centros de detención, las palizas en las cárceles de
todo el país siguieron siendo una práctica común debido a la
falta de formación y de voluntad política para abordar el
problema", asegura el Departamento de Estado.
CORRUPCIÓN
En cuanto a la corrupción, el informe
recuerda que en diciembre de 2008 varias organizaciones no
gubernamentales presentaron una demanda en París contra el
presidente Obiang y otros dos jefes de Estado africanos por
supuesta adquisición de viviendas de lujo en Francia "con
fondos públicos malversados".
Por esas mismas fechas, prosigue el
informe, "una organización de Derechos Humanos española"
--concretamente, la Asociación pro Derechos Humanos de
España (APDH)-- presentó "una denuncia formal" ante los
fiscales anticorrupción españoles contra los familiares de
Obiang y altos responsables políticos cercanos al presidente
por el desvío ilegal de casi 30 millones de dólares
procedentes de una compañía estatal de petróleo para comprar
casas en España y por el supuesto lavado de esos fondos
públicos entre 2000 y 2003 en bancos extranjeros. "Según
informes de prensa, el fiscal anticorrupción de España había
comenzado a investigar las denuncias contra estas personas a
fin de año", asegura el documento".