HISTORIA DE GUINEA

 
   

 

 

 

 

  

LA   INDEPENDENCIA (*)

 

1. Conferencia Constitucional: unidad o separación 

Las palabras del embajador Piniés en la Conferencia de Argel sobre Descolonización indicaron al mundo, y en particular a los nacionalistas guineanos, que ya era pública la existencia de dos tendencias claramente definidas en el seno del Gobierno español a propósito de la cuestión guineana. Carrero había concebido la autonomía como un mal menor y una concesión, desde luego la última, a las aspiraciones de libertad del pueblo guineano. Su criterio se basaba en la premisa de la presencia indefinida de España en Guinea Ecuatorial, y no importaba demasiado el precio que hubiera que pagar por ello. Castiella, por su parte, que tenía que sufrir en su propia persona los ataques exteriores a la política colonial española, y que era consciente de que no se podía hacer una política exterior coherente mientras Guinea fuera colonia española, aunque bajo las más variadas caracterizaciones, era partidario del proceso de autodeterminación. Pero los asuntos de Guinea no dependían del Ministerio de Castiella, sino de la Presidencia del Gobierno, es decir, de Carrero. El ministro de Asuntos Exteriores, pues, se enteraba de lo que pasaba en Guinea a través de la Delegación española en las Naciones Unidas y de otras Embajadas. No tenía acceso directo a las fuentes de información ni, por tanto, poder alguno de decisión. Carrero concebía Guinea como una especie de finca particular, mientras Castiella se daba cuenta de que era un asunto de Estado. «Muchas veces —declaró posteriormente— dije en los Consejos de Ministros que no hay ninguna madre española que mande a su hijo a morir a Guinea». Chocaban, en definitiva, dos concepciones sobre el colonialismo: el de Carrero, más arcaico, más decimonónico, más imperial; y el de Castiella, más moderno, más disimulado, más «neo». Por ello, al transmitir el embajador Piniés la invitación del Gobierno al Comité de los Veinticuatro, los observadores anotaron que estaba triunfando la tesis del Palacio de Santa Cruz y los nacionalistas vieron, por vez primera, la independencia como posibilidad real.

Aceptada la invitación por la IV Comisión, ésta designó un subcomité formado por el embajador Malecela, de Tanzania, y los señores Diakite, de Malí; Hernán Sánchez, de Chile; Melbin, de Dinamarca, y Joujeati, de Siria, presididos por el embajador Collier, de Sierra Leona, presidente de la IV Comisión sobre Descolonización, más conocido por Comité de los Veinticuatro. En agosto de 1966 la subcomisión visitó Fernando Poo y Río Muni, habló con delegados de todos los partidos políticos y celebró consultas con representantes de las etnias del país. La conclusión, expuesta en la Resolución 2.230, de 20 de diciembre de 1966, recomendaba a España la convocatoria urgente de una conferencia constitucional qué fijara la fecha de la independencia. España, que ya había previsto esta conclusión, se había adelantado unos meses antes (el 10 de octubre) y había comunicado a la Secretaría General de las Naciones Unidas su decisión de celebrar una conferencia constitucional en los primeros meses de 1967. Demuestra que la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores no estaba aún lo suficientemente consolidada el hecho de que el ministro Castiella declarara que la reunión prevista en Madrid no sería «ni una Asamblea Constituyente, ni una negociación diplomática, sino sólo la ocasión de entablar un diálogo amplio y franco entre guineanos y españoles». En el Palacio de Santa Cruz se vacilaba demasiado, y no se llegó a concretar la fecha hasta el otoño de 1967, ampliamente rebasado el plazo previamente fijado ante las Naciones Unidas.

Mientras tanto, la Presidencia del Gobierno y la Alta Comisaría General, activaban su lobby entre los habitantes más afines, tendente a conseguir una independencia por separado entre Fernando Poo y Río Muni. Se empezaron a escuchar conferencias y discursos que reavivaban enemistades tribales ya olvidadas y que hacían hincapié en el «salvajismo» y menor grado de desarrollo de Río Muni, frente a la cultura, ponderación y mayor nivel de vida de los habitantes de Fernando Poo. Algunos viejos colonos preparaban sus campañas para presentarse a la elección como miembros del Gobierno autónomo en caso de que fracasaran las conversaciones de Madrid y se prorrogara automáticamente el régimen de autonomía. No hay que perder de vista que, a escasos kilómetros de Fernando Poo, se desarrollaba una cruenta guerra secesionista en Biafra, y que, por aquellas mismas fechas, un blanco radical, Ian Smith, acabada de hacerse fuerte, desobedeciendo los mandatos del Gobierno de la metrópoli, en Rodesia. Precisamente para evitar tan peligrosos ejemplos, la subcomisión visitadora de las Naciones Unidas había urgido la convocatoria de la conferencia constitucional. Pero las aguas ya estaban agitadas en Guinea, donde los colonos seguían practicando la política del «negrito», como muy duramente escribía Francisco González Armijo, precisamente un colono: «con todos nuestros respetos a la capacidad y buena voluntad de que hacen gala estos honrados funcionarios (del Gobierno español), hemos de hacer notar que, a todas luces, obran influenciados por las ideas de aquellos que son conocidos con el nombre de «viejos coloniales», quienes no vacilan en asegurar que están al cabo de la calle y que saben todo lo que hay que saber sobre los guineanos. Es lógico que los técnicos del Gobierno, que en su mayoría no han visitado Guinea (los que lo han hecho han pasado fugazmente por aquellas tierras, teniendo un contacto muy superficial con la realidad del pueblo guineano), acepten las opiniones de los "entendidos" (...). Estos "entendidos" que desprecian lo más fundamental, el factor humano, practican y transmiten la idea paternalista que tanto daño ha producido en África. El concepto del "negrito" todavía persisten en esas mentalidades arcaicas. A estos "negritos" no se les puede dejar de la mano; nuestra "superior cultura europea" nos obliga a cuidar maternalmente de todos sus pasos y decirles, en cada momento, lo que han de hacer, porque si se les deja solos (...). En el caso concreto de Guinea Ecuatorial asistimos a una variante de este juicio equivocado sobre la mentalidad del negra. Consiste en la tesis que sustentan ciertos señores que, al margen del Gobierno, ejercen determinadas influencias —especialmente en el campo económico— sobre algunos sectores guineanos. La facilidad que hoy tienen para manejar a su antojo a algunos de ellos les induce a creer que podrán continuar haciéndolo tranquilamente, al menos durante un cierto tiempo. ¡Cuán lejos están de ver la realidad de la situación! Aparte de los problemas que suscitan con su actuación, y que pueden traer problemas a escala nacional, estos señores, obcecados por el falso concepto que tienen de los guineanos, no se dan cuenta de que lo que están haciendo es echar piedras a su propio tejado, que ya empieza, a acusar señales de rotura y que cuando menos lo esperan acabará por desplomarse» (1). 

Naturalmente, cuando Saturnino Ibongo, portavoz del MONALIGE, deploraba ante el Comité de los Veinticuatro el retraso que sufría la Conferencia Constitucional, el embajador Piniés no tuvo recato alguno en afirmar que la demora se debía «a las divergencias políticas de los mismos guineanos». Idea misma en que cae el buen colono Armijo, al afirmar en otro pasaje de su escrito que «este retraso de ocho meses en convocar la Conferencia  Constitucional no ha hecho  sino agriar la  situación. Está claro que el motivo de este retraso no puede imputarse al Gobierno español, sino al Gobierno autónomo (...) Estimamos también—termina Armijo—que sería conveniente ir haciéndonos a la idea de que el resultado de esta Conferencia puede ser la independencia de Guinea Ecuatorial. Si la independencia ha de ser un hecho, admitámosla; no nos opongamos ciegamente a ella. Es preferible, a todas luces, dar una independencia a ese pueblo, si la desea, que no frenar insensatamente sus anhelos, dando lugar a reacciones que puedan comprometernos».

El 30 de octubre de 1967, a las 7 de la tarde, y en la sede del Ministerio español  de Asuntos  Exteriores,  se reunía la primera sesión de la Conferencia Constitucional sobre Guinea Ecuatorial. El hecho de que la iniciativa pasase totalmente a manos de Fernando María Castiella fue saludado por los líderes guineanos de todas las tendencias nacionalistas y por los observadores imparciales. No fue, pues, discutida la presidencia del ministro español. Acompañaban a Castiella el subsecretario de Política Exterior, Ramón Sedó, y Gabriel Cañadas, que actuaron como vicepresidente y secretario general de la Conferencia Constitucional, respectivamente. Formaban parte de la delegación española, además, representantes de la Presidencia del Gobierno (encabezados por José Díaz de Villegas, director general de Plazas y Provincias Africanas), del Ministerio de Asuntos Exteriores (Gabriel Mañueco y Fernando Moran López, director general y subdirector general de África, respectivamente), Rodolfo Martín Villa, representante del Ministerio de Industria; así como delegaciones de los Departamentos de Justicia, Ejército, Marina, Aire, Hacienda, Gobernación, Secretaría General del Movimiento y de la Comisaría del Plan de Desarrollo, de la Delegación Nacional de Sindicatos y del Alto Estado Mayor. Veinticinco miembros en total.

La delegación guineana, demasiado numerosa, estaba compuesta por 47 miembros: el presidente y el vicepresidente del Consejo de Gobierno autónomo, Bonifacio Ondó Edú y Francisco Macías Nguema, respectivamente; el presidente y el vicepresidente de la Asamblea General, Federico Ngomo Nandongo y Enrique Gori Molubela, respectivamente; dos diputados por Fernando Poo; dos diputados por Río Muni; los consejeros de Enseñanza, Sanidad, Información y Turismo, y Hacienda; los dos consejeros nacionales del Movimiento; los cuatro procuradores en Cortes; dos representaciones de las Corporaciones; el delegado en Madrid del Gobierno autónomo; tres representantes del MUNGE; tres representantes de la Unión Bubi; tres representantes de la Unión Democrática Fernandina; tres representantes de los habitantes de Annobón; tres representantes de la Unión Ndowe, y dos representantes de la isla de Coriseo e islotes adyacentes.

En el discurso pronunciado en la sesión inaugural por el ministro Castiella, resalta la alusión expresa, primera de un miembro del Gobierno español, a la independencia del territorio: «...en este cuadro de ilusiones posibles y razonables deseos, que hay que contraponer a las incertidumbres de nuestra hora, una de las más nobles empresas en que estamos empeñados, pese a las tensiones que ha producido —y que lógicamente produce— es ésta de la descolonización; fenómeno contemporáneo que ha supuesto —en un plazo que apenas alcanza el cuarto de siglo— la independencia de más de sesenta países y de centenares de miles de seres humanos». El presidente de la Conferencia pasó a glosar la personalidad hispánica de Guinea Ecuatorial: y la labor realizada por España, dentro de la línea triunfalista de la época, pero de una forma diferente a la usual: «...hemos sido convocados para dar cauce, contenido y meta a esta Conferencia Constitucional, que debe explorar y fijar los principios y las opciones de nuestra futura convivencia. Para llevarlo a cabo contamos con una sólida y fundamental base de partida en que apoyarnos: la peculiar manera de ser que ha otorgado a la comunidad hispánica su puesto en el concierto de la civilización universal. Y ello nos llena de orgullo, pues viene a demostrar que el impulso que dio nacimiento a veinte naciones no ha perdido su vigor, ya que sobre los mismos  cimientos se está construyendo esta admirable realidad hispano-africana que representáis. Las esencias españolas que impregnan vuestra alma no han anulado vuestra condición africana, sino que os ayudan a expresarla y a sentirse de acuerdo con el mundo moderno».

Con las siguientes palabras, un ministro de Franco admitía por primera vez una realidad al margen de las tesis oficiales sobre Guinea: «Es evidente que la inserción de España en el actual proceso de la descolonización se ha producido por la concurrencia de un conjunto de factores, entre los que cabe destacar el tradicional sentido de su labor civilizadora, alejada —como ya hemos subrayado— de la mentalidad propia del régimen colonialista; su respeto para la voluntad de autodeterminación de los pueblos, repetidamente proclamado por nuestros gobernantes, y finalmente —dejando de lado corrientes ideológicas que postulan la revisión del fenómeno colonial—, la acción desarrollada en este aspecto por las Naciones Unidas». Tras explicar a su modo la autonomía («en la XVIII Asamblea General de las Naciones Unidas, que se inició el 21 de septiembre de 1963, pude exponer cómo España, en un clima de paz, sin actuar bajo la presión de la violencia, se adelantaba a las aspiraciones de los guineanos y entendía que había llegado el momento natural en que se gobernaran por sí mismos...»), el ministro definió la finalidad de la Conferencia, «que no puede ser otra que la de poner en manos de vuestro propio pueblo el destino de la Guinea Ecuatorial» y adelantó que «los resultados y conclusiones a que lleguemos, una vez estudiados por el Gobierno, habrán de ser sometidos, por medio del sufragio universal, al refrendo del pueblo guineano». Finalmente, Castiella se alejó definitivamente de las tesis de la Presidencia del Gobierno al recomendar a la delegación guineana la unidad: «Un ilustre guineano, aquí presente, decía hace muy pocos días: "¿qué es lo que nos conviene? Indudablemente la unidad. Unidad en la ideología, en las aspiraciones en bien de todos, en los esfuerzos colectivos por hallar la fórmula para el desenlace del futuro político y administrativo de nuestro territorio". Tan prudente razones tuvieron, sin duda, presentes ciertos procesos cercanos a vosotros en el tiempo y en el espacio».

Indudablemente, el discurso de Castiella no agradó en la Presidencia del Gobierno. A pesar de los esfuerzos por publicarlo íntegro, la prensa sólo reflejó las alusiones al Caudillo y los pasajes más laudatorios para el Régimen de Madrid. Cuando tomó la palabra el presidente de la Asamblea General para responder a la delegación española en nombre de la guineana, todos sabían que la independencia de Guinea era sólo cuestión de tiempo. Quizá por ello el discurso de Federico Ngomo Nandongo fue breve y confiado, aunque envolvía una ligera amenaza: «Estoy seguro de que el Gobierno español sabrá interpretar convenientemente nuestras sugerencias sobre la independencia de Guinea; porque, en definitiva, nosotros esperamos que sea el Gobierno español y no ningún organismo internacional quien marque las etapas de nuestro desarrollo político. Confiamos en que se nos orientará y se nos aconsejará sobre lo más conveniente; es más, exigimos que se nos corrija y se nos hagan ver los errores en los que podamos caer por razones de inexperiencia». El tono filial, de todos modos, sólo endulzaba una exigencia.

Tras los discursos, se constituyeron las comisiones política, jurídico-administrativa, económica y de cooperación. La ligerísima amenaza contenida en el pasaje transcrito del discurso de Ngomo Nandongo hacía referencia a un escrito presentado minutos antes a la delegación española, con la exigencia de que fuera declarado documento oficial. El documento en cuestión, firmado por representantes del Gobierno autónomo y por los partidos políticos IPGE, MUNGE y MONALIGE, pedía al Gobierno español: 1.°) La proclamación solemne de la fecha de la independencia total de Guinea Ecuatorial para antes del 15 de julio de 1968; 2.°) La formación inmediata de un Gobierno provisional con poderes para organizar un referéndum y asegurar la estabilidad durante la transición. Se señalaba que estas peticiones no suponían la ruptura de vínculos con España. El documento estaba avalado por 32 nombres, 29 de los cuales firmaban. Es interesante y sintomático constatar que no firmaron dicho documento ni la Unión Democrática Fernandina ni la Unión Bubi, ni tampoco determinados personajes con un prestigio personal, tales como Enrique Gori Molubela o Román Borikó Toichoa. Estos dos partidos, carentes de toda representatividad popular, habían sido creados artificialmente unos meses antes con vistas a la Conferencia Constitucional, con el fin de que abogaran por la independencia separada entre la isla y el continente. Los dos personajes antes mencionados, más Luis Mao Sicachá, venían negando obediencia al Gobierno autónomo, al que pertenecían, influenciados por los colonos, a fin de que, con su prestigio, sancionaran la secesión dé Fernando Poo. Ya en 1966, los tres habían sido entrevistados en Televisión Española por Victoriano Fernández Asís, y, entre otras cosas, habían expuesto las siguientes opiniones:

Luis Mao: «Fernando Poo tiene unos 18.000 nativos, pero cuenta con 30.000 residentes de Nigeria, Gabón, Camerún, que han venido como mano de obra. Los nativos están en minoría. Por eso venimos a que el Gobierno de Madrid nos resuelva la situación. Es decir, a que cuando nos consideren mayores de edad, como hijos suyos, no se entreguen las riendas de la administración patrimonial en bloque. Que se nos separe nuestro patrimonio, de suerte que cada provincia —Fernando Poo y Río Muni— tenga su propia administración, siempre patrocinada y con las directrices de defensa de la madre España».

Román Borikó: «La provincia de Fernando Poo no tiene nada que ver en este régimen administrativo con la provincia de Río Muni; cada una en su puesto, con su administración interna, y todos a la casa de la madre España. Sin atropellar el derecho de autodeterminación de cada una de ellas. Precisamente en virtud de ello decimos que cualquiera de estas dos provincias de estos territorios, como dicen el Caudillo y su Gobierno si tiene que tomar otra determinación, que no compromete en manera alguna el destino de la provincia o territorio correspondiente al contrario». 

Enrique Gori: «Fernando Poo necesita estar unido al resto del territorio nacional por aviones más modernos y rápidos, por barcos modernos, para que con más facilidades los españoles de la Península puedan conocer Guinea Ecuatorial y los españoles de Guinea la España peninsular. Decimos al pueblo de España aquí estamos, y nos consideramos uno más. El pueblo de Guinea no pide más que el pueblo de España coopere a esta gran misión de superación de su integración en el mundo internacional»

 

   El día 2 de noviembre, Enrique Gori pronunció su discurso ante el pleno de la Conferencia Constitucional, en el que resumía todos los argumentos de la tesis separatista. Sostenía que el Régimen de autonomía había sido una «quiebra» para las poblaciones bubis de Fernando Poo, para quienes habría representado «un neo-colonialismo a causa del sistema unitario del Gobierno». Por ello proponía una revisión del régimen de autonomía, fundamentándolo en la autodeterminación de las poblaciones por separado. Continuó afirmando Gori que «entre la isla y el continente no existe unidad alguna, ni geográfica, ni cultural, ni histórica, ni lingüística. El punto de contacto más fuerte se encuentra en la presencia española en estos territorios. Así que la Guinea Ecuatorial es sólo un nombre (...). Además, existe una imparidad económica y sociológica. En el campo económico, Fernando Poo aporta el 81 por 100 del presupuesto y absorbe sólo el 19 por 100 del usufructo (...). Sociológicamente existe el peligro de que los continuos e incontrolados desplazamientos demográficos de Río Muni hacia Fernando Poo acaben absorbiendo a la población bubi (...). Por ello —concluía el vicepresidente de la Asamblea General y presidente de la Diputación Provincial de Fernando Poo— la separación constituye un tema de obligado e inexcusable planteamiento, y su logro, la grave e indeclinable responsabilidad de la generación actual de Fernando Poo».

   Ante esta postura virulenta de cierto sector isleño, el secretario del Directorio del MUNGE, Justino Mbá Nsué, dio lectura a un texto firmado por su partido, por el IPGE y por MONALIGE, en el que se pedía prioridad para la comisión política y suspender de momento el trabajo del resto de las comisiones, a fin de que se viera con claridad antes el futuro estatuto político, como presupuesto para el trabajo de las demás comisiones. Un delegado, respondiendo a la intervención de Gori Molubela, expuso la cuestión del reparto colonial, del que| eran víctimas tanto Río Muni como Fernando Poo, y terminó resaltando que la realidad indica que las dos provincias forman claramente una unidad que la historia ha ligado estrechamente. «Sería pernicioso el separarse, pues supondría o la absorción por otras potencias, especialmente en el caso de Fernando Poo, como ha reconocido el mismo Gori, o la no subsistencia». En el debate, otro delegado preguntó si los nigerianos, que claramente superaban a la población autóctona, no eran un factor de temor, y denunció claramente los intereses económicos en juego para algunos capitalistas españoles. «Los exponentes de tales intereses asesoran y ponen hincapié de todas las formas imaginables para que sus intereses corran el menor riesgo posible. Y para ello se sirven de algunos bubis».

   Se plantearon ya, pues, desde el principio dos tendencias en el seno de la numerosa delegación guineana, lo cual obligó a suspender la Conferencia Constitucional a fin de que el Gobierno español dictaminase lo que debía ser conveniente. El 15 de noviembre se clausuraba la primera etapa. 

 

2.Conferencia Constitucional: Antonio García-Trevi]ano

   En el seno del Gobierno español quedaba abierta la brecha entre la tendencia separatista, propiciada por los grupos con intereses en la zona, agrupados en torno a la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, y la tendencia unionista, vinculada al ministro Castiella. Este, en su afán por llevar a cabo un proceso descolonizador «perfecto, brillante, que le diera a España, aislada diplomáticamente, un poco de prestigio», decidió enfrentarse directamente con el problema. Convenció al general Franco y a la mayoría de los miembros del Gabinete de que las Naciones Unidas no admitirían una independencia por separado, y que tal eventualidad iría en perjuicio de España de una manera innecesaria. Castiella —con Franco— necesitaba recuperar Gibraltar y aprovechar dicho triunfo diplomático para remodelar la política exterior y el triunfo cara a la opinión pública interna para afianzar más aún el poder del régimen. Desde la óptica del Palacio de Santa Cruz, se pretendía sumar cuanto antes el voto de Guinea al de los países hispanoamericanos y árabes. Además, España no estaba en condiciones de sostener airosamente una guerra colonial, que por lo demás iba a resultar demasiado impopular en el interior del país, pudiéndose derivar de ella consecuencias tan imprevisibles como infelices. Y Castiella ganó. El 17 de febrero de 1968 se publica un Decreto-ley suspendiendo el proceso de renovación previsto en la reglamentación del Régimen autónomo y se dispone sea reanudada la Conferencia Constitucional. 

   La prensa española, reflejando la realidad política existente —aunque sin libertad de expresión, pues la Conferencia Constitucional había sido declarada «materia reservada»—, se había dividido en dos tendencias: una, mayoritaria, claramente reaccionaria, y otra muy minoritaria, más tercermundista dentro de lo posible. Al ser irreversible ya el hecho de la independencia unitaria, la Presidencia del Gobierno escoge a su partido y candidato favoritos; por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores apuesta asimismo por un partido y un político. Los grandes rotativos nacionales y la prensa institucional se vuelcan a favor de Bonifacio Ondó Edú y del MUNGE. El diario «Madrid» y, más tímidamente, «Informaciones» y algún vespertino de Barcelona apoyan al candidato del MONALIGE, Atanasio Ndongo Miyone. El «ABC» publica seríales donde los mungistas («el partido de la unidad nacional») son los buenos: «Porque yo siento en español y así seguiré sintiendo hasta que muera», me dijo una tarde Agustín Eñeso. Y Francisco Salomé Jones. Y Andrés Moisés Mbá. Y Felipe Ddjoli. Y Justino Mbá. Y Momo. En ninguno he observado el menor ánimo de revancha. En todos, amor por España, vinculación con España, deseo de España, escribe en ese diario José Salas y Guirior. Los otros, indefectiblemente, son los malos: «Hablando con Justino Mbá —se lee en otra crónica—, secretario general del MUNGE, uno de los más hispanistas que por aquí me he encontrado, me decía cómo en otros países africanos que lograron su total libertad, las costumbres irritantes de la discriminación continúan vigentes. Y que cuando iba a alguno de esos países y alguien le hablaba de los métodos a usar frente a la metrópoli española para lograr la independencia, él solía proponer como escenario de la conversación algún establecimiento de esos restringidos para uso exclusivo de europeos. Cuando empezaban a surgir los inconvenientes, él les decía que en la Guinea, con los españoles, esos problemas no existen. Y que, por tanto, se encontraba mejor dispuesto para discutir con ellos. Todos no son como Justino Mbá. Está el MONALIGE y su gente. Pero tengan la fuerza que tengan, cosa que está por ver, lo que no podrán es montar una reivindicación para asaltar formas de convivencia por la sencilla razón de que ya la tienen».  Refiriéndose el cronista a su deseo de conversar con Monalige (siempre en minúsculas en los escritos de «ABC»), se lee en otro artículo: «... les busqué primero en una especie de cabaretucho llamado, no sé por qué triste ironía, El Progreso. Fue una suerte, pues, de no haber entrado por allí, hubiera tenido que hacer no sé cuántos kilómetros para llegar a otra sala, llamada de fiestas, ignoro por qué razón, en la que, por lo visto, solían reunirse. El ambiente era sórdido y deprimente, pese a que concurrían los elementos normales de diversión (...). En un extremo de la barra había un grupo de hombres jóvenes. Me dijeron que eran del Monalige. Seguí bebiendo con ellos. 

—¿Y ustedes vienen por aquí todas las noches?

—Bueno... —me contestó uno de ellos—; casi todas. Es necesario.

Y se echó a reír. Me dijo que eran gajes del oficio. Y que no resultaban desagradables.

—Pues ya son ustedes valientes. Y díganme: ¿sus mujeres no se enfadan? Porque yo creo que tendrían razón.

—Sin duda, tienen razón. Pero tienen que comprender que somos políticos y debemos hacer esta clase de vida para relacionarnos con la gente. Yo quisiera explicarle a usted muchas cosas.

Conseguí convencer a Jovino Edú Mbuy, vicepresidente del Monalige en el comité central de Bata, que era mucho mejor que nos reuniéramos al día siguiente por la mañana en un café en un club sin música, pues allí no se podía hablar ni de política ni siquiera de fútbol, puestos a poner ejemplos de temas que exigen griterío. Y al mediodía siguiente apareció con Ángel Masie Ntuturnu, subdelegado de Asuntos Sociales. Ambos, muy amables, muy correctos, muy sonrientes. Como luego se verá, muy apasionados también» (2). Esta trascripción, aunque algo larga, era necesaria para demostrar que se estaba preparando el camino hacia el caos que se preveía en España si no triunfaba el candidato oficial. El partido oficial, claro está, era el MUNGE, con hombres cultos, buenos, piadosos, limpios, que ni bebían ni fumaban, amantes de la paz y de España. El MONALIGE era extremista, subversivo, con hombres coléricos, mentirosos, pendencieros, de vida fácil y equívoca. El IPGE se presentaba dividido entre la tendencia «más moderada» de Clemente Ateba, que, a través de Simón Ngomo Ndumu, gobernador civil de Río Muni, buscaba fusionarse con el MUNGE y la tendencia «extremista» de Jesús Mbá, que buscaba la unión con el MONALIGE. Como se ve, el estereotipo era perfecto y la ambientación inmejorable.

La segunda fase de la Conferencia Constitucional, ya incuestionable la independencia unitaria para  1968, se centró en el estudio de la Resolución 2.355, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de abril de 1967. El párrafo sexto de la Resolución instaba inexcusablemente a la potencia colonizadora, España, a fijar las modalidades del traspaso de poderes, a redactar una ley electoral y una Constitución de independencia. Por ello era cada vez más evidente que la Delegación Guineana necesitaba de alguien imparcial —es decir, no vinculado al Gobierno español en ninguna de sus tendencias— que pudiera asesorarla en materia constitucional. Se conectó con varios guineanos estudiantes de Derecho, pero, debido precisamente a su condición de estudiantes, no pudieron ser muy útiles. Varios representantes de la Delegación Guineana contactaron con el economista Ramón Tamames, el cual no quiso saber nada del asunto. Acudieron al profesor Enrique Tierno Galván, quien, al parecer, se mostró reticente y despreciativo. Por último, se acudió al bufete del profesor Joaquín Ruiz-Giménez, a quien tampoco entusiasmó la idea de asesorar a los nacionalistas guineanos. Fue cuando el antes citado Francisco González Armijo,  antiguo empleado  de AUCONA, dueño de una gestoría en Bata, a la sazón funcionario del Ministerio de Trabajo, amigo del gobernador civil de Bata, Simón Ngomo Ndumu, y del vicepresidente del Consejo de Gobierno Francisco Macías Nguema, habló a la Delegación Guineana de un demócrata independiente del Gobierno y de los partidos políticos, que no pondría inconvenientes en ayudarles. Por otra parte, su gran independencia económica podría serles de utilidad, ya que posiblemente no les cobraría demasiado dinero. Merecía toda la confianza del mundo, pues iba avalado por José Antonio Nováis, corresponsal de «Le Monde», respetado por todos los guineanos que de verdad querían la independencia, pues había ayudado a difundir sus razones en el exterior, al ser en España secreto oficial el desarrollo de la Conferencia Constitucional. El hombre así presentado se llamaba Antonio García-Trevijano y Fortes.

Antonio García-Trevijano es una persona con un afán de notoriedad insaciable. Abogado y notario excedente, parece que ese momento —finales de 1967 y principios de 1968— no debía atravesar una coyuntura económica excesivamente buena. Sin embargo, su mujer, una bella francesa de nombre Francine Cheurakí, tenía una cuenta abierta por los empleados del bufete donde le pasaban semanalmente del despacho de su marido unas 60.000 pesetas «para gastos personales»; García-Trevijano, en determinados círculos, pasaba por agente de la CÍA, y en otros se le tenía conceptuado como hombre afín a los intereses del neocapitalismo internacional, especialmente francés. A este respecto se habla de su vinculación con la Banca Rostchild y con el grupo en torno a la revista L´Expres. 

García-Trevijano celebró una serie de conversaciones previas, ya en marzo de 1968, con distintos componentes de la Delegación Guineana. Antes de aceptar ser asesor, mantuvo dos entrevistas: una, en privado, con el entonces director general de Seguridad, Eduardo Blanco Rodríguez, hombre de la más absoluta confianza de Carrero Blanco, y otra con el ministro de Asuntos Exteriores, en la que le acompañaban Emilio Martín y Adolfo Martín-Camero. La primera propuesta que les hizo García-Trevijano a los guineanos fue la formación de un organismo unitario que les permitiera hacer frente, de manera efectiva, a la Delegación Española, y elegir un portavoz o líder de ese organismo. La propuesta no tuvo suficiente eco en las Secretarías de los distintos partidos políticos, pero García-Trevijano insistió y convenció monetariamente a unos cuantos delegados guineanos de que para crear un marco político y jurídico que facilite el desarrollo económico y social del pueblo guineano, «la condición básica está en una Constitución que facilite la eficacia de un Gobierno fuerte dentro de una sociedad libre y democrática, y que dificulte el nacimiento de los tres grandes obstáculos contra el desarrollo: las dictaduras ideológicas, el partidismo político y la centralización burocrática». García-Trevijano no conocía África, y aquél era su primer contacto con la realidad de un naciente país africano. Pero ya había desarrollado una teoría muy particular sobre África y los africanos, teoría que no está demasiado alejada del racismo paternalista de los viejos colonialistas y que responde al esquema neocolonialista: «En África es imposible la democracia formal y es imposible el pluripartidismo.» Por tanto, hay que crear un partido único que suprima todo vestigio de democracia e implante un sistema de libertad, pero en el que sólo sea libre la fuerza explotadora y sus comparsas negros. De esta sencilla manera, los hombres que no tenían más ideología que la de su bolsillo, aquellos que no querían más independencia que la que ellos administraran, los arribistas y los negros colonizados siempre útiles para la manipulación política decidieron crear el llamado Secretariado Conjunto. Agustín Eñeso y Justino Mbá Nsué, por el MUNGE; Antonio Eworo, por el IPGE; Francisco Macías, por el MONALIGE; Boto, por la Unión Ndowe, y Agustín Grange, por la Unión Democrática Fernandina, suscribieron un documento, en nombre pero sin representación de sus partidos, que nombraba a García-Trevijano único letrado asesor en materia constitucional. Como los líderes genuinos de los partidos no reconocieron al Secretariado Conjunto, se consagró de hecho una escisión en cada uno de los movimientos, cuyas consecuencias fueron entonces minimizadas, pero que aún sufrimos todos en la actualidad. Como los miembros del Secretariado Conjunto eran una exigua minería, Antonio García-Trevijano facilitó los pasajes necesarios para que otros varios guineanos, al margen de la delegación oficial, pudieran venir a Madrid y coordinaran los trabajos del Secretariado. Así, por ejemplo, llegó Esteban Nsue Ngomo.

La segunda propuesta de García-Trevijano fue el darles dinero a los guineanos, es decir, se comprometió a sufragar todos sus gastos políticos y personales. Los orientó sobre la actitud a adoptar durante los debates, actitud que debía ser obstruccionista. Cuando algún guineano se mostraba reticente o le asaltaba alguna duda con respecto a su comportamiento, le daba —o prometía, según casos— dinero a fin de ganarse su confianza. Tal ocurrió con Andrés Moisés Mbá Ada. García-Trevijano dio un mínimo de un millón de pesetas a algunos guineanos en los quince días siguientes a la formación del Secretariado Conjunto. A García-Trevijano le gusta hablar de dinero, del que ganaba, del que prestaba, del que no cobraba a muchos clientes. Logró impresionar a todos: honesto, altruista, sincero demócrata, antigubernamental y no ligado ni de cerca ni de lejos a intereses coloniales en Guinea. Era justo lo que habían estado buscando los guineanos.

El hecho indicativo de que a García-Trevijano no le importaba ni la ideología de sus nuevos amigos ni la opción de libertad que se buscaba para Guinea era la misma composición del Secretariado Conjunto: una mayoría del MUNGE, y, dentro de él, con mayoritaria tendencia al conservadurismo, con personas acostumbradas a recibir dinero de donde fuese y a hacer lo que se les mandase hacer sin preguntar el por qué. Aunque Macías era más tímido o precavido, según se mire, en esas cuestiones, su trayectoria política no dejaba lugar a dudas sobre su personalidad: había pertenecido inicialmente al MONALIGE, al que abandonó para colaborar con la Administración colonial; luego había pasado fugazmente por el IPGE, del que salió para entrar en el MUNGE y poder ser dirigente durante la autonomía, y cuando el MONALIGE se había perfilado como la posible solución de la independencia, había vuelto a él sin renunciar a sus dos importantes cargos en el Gobierno autónomo. García-Trevijano aconsejó al Secretariado Conjunto que exigiera su asistencia a las sesiones de la Conferencia Constitucional, a lo que se opusieron el resto de las fuerzas políticas y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Después de cada sesión se reunía con los miembros del Secretariado Conjunto para redactar unos artículos de la Constitución que al día siguiente presentaban los guineanos en la sesión plenaria. Generalmente esos artículos, reunidos en forma de anteproyecto, no encontraban eco ni en el resto de la Delegación ni en la Delegación Española. Se puede calificar, pues, el asesoramiento constitucional de García-Trevijano de netamente obstruccionista e ineficaz.

A medida que Antonio García-Trevijano profundizaba sus conocimientos sobre Guinea, debía ir dándose cuenta de lo importante que debía ser para él, política y económicamente, el mantener unas estrechas relaciones con los dignatarios de la nueva nación. Pagó facturas de hotel y dio dinero en mano a varios delegados guineanos, pero eran gente de segunda fila. Los verdaderos líderes estaban ya en otras operaciones. Aprovechando el claro enfrentamiento entre las dos tendencias del Gobierno español, reflejado de manera casi oficial en sus respectivos candidatos, García-Trevijano decidiose a entrar como tercero en la discordia. Entre los guineanos pertenecientes al Secretariado Conjunto, el único que tenía entidad política era Francisco Macías Nguema.

Macías no tenia ideología alguna ni se le había conocido hasta entonces una fe especial en ninguno de los grupos políticos. Era el comodín de todos. Como todo advenedizo ansioso dé hacer méritos, se distinguía por su vehemencia en los juicios y por la falta de rigor. García-Trevijano debió darse cuenta, sin embargo, de las posibilidades demagógicas del personaje, que reunía una serie de ventajas para poder ser fabricado líder en poco tiempo: hablaba bien en público, dominaba su idioma materno, el fang, al contrario que su oponente más digno, Atanasio Ndongo Miyone. Macías era poco político, más directo y con ribetes populistas. Y, sobre todo, tenía ambición. No parece probable que García-Trevijano entrase en contacto intimo y personal con Macías antes de mediados de mayo de 1968, cuando definitivamente había sido rechazado el anteproyecto de Constitución presentado por él y se había fijado fecha para la independencia. A partir de ese momento, las relaciones de algunos miembros del Secretariado Conjunto con García-Trevijano perdieron naturalidad. Para hablar con él preferían hacerlo a solas o de tal forma que la discreción quedase garantizada. Lo cual no dejó de parecer sospechoso al resto de la Delegación Guineana.

De una manera súbita, Macías pasó de ser un integrante más de la Delegación y del Secretariado Conjunto a un portavoz o máxima figura del anticolonialismo guineano. Se opuso de manera sistemática y virulenta a la Constitución elaborada por la Comisión Política de la Conferencia Constitucional y que había sido aprobada por ambas Delegaciones y por las fuerzas políticas. El MUNGE la había aprobado porque estaba seguro de su triunfo electoral, y podría aplicar su política con Constitución o sin ella. El MONALIGE la aceptaba porque tenía prisa y representaba un plazo fijo para acceder a la independencia y era criterio de Atanasio Ndongo que todas las demás cuestiones, incluso la redacción de una Constitución, podían hacerse cuando el país ya fuera independiente. Sólo Macías se empeñó en oponerse a ella. En una rueda de prensa muy ruidosa dijo que la Constitución había sido elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores e impuesta a los guineanos y que, por tanto, la consideraba neocolonialista. Anunció que iría a Guinea a hacer campaña en contra de su aprobación por el pueblo. De nada sirvió el razonamiento de Saturnino Ibongo, quien le hizo ver que si el pueblo desestimaba la Constitución, ello sería aprovechado por las fuerzas colonialistas para argüir que se rechazaba la independencia, con lo que se continuaría con un régimen autónomo que a todas luces había fracasado. Macías, como impulsado por alguien desde las sombras, se mantuvo en una postura radical, no bien comprendida hasta unos meses después, y acusó a Saturnino Ibongo y a Atanasio Ndongo de estar vendidos al Gobierno español.

La segunda y última fase de la Conferencia Constitucional se clausuró el 22 de junio de 1968. Ese mismo día el Gobierno español hizo pública su «Declaración de intenciones sobre la independencia de Guinea Ecuatorial», de quince puntos, los más importantes de los cuales reproducimos: «El texto constitucional que acaba de ser adoptado por la Mesa de la Conferencia representa un equilibrio entre los diversos puntos de vista puestos de .manifiesto por los diversos sectores de la representación guineana y un compromiso que permite afirmar la unidad del Estado de Guinea Ecuatorial salvaguardando la personalidad de la isla de Fernando Poo. El Gobierno español considera que si dicho texto responde a los criterios expresados por la representación del pueblo de Guinea a lo largo de los trabajos de la Conferencia, lo aceptaría, a reserva de que el propio pueblo manifestase directamente su opinión sobre el mismo en una consulta electoral que será celebrada en el territorio tan pronto como las Cortes Españolas concedan al Gobierno la necesaria autorización para adoptar las medidas conducentes a la total descolonización de Guinea Ecuatorial» (punto tercero).

«En relación con el futuro, el Gobierno español está dispuesto a colaborar con el Estado independiente de Guinea Ecuatorial, a fin de contribuir a su estabilidad y de facilitar su desarrollo» (punto séptimo).

«El Gobierno español está también dispuesto a mantener en una etapa transitoria los funcionarios y servicios que se consideren necesarios para asegurar la continuidad administrativa en tanto entran e vigor los acuerdos de asistencia técnica. En esta etapa transitoria, el estatuto jurídico y administrativo de los funcionarios españoles será garantizado por el Gobierno español y por el guineano, respectivamente» (punto décimo)

«En el terreno financiero, el Gobierno español ofrece su colaboración para hacer frente a la retirada de la peseta con motivo de la independencia de Guinea Ecuatorial y a su sustitución por la moneda guineana, así como para la determinación de la paridad de ésta. A tal efecto, el Gobierno español prestará su ayuda al de Guinea Ecuatorial para el restablecimiento de un banco de emisión»  (punto decimoquinto).

Se abría un período constituyente, en el que el pueblo debía pronunciarse sobre la Constitución. Si se aprobaba, se celebrarían elecciones para cubrir la Asamblea Nacional, los Consejos Provinciales y la Presidencia de la República, y el país accedería a la independencia el 12 de octubre de ese mismo año. Al clausurarse la Conferencia Constitucional, Saturnino Ibongo y Atanasio Ndongo, comisionados por su partido y por la Delegación Guineana, se trasladaron a Nueva York para presentar la Constitución e invitar al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas a que supervisara el referéndum y cuantos actos preindependentista se celebrasen a partir de entonces en Guinea Ecuatorial. En las Naciones Unidas habían llegado una serie de quejas, firmadas, curiosamente, por algunos de los miembros del Secretariado Conjunto más afines a Macías, en las que se denunciaba la «imposición» que de la Constitución había hecho España. La IV Comisión abrió el turno de consultas a los movimientos políticos guineanos sobre la veracidad de la acusación precisamente con el MONALIGE. Atanasio Ndongo y Saturnino Ibongo rechazaron tal acusación y confirmaron otro rumor que había llegado a las Naciones Unidas procedente de medios político guineanos, en el sentido de que se había ofrecido dinero a ciertos guineanos participantes en la Conferencia Constitucional para que ésta fuera boicoteada. Se había denunciado a «un notario madrileño» por intento de soborno. Publicada la información en la prensa española, Antonio García-Trevijano se identificó públicamente, sin que nadie se le hubiese pedido o exigido, como «notario que no está en activo, sino excedente». Admitió que había estado entregando distintas cantidades a delegados guineanos como «ayuda económica» y con la curiosa condición de que el dinero no pudiera «emplearse en beneficio de persona o grupo político alguno». Lo cual, pasados ya años, cuesta todavía creer, a menos que Antonio García-Trevijano entregase dichas cantidades exactamente para nada. ¿Cómo se puede dar algo a alguien a condición de que no sea utilizado? ¿Cómo podía un hombre como Antonio García-Trevijano «donar» —no prestar— cantidades al pueblo guineano, así en abstracto, y prohibir a sus representantes que lo usaran ellos o el grupo que representaban? Sin embargo, se comprende que lo hiciera así para tener la seguridad de que el dinero revertiría única y exclusivamente en el Secretariado Conjunto y en la propaganda a favor de Macías. Como así fue.

Pero en su afán de notoriedad, y no estando aún en condiciones de poder revelar su juego a nadie. García-Trevijano mantuvo una polémica totalmente artificial con dos medios informativos madrileños, sin llegar a concretar nunca su argumentación, moviéndose en un terreno de autocomplacencia y de amenazas y dosificando de tal modo los datos para asegurarse siempre unas líneas en la siguiente edición del periódico.

En el mes de julio las Cortes Españolas estudiaban la ley de «autorización al Gobierno para completar el proceso constitucional de Guinea Ecuatorial». La ponencia, compuesta por Torcuato Fernández-Miranda, Alberto Martín Artajo, Rodolfo Martín Villa, Aranegui y Luis Gómez de Aranda, no modificó una sola línea del proyecto enunciado por el Gobierno, excepto el título de la ley. Expuso el dictamen de la Comisión ante el Pleno de las Cortes el procurador Gómez de Aranda, quien señaló que ésta era una ley muy breve, «con un artículo de tan sólo cuarenta y dos palabras, pero de una trascendencia excepcional». Al proyecto de ley se presentaron pocas enmiendas, cuatro en total. De ellas, tres estaban firmadas por procuradores guineanos, y la cuarta estaba suscrita en primer lugar por el procurador Vilalta Caralt, y estaba inspirada por la carta que los procuradores Edmundo Bosío Dioco y Ricardo Bolopa habían enviado a todos los procuradores. «Esta escasez de enmiendas no tiene un significado negativo, de insensibilidad de la Cámara, sino que se debe a una merecida confianza en el acierto y responsabilidad con que nuestro Gobierno ha llevado siempre este importante tema de nuestra historia contemporánea. Por la misma causa, la Comisión de Leyes Fundamentales aprobó por unanimidad el dictamen que hoy traemos, y en el que la ponencia hubo de desestimar todas las enmiendas presentadas.»

«En el examen de las enmiendas conviene distinguir la firmada por el señor Nsué de las otras tres (3). En cuanto a aquélla, no hay más remedio que recoger y reconocer una realidad que hoy es casi del dominio público. No es una suposición gratuita, sino evidente verdad, que la enmienda suscrita por el señor Nsué obedece a la inspiración del grupo llamado del Secretario Conjunto, asesorada por un letrado español, que se ha reconocido él mismo, en carta publicada en la prensa, como autor de la enmienda constitucional con el mismo signo que ésta. No deja de ser extraño, por lo menos, el caso del abogado que no sólo no percibe honorarios, sino que subvenciona con fuertes cantidades a sus clientes, que no son viudas o huérfanos desamparados ni desvalidos, sino políticos de un pueblo en trance de independencia, con riquezas potenciales, susceptibles de ser explotadas. Pero no deseo hablar de esto, porque creo que el asunto está «sub iudice» y la justicia le calificará del modo más adecuado. Pues bien; el señor Nsué, que se presta a firmar esta enmienda, no quiere luego defenderla, discutirla con sus compañeros los procuradores en Cortes de la ponencia y de la Comisión. No compareció, desatendiendo la convocatoria que se le hizo como primer firmante, pero, en cambio, sí tuvo tiempo y medios para acudir a Nueva York y hablar en la ONU.»

«Pero es que —continúa el discurso de Gómez de Aranda—, además, si la enmienda Nsué pretende apoyarse en la ONU, resulta que su criterio nada tiene que ver con lo recomendado por las Naciones Unidas. En la resolución 2.355, de 19 de septiembre de 1967, se invita la Potencia Administradora, a España, a instituir un sistema electoral basado en el sufragio universal de los adultos y celebrar, antes de la independencia, elecciones generales en todo el territorio. También se invita a la Potencia Administradora a convocar... la Conferencia Constitucional... para que elabore las modalidades del traspaso del poder, incluida la redacción de una ley electoral y de una Constitución de Independencia. Esto que pedía la ONU es lo que hace España y es, además, la única solución lógica.» En cuanto a las otras enmiendas, Vilalta Caralt desistió de la suya ante la Comisión de Leyes Fundamentales, «convencido por los argumentos que se le habían dado y que antes no conocía». Bosío Dioco no compareció a defender la suya. Ricardo Bolopa sí compareció ante la Comisión, pero su postura sólo respondía al criterio de una minoría de bubis y pedía clara y llanamente que la isla de Fernando Poo, separada de Guinea Ecuatorial, se federase con España. «No era esto aceptable —concluye el informe de la Ponencia— para la mayoría de los guineanos, ni admisible ante el mundo. Tampoco resultaba justo ni prudente imponer a España un compromiso que exigiría nuestra permanencia militar en Guinea por tiempo indeterminado. España cumple con la concesión de la independencia y estará bien dispuesta, sin duda, a concertar con el futuro Estado los tratados de asistencia que son normales en estos casos, pero no parece admisible atribuir a España en esta ley el compromiso unilateral y «a priori» de obligaciones tan graves como las que proponen las enmiendas de los señores Bosío y Bolopa.»

A continuación tomó la palabra el ministro de Asuntos Exteriores para justificar el proyecto del Gobierno. La intervención de Fernando María Castiella, muy larga, empieza llamando la atención de los procuradores sobre las consecuencias del aislamiento de España y la necesidad de poner fin a ese aislamiento. Luego abarca el fenómeno de la descolonización y hace una historia de las relaciones de España con Guinea, explicando así las razones de la descolonización del territorio: «No estaba en nuestras manos evitar el que España compareciera, simultáneamente, ante las Naciones Unidas como potencia administradora en Guinea y como país colonizado en Gibraltar. Y lo que no podíamos admitir (...) es que se intentara legitimar precisamente a favor de la corriente descolonizadora, nada menos que la usurpación colonial del peñón de Gibraltar (...). En diciembre de 1966 el Gobierno español se encontraba ante una realidad: por un lado, se había llegado a un estado de evidente inquietud entre la población guineana. Por otro, la presión de las Naciones Unidas aumentaba. Finalmente, la opinión africana era unánime en favor de la independencia de Guinea. La tensión de la situación subía y en el horizonte inmediato se dibujaba como un peligro la posibilidad de brotes de violencia...» Pasaba Castiella a analizar la Conferencia Constitucional y sus resultados: «Para España hubiera sido más cómodo constituir un Gobierno, entregarle el poder y proclamar la independencia, dejando para el pueblo guineano la tarea de enfrentarse con un período constituyente. Pero esa actitud hubiera podido resultar irresponsable al cargar sobre una joven sociedad en plena euforia de su recién adquirida emancipación, los riesgos y antagonismos políticos que inevitablemente comporta período semejante (...) Para imponer un texto, como algunos pretenden que fue nuestra finalidad, sobraba casi todo el tiempo invertido y, desde luego, la paciencia, el espíritu de comprensión y el afán de entendimiento de que en todo momento dio pruebas la Delegación Española (...). Una sola condición impuso España, la de que Guinea Ecuatorial accediese a la independencia como un todo unido, tal como siempre estuvo bajo nuestra bandera, aunque ese todo debía respetar la personalidad de Fernando Poo y la de las demás islas.» Repasa el ministro los principales problemas planteados durante las treinta sesiones plenarias y setenta y cinco sesiones de las Comisiones de Trabajo, concluyendo que el mayor de ellos ha sido el lograr el equilibrio de la unidad en la diversidad: «Si desde el principio la delegación española hubiera aceptado sin reservas la opinión centralista de la mayoría, la, Constitución hubiera podido ser concluida en una semana, ya que en los restantes temas prácticamente no existían divergencias de alguna consideración. Pero si bien la unidad se im­pone por tradición histórica, por razones de defensa, por motivaciones económicas y culturales, y por ser un criterio firmemente mantenido por las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, entendemos que el mismo alojamiento de unas porciones territoriales de otras obliga al respeto de las instituciones provinciales que deben garantizar los intereses y peculiaridades tanto en Río Muni como de las islas.»

En cuanto al texto constitucional, los aspectos de más relieve hacían referencia a la configuración de Guinea como una República soberana, indivisible, democrática y social; el sistema de Gobierno es presidencialista, cuyo presidente será elegido por sufragio universal directo y secreto por un mandato de cinco años; asegura los derechos y libertades fundamentales del individuo, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; fundamenta la estructura política del país en el voto de todos los ciudadanos y determina la separación de funciones entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, y consagra al Tribunal Supremo como la más alta instancia de la Administración de justicia. Para garantizar la personalidad de cada una de las provincias —las cuales tienen una serie de organismos autónomos, entre los que sobresale el Consejo Provincial— se estableció un Consejo de la República, formado por seis miembros, tres por cada provincia, cuya misión es resolver los conflictos que puedan producirse entre el ejecutivo y el legislativo, así como asegurar el equilibrio que la propia Constitución señala entre las competencias del Estado y las específicas de las provincias. Estas garantías venían reforzadas por la composición de la Asamblea Nacional, en la que la isla de Fernando Poo estaría representada por doce diputados, cifra que, proporcionalmente a su población autóctona, era más importante que la de los diecinueve que representarían a Río Muni. Dos diputados representarían a Annobón; dos más, a la circunscripción formada por Coriseo, Elobey Chico, Elobey Grande e islotes adyacentes. Estas cifras fueron calculadas de tal modo que para conseguir los dos tercios del «quorum» indispensable para adoptar disposiciones de rango constitucional, hiciera falta, necesariamente, sumar a uno de los grupos de diputados procedentes de una etnia o de un sector geográfico parte de los de las otras. Disponía la Constitución que si el presidente era de una provincia, el vicepresidente tenía que ser de la otra, a fin de equilibrar no sólo el poder presidencial, sino la formación del Gobierno. La Constitución especificaba cuáles eran las competencias del Estado, cuáles las de las provincias y cuáles las de los municipios. En resumidas cuentas, era una Constitución demoliberal, muy equilibrada al gusto llamado occidental, que no respondía totalmente al estado político y social de nuestro pueblo. Era una obra tan perfecta que su aplicación resultaba difícil, y no sólo para las circunstancias de Guinea, sino para las de cualquier otro país del mundo. Era una verdadera obra de arte, pero, como tal obra de arte, no se podía tocar demasiado, pues se corría el riesgo de estropear su delicado trazo. Lo que hubiera debido hacer la Asamblea Nacional, inspirada y apoyada por el presidente y el Gobierno, era proceder, apenas constituida, a una serie de enmiendas —a la elaboración de un nuevo texto, si eso era lo conveniente— para garantizar la estabilidad del país hacia otras formas de convivencia más acordes con la realidad sociológica, económica, política y social del país.

En Guinea, y tal como había manifestado, Macías hacía campaña a favor del «no» a la Constitución, teniendo como únicos aliados tácticos a los ultracolonialistas. Disponía de medios, y no los escatimó. Empezó a crearse una imagen de nacionalista y de anticolonialista, frente al separatista Bosío, al reaccionario Ondó Edú y el pragmático Ndongo Miyone, todos estos a favor del «sí». Macías no hablaba en nombre de ningún partido en concreto, aunque en el de todos ellos, y se dirigía directamente al pueblo y no a los militantes de una facción. La gente le escuchaba porque decía cosas nuevas y originales: mientras los grandes políticos, hermanados en el «sí», repetían la misma cantinela día y noche, Macías, única voz discordante, hablaba de oposición al neocolonialismo. Macías sabía perfectamente que no iba a triunfar su postura, porque el pueblo deseaba, ante todo, que se fueran los españoles, y para ello había que conseguir la independencia en el mínimo plazo posible. Pero quería medir, quizá por encargo de quienes desde la sombra le promocionaban, su grado de arraigo popular, su eficacia como político y las posibilidades reales de una eventual candidatura suya. Por ello cuando el 11 de agosto se fue a las urnas (4) y el 63 por 100 de los guineanos aprobó el texto constitucional elaborado durante la Conferencia de Madrid, lo importante no era la fuerza del «sí», sino la del «no»: se había revelado un hecho irreversible, y es que Macías, casi en solitario, había conseguido —con una política de ataques personales, de ridiculizar a los contrarios, de explotar al máximo sus contradicciones y debilidades-— arrastrar detrás suyo a algo más del 35 por 100 del censo electoral.

 

      3.   Elecciones generales

Una vez aprobada la Constitución, el siguiente paso era la elección del presidente, de los diputados de la Asamblea y de los consejeros provinciales, elecciones que debían llevarse a cabo el 22 de septiembre siguiente. Inmediatamente, pues, se inició la campaña electoral. La comisión electoral estaba presidida por el magistrado del Tribunal Supremo español, Ángel Escudero; vicepresidida por otro magistrado, Jaime Castro, e integrada por cuatro vocales guineanos. La misión observadora de las Naciones Unidas estaba compuesta por el embajador Miyaki, de Níger, que la presidía; los señores Hunneus, de Chile; Jouejeati, de Siria; Foum, de Tanzania, y Estandiary, de Irán; más intérpretes y otros funcionarios del organismo internacional. La Organización de la Unidad Africana estaba representada por el jefe de su departamento político, el maliense Ouattara.

El decreto de 16 de agosto, sobre presentación de candidatos, decía: «... tanto para la elección presidencial como para la de la Asamblea podrán presentar candidatos (...) los grupos políticos representados en la Conferencia Constitucional y las Agrupaciones que a tal fin se constituyan con más del 2 por 100 del censo electoral de la circunscripción para la que presenten candidatos.» Este decreto fue la última maniobra legal por parte de España para dificultar la independencia, pues se preveía que se presentarían muchos candidatos, con lo que las elecciones transcurrirían de forma no pacífica. Ampara­do en él, sin embargo, Macías anunció su candidatura. Para entender la campaña electoral guineana, hay que tener en cuenta los factores en que venimos insistiendo hasta aquí radicados unos en Madrid y otros en la ya ex colonia, y que pueden concretarse en una división evidente entre los dos tipos de colonialismo español. Además, no hay que perder de vista que Atanasio Ndongo, candidato oficial del MONALIGE, era un hombre que sabía de política, pero no de política africana, no de política guineana. Los quince años de exilio le habían desconectado emocionalmente del guineano, y quiso aplicarla tan científicamente —según la ciencia estratégica euroamericana—, que nadie la entendió. En cuanto a Bonifacio Ondó Edú, candidato oficial del MUNGÉ, confiaba excesivamente en las promesas de la presidencia del Gobierno de España. La base de su partido se había distanciado de él por su autoritarismo y por cuestiones de cargos, y de hecho el MUNGE se encontraba dividido en dos facciones cuando se inició la campaña electoral. Aunque disponía de medios, no los utilizó suficientemente, y no vacilaba en reconocer públicamente los apoyos exteriores que tenía. Llegó a decir a una multitud que no le importaba que no le votasen, ya que estaba seguro de ganar «sólo con el voto de mi mujer y del mío propio». El desgaste del Régimen Autónomo había repercutido principalmente en su persona, ya que había sido su promotor y primera figura indiscutible. Por último, la Presidencia del Gobierno había decidido, a última hora, dividir a sus candidatos entre Fernando Poo —Edmundo Bosío Dioco, candidato de la Unión Bubi— y Río Muni, donde se esperaba que triunfara claramente Bonifacio Ondó. Así, según los cálculos de Madrid, el nuevo Estado estaría gobernado por Ondó Edú, como presidente, y Bosío Dioco, como vicepresidente. Esta postura irreal —que respondía a un cierto esquematismo, al considerar que las elecciones de los negros sólo pueden basarse en actitudes tribalistas— fue aprovechada por Francisco Macías. Los que no entendían a Ndongo Miyone —encabezados por Ángel Masié Ntutumu y Jovino Edú Mbuy— decidieron crear una facción disidente que pasó a apoyar a Macías; los que Ondó Edú había estado
menospreciando también se separaron del partido (aunque es más propio decir que Ondó Edú se separó del partido para hacer su política en solitario), y el IPGE de Clemente Ateba decidió no apoyar a ninguno de los tres candidatos. Macías logró convencer, a base de no
regatear ni un céntimo a nadie, a los líderes disidentes de los tres partidos para que le apoyaran. Prometió a todo el mundo un Ministerio, una Dirección General o una Embajada, y llegó a darse el caso de que había cinco o más nombramientos para un mismo puesto. La coalición tripartita IPGE-MUNGE-MONALIGE había nacido. Su embrión había sido, no lo olvidemos, el Secretariado Conjunto.

Según las cifras más barajadas, parece que Antonio García-Trevijano habría dado a Macías no menos de 50 millones de pesetas para financiar la campaña electoral. Las octavillas de Macías («EN MARCHA CON MACÍAS»; «UNIDAD, PAZ, PROSPERIDAD») se hicieron en Madrid, en las Gráficas Rubén Jiménez. En su programa electoral, Macías prometía prestar especial atención si ganaba a cinco puntos. Primero: creación de una conciencia nacional; segundo: política social; tercero: política económica; cuarto: relaciones internacionales, y quinto: relaciones con España. «Respecto al primer punto —se lee en el panfleto FRANCISCO MACIAS NGUEMA, CANDIDATO DEL PUEBLO PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA—, si queremos ser respetados ante el mundo como nación soberana debemos sobreponer nuestras diferencias actuales para conseguir la unidad (.. .) Nada tiene que temer la isla del continente. Respetaremos siempre las características especiales de Fernando Poo y Río Muni dentro de las posibilidades de cada cual, respetando, como hemos dicho, aquéllas para conseguir la ansiada unidad como nación. Quiero poneros un ejemplo de lo que representa esta unidad de conciencia nacional para que podáis decir a aquellos que no creen en esta unidad que sólo con ella se llega a conseguir una nación moderna. La Confederación Helvética-Suiza está formada por razas de diferente origen e idiomas bien distintos, como son: el alemán, el francés y el italiano. Todas ellas han constituido una nación moderna, de prosperidad y de paz bien conocidas, habiendo llegado a concienciarse como nación unida, a pesar de sus diferencias de raza e idioma. ¿No vamos a poder hacer nosotros lo mismo?». En el segundo punto, Macías promete a los trabajadores «un salario remunerador honorable, es decir, a trabajo igual, salario igual, sin discriminación de raza ni sexo». Promete el fomento de la actividad sindical, «para que los trabajadores tengan un instrumento de defensa y les permita controlar cualquier abuso, tanto por parte de los empresarios como por parte del Gobierno, sin que esto quiera decir que no garantizaremos también a los empresarios sus legítimos derechos». En materia económica, Macías promete «créditos para pequeños agricultores, pescadores, comerciantes e industriales modestos, para que, sin agobios, puedan trabajar y desenvolverse. El Gobierno establecerá una política de protección de precios para el café, cacao, madera, cocos, pescado, yuca, etc., garantizando su colocación segura en los mercados internacionales».

«Lograremos la diversificación agraria., estudiando y programando nuevos cultivos que mejoren la economía de los agricultores, estimulando también el cultivo interior.» «Haremos un llamamiento al capital extranjero, al que protegeremos con nuestras leyes, para promocionar la rápida industrialización de nuestro país.» «Para los comerciantes y empresas, un Gobierno elegido masivamente por el pueblo es la única garantía de unidad y paz necesarias para su prosperidad. Dictaremos leyes que garanticen los derechos legítimamente adquiridos y les aseguren el perfecto desenvolvimiento en los negocios.» «Fomentaremos la sanidad, cuidando los cenaros sanitarios hoy existentes y creando cuantos sean necesarios, dotándoles de personal competente y medios suficientes para atender todas las necesidades de la población.» «Fomentaremos con especial interés el turismo.» «Con una sólida política de obras públicas a escala nacional mejoraremos, en todo lo posible, las carreteras actuales, puertos, aeropuertos, etc., efectuando cuantas nuevas obras sean necesarias para el desarrollo económico que nuestro país exige.»

Sobre las relaciones con España, Macías aseguraba que él, personalmente, «así como los grupos políticos que apoyan mi candidatura, hemos probado sobradamente nuestra amistad y nuestros deseos de buenas relaciones con España (...). En la mente y en el corazón de todo guineano España no será nunca un país extranjero, y por ello no me equivoco en afirmar que es la voluntad del pueblo conceder a España un trato preferencial (...). Si en otras ocasiones yo he defendido frente al Gobierno español posturas que creía necesarias para Guinea Ecuatorial, os aseguro que con el mismo rigor defenderé la presencia española en nuestro país.» 

Como se ve, Macías lo había prometido todo, no había dejado un solo resquicio y, ciertamente, su lenguaje era nuevo en Guinea Ecuatorial. Se sabía que algunos candidatos habían pronunciado amenazas para los sectores contrarios al suyo en caso de victoria electoral, que habían olvidado a sectores enteros en su programa, que habían prometido más a unos distritos que a otros. Macías no. Hablaba de nacionalismo, de unidad, de autonomía regional y no perseguía a nadie. En cada pueblo decía lo que se esperaba que dijera, a cada uno le decía las palabras que deseaba oír. Preciso, sereno, apasionado cuando el tema lo requería, buen orador y mejor actor, Macías electrificaba a las masas. En los debates televisivos se mostraba serio, convincente, seguro y sencillo, y las mismas cualidades mostraba en los rincones más recónditos del país, a donde no llegaba la televisión (5) pero sí Macías. Bosío se había dirigido a los bubis, Ondó Edú a los mayores, a los conservadores, a los amantes de la «ley y el orden», a los que se habían beneficiado del sistema colonial en cualquiera de sus etapas; Ndongo Miyone se dirigía a la juventud, a los universitarios, a los cultos, a los que tenían pretensiones intelectuales. Macías se dirigía al pueblo, tomando elementos de todas las demás campañas, aglutinando en su dialéctica argumentos de los contrarios y transformándolos en su pensamiento político. Y el pueblo le votó.

A las nueve de la noche del día 25 de septiembre, se declararon oficialmente los resultados recogidos por las 223 mesas electorales distribuidas por todo el país. Los 35 diputados de la Asamblea Nacional y los 20 Consejeros Provinciales fueron atribuidos a cada partido según el sistema proporcional. Ningún partido alcanzó una mayoría absoluta en los cuerpos legislativos. El mismo resultado se reflejó en los candidatos para la presidencia de la República. Macías había superado (36.716 votos) a su oponente más inmediato, Bonifacio Ondó Edú (31.941). Atanasio Ndongo obtuvo 18.223 sufragios y Edmundo Bosío sólo 4.795. Se había de proceder, de acuerdo con la Constitución, a una segunda vuelta electoral en la que participarían los dos candidatos que obtuvieron mayor número de votos, siendo declaradas nulas las restantes candidaturas. A partir de este momento se empieza a escribir la historia de la independencia de Guinea Ecuatorial.

Los madereros y los colonos, en general, siguieron apoyando a Ondó Edú, pero ya sin entusiasmo. Macías se entrevistó con Edmundo Bosío, a quien ofreció la vicepresidencia y otras, carteras ministeriales, a cambio de su apoyo. Se entrevistó, asimismo, con los dirigentes de la Unión Democrática Fernandina y otros influyentes componentes de la Unión Bubi, a quienes, en un pacto sellado en la casa de Pastor Torao, prometió una autonomía más amplia para Fernando Poo que la reflejada en la Constitución. Mientras, Ondó Edú se había entrevistado con Atanasio Ndongo. Este habría exigido, para darle su apoyo, un determinado número de carteras ministeriales para el MONALIGE, y, entre otras, las de Defensa y Asuntos Exteriores. A Ondó Edú le pareció excesivo el precio. Le contestó que no podía comprometerse a mantener a tantos miembros de otro partido en su Gobierno, y se rompieron las negociaciones/En la noche del 28 de septiembre, víspera de la segunda vuelta, Macías y Ndongo sellan un pacto de colaboración gubernamental. Y, como se prevee, sale elegido primer presidente de Guinea Ecuatorial Francisco Macías Nguema. Había alcanzado 68.310 votos en esta segunda vuelta, frente a los 41.254 conseguidos por Bonifacio Ondó Edú.

La victoria de la divisa de Macías (el gallo, con la leyenda «UN HOMBRE, UN EQUIPO, UN PROGRAMA») preocupó, ciertamente, a los españoles. Para los colonos de Guinea, todo aquél que no fuese Bonifacio Ondó Edú no inspiraba la más mínima confianza, ya que, fuera del signo que fuese el cambio entrañaba la pérdida de sus privilegios seculares. Para los españoles del Gobierno y sus aledaños, reinaba la incertidumbre y hasta el desconcierto, ya que no habían previsto esa eventualidad —se les había presentado de modo súbito— y las concepciones de Presidencia y de Asuntos Exteriores quedaban empatadas y neutralizadas por igual. Macías era el menos proespañol de los candidatos, y ello, por sí mismo, era una garantía de independencia. A nivel interior, Macías aparecía como innovador, frente al continuismo de Ondó Edú y a la inconcreción de Ndongo Miyone. A nivel exterior, con Ondó había sido derrotado el capitalismo monolítico de Madrid, con Ndongo el capitalismo «salvaje» norteamericano, ya que se le conocían conexiones en la Secretaría de Estado y en el Pentágono. ¿Quién había ganado con Macías? En apariencia aparecía libre, pero Antono García-Trevijano había cumplido su misión. A lo largo de su campaña, Macías se había mantenido equidistante de las grandes potencias, no había sacudido los cimientos de ninguna estructura y había propuesto, como muy de pasada pero significativamente, el modelo suizo de desarrollo socioeconómico. Los estímulos a la inversión extranjera estaban acompañados de un serio propósito de lograr una sociedad equilibrada en el orden social y económico. A caballo entre el populismo, la demagogia, la candidez y el dinamismo, Macías parecía garantizar la opción del capitalismo «civilizado» europeo, ansioso de no dejarse arrebatar la zona.

Una vez más, hay que recordar la cercana guerra civil de Biafra. Y, por primera vez, hay que hacer notar la privilegiada posición geográfica y geopolítica del nuevo país: las islas de Fenrando Poo y Annobón dominan el golfo de Guinea, punto importante en la ruta del petróleo, ya que por aquellos días estaba cerrado el Canal de Suez. Río Muni está enclavada entre Camerún y Gabón, emporios del expansionismo francés. En Nigeria, al norte, se discutía en los campos de batalla no sólo una estabilidad política, sino, ante todo, los ricos yacimientos petrolíferos de la bahía de Biafra, bolsa de la que, al parecer participan Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón. Al sur de este último país se alza la República Popular del Congo, arrebatada al neocolonialismo francés por los sindicatos y el ejército, con un régimen progresista cuyo himno oficial es «La Internacional». Un poco más abajo, en la desembocadura del río Congo, está el bastión americano por excelencia en África, la República de Zaire. Entre Congo y Zaire, el enclave de Cabinda, importante zona petrolífera nominalmente portuguesa. Y, en fin, Angola, donde también se baten negros contra negros y blancos para determinar, antes que la independencia, la hegemonía.

Una serie de hechos, a nuestro entender, explican la derrota de Atanasio Ndongo, su alianza de última hora con Macías, la victoria de éste y su trágico final. Atanasio Ndongo, el «candidato seguro», confiaba en los americanos. Pero 1968 es el año en que la Administración Demócrata, con la que tenía contactos el líder del MONALIGE, ha tocado fondo en su popularidad, y Johnson decide no presentarse a una nueva elección, en noviembre de ese mismo año. Va a cambiar, por tanto, todo el cuadro de la Administración norteamericana. Los sondeos dan la victoria al partido republicano, pero Atanasio Ndongo no tiene aliados en él. Quizá por ello tenía tanta prisa en que se diera la independencia. Había lanzado la consigna de que la independencia debía ser en 1967, pero tuvo que ser
pospuesta para el 15 de julio de 1968. La excesiva duración de la Conferencia Constitucional, pero sobre todo el inesperado obstáculo representado por Antonio García-
Trevijano y el secretario conjunto, determinarían el re
traso. Y este retraso sería fatal para Atanasio Ndongo; a finales de septiembre, a sólo un mes de las elecciones, cuando todo el mundo da como vencedor a Richard Nixon, resulta imposible toda manipulación política. Si esta teoría —que no es sino el fruto de la observación personal, y, por consiguiente, sólo una especulación— fuera cierta, se explicarían con toda nitidez acontecimientos posteriores que, ocho años después, aún parecen inexplicables. 

Lo cierto es que Macías parecía moverse en un ambiente de mayor libertad total, y ello le granjeó las simpatías de toda la juventud guineana, de la opinión más responsable de África y de las masas progresistas del mundo. sus primeras declaraciones, el 3 de octubre, fueron conciliadoras y estaban dentro del espíritu sereno que había matizado todas su campaña electoral. En Madrid, el Consejo de Ministros del 9 de octubre acordó reconocer de modo oficial el resultado de las elecciones, a Francisco Macías como presidente de la nueva nación y declarar a la ex colonia nación independiente. ¿Por qué se tardó tanto tiempo? También se acordó crear la embajada de España en Guinea Ecuatorial y poner al frente de ella, como embajador en Santa Isabel, a Juan Durán-Lóriga Rodríguez, siendo cesados el alto comisario general y to­dos los demás cargos representativos del régimen colonial que había terminado.

El mismo día 9 Macías hizo pública la lista de su primer Gobierno, un Gobierno de coalición que reflejaba con fidelidad las fuerzas que le habían apoyado y, también, el precario equilibrio político del presidente. Esta era su composición:

Presidente: Francisco Macías Nguema.

Vicepresidente: Edmundo Bosío Dioco

Defensa: Francisco Macías Nguema.

Comercio: Edmundo Bosío Dioco.

Asuntos Exteriores: Atanasio Ndongo Miyone.

Interior: Ángel Masié Ntutumu.

Hacienda: Andrés Ebonde Ebonde.

Obras Públicas: Jesús A. Oyono Alogo.

Industria y Minas: Ricardo Erimola Chema.

Agricultura: Agustín Grange Molay.

Sanidad: Pedro Ekong Ándeme.

Educación Nacional: José Nsue Angüe.

Trabajo: Román Borikó Toichoa. 

Justicia: Jesús Eworo.

En cuanto al resto de las magistraturas y altos cargos del Estado, se había elegido presidente del Tribunal Supremo de Justicia a Luis Mao Sicachá, de la Unión Bubi, antiguo militante del MONALIGE; la presidencia de la Asamblea Nacional había recaído en Pastor Torao, asimismo de la Unión Bubi; la vicepresidencia de la Asamblea la ostentaba Antonino Eworo, miembro de la Coalición Tripartita y antiguo partidario del IPGE. Por último, la influyente presidencia del Consejo de la República estaba en manos de Andrés Moisés Mbá Ada, del MUNGE. Expedito Rafael Momo había sido nombrado gobernador civil de Fernando Poo y un familiar directo del presidente, Miguel Eyegue, había sido nombrado para el mismo cargo en Río Muni.

El nombramiento de Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo del Gobierno español, como representante del jefe del Estado en los actos de la independencia de Guinea Ecuatorial es otro episodio más que explica la lucha dentro del gobierno español. Oficialmente fue nombrado para transmitir los poderes a Macías en su calidad de ministro encargado de Asuntos Exteriores por ausencia de si titular, que estaba en Nueva York. Pero el hecho de que ni Carrero Blanco ni Castiella tuvieran tiempo de asistir al nacimiento de Guinea como nación independiente no dejó de repercutir en el ánimo de una persona tan susceptible como Francisco Macías. En la noche del 11 de octubre, Fraga condecoró al expresidente del Consejo de Gobierno autónomo, Bonifacio Ondó Edú. A las doce de la noche, entre el júbilo de unos y la nostalgia de otros, se arrió definitivamente la bandera española. Doce horas después, en el salón del Trono del Palacio presidencial - palacio de los Gobernadores Generales - en la plaza de la Independencia - plaza de España - de Santa Isabel, Fraga "en nombre del Jefe del Estado y del pueblo español" se honraba "en transmitir los poderes al presidente de la República de Guinea Ecuatorial y a su pueblo". Impuso el Gran Collar de la Orden del Mérito Civil a Francisco Macías. Habló el representante de la Naciones Unidas, Djermakoye; habló el representante de la Organización de la Unidad Africana, Diallo Telli; desfilaron ante el presidente los altos cargos de la aún no estrenada Administración y, seguidamente Macías habó por vez primera en nombre de Guinea Ecuatorial. "La libertad - dijo al pueblo congregado en la amplia explanada entre la misión católica de la ciudad, la Catedral neogótica, la frente hacia el Palacio, la espalda dando al mar - es uno de los atributos más profundos del hombre. Partimos del más absoluto respeto a la libertad de la persona". Recordó emocionado a los que lucharon por la independencia, se refirió al mundo al que se incorporada Guinea Ecuatorial, tuvo párrafos de gratitud y de admiración para España y para el general Franco y expresó amor y amistad por el pueblo español. «Si hemos estado unidos en el pasado lo estaremos más aún en el próximo futuro; necesitamos ayuda, y la tendremos de España». Habló de la unidad nacional, de la solidaridad africana y de la amistad entre todas las naciones del mundo. Poco después de la una del mediodía del 12 de octubre de 1968, la radio llevaba a todos los rincones del país las solemnes palabras: «Yo, Francisco Macías, en nombre del pueblo guineano, recojo de manos de España los atributos del poder». Un «Tedeum» en la cercana Catedral, concelebrado por sacerdotes guineanos y españoles, a cuyo frente estaban el obispo de la diócesis de Bata, doctor Rafael María Nzé Abuy, y el obispo de la diócesis de Santa Isabel, Francisco Gómez Marijuán; un desfile militar y un almuerzo de gala en la residencia del Presidente dieron colofón a unos actos en que la brillantez y la calma habían sido las notas más características.

Numerosos países habían reconocido ya a Guinea Ecuatorial. Entre ellos la mayor parte de los de Europa occidental, con Francia y la República Federal Alemana a la cabeza. En las Naciones Unidas, y tras ser aprobado el consenso elaborado por el Comité de los Veinticuatro en la Asamblea General, se procedía a votar la entrada de Guinea Ecuatorial en el organismo internacional, entrada que fue aprobada sin ninguna dificultad. Contestando a las palabras de felicitación recibidas de delegados de distintos países, el representante permanente de España, Jaime de Piniés, resaltó que lo más importante era el hecho mismo de la independencia de Guinea Ecuatorial en un clima de paz y concordia, señalando que siempre existiría una estrecha colaboración entre ambos países.

En círculos menos oficiales, se opinaba de muy distinto modo: «Nos han puesto el traje de la independencia, pero por debajo de él seguimos estando colonizados», pensaban muchos guineanos residentes en España ante el hecho de que el barómetro de un político guineano fuera siempre su relación con la potencia colonizadora. Los colonos más reaccionarios, no conformes con el hecho de la independencia, trataban de organizar unas fuerzas mercenarias que lucharan en Guinea, y no se recataban en afirmar que el asunto no tardaría en estallar. Era blanco de todas las miradas del ex presidente del Gobierno autónomo Bonifacio Ondó Edú, al que se trataba de convertir en una especie de mito. Se decía —rumores nunca confirmados, pero siempre insistentes— que encabezaba un grupo de resistencia contra el poder recién constituido, y que la revuelta se iniciaría en un momento determinado en su distrito natal, Evinayong, el cual protagonizaría una sublevación popular. Apenas apagados los ecos de la música de los festejos, aún las calles llenas de vestigios de las celebraciones, ya se daba por seguro que «algo iba a pasar». Quizá en estos rumores y hechos que se conformaron semanas después; está el origen de la actual crisis de Guinea Ecuatorial.

El presidente guineano daba muestras de una moderación extraordinaria. En sus desplazamientos se hacía acompañar por el embajador español, a quien presentaba al pueblo como un amigo de Guinea. Macías trataba de enseñar a su pueblo que el embajador no era el representante de una España represora y omnipotente, sino el de una nación amiga; Macías, al explicar a su pueblo la diferencia entre un embajador y un gobernador general, trataba de ser conciliador y conjurar las posibles y probables deseos de revancha. Todo parecía ir muy bien. El Estado español había prometido apoyo financiero a la nueva nación africana, pero el dinero no llegaba a Guinea. El Gobierno español, de manera extraoficial, declaraba supeditar la ayuda ecónomo mica a la orientación de la política del presidente. Parecía como si determinados sectores del Gobierno estuvieran molestos por la calma y la paz reinantes en la ex colonia. Porque no había pasado aún absolutamente nada al mes de la independencia.

A primeros de diciembre, se descubrió que todas las firmas comerciales, industriales y agrícolas que operaban en Guinea no reunían, juntas, ni 2.000 pesetas en sus respectivas cuentas corrientes del Banco Exterior de España en Guinea. En el momento de la independencia, Guinea exportaba 38.000 toneladas de cacao (algo más del 3 por ciento de la producción mundial), valoradas en 25.438.000 dólares; 8.064 toneladas de café, por un valor de 6.209.000 dólares; 325.806 toneladas de madera, equivalentes a 19.167.000 dólares; 2.958 toneladas de aceite de palma, por un valor de 642.000 dólares. Incluyendo los 309.000 dólares ingresados por la venta al exterior de palmiste y los 296.000 dólares producidos por la exportación de yuca, las divisas que hubiera debido ingresar la Hacienda guineana en este capítulo pueden evaluarse en 52.061.000 de dólares, o sea, 3.644.270.000 pesetas. Descontadas las importaciones (7.914.000 dólares aproximadamente), y las divisas exportadas por los trabajadores extranjeros (cifradas en 1.677.000 dólares), Guinea Ecuatorial debió encontrarse con un saldo favorable de 42.470.000 dólares como mínimo, o sea, 2.972.900.000 pesetas. Eso en un año y sin contar otros ingresos provenientes de actividades tales como el turismo, que a la sazón se encontraba bastante desarrollado. Pero, como queda dicho, no había ni 2.000 pesetas en todas las agencias del Banco Exterior de España en Guinea Ecuatorial, Banco que durante un siglo había operado en el territorio de forma monopolista. La maniobra de estrangulamiento económico intentada en Guinea en los primeros días de la independencia por los colonos afines a la presidencia del Gobierno quedaría definitivamente al descubierto dos años más tarde, en 1971, al emitir la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España papel moneda guineano por valor de dos mil millones de pesetas aparentemente sin garantía alguna. Estaban garantizados por el llamado «tesoro colonial».

La Presidencia ordenó una investigación, cuyo resultado hizo conocer al pueblo que empresas tan importantes como «Aleña», con casi un siglo de explotación maderera en Guinea, no tenían en el banco más que 158 (ciento cincuenta y ocho) pesetas. Lógicamente, las relaciones con la ex potencia se deterioraron y Macías denunció públicamente los hechos en un mitin, en presencia del embajador de España. Mientras tanto, Bonifacio Ondó Edú había huido a Gabón, no se sabe bien por qué, aunque las versiones llegadas a Guinea confirmaban la teoría de la existencia de guerrillas mercenarias. A Macías le empezó a entrar la sicosis del atentado o del derrocamiento. Habló con el presidente Gabonés, Albert-Bernard Bonge, y éste envió a Santa Isabel una delegación que obtuvo de Macías seguridades de que Ondó Edú sería juzgado de acuerdo con la ley y que su vida no correría peligro. En una avioneta pilotada por un español, el delegado del Gobierno en Bata, Esteban Nsue Ngomo, recogió al ex presidente del Consejo de Gobierno autónomo en la frontera gabonesa. Fue trasladado a Santa Isabel y encarcelado, en espera de juicio, en la cárcel de Blavis. Este hecho supuso la liquidación definitiva del procarrerismo en Guinea.

Los colonos españoles empezaron a provocar abiertamente al Gobierno a fin de precipitar un enfrentamiento de tipo congolés que justificara la intervención de las tropas españolas guarnecidas aún en el territorio, doscientos sesenta guardias civiles perfectamente armados. Se sucedían incidentes verbales entre las nuevas autoridades y los colonos europeos, que acudían al más soez lenguaje racista-colonial para tratar de demostrar al guineano que, aunque independiente, no era dueño de su país. Muchos propietarios siguieron pegando físicamente a sus braceros y empleados, lo cual provocó continuas tensiones. El embajador Durán-Lóriga se comportaba, más que como representante diplomático ante un Gobierno amigo, pero soberano y extranjero al fin y al cabo, como un procónsul. Ante cualquier querella entre un guineano y un español, amenazaba con retirar a los médicos, ingenieros, maestros, administrativos, controladores aéreos, operadores de televisión y demás técnicos españoles que mantenían, en virtud de acuerdos provisionales suscritos entre ambos Gobiernos, la vida económica del país. No perdía ocasión de dejar claro que, ante una posible doble orden contradictoria a las tropas españolas, una procedente del Gobierno guineano y otra procedente de él, la Guardia Civil secundaría la suya. El cónsul español en Bata, lejos de atemperar los ánimos, contribuía eficazmente a la subida de la tensión. Tenía, en lo alto de su residencia particular, ondeando siempre una bandera española; otra se izaba permanentemente en el consulado y una tercera se hallaba desplegada en el cuartel de la Guardia Civil, en las afueras de la ciudad. A los dirigentes guineanos, muy celosos aún de su recién adquirida soberanía, y airados por las continuas amenazas del embajador español, les parecían demasiadas banderas extranjeras en una pequeña ciudad de un país independiente. El presidente le comunicó al cónsul que procurara reducir las enseñas de su país a una sola. Nadie hizo el menor caso. Una orden de la residencia comunicó a las representaciones diplomáticas que no se tolerarían más banderas extranjeras fuera de la que ondease en la embajada respectiva, de acuerdo con las convenciones internacionales. Tampoco los españoles hicieron caso. El 23 de febrero de 1969, el presidente ordenó al jefe de su Casa Militar, el capitán Tray —que había sido capitán del Ejército español— retirar las banderas españolas. Se cruzaron palabras muy duras entre el cónsul y el militar, entre el embajador y el presidente. Y no sólo palabras. En los aledaños del consulado se había entablado una dura pelea entre españoles y guineanos, resultando un guineano muerto y varios heridos en ambos bandos. Se sabe que por aquellos días navegaban en aguas jurisdiccionales guineanas varias unidades de la Armada española. Se dice que un determinado destructor español tenia orden de bombardear los depósitos de combustible de «Alada», que dominan toda la bahía de Bata y están situados a escasos metros del puerto, de la residencia del presidente y de la zona escolar formada por el colegio La Salle, el instituto de enseñanza Media Nvó Mbá, el internado de las Madres Concepcionistas y el colegio de la Misión Católica.

El presidente, al tiempo que ordenaba el acuartelamiento de la Guardia Civil, cablegrafió al general Franco, al secretario general de las Naciones Unidas y al secretario general de la Organización de la Unidad Africana. El bloque africano pidió la reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se había llega do al climax y nadie podía preveer lo que podía pasar en el minuto siguiente.

 

4.   El golpe de Estado.

Se calculaba que España obtenía de Guinea Ecuatorial unas ventajas del orden de los 87.543.000 dólares anuales en los últimos años. Era previsible que dicha cifra aumentara. Para los colonialistas españoles, perder de golpe y porrazo más de seis mil millones de pesetas representaba una auténtica tragedia. Ellos no creían, como Harold McMillan, que los mejores negocios coloniales se hacen después de la independencia de las colonias.

Los Estados Unidos sí creían que se podía hacer un buen negocio en la Guinea independiente. El censo de 1968 había arrojado una población de 290.000 habitantes, aunque todo el mundo estimaba que el país tenía de 350.000 a 450.000 habitantes, que crecían a un ritmo anual del 1,8 por 100. Prospecciones realizadas en 1960 habían puesto al descubierto la existencia de una gran bolsa de petróleo que, desde la desembocadura del río Níger, en Biafra, se extiende hacia el sur, dentro de las aguas guineanas, hasta Port-Gentil, en el estuario del río Gabón. El petróleo, aún no explotado, había interesado a varias compañías americanas. La «Shell», que ya había entrado en contacto con grupos franceses en Gabón (a través de la «Société des Pétroles d'Afrique Equatoriale»), no pudo establecerse, al no conseguir el permiso de perforación del Gobierno de Madrid. Durante la autonomía, la «American Oil Company» obtuvo un contrato para continuar las exploraciones, descubriendo que en la desembocadura del Río Muni —importante zona forestal— existían yacimientos petrolíferos de buena calidad cuya explotación era muy rentable. Pero no logró tampoco el contrato de explotación, pues se opusieron las compañías madereras. En los primeros meses de la independencia, la «American Steel Company» y la «Mobil Oil Corporation» lograron sendos contratos del Gobierno de Guinea Ecuatorial.

Además de petróleo las exploraciones geológicas, llevadas a cabo por los Estados Unidos y por España, habían determinado la existencia de antracita, mineral de hierro, uranio y oro. El ministro de Asuntos Exteriores, Atanasio Ndongo Miyone, tenía en su agenda un vasto programa de conversaciones con inversores americanos, pero su radical oposición a la ayuda guineana a la secesionista Biafra le habían enfrentado con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos. En efecto, desde el inicio de la guerra civil nigeriana, en plena época autónoma, el aeropuerto de Santa Isabel venía siendo utilizado por los aviones de la Cruz Roja Internacional para socorrer a la población biafreña. Todo el mundo sabía, y así lo demuestran numerosos reportajes de la época, que no siempre los aviones tenían tan. humanitaria misión, ya que numerosas cajas con el emblema de la benemérita organización contenían en realidad armas para la facción del general Ojukuu. Nongo Miyone era partidario de una estricta neutralidad, la cual, en sí, beneficiaba á la causa unionista.

A finales de 1968 había llegado a Santa Isabel el corresponsal de «Le Monde» en Madrid, José Antonio Novais, comisionado por la Cruz Roja Internacional para mediar en la situación. El periodista Nováis, amigo de González Armijo, había trabado cierta intimidad con diferentes políticos guineanos durante la Conferencia Constitucional y había defendido, a través del prestigioso periódico en que trabaja, la causa del MONALIGE y de la independencia guineana, llegando a ser procesado por el Gobierno español. Su gestión, sin embargo, no tuvo éxito, ya que el 6 de enero de 1969 Guinea Ecuatorial prohibió que los vuelos de la Cruz Roja o de cualquier otra procedencia, con destino a Biafra, aterrizasen en su territorio.

Caído en desgracia Bonifacio Ondó Edú, Atanasio Ndongo Miyone era la única personalidad de cierto relieve nacional e internacional capaz de asumir el poder «si algo ocurriera». Macías no dejaría de darse cuenta de esa realidad. A mediados de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores se trasladaba a Addis-Abbeba para asistir por primera vez a una reunión de la Organización de la Unidad Africana. Allí tuvo noticias del incidente de las banderas y de la declaración de «persona non grata» del embajador de España, en Guinea Ecuatorial y del cónsul en Bata. Macías le llamó para ordenarle que ratificara el mensaje que él había mandado a la ONU, pidiendo al secretario general el envío de tropas pacificadoras, ya que la Guardia Civil había ocupado el aeropuerto de Santa Isabel y la oficina de Correos y Telégrafos de la capital, y había distribuido armas entre la población blanca, la cual patrullaba por la ciudad reemplazando a la Guardia Nacional. En respuesta al mensaje del presidente guineano, el general Franco escribía que «la pequeña fuerza de la Guardia Civil no constituye ni una amenaza para la independencia del país ni una injerencia en sus asuntos interiores», sino que tenía como única misión «la protección de los ciudadanos españoles», prometiendo que sería retirada cuando Macías «garantizase la adecuada protección».

El gobierno español llamó "a consultas" al embajador Durán-Lóriga y recomendó a los españoles que vivieran en el interior de Río Muni que se refugiaran en el Consulado de Bata. El 1 de marzo, el Gobierno de Guinea declaró el estado de emergencia por quince días e hizo un llamamiento al pueblo para que estuviera en calma y a la juventud para que apoyase el Gobierno ante la insuficiencia de la Guardia Nacional. Habían nacido las «Juventudes en Marcha con Macías». El Gobierno apremió a la Guardia Civil a acuartelarse y ordenó fueran requisadas todas las armas en poder de los civiles europeos, y la Guardia Nacional reasumió el control de la capital. El mismo día, Macías cablegrafió de nuevo al secretario general de las Naciones Unidas pidiendo «ciento cincuenta Cascos Azules». Dos días más tarde, U Tan contestó que la solicitud sólo podía ser tratada por el Consejo de Seguridad, cuya reunión no había solicitado el Gobierno de Guinea Ecuatorial.

Mientras tanto, el pánico se había apoderado de los residentes españoles. Obedeciendo órdenes de su Gobierno, se fueron concentrando en las ciudades de Bata y Santa Isabel, de donde fueron evacuados a partir del día 2 de marzo. También los técnicos americanos de las compañías petrolíferas abandonaron rápidamente el país a bordo de un avión fletado al efecto. El cónsul inglés en Bata informó a su Gobierno sobre «la situación de total anarquía» que reinaba en el país y recomendó también a sus súbditos que abandonasen el territorio guineano. Seguía en Santa Isabel el embajador Durán-Lóriga, que ni ejercía sus funciones ni había sido cesado. España había enviado, en calidad de encargado de negocios, a Emilio Pan de Soraluce. Atanasio Ndongo Miyone, que había llegado a Madrid, procedente de Etiopía, el día 1 de marzo, se reunió con Saturnino Ibongo, embajador guineano ante las Naciones Unidas. Lo cual no dejó de parecer de lo más extraño a los observadores. «La única noticia que nosotros poseemos —declaraba un portavoz del ministro guineano de Asuntos Exteriores después de la entrevista de éste con Fernando María Castiella— es la que nos ha proporcionado el ministro español de Asuntos Exteriores. De todas maneras no se puede de ningún modo hacer caer la responsabilidad de un grupo incontrolado sobre el pueblo guineano o sobre su Gobierno. No comprendemos la obstinación del Gobierno español en mantener en su puesto de embajador al señor Durán-Lóriga, al que nosotros habíamos declarado  «persona non grata». Además, no podemos tolerar que nuestro aeropuerto sea ocupado por fuerzas extranjeras. Espero que se trate solamente de un malentendido entre los dos Gobiernos y que el diálogo cordial entre los dos países llegará muy pronto». El mismo día, el diario «Le Monde» comentaba que «paracaidistas españoles han recibido la orden de ocupar y de controlar los aeropuertos de Santa Isabel (en Fernando Poo) y Bata (en Río Muni), después de los incidentes provocados, según la radio española, por ''elementos incontrolados". El Gobierno de Guinea Ecuatorial (...) ha protestado contra esta decisión y ha dirigido una llamada a las Naciones Unidas». Que la orden fue dada no le cabe la menor duda a este autor, ya que, muchos años después, conoció por casualidad a un joven que por entonces hacía el servicio militar en una base paracaidista de las cercanías de Madrid, quien le contó que durante más de una semana estuvieron preparados, sólo a la es­pera de la orden de partida, para invadir Guinea Ecuatorial.

En Madrid, el ministro Ndongo y el embajador Ibongo se entrevistaron con personalidades gubernamentales y financieras españolas y con un grupo no muy numeroso de guineanos residentes en España, alguno de los cuales había llegado de Barcelona y de Valencia. Existen indicios de que, en esas largas reuniones, se llegó a confeccionar una lista de personas que podrían integrar un Gobierno, en la que figuraban los nombres de determinados profesionales del derecho guineano residentes en España. Ndongo Miyone habló con la prensa, y sus palabras, a ocho años vista, están en abierta contradicción no sólo con las de Macías, sino con la situación real que atravesaba el país: «La situación—dijo— está bajo el control del Gobierno de Guinea Ecuatorial y el desarrollo de la evacuación es satisfactorio. Se dan los permisos necesarios para que los que lo deseen puedan volver a España. El Gobierno desea la rápida conclusión de un Acuerdo Militar con España». Acompañado de Saturnino Ibongo y de Rita Ipúa, y a bordo de un DC-8 puesto a su disposición por el Gobierno español (en el mismo avión, de vuelta a España, regresaría definitivamente el embajador Durán-Lóriga), Atanasio Ndongo Miyone llegó a Bata el día 3 de marzo, donde se hallaba el presidente y la mayoría del Gobierno, si bien antes se detuvo en Santa Isabel para conversar con Armando Balboa, alcalde de la capital; Pastor Torao, presidente de la Asamblea; Enrique Gori Molubela, presidente del Consejo Provincial de Fernando Poo y director del Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, y con Expedito Ra­fael Momo, gobernador de la provincia.

La información de fuente española o proespañola señala que Atanasio Ndongo intentó convencer a Macías de que cesase la campaña antiespañola, que incitaba a las bandas juveniles «Juventud en Marcha con Macías» a perseguir a los blancos. Después de la negativa del presidente, el ministro habría reunido en torno a él a unidades de la Guardia Nacional, volado el transmisor de Radio Bata y ocupado el Gobierno Civil. Las tropas leales al presidente habrían contraatacado entonces, mientras Ndongo intentaba suicidarse saltando por una ventana. Se añade que Ibongo habría sido arrestado en Santa Isabel. Tal versión no coincide con la realidad por una serie de razones: primera, porque no había campaña antiespañola alguna. El presidente y las demás autoridades del país sólo recomendaban calma a la población; segunda, porque tampoco existían «bandas juveniles», ya que las «Juventudes en Marcha con Macías» aún no tenían ninguna autoridad institucional reconocida ni habían cometido aún ningún atropello. Eso llegaría después. No hubo ni un solo incidente desagradable ni se persiguió a ningún blanco, precisamente por la responsabilidad de las autoridades guineanas, que hicieron comprender a la población que cualquier atentado contra la integridad física de un blanco podía dar origen a una invasión del país.

La información más neutral indica que Ibongo se había quedado en Santa Isabel con los anteriormente citados, con la consigna de que se trasladaran a Bata en la mañana del día 5 si no había contraorden. Atanasio Ndongo llegó a Bata solo. Se entrevistó con Macías y pasó el día entero sin ver a nadie más, excitado y bebiendo. Después de cenar en la noche del día 4, salió hacia Río Benito, de donde era natural, y habló con algunos instructores militares (cabos y sargentos) españoles. Al delegado gubernativo del distrito le dijo que le acompañase a Bata por orden del presidente. En el camino de vuelta se hizo también acompañar por varios números de la Guardia Nacional. En las inmediaciones de Bata, Ndongo mandó atar al delegado gubernativo, Andrés Nchuchuma Maviane, y al policía Ciríaco Mbomío. Ya en Bata, detuvo al delegado gubernativo del distrito de Bata, Esteban Nsué Ngomo, a varios ministros —incluido el del Interior— y les encerró en las dependencias de la Guardia Marítima. Acompañado por los instructores españoles, se personó en el Gobierno Civil, donde no encontró ni al presidente ni al gobernador civil, y salió en su busca. En el recorrido por la ciudad, sustituía a la guardia indecisa u hostil por soldados afines a su persona, lo cual hizo sospechar a algunos. Llegó al cuartel principal de la Guardia Nacional, y el capitán Salvador Ela se negó a obedecer sus órdenes,. Ndongo regresó al Gobierno Civil, y al poco tiempo apareció Macías, desarmado él, pero fuertemente custodiado. Su escolta desarmó a los soldados que Atanasio Ndongo había colocado en la entrada y alrededores del Palacio, y Maclas subió solo al primer piso. Nadie ha sabido nunca a ciencia cierta lo que ocurrió allí; al poco tiempo salió Atanasio Ndongo violentamente por una ventana, cayendo ruidosamente en el centro del patio, de donde, tras ser señalado por el presidente como autor e instigador de un complot —se le hicieron fotos— fue conducido al hospital. El presidente, que declaró haber ocupado una larga lista de nombres de cómplices de los efectos personales del ministro, ordenó la detención de todos ellos y de todo aquél que fuera amigo de Atanasio Ndongo. Macías fue personalmente a la Guardia Marítima a libertar a sus ministros, a quienes gritó y abofeteó. Enterado de la presencia en Santa Isabel de Ibongo y de la consigna que le mantenía ahí, dio órdenes de que no fueran molestados y pudieran llegar a la mañana siguiente a Bata.

Algunas fuentes dan por segura la versión del Gobierno de Guinea Ecuatorial, según la cual el jefe del destacamento de la Guardia Civil, el comandante Báguena, fue por la mañana a felicitar al que creía nuevo presidente de la República, encontrándose con Macías, quien ordenó su expulsión inmediata del país. Las mismas fuentes aseguran que, en la mañana del día 5 de marzo, se recibió un telegrama de felicitación para Atanasio Ndongo Miyone, firmado por Fernando María Castiella. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Bata el avión que traía a Saturnino Ibongo y al resto de los presuntos cómplices, Macías ordenó que los condujeran a su presencia, pero no llegaron: el delegado permanente ante las Naciones Unidas y el presidente de la Asamblea fueron muertos a palos en el trayecto, y Armando Balboa y Enrique Gori, junto a decenas de personas, serían encarcelados, después de maltratados, sin juicio previo. Al contrario de lo que se ha venido publicando, no murieron en el acto, permaneciendo en la prisión hasta que, dos años después, Maclas organizó su asesinato colectivo y público.

Aunque al principio se dio como cierta la muerte instantánea del ministro de Asuntos Exteriores, la verdad es que tardó en morir. En el hospital fue interrogado por la policía de seguridad y por varios compañeros de gabinete, así como por el delegado gubernativo de Bata. No dijo nada coherente. Maclas, que prometió un «juicio popular» contra él, ordenó que fuera sacado del hospital para ser encarcelado. Nadie dice con exactitud ni cuándo, ni dónde, ni cómo murió. El día 6 de marzo Maclas declaró que el golpe había sido «una combinación de madereros y capitalistas españoles» contra su persona y contra su Gobierno, y anunció que «el capitalismo es­pañol ha sido definitivamente vencido». El día 8 prohibió a la población molestar a los ciudadanos españoles, a los que pidió que se quedasen; hizo público que él mismo asumía la cartera de Asuntos Exteriores y facultó al ministro del Interior para requisar todas las armas de fuego existentes en el territorio. El emperador de Etiopía, Haile Selasie, se ofreció al secretario general de la ONU como mediador, y llegaron a Bata ese mismo día 8 un enviado personal del presidente Boummedienne, presidente en ejercicio de la OUA, y el secretario general adjunto de esa organización, el también argelino Mohamed Sahnoum, que permanecerían en Bata hasta el día 20, para trasladarse a Madrid, donde pidieron al Gobierno español que el éxodo de los españoles fuera menos apresurado. Pero el general Franco, en un telegrama enviado a Macías, rechazó cualquier sugerencia de cooperación: «La crisis sufrida en el país produce en los residentes españoles la impresión de que falta seguridad y garantía en un ambiente hostil y encima acusaciones gratuitas». Franco exigió que a los 2.100 españoles que aún quedaban en Guinea se les diera toda clase de facilidades para poder marcharse, e insistió en que no se retirarían las fuerzas militares españolas hasta que no evacuaran el país todos los civiles que lo desearan. Macías respondió denunciando los acuerdos sobre cooperación militar vigentes desde la independencia y dando un plazo —23 de marzo— para que todo el personal militar español abandonase el país. Cada uno de los Gobiernos pidió observadores internacionales para supervisar y garantizar la evacuación pacífica de la colonia española. De los 7.000 españoles que residían en Guinea el día de la independencia, apenas quedaron 500. La evacuación se llevó a cabo de forma pacífica y ordenada. Al parecer, hubo un solo muerto español, en Río Benito, víctima del nerviosismo de la propia Guardia Civil. Muchos guineanos ayudaron y ampararon a sus antiguos jefes, patronos y amigos. El Gobierno español, que se había apresurado a negar, por medio de su embajador Piniés, su intervención en los sucesos de marzo en Guinea, se cubrió con un manto de silencio al prohibir a sus propios subditos repatriados toda declaración pública en relación con los acontecimientos vividos en la ex colonia.

Volvió la calma a Guinea. Pero una calma tensa, en la que los medios informativos de ambos países echaban velada o claramente la culpa al Gobierno contrario. El editorialista de la revista «Acción Cultural», órgano del Ministerio de Educación Nacional, escribía en el número de abril de 1969, bajo el título de No había sinceridad: «Las naciones, reunidas en muchas sesiones de la ONU, habían resuelto que España dejase a Guinea Ecuatorial como pueblo esclavo y lo elevase a la calidad de pueblo libre. Los hijos de Guinea llevaban años luchando por su libertad, y en ese empeño hubo víctimas por amor a esa Guinea Ecuatorial, que, sin haber escrito su primera página, está siendo malquerida por la misma nación que la civilizó (...). No cabe duda de que la independencia y la integridad de Guinea Ecuatorial no ha sido reconocida por España, o por los españoles residentes en nuestras tierras, quienes eternamente soñaron en tenernos como esclavos que ellos mismos han moldeado, y hoy ven recelosos su entrada en el concurso de las naciones libres.

»La cicatriz colonial es una señal indeleble en el alma del colono. El colono sufre calladamente las consecuencias de la liberación de los pueblos, los acuerdos internacionales y las alegrías que celebran las jóvenes naciones. El afán de riquezas y el desprecio al indígena, a quien desea eternamente exprimir, son motivos que mitigan su fe en la realidad del momento actual. Jamás Guinea Ecuatorial esperaba de parte de España un acto de indiferencia política; jamás hemos tenido que temer de los residentes españoles en Guinea Ecuatorial, porque sin fijarnos en el color, los creemos hermanos, y precisamente por eso, en los primeros acuerdos bilaterales Guinea Ecuatorial aceptó el que se quedase la fuerza española para, en caso de agresión exterior, estuviésemos defendidos. A esos soldados de tierra (Civiles), a los del Aire y a las Unidades navales; creímos de verdad que nos defenderían en el momento preciso. Esperábamos que las autoridades españolas en Guinea Ecuatorial serían las primeras que ciegamente obedecerían al Gobierno legítimo y popular del presidente de Guinea Ecuatorial, para que así, siguiendo el ejemplo, lo hicieran las otras autoridades representativas. Pues no cabe altivez en un cónsul ante el presidente de un Estado. 

«Entendíamos que las autoridades militares españolas y las fuerzas estacionadas en Guinea Ecuatorial estaban a las órdenes directas del Presidente de la República de Guinea Ecuatorial y no del embajador de España; y si lo es así, entonces cualquier embajador acreditado en Guinea Ecuatorial tiene derecho a una fuerza. Se dijo antes de la Independencia de Guinea Ecuatorial que las naciones vecinas querían apoderarse de nuestro territorio nacional por lo reducido de su extensión y porque está rodeado de naciones potentes. Todo es falso, pues en la misma Europa existen naciones de menos extensión que la nuestra y nadie ha pensado en apoderarse de ellas; y si así fuera la intención de los que nos rodean, antes nos uniríamos a una nación africana que a España, que es culpable de nuestras desgracias sociales. Ahora no hacen más que presumir ante nosotros, pero si hoy en día nos faltan oficiales para dirigir un Ejército, ¿quién tenía que haberlos formado? En cambio, tenemos sargentos que cuentan hasta treinta y siete años de servicio activo, que vieron venir a oficiales españoles hoy generales y ellos con grado de simple soldado raso. No tenemos ni un solo capitán en tierra, ni soldado volando, ¿y en el mar, porque no sabemos nadar? No podemos criticar la actitud de oficiales españoles al abandonar sus puestos y a sus tropas indefensas para refugiarse en el campamento de la Guardia Civil y unirse a ellos para apoderarse del aeropuerto de Santa Isabel, de los campamentos de las plazas, de los barcos de guerra y del armamento, siendo así responsables del estado de excepción de quince días decretado justamente por el Presidente de la República cuando todo estaba en calma y el Gobierno se preocupaba en proyectar el futuro de Guinea Ecuatorial. Hemos de lamentar esta situación, pues resulta que nosotros consideramos a los blancos españoles como a hermanos y ellos nos desprecian y dispuestos están para instruirnos, todo por la desigualdad de oportunidades.

»Las declaraciones del Presidente de la República y sus telegramas al Jefe del Gobierno español y las refutaciones por falta de exactitud de las expresiones de "Radio Madrid" dicen elocuentemente que no ha habido amenazas en las personas y sus bienes. Todo lo contrario, esta inestabilidad política la ha planteado el embajador español y el cónsul respectivo. En Guinea Ecuatorial no ha pasado nada, ni pasará, todo esto es continuación del manejo de los descontentos ante las jornadas triunfales del presidente en la República de Guinea Ecuatorial.» 

Por su parte, el diario «Ya» de Madrid, de fecha 11 de agosto, insertaba el siguiente artículo de fondo, firmado por su comentarista internacional Bartolomé Mostaza, bajo el título La Guinea Ecuatorial en crisis: «España ha solicitado que observadores de la ONU vayan a la Guinea Ecuatorial para informar al mundo de lo que allí sucede. España no teme a las inspecciones más  escrutadoras:   las  reclama.  ¿Qué  pasa  en  Guinea Ecuatorial? La lectura del periódico Ébano es un indicio para rastrear la raíz de los acontecimientos. No se improvisa un político, aunque sea mediano. Ni se improvisa un honrado y eficiente administrador. Como en otras zonas africanas, los demagogos irresponsables y los dilapidadores se han llevado el gato al agua. Y ahora, a los pocos meses de concedida la independencia, los demagogos se vuelven contra la minoría negra que estaba preparada para administrar los negocios públicos.

»¿ Adonde va Guinea Ecuatorial? Desde fuera la acechan quienes buscan hacerla su presa. El pueblo guineano es ingenuo y bueno. Puede recapacitar y posesionarse a sí mismo. En estos momentos parece enajenado o aturdido por la voz de los demagogos irresponsables que, incapaces como gobernantes, pretenden endosar el fracaso a sus adversarios. Los demagogos son la peor peste de los pueblos. Acaba con ellos si no se libran de ella con energía y uniendo hombro con hombro. Los guineanos son la gran víctima del caos desencadenado por los demagogos. Sin paz y sin colaboración con la antigua metrópoli, ¿qué iba a ser de Guinea Ecuatorial? He aquí la pregunta que debe bullir (según creemos) por la conciencia del buen pueblo guineano, a poco que reflexione sobre su pasado y su presente. La sangre ha empezado a correr en Guinea Ecuatorial. Mal síntoma. Con asesinatos no se resuelven los graves problemas que a toda nación nueva le asedian y apremian. El pueblo guineano era un pueblo pacífico y laborioso. ¿Quiénes lo han sacado de su buen juicio? España lamenta lo que está sucediendo en la Guinea Ecuatorial. Y no lo lamenta por bastardos intereses propios. La Guinea Ecuatorial no ha sido para España una mina de oro. Fue una carga presupuestaria más. Lo lamenta porque, si no se atajan los luctuosos acontecimientos, puede venir abajo una larga y costosa labor de muchos años. Porque España ha puesto en la Guinea Ecuatorial muchas cosas buenas: una higiene y una sanidad modélica en aquella zona de África, una siembra  de  cultura y  una  alfabetización  general,  una red viaria para domar la selva, una urbanización  envidiable, un cristianismo floreciente. 

»Salvados los errores y los eventuales abusos inevitables en toda obra colonizadora. España puede tener a orgullo lo que ha hecho en el breve y pobre territorio de Guinea Ecuatorial. Por eso le duele ver que unos demagogos puedan destruir en poco tiempo lo que costó muchos años edificar. Por eso, y sobré todo por bien del pueblo guineano—al que es urgente ayudar contra la irresponsabilidad de los demagogos—, España ha pedido que la ONU envíe con prontitud observadores que analicen imparcialmente la situación y presten el necesario apoyo a la causa de la paz y de la eficacia administrativa».

 

5. Régimen de terror

España buscaba con urgencia una solución para el problema de Guinea Ecuatorial, pero una solución que no manchase su nombre internacionalmente y que, a ser posible, comportase los menos cambios posibles en su influencia en el nuevo país. El general Franco supo frenar a los halcones de su gabinete y de otros sectores influyentes que propugnaban una intervención militar. Las palomas del gabinete sostenían la tesis de que había que calmar a Maclas y después obrar en consecuencia. Pero la situación estaba ya enrarecida y tanto las autoridades guineanas como el pueblo no tenían ninguna confianza en los españoles. El pueblo guineano se había plegado como un solo hombre detrás de su Gobierno, y las naciones africanas se aprestaron a ayudar al presidente Macías. Este pidió formalmente la ayuda de Argelia y de los restantes países africanos, pues el vacío dejado por los profesionales españoles se estaba empezando a notar. Los médicos se estaban retirando, dejando a los enfermos en sus camas como estaban; los técnicos de la Radiotelevisión guineana habían saboteado algunas de las instalaciones del Pico de  Santa  Isabel,   dejándolas   inutilizadas;   los   misioneros claretianos abandonaban, sin más, sus misiones para concentrarse en las capitales y ser repatriados; los hermanos de «La Salle», que regentaban cuatro colegios en todo el país, trataron de sabotear el material escolar de alguno de sus centros, y, descubierto alguno, fue apaleado por los propios alumnos, indignados ante tal comportamiento; las misioneras concepcionistas, que estaban distribuidas por toda la geografía del país y estaban encargadas de colegios femeninos, orfelinatos y hospitales, lo dejaron todo. En Ebebiyín abandonaron a su suerte a niñas de cinco y seis años que tenían internas. En Mongomo, Nsork, Acurenam y Niefang, además de abandonar a sus alumnas sin más explicaciones —y en algunos casos encerradas en los dormitorios o en las aulas—, no devolvieron el importe del curso que ya habían abonado los padres. En todos los colegios los misioneros y misioneras se llevaron alfombras, cuadros, estatuillas de arte, bordados y todo el material pedagógico que había sido pagado por las Diputaciones Provinciales de Guinea Ecuatorial. En algún caso se rompieron pupitres, pizarras, ventanas y los documentos de las Secretarías respectivas. Sin embargo, las misioneras seglares de Cabo San Juan se  comportaron de distinta forma: devolvieron, antes de huir, la parte proporcional del curso que restaba a los padres de los alumnos, avisaron a los padres para que recogieran a sus niños, justificaron ante la Inspección de Enseñanza las cuentas de su centro, que dejaron en perfecto estado y orden, y dejaron bajo la protección del obispado de Bata a aquellos niños que no habían sido aún recogidos por sus familiares.

Mohamed Sahnoum volvió a Guinea para coordinar la ayuda técnica argelina y africana, consistente principalmente en médicos y medicinas. Otros organismos internacionales se apresuraron a enviar personal docente, que no encajó —al igual que el resto de los técnicos extranjeros— en la mentalidad del guineano, principalmente a causa de la precipitación con que los españoles se retiraron, interrumpiendo el curso escolar, suspendiendo los programas económicos y la asistencia sanitaria y llevándose los documentos que hubieran podido servir de orientación a sus sucesores. Por otra parte, la dificultad de entendimiento —muchos de ellos no hablaban el español o lo hacían muy deficientemente— jugó un papel muy importante en su falta de compenetración con el pueblo guineano. Al venir con técnicas nuevas, en muchos casos distintas a las aplicadas por los técnicos españoles, el guineano se encontró aislado y, al no haber un período de adaptación, la frustración creció. Macías no parecía aún evolucionar hacia ninguna ideología definida, ni, por sus manifestaciones privadas o públicas, parecía sentir simpatía por una determinada forma de gobierno. Había demostrado —-lo cual era más que suficiente para atraerse a su pueblo— un nacionalismo anti-imperialista y todo el mundo estaba de acuerdo en que era un líder insobornable. Sus principales preocupaciones se centraban en el mantenimiento del orden interno y de la unidad de la nación y hacer funcionar al Estado partiendo prácticamente de la nada. Guinea había quedado paralizada con la marcha, a lo largo de todo el mes de marzo, y parte de abril de 1969, de los técnicos es­pañoles. Había que encontrar un método para alimentar al país, cuya población, sobre todo la juvenil, se había desplazado mayoritariamente a las ciudades de Bata y Santa Isabel. Al no haber escuela, y como consecuencia del llamamiento hecho a la juventud,, ésta se encontraba totalmente desocupada y se empezaban a ver a bandas de mozalbetes: aterrorizando a la población. Todo empezó como una diversión.

Hasta para un pequeño país como Guinea Ecuatorial, todo ello constituía una ardua tarea. El régimen carecía de ideólogos que marcaran, un camino mínimo a seguir, y los planes del Gobierno no estaban ultimados en el momento en que se produjo la crisis, pero quedaron desfasados al estar asentados sobre, una realidad que se había mostrado ficticia. El efecto buscado por los colonialistas españoles, el caos que paralizara la administración, no se consiguió sólo, gracias a la autoridad moral y el sentido político  demostrados por  el presidente Maclas, quien, como declaró un visitante extranjero, no tenía tiempo «para ocuparse de problemas ideológicos».

Desde la muerte de Atanasio Ndongo Miyone, Macías se había ocupado personalmente de la cartera de Asuntos Exteriores, pero nombró encargado de ese despacho a un atanasista, Samuel Ebuka, que directamente fue traído de la cárcel, adonde había sido confinado durante las confusas jornadas de principios de marzo. Aunque el puente aéreo con Biafra había sido suspendido por el ministro Ndongo Miyone, su muerte había reavivado la cuestión en el seno del Gobierno guineano, al presionar de nuevo la Cruz Roja Internacional sobre determinados elementos, a fin de que propiciaran la reapertura del aeropuerto de Santa Isabel para los vuelos a la zona secesionista. Estos tenían montado en los medios políticos de Santa Isabel un «lobby» casi perfecto, a través de los 60.000 trabajadores nigerianos residentes en Guinea, la mayor parte de los cuales eran ibos o calabares. Hubo un conato de enfrentamiento entre estos trabajadores, declarados en huelga, y la Guardia Nacional, pues el Gobierno, y en particular el presidente Maclas —que estaba asesorado en esta cuestión por Samuel Ebuka— sostenía a ultranza la necesidad de mantener una estricta neutralidad que, en todo caso, favoreciera las tesis del Gobierno Federal. Esta cuestión le dio la ocasión a Macías de prohibir, con la excusa de que eran divisas que salían del país, que los trabajadores biafreños enviasen dinero a sus ciudades de origen, dinero que era muy apreciado por el bando secesionista. Ante esta situación, también se inició el éxodo de los ibos que trabajaban en Guinea, que prefirieron enrolarse en el ejército biafreño y defender los colores de su bandera. Guinea Ecuatorial se encontró, pues, sin técnicos cualificados, sin mano de obra, sin dinero y con buena parte de la producción malograda a causa del sabotaje de los propietarios españoles y del abandono, puro y simple, de sus fincas.

En  este clima,  a  veces  tenso,  a veces   conciliador pero en el que no faltaba nunca el recelo, España y Guinea Ecuatorial firmaron el primer Acuerdo de Cooperación Económica, Comercial y de Pagos, en un acto que se desarrolló en Bata el 20 de mayo de 1969. Habían intervenido en las conversaciones la delegación española, presidida por el encargado de Negocios, Emilio Pan de Soraluce; la delegación guineana, presidida por el ministro del Interior, Ángel Masié Ntutumu; una representación de la ONU y otra de la OUA. El Acuerdo Comercial y de Pagos establecía el sistema de «clearing» para las importaciones españolas, sistema mediante el cual se trataba de mantener en los niveles anteriores a la independencia el intercambio comercial entre ambos países. El Convenio de Cooperación Económica respondía a dos necesidades fundamentales: la de garantizar los intereses españoles en Guinea y «los de los guineanos en España», prácticamente inexistentes, y cooperar ambos Gobiernos a fin de garantizar las instituciones económicas del nuevo país independiente. A este fin se acordó la creación de un Banco Central de Guinea Ecuatorial y de una moneda guineana, así como sellos y timbres propios, emisiones que se realizarían en España a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en colaboración con el Fondo Monetario Internacional, ante el cual España actuaría como patrocinadora o aval de la nueva «peseta guineana». España había ofrecido el 21 de marzo ayuda económica a Guinea, a fondo perdido, que el Gobierno guineano consideraba como devolución de las deudas contraídas por el Estado español ante el Estado guineano por las ilegales «repatriaciones» de divisas ocurridas en los días de la independencia. Además, España se comprometía a pagar y garantizar la emisión de la peseta guineana con un fondo de 2.000 millones de pesetas, cantidad curiosamente similar al importe del superávit que Guinea había obtenido en su comercio con España en el último año antes de la independencia. España se comprometía también a facilitar al Gobierno guineano ayuda técnico-administrativa para la realización de los proyectos estabilizadores del Gobierno de Macías.

Guinea Ecuatorial, por su parte, se comprometía a garantizar los intereses de los españoles que habían residido en ese territorio, a dar trato preferencial a los comerciantes españoles a fin de que España obtuviera, por dos años, la exclusiva en las exportaciones de cacao guineano, adjudicándose la compra de unas 60.000 toneladas a un precio inferior al del mercado internacional, precisamente en unos momentos en que el cacao guineano registraba una de las cotizaciones más elevadas en la Bolsa internacional de Nueva York.

En el acto de la firma, el ministro del Interior guineano reconoció que «ha habido unos momentos en que las relaciones entre España y Guinea eran difíciles, pero nosotros los guineanos, siempre con el corazón abierto y siempre dispuestos al diálogo con España, porque siempre reconocemos la labor civilizadora que a lo largo de un siglo ha realizado España en estas tierras. Por eso, aunque al principio de este trabajo ha habido horas difíciles, siempre hemos ido adquiriendo, reconociendo ese espíritu de hermandad, ese espíritu de civilización que hemos heredado de la gran nación hispana». Por su parte, el brindis del presidente de la delegación española también aportó distensión: «Nuevamente creo que podemos todos congratularnos, porque tras días de duro trabajo hemos llegado no ya a un acuerdo, que eso es importante, sino a establecer un diálogo entre amigos que a todos nos hace concebir esperanzas prometedoras para el futuro». El observador de la OUA señaló que Guinea «es un país en el cual la cultura española domina; es un país que ha conocido horas difíciles y horas de prosperidad con España, y es esencial para España y para su prestigio, su fuerza en el mundo, el contar con los amigos que ha conocido durante tanto tiempo. España ha ganado, porque vuelve a encontrar la amistad de África. África ha saludado las empresas decididas, valientes, de España en el terreno de la descolonización. Por ello somos felices constatando hoy este espíritu, esta voluntad de descolonización que se acompaña de un espíritu de colaboración.  España ha  ganado, porque sobre el plano económico también se asegura un mercado, aunque ese mercado sea pequeño y modesto. España ha ganado también, porque sus Acuerdos le permiten encontrar en Guinea Ecuatorial productos básicos importantes que aseguran a su economía y a su industria cierta continuación. África en particular se felicita del hecho de que una antigua colonia, después de haber pasado unos momentos difíciles, acaba de encontrar la amistad, la estabilidad y el espíritu de colaboración». El representante personal del secretario general de la ONU subrayó: «Vemos aquí a un pueblo joven que está lleno de sed y de confianza en su destino, y que afronta todos los peligros de la vida de la nación independiente. Y, por otra parte, vemos a España, una nación con un pasado glorioso, cómo, dentro de su mejor tradición, ha ofrecido un brazo generoso a este país joven para ayudarle a salvar los obstáculos que hay siempre en el camino de las naciones en la vida independiente». En la visita de cortesía que las delegaciones y representaciones asistentes a las conversaciones hicieron al presidente, Macías fue claro y conciso: «Las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial han conocido una crisis grave y horas difíciles. Espero que eso no volverá a suceder jamás y que en el futuro sólo el espíritu de comprensión y la voluntad de cooperación predomina­rán (...). Espero que la delegación española, a su regreso a España, transmitirá al Gobierno y al pueblo el agradecimiento del Gobierno y pueblo de Guinea Ecuatorial por el espíritu de franca: cooperación y de la gran voluntad de renovar el diálogo».

Todo parecía propicio para que la estabilidad política y el desarrollo armónico de Guinea fueran un hecho. Pero no todos estaban contentos. La iniciativa política del tema guineano la había tomado —la sigue teniendo cuando se escribe esto— el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero los grupos con intereses en Guinea y algunos militares «no entreguistas» se seguían respaldando en la Presidencia del Gobierno. Paralelamente a las negociaciones llevadas a cabo en Bata, los madereros habían llegado a un acuerdo con el Gobierno guineano. La delegación española y la Embajada de España en Santa Isabel trataban de crear un marco jurídico que respetase las propiedades e intereses de los españoles que salieron de Guinea durante la crisis, a los que el Gobierno guineano había amenazado con la expropiación y cuya vuelta estaba condicionada a un comportamiento político y económico serio. 80 empresarios españoles con intereses en Guinea denunciaron, en el curso de una reunión que mantuvieron con el presidente de la Comisión de Industria y Comercio de las Cortes, que las propiedades de los 380 empresarios que abandonaron Guinea en marzo y abril estaban valoradas en 2.174 millones de pesetas; urgieron al Banco de Crédito Industrial para que hiciera efectivo el crédito de 600 millones de pesetas que necesitaban para reanudar sus actividades en Guinea, así como la solución urgente de las ayudas pedidas para los exportadores que desearan continuar en las actividades comerciales en Guinea Ecuatorial. Estas condiciones, medidas políticamente, venían a significar una desaprobación de los Acuerdos suscritos en Bata.

El presidente Macías había invitado a Antonio García-Trevijano a visitar el país en algunas ocasiones, a lo que se había negado el abogado madrileño con una excusa u otra. La razón de este aparente enfriamiento de las relaciones de ambos personajes estribaba en la enemistad profunda e irreconciliable de García-Trevija-no y Atanasio Ndongo, considerado hombre fuerte del primer Gobierno de Macías, o al menos la personalidad de más relieve. Tras los sucesos de marzo y la muerte del ministro de Asuntos Exteriores, García-Trevijano se puso en contacto con Macías para ofrecerle su ayuda, que el presidente se apresuró a aceptar. García-Trevijano organizó un equipo de técnicos españoles que debían trasladarse a Guinea Ecuatorial, contratados en los medios universitarios madrileños próximos a organizaciones de extrema izquierda, equipo en el que se encontraban el sociólogo Juan Maestre Alfonso y el ingeniero Ventura Cabello. Se organizaron viajes a París para contactar con empresarios franceses, y al parecer García-Trevijano llegó a fletar un avión particular que los trasladaría a Santa Isabel, desde Francia, vía Camerún. Pero el entusiasmo de los jóvenes técnicos iba disminuyendo al comprobar el divorcio existente entre la teoría predicada —consolidar la revolución guineana— y los métodos empleados para tal fin. Para unos jóvenes puristas y ortodoxos, el tren de vida desplegado por el abogado y los contactos mantenidos con exponentes de un cierto neo capitalismo eran sencillamente contradictorios con la tesis inicial. El entusiasmo terminaría de enfriarse a causa de las alarmantes noticias que llegaban de Guinea, en el sentido de que las condiciones de trabajo no estaban en absoluto garantizadas y el Gobierno no era ni con mucho revolucionario. En efecto, en el verano de 1969 se fueron retirando los técnicos que Argelia, Egipto, Nigeria y algún otro país africano, junto a organismos progresistas y organizaciones internacionales, habían enviado a Guinea en solidaridad con el presidente Macías. Los médicos recibían órdenes de no curar a los cada vez más numerosos heridos considerados «contrarrevolucionarios»; no podían tampoco atender a sus familiares y la represión indiscriminada empezaba a tomar cuerpo en presencia de los observadores y cooperantes extranjeros. Las cárceles empezaron a llenarse de «sospechosos» que morían por malos tratos, y aunque las primeras víctimas fueron los adversarios políticos del presidente, a todo el mundo le constaba que eran personas que habían aceptado de buen grado el triunfo de Macías y se habían retirado de la vida política para esperar el fin del mandato vigente. La viuda de Atanasio Ndongo, por ejemplo, fue un buen día sacada de su casa para ser violada en público y apaleada por varios soldados, y sólo pudo salvar su vida al ser reclamada, como súbdita camerunesa, por la Embajada de su país.

Resulta muy curioso constatar que el diario «Madrid», muy vinculado a Antonio García-Trevijano como todo el mundo sabe, desviara la atención hacia Gran Bretaña a la hora de buscar responsables para la crisis guineana. Y es más curioso aún que las noticias difundidas por el «Madrid» siempre tuvieron su origen en Francia. En una crónica de su corresponsal en Londres, se leía bajo el titular Agentes ingleses provocaron la crisis de Guinea: «La prensa británica no publicó apenas una palabra cuando Guinea Ecuatorial alcanzó su independencia. Está dedicando, sin embargo, comentarios diarios al drama que estos días tiene lugar en Bata y en Santa Isabel. Con pertinacia sospechosa, los corresponsales británicos envían a menudo pronósticos atroces sobre una posible intervención militar española, lo que es un sueño (...). Un periódico ha llegado a decir que el presidente Macías tiene miedo de volar en un avión de Iberia(...). Ninguna de las crónicas que escribo me resulta agradable, pero ésta me molesta más que las demás. He visto que parte de la prensa francesa, que es la que hay que leer aquí para enterarse de algo, sugiere cierta participación británica en los asuntos de Guinea Ecuatorial. «Combat», del día 10 de marzo, publicaba lo siguiente: «En París, ciertos medios no vacilan en acusar a los agentes, especiales británicos de ser responsables de la creación del foco de disturbios de Río Muni» y aún añade: «Esta operación perseguiría tres objetivos: uno, destruir en las Naciones Unidas el clima favorable a España que se creó después de la descolonización de Guinea Ecuatorial y que era susceptible de crear algún malestar en Londres en el examen del dossier de Gibraltar; dos, interrumpir definitivamente los vuelos de socorro hacia Biafra partiendo de Fernando Poo; tres, crear ciertas dificultades al Gobierno de Libreville, acusado de enviar armas a las fuerzas de Ojukwu». Tan sensa­cionales noticias —de las que el propio cronista dice «no poder poner la mano en el fuego»— tuvieron repercusión en los acontecimientos políticos de Guinea, ya que en el mes de junio, sospechando, según decía el diario «Madrid», que el barco inglés Fearless invadiría el país, el Gobierno ordenó un registro en la Embajada de Nigeria, con lo que las relaciones con dicho país, hasta entonces cordiales, se deterioraron, y: Macías perdió la consideración, de la opinión anglófona,; cayendo directamente bajo la protección de Francia y sus  aliados.

Según ha declarado Antonio García-Trevijano, José Antonio Nováis, Francisco C. Armijo y Mariano Robles Romero-Robledo, junto al financiero Paesa, habían fundado en 1968 una compañía de financiación para el desarrollo de Guinea Ecuatorial, cuyo nombre no ha dado nunca a conocer. Dicha compañía tenía como todo capital social la exigua cifra de 100.000 pesetas, muy insignificante hasta para un pequeño pero no tan pobre país como el nuestro, y fue constituida en el despacho del también abogado y notario Gómez-Trevijano, con quien no tiene relación de parentesco alguno. «Fueron a propósito —ha explicado Gareía-Trevijano— y se presentaron a Macías, haciéndole creer que yo estaba en la sociedad con ellos. Le pidieron la concesión de un Banco y Macías firmó el papelito. Entonces se van a Suiza y tratan de vender acciones falsas. Pasan los meses, y un día me llaman de Francia preguntándome por unas acciones que se estaban cotizando en Suiza y en Londres de un Banco de Guinea. Escribo a Macías y éste me contesta que, en efecto, había autorizado a este grupo para que hiciera las gestiones para traer el capital para fundar un Banco. Y cuando me dio los nombres me quedé horrorizado. E inmediatamente le mandé un informe a Macías, diciéndole quién era cada uno». De. creer este relato, asusta la magnitud de la estafa que cuatro personas quieren perpetrar en un país recién independizado y al que suponen «no preparado», pues con sólo 25.000 pesetas cada uno esperan ganar millones como fundadores e intermediarios de un Banco Nacional; asusta también la ingenuidad de un presidente que durante los cuatro años anteriores había sido responsable de las Obras Públicas de Guinea, donde por fuerza había tenido que manejar miles de millones de pesetas, al creer que con 100.000 pesetas de capital social se adquiría credibilidad para organizar un Banco Nacional. Por otra parte, si el presidente, como afirma García-Trevijano en dos ocasiones, había firmado y autorizado las concesiones, ¿cómo podían ser ilegales las acciones? Pero lo que realmente extraña es el hecho que, inmediatamente después de anularse la opción encabezada por Nováis y Armijo, sea precisamente García-Trevijano el encargado por el presidente de redactar la ley y los estatutos que crean el Banco Central de Guinea Ecuatorial, financiado, curiosamente, con capitales franceses, en contra de lo establecido en los acuerdos hispano-guineanos.

Si hasta entonces García-Trevijano no había ido a Guinea, la concesión de la condecoración más alta otorgada hasta entonces a personalidad alguna —la Gran Cruz de Caballero de la Orden de la Independencia— le obligó a asistir a los actos conmemorativos del primer aniversario de la República. Sus conversaciones con las autoridades guineanas, y en particular con el ministro del Interior y el propio presidente, se centraron en la crisis económica por la que atravesaba el país, pues la asistencia pactada con España no tenía visos de materializarse a corto plazo. García-Trevijano sugirió la creación de un organismo que agrupara a todas las cooperativas agrícolas existentes en el territorio, y que hasta entonces eran controladas por propietarios nativos ligados a la antigua administración colonial, el cual se encargaría de la exportación y de la importación. El organismo se llamó INFOGE, Instituto de Fomento de Guinea Ecuatorial, y a su frente fue colocado precisamente un hombre bien relacionado con los círculos colonialistas, pero que había abjurado de ellos durante la Conferencia Constitucional para pasar al campo de García-Trevijano: Andrés Moisés Mbá Ada, ex consejero nacional del Movimiento, ex procurador en Cortes, ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Río Muni y a la sazón presidente del Consejo de la República. Mbá Ada es un hombre de talante conservador, débil de carácter y amante del lujo. Jerárquicamente era la tercera o cuarta autoridad del Estado.

El Instituto de Fomento estaba concebido como vehículo para la estabilización y la equilibración del comercio exterior, y García-Trevijano, que deseaba sacar a Guinea de la órbita de influencia española, conectó con intereses franceses, alemanes y suizos para abrir los nuevos mercados y atraer nuevos capitales para el Plan de Desarrollo de Guinea Ecuatorial. En Londres, adonde fue acompañado por Andrés Moisés Mbá Ada, conectó con los círculos relacionados con el café y el cacao; en París, con los madereros franceses; en Hamburgo, con la Cámara de Comercio y los madereros alemanes y en Suiza con la Nestlé y los banqueros. Pero los españoles presionaban a la vez sobre el Gobierno guineano, a través del vicepresidente y ministro de Comercio, Edumundo Bosío, calificado por ciertos informes ya no tan secretos como «hombre que mantiene una actitud personal proespañola». El Gobierno de Macías se hallaba, pues, dividido, pero jugaban a favor de las tesis de García-Trevijano la permanente crisis con España, que adquiría día a día profundidades  insospechadas a causa de la miopía del Gobierno español, que no sólo permitía y en algún caso alentaba insultos al jefe del Estado guineano por parte de su
prensa, sino que tampoco se daba demasiada prisa en cumplimentar los acuerdos de mayo. La opción de García-Trevijano estaba, pues, apoyada sobre una rea
lidad, y tenía la luminosidad de lo nuevo: abrir el país a otros mercados para no conformarse con el sólo intercambio con España, con lo que Guinea dejaría de estar a merced de su antigua potencia colonizadora. En términos más fríos, menos políticos, se trataba de propiciar la penetración de un capitalismo más dinámico, menos quisquilloso y menos visible que el anquilosado representado por los españoles con intereses en Guinea.

También mantuvo Antonio García-Trevijano conversaciones políticas con el presidente Macías y con miembros de su Gobierno. Se centraron en la evolución de los acontecimientos en el país y en la necesaria estabilidad política que fuera marco y soporte del desarrollo económico y garantía de las inversiones.. No nos atrevemos a dudar de la buena fe de García-Trevijano al aconsejar a Macías y sus ministros —el autor ha tratado este punto con ex ministros exiliados— que la única forma de consolidar su prestigio ante el pueblo y ante el mundo era neutralizar a los elementos opuestos a su política nacionalista, y muy especialmente a los estudiantes guineanos en España. Pero el efecto de los consejos no fue otro que el recrudecimiento de la represión, que si había sido brutal, hasta entonces no había rebasado los niveles que podríamos calificar de «normales» en un país tenso. Fue proclamado de nuevo el estado de excepción, y a su amparo se encarceló, se torturó y se asesinó a todos los políticos de algún relieve que seguían vivos. Algunos se refugiaron en países vecinos y consiguieron llegar a España, entre ellos Justino Mbá Nsué, el hombre que más había ayudado al triunfo de Maclas y más fielmente había secundado los intereses de García-Trevijano.

Cuando en las navidades de 1969 el abogado madrileño volvió a Guinea, se había consolidado el régimen de Macías sobre la base del terror. El pueblo estaba atemorizado y la falta de comunicaciones imposibilitaba un balance mínimamente serio del primer año de la Independencia de Guinea, pero algunos datos ya constaban: la correspondencia era sistemáticamente violada y censurada, y los guineanos residentes en el exterior debían pensar muy bien cada palabra que escribían a los del interior, ya que algo que no sentara bien a los censores significaba la muerte del destinatario sin juicio ni acusación formal. En ausencia de un Código penal o de cualquier ordenamiento jurídico, el puro capricho de la autoridad correspondiente sentaba la jurisprudencia.

Prueba del enorme poder alcanzado por García-Trevijano es la extensa lista de actividades que le encargó realizar, en ese segundo viaje, el Gobierno de Macías: «1. Mensaje presidencial de fin de año.—2. Discurso presidencial en el aeropuerto de Yaounde.— 3. Contestación de S. E. al Presidente Ahidjo.—4". Discurso presidencial en la cena ofrecida a S. E. el Presidente Ahidjo.—5. Agenda presidencial para entrevista privada con S. E. el Presidente Ahidjo.—6 Informe al Presidente de la conversación mantenida por los ministros del Interior y de Educación con el Embajador del Camerún.—7. Proyecto de Decreto-ley para la creación del INFOGE.—8 Proyecto de Decreto-ley para la regulación del Comercio Exterior.—9. Esquema preliminar para la elaboración del Plan de Desarrollo de Guinea Ecuatorial.-—10. Expedición científica del doctor Montoya.—11. Endose a favor del señor García-Trevijano del contrato de Italcambio para la financiación de los trabajos emprendidos respecto a estudio económico de Guinea Ecuatorial y de la región africana circundante.—12. Fotografías de la cabeza del Presidente para Italcambio.—13. Aprobación de los diseños enviados por Italcambio.—14. Aprobación y publicación del Decreto-ley sobre la emisión de monedas de oro y plata.—15. Crítica técnica al informe del Fondo Monetario Internacional sobre el Banco Central de Guinea Ecuatorial.—16. Contestación a la nota publicada en el periódico "ABC" por el ministro de Asuntos Exteriores español.—17. Contestación al mensaje de S. S. el Papa.—18. Informe sobre los mercados internacionales de café y de cacao, con especial referencia al problema de las cuotas marginales.—19. Creación de la Empresa Nacional de Obras Públicas, en colaboración con el ingeniero Sr. Ventura.— 20. Creación de la Empresa Nacional de Transportes Interurbanos, en colaboración con el ingeniero Sr. Ventura.—-21. Creación de una Empresa de tráfico aéreo interafricana en régimen de economía mixta.—22. Adquisición de un avión presidencial.—23. Estudio para la implantación de una planta industrial de elaboración y envase de arroz, en régimen de economía mixta.—24. Estudio para la implantación de una planta industrial embotelladora de bebidas carbónicas, aguas minerales y de bebidas alcohólicas (whisky, coñac, ginebra, etc.), en régimen de economía mixta.—25. Estudio para la implantación de una o varias centrales eléctricas.—26. Contratación de un Director para la Banca Nacional de Depósito y Desarrollo.—27. Contratación de un experto en burocracia comercial exterior y aduanas.—28. Control técnico de los embarques de madera.—29. Contratación de un Catedrático en Contabilidad para la organización del Tribunal de Cuentas del Estado, y de la contabilidad de las Empresas Nacionales, especialmente INFOGE.—30. Contratación de un técnico en Estadística.—31. Establecimiento de corresponsalías del Banco Central en países extranjeros.—32. Informe sobre una nueva emisión de billetes guineanos.—33. Creación de una Empresa Nacional de Artes Gráficas. 34. Estatutos del Partido Único.—35. Redacción de una nueva Constitución. 36. Preparación de un Reglamento Laboral.—37. Inscripción en el Registro Mercantil de la Empresa Transcasa.—38. Informe al Ministro del Interior sobre la Empresa SACOMES, sobre los delitos cometidos en el reciente embarque de cacao realizado por esta empresa.—39. Contratación por INFOGE de los servicios técnicos necesarios para el desarrollo de su comercio exterior en los mercados internacionales.—40. Contratación del estudio y elaboración del Plan de Desarrollo con el Sr. García-Trevijano.—41. Autorización para un estudio histórico de la Independencia de Guinea Ecuatorial.—42. Reglamento Orgánico del Ministerio del Interior.—43. Consejo y asesoramiento sobre la organización de la Administración Local.—44. Adquisición e instalación de un servicio de Télex para el Ministerio, del Interior y para INFOGE.—45. Continuar la conversación de contratación de técnicos asesores para ministerios. — 46. Certificados de depósito en dólares USA para el Banco Central.—48. Nombramiento del Sr. García-Trevijano como Abogado y Asesor Económico del Gobierno.—49. Informe del Sr. García-Trevijano sobre la entrevista que ha mantenido con el Embajador de España a petición de éste.—50. Revisión del programa de trabajo establecido en la primera visita del Sr. García-Trevijano durante el mes de octubre pasado.—51. Ley Básica de Educación.—52. Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación.» (6). Todo indica, pues, que el abogado madrileño se había convertido en el hombre fuerte, o factótum, del Gobierno guineano.

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(*) Reproducimos el capítulo VII de Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial de Donato Ndongo-Bidyogo, editado en 1977 en Madrid por la editorial Cambio 16.

Donato Ndongo-Bidyogo es historiador, periodista, autor de novelas y ensayista. Sus libros de historia siguen siendo imprescindible para entender lo sucedido en Guinea en los últimos cien años.

(1) Francisco González Armijo en una extensa "carta al director" del diario "Ya" de Madrid publicada posiblemente en el otoño de 1967, después del 12 de septiembre, fecha en que se reunió la IV Comisión de Naciones Unidas para tratar el tema guineano.

(2) Viaje a las sombras de España, por JOSÉ SALAS y GUIRIER, diario "ABC" de Madrid, 1967.

(3) Se refiere a José Nsué Angüe, procurador por Río Muni en representación de los cabezas de familia, miembro del Secretariado Conjunto y uno de los sobornados por Antonio García-Trevijano. Su enmienda a la totalidad se fundaba en que no se podía aprobar la independencia de Guinea con una "constitución manipulada" e impuesta por la metrópoli. Era preferible, según el criterio del Secretariado Conjunto, que se designara un Gobierno imparcial que preparase las elecciones a diputados y éstos elaborasen la Constitución que, una vez aprobada por el pueblo, eligiera al presidente de la República. La principal dificultad para llegar a esta fórmula estaba primero en los plazos, pues se retardaba la independencia sin medir las consecuencias. Por otra parte ¿quienes comprendían un "Gobierno imparcial"? ¿Qué papel jugaría España? ¿Quién garantizaría la transición? Se llegó a pensar en los "cascos azules", pero la ONU era reacia a aventurar sus fuerzas en la zona, por la proximidad del conflicto biafreño. Además, la propuesta del Secretariado Conjunto iba en contra de los pronunciamientos de la ONU. Las enmiendas de Edmundo Bosío y de Ricardo Balopa, así como la de Vilalta Caralt lo eran a la totalidad y defendían la separación.

(4) El Decreto de 27 de julio convocaba al pueblo guineano a un referéndum "para someter a la aprobación" el texto constitucional elaborado en Madrid. En un folleto explicativo elaborado para la ocasión, España definía por vez primera la condición de guineano: "Se consideran ciudadanos de Guinea a los naturales del país, de ascendencia africana, que como tales vengan disfrutando de la nacionalidad española, y a sus hijos aunque hayan nacido fuera de Guinea". "Sólo pueden votar, por consiguiente - decía el folleto - los verdaderos guineanos". Se había subsanado, pues, un triste error de la autonomía: dar capacidad de elector y elegible a los colonos españoles y extranjeros, mientras se había privado de ella a los trabajadores nigerianos, cameruneses y gaboneses.

(5) El 20 de julio, Franco había dirigido un mensaje a Guinea Ecuatorial para inaugurar oficialmente Televisión de Guinea Ecuatorial. En un principio concebida como centro emisor, los acontecimientos políticos la habían convertido en emisora nacional. Las dos terceras partes del capital que la financió provenían del Gobierno Autónomo, y el tercio restante lo dispuso el ministerio español de Información y Turismo, principalmente en forma de equipo y preparación de técnicos y demás personal. Dos días antes, Fraga Iribarne, junto a Ondó Edú, había inaugurado los estudios de Santa Isabel.

(6) El documento del que ha sido copiada la lista anterior procede de fuentes gubernamentales guineanas y su autenticidad es incuestionable.

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Editado y distribuido por ASODEGUE

 

 

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