HISTORIA DE GUINEA

 
   

 

 

 

 

 

La Revolución de 1868 y la Guinea Española 

de Mariano L. de Castro Antolín

 

   Artículo publicado en la revista "Cuadernos de Historia Contemporanea", 2003, número extraordinario, páginas 191-204. Su autor, Mariano L. de Castro Antolin, es catedrático de Geografía e Historia en Valladolid y autor de numerosas publicaciones sobre las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España y también sobre la historia de Guinea Ecuatorial.

  

   "Las noticias de la revolución de septiembre de 1868 llegaron con el vapor transporte «Ferrol» a Fernando Póo en noviembre. La Colonia mostró su adhesión al alzamiento nacional, y un bando del gobernador Joaquín de Souza así lo proclama el 9 de noviembre: «Habitantes de esta Colonia: El Gobernador que suscribe, el Ejército, la Armada, los empleados de todos los ramos del servicio público y el comercio español, estamos adheridos al nuevo orden de cosas establecido en nuestra Península. Viva España. Viva el orden».Otro bando del mismo día presenta un cariz más pesimista: «Habitantes de esta Colonia: en atención al nuevo sistema de Gobierno establecido en la Nación, no tendrán lugar las fiestas que se han celebrado los años anteriores el 19 de éste mes. Dios libre a la Patria de una guerra civil». 

   Para solemnizar la revolución dispuso el Gobernador, por una orden del día 10, que se celebrase el 12 un Tedeum en acción de gracias por haberse llevado a cabo tan importante empresa sin derramar más sangre que la de los campos de Alcolea. Al mismo tiempo ordena engalanar los edificios públicos, buques de la Armada y casas particulares, que se iluminarían por la noche. 

   Días más tarde, el 23 de noviembre, manifiesta el Gobernador la satisfacción sentida en la Colonia al conocer el nombramiento de Adelardo López de Ayala como Ministro de Ultramar. 

   Ahora bien, el mismo día 12 de noviembre de 1868 el ministro López de Ayala va a firmar un decreto que reestructura la organización de la Colonia, y que comenzaría a regir desde el primero de julio de 1869. Los diez años transcurridos desde que el Real Decreto de 13 de diciembre de 1858 estableciera las bases de la actuación colonial, habían sido suficientes para mostrar el fracaso de aquellas. Tal es así que desde 1867 se pensaba en llevar a cabo reformas en la organización de la Colonia. El Consejo de Estado abogaba por la reducción de gastos, y el Ministerio de Marina había propuesto un sistema organizativo muy distinto al existente (1), basado en el principio de que los frutos de la Colonia debían bastar para su mantenimiento, evitando el gravamen que suponía para el Erario la compleja administración emanada del R.D. de 1858. Partía pues del supuesto de que una administración con numerosos destinos era una pesada carga que impedía el desarrollo de la colonización. Para que ésta se dinamizara propone diversas medidas: 

   – Gratuidad absoluta en la concesión de terrenos en las islas a todo nacional o extranjero que las cultivase.

   – Exención del pago de derechos aduaneros durante cierto número de años de todos los bienes que introdujese el colono.

   – Revisión a la baja del arancel existente.

   – Atracción de colonos a las posesiones, eliminando cualquier traba existente, y facilitando el pasaje gratuito en los buques del Estado para ellos y sus familias.

   – Auxiliar durante el primer año a los colonos con braceros krumanes pagados por el Gobierno.

   Exonerar durante un tiempo a los colonos del pago de contribuciones o cánones. 

   La reducción de gastos se manifestaba en la propuesta de variar la expedición bimestral del buque de vapor por una cada cuatro meses, ya que los costes de una expedición bimestral no tenían contrapartida productiva alguna. Los efectos que necesitara el Gobierno de la Colonia podía encargarlos directamente a Santa Cruz de Tenerife, y conducirlos los vapores ingleses a Fernando Póo. Respecto a los víveres para la Estación naval, deberían contratarse en la Isla, con lo que habrían de favorecerse los intereses comerciales de la Colonia, al tiempo que se economizaba el gasto que producía la expedición bimensual en carbón, lubricantes, sueldos de Ultramar... Las expediciones cuatrimestrales se suponían suficientes para el transporte de individuos dependientes del Gobierno que fueran allí destinados, o que volvieran por licencia o enfermedad, para conducir repuestos, para transportar colonos o familias, para recoger krumanes y retornar a los cumplidos, y, finalmente, para conservar el sentimiento de nacionalidad, para mantener vivo el recuerdo de la Metrópoli. 

   El mismo sentido ahorrativo se mostraba en la reducción del personal afecto al Gobierno y Administración de la Colonia, cuyo Gobernador había de reunir además el cargo de Comandante de la Estación naval, como años antes había propuesto el gobernador la Gándara, pudiendo tener el grado de Capitán de fragata. Su secretario podía ser un Teniente de navío, al tiempo que un oficial subalterno, Teniente de Infantería de Marina, con veinticinco soldados, compondrían toda la fuerza militar, ya que ni había enemigos que atacar, ni invasiones que temer. Las fuerzas de orden público habrían de estar compuestas por gentes del país. Ello suponía la supresión de la Compañía de guarnición de la Colonia, y el ahorro de los gastos que originaba. 

   El Consejo de Gobierno estaría formado por el Gobernador, que lo presidiría, el Superior de la Misión, el Juez letrado, el Comandante de buque más antiguo o caracterizado que se hallase en el puerto, y dos personas de la población elegidas por el presidente.

   Respecto a la Administración de Hacienda, precisa que los empleados que se nombrasen habrían de ser de la clase subalterna, para reducir los crecidos salarios que habrían de corresponder a funcionarios de mayor categoría. Por otra parte, sus funciones eran muy simples, pues estaban limitadas a un simple registro de entradas y salidas de efectos, y a rendir una muy simple cuenta de las escasas cantidades ingresadas en el Tesoro de la Colonia.

   Sin embargo, en Fomento, el Gobierno debía ser muy cuidadoso en el nombramiento del maestro mayor, director de las obras que se realizasen en las islas, así como en el de los capataces que habían de auxiliarle, ya que ellos debían ser los primeros ejecutores del progreso de la Colonia. 

   También parecía preciso incrementar los recursos de la Misión, para lo que el Gobierno debía ponerse en contacto con el P. Antonio Zarandona, Procurador de los misioneros jesuitas residente en Madrid. 

   Ahora bien, si lo que se deseaba era procurar la prosperidad de la Colonia, era preciso no destinarla a presidio o colonia penitencial, ya que tal carácter bastaría para anular todo progreso. Sólo Annobón podría ser, en todo caso, el lugar donde podría asentarse. Finalmente, el Ministerio de Marina propone la reunión de una comisión que elaborase un proyecto articulado que tuviera en cuenta los principios apuntados. 

   La Comisión llegó a constituirse, si bien sus labores quedaron en suspenso por la Revolución. Esto no significa que las ideas expresadas cayeran en el olvido, pues el Decreto Orgánico de López de Ayala las acepta en gran medida. Es decir, la Revolución no supuso una quiebra traumática, sino la confirmación de una necesidad anteriormente sentida. 

   Como indica la Exposición del R.D. de 12 de noviembre de 1868 (Gaceta de Madrid del 13-XI-1868) el fracaso de una colonización dirigida por el Estado daba lugar a una nueva fórmula colonial asentada en la iniciativa privada, y en la extensión de las más amplias libertades: libertad de comercio, exención de gravámenes, tolerancia con los usos y costumbres de los colonos, libertad de cultos... Las obligaciones del Estado quedaban constreñidas a la atención del gobierno, obras públicas, enseñanza, parroquia y juzgado. Es decir a la estructura que consideraban el mínimo necesario sobre el que pudiera actuar la iniciativa individual, a la que se considera el autentico agente colonizador.

   Esta reducción del Estado tiene su reflejo en el presupuesto de gastos de la Colonia, que disminuyen más del 50%. El presupuesto del ejercicio 1868/69 ascendía a 495.071 escudos, en tanto que el aprobado para 1869/70 se redujo a 228.441 escudos. Aspecto importante a tener en cuenta: los presupuestos de la Colonia se nutrían de los sobrantes del presupuesto de Cuba. 

   La nueva organización recogía aspectos señalados por el Ministerio de Marina, como la unión del cargo de Gobernador y Jefe de la Estación naval en la misma persona, la supresión de la Compañía de guarnición; la composición del Consejo de Gobierno, que habría de tratar los asuntos importantes de la Colonia quedó formado por el Gobernador, el Jefe de Fomento, el oficial de mayor graduación de la Estación naval, el Juez asesor, el Secretario y el Cura párroco. Su carácter era consultivo, y su voto no determinaba la actitud del Gobernador. 

   Cada uno de estos funcionarios tenía encomendadas numerosas competencias. Así, el Jefe de Fomento era el encargado del estudio y ejecución de cuanto pudiera contribuir al desarrollo moral y material de las posesiones. Promueve la instrucción, la agricultura, industria y comercio; estimula la organización de los municipios; dirige las obras públicas, la policía urbana, la enseñanza, la sanidad y la beneficencia; entiende en la recaudación y administración de los fondos que pertenecieran al Estado como consecuencia de los arbitrios o de los recursos que se pudieran establecer. Para auxiliarle se destinan dos maestros y una maestra de Instrucción Primaria, un ayudante facultativo de obras públicas, un agrimensor-capataz de labranza, un médico-cirujano, dos practicantes de Medicina y Cirugía, un farmacéutico y un practicante de Farmacia. 

   El Juez-Asesor tendría entre sus funciones la Administración de Justicia, y a la vez sería asesor de la administración civil y económica. En su cometido se ayudaría de un escribano notario de reinos, que desempeñaría la fe pública y demás funciones de su destino, sin percibir derecho alguno a los particulares.

   El Cura-párroco atendería las necesidades espirituales de los colonos e indígenas catequizados, estableciéndose una parroquia católica en Santa Isabel, matriz de cuantas se pudieran establecer en lo sucesivo en la Colonia. El párroco estaría auxiliado por un coadjutor. 

   Ante la posibilidad de enfermedad o fallecimiento de alguno de estos pilares de la administración, el Decreto establece el sistema de sustituciones: al Gobernador le sustituiría el jefe u oficial de mayor graduación de la Estación naval, al jefe de Fomento, el ayudante de obras públicas, al párroco, el coadjutor.

   Esta organización reducía el número de efectivos de la Administración, pero al tiempo rebajaba su categoría; así el Juez-Asesor de Fernando Póo era de 8 ° grado de los nueve establecidos al organizarse la carrera judicial de Ultramar el 9 de mayo de 1869. 

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   Si importantes fueron los cambios en la Administración, notables fueron también los referidos a la economía colonial. El impulso colonial iniciado en 1858 no respondía a una exigencia económica sino, ante todo, a postulados políticos, por lo que el Estado hubo de tomar sobre sí los trabajos de colonización, realizando inversiones que mostrasen las posibilidades agrícolas y comerciales de las posesiones para atraer a la iniciativa privada. Sin embargo, la respuesta del capital español fue casi inexistente, y sólo mostraron interés por la Colonia especuladores que pretendían beneficiarse de las ayudas del Estado, o ilusos que soñaban encontrar un nuevo Eldorado. Poco capital se arriesgó en el comercio y la agricultura colonial. 

   El comercio de las posesiones había sido captado por la línea de vapores ingleses establecida en 1852 por Mac Gregor Laird, la Áfrican Steam Ship Company, que había establecido agentes en la costa occidental africana. Estos agentes acopiaban el aceite de palma, principal artículo de exportación de las posesiones, y lo embarcaban al llegar los vapores, que a su vez desembarcaban diversos artículos (telas, tabaco, aguardiente de caña, espingardas, pólvora, objetos de vidrio...) que animaban el comercio (2). 

   La actividad comercial suponía la existencia de dos sistemas conexos. Por una parte el representado por los fernandinos, que distribuían los productos ingleses entre los bubis de Fernando Póo y recogían aceite de palma o ñames, que vendían en la ciudad a los comerciantes y comisionados de las casas inglesas: Lynslager, Langhland y Brown, Townsend, Simpson, Holt. Estos entran en contacto con la compañía de vapores y envían el aceite de palma a Liverpool, al tiempo que recibían los efectos consignados a su nombre, con los que mantenían la actividad comercial. 

   Pero Santa Isabel no era sólo un puerto de importación y exportación, sino que también ejercía un importante papel en la distribución, pues las poblaciones costeras de la desembocadura del río Muni mostraron interés en encontrar una salida para sus producciones y adquirir bienes europeos. Ya el rey Bonkoro y los principales de la región de Cabo San Juan habían mostrado en 1858 vivos deseos de que se establecieran factorías españolas en su tierra para cambiar sus productos por los de Europa. A lo largo de los años sesenta, compañías inglesas y alemanas se asentaron en Elobey Chico (Holt, Hamilton, Hatton Cookson, Langhland, Thompson, Woermann) estableciendo un activo comercio de palo tinte, goma y marfil. 

   Santa Isabel se consagró como el puerto de distribución de la demanda de éste comercio, así como en depósito de los productos de la costa, y numerosos almacenes se ubicaron en su puerto. 

   Ante la pujanza del comercio inglés el comercio español sólo pudo realizar escasos ensayos que tuvieron una vida efímera. Las dos casas de comercio españolas que citaba el gobernador López de Ayllón, la «Coco,Obon y Compañía» y la de Trello no llegaron a superar la crisis de 1866. Si bien es cierto que durante los años 1867 y 1868 encontramos balandras y pailebotes que izan bandera española, lo cierto es que respondían a los intereses de los fernandinos y estaban integrados en las redes del comercio británico. Por ello, la declaración por el Decreto Orgánico de 12 de noviembre de 1868, de puertos francos a los de la Colonia, suprimiendo los derechos de importación, exportación y anclaje de buques, tanto nacionales como extranjeros, no tuvo efecto alguno para el comercio español pues no tenía representación en la Colonia, ni posibilidades de enfrentarse a la competencia de las organizadas redes británicas. De hecho, las nuevas disposiciones no atrajeron al comercio español, pues ni en 1869 ni en 1870 entró mercante alguno metropolitano en el puerto de Santa Isabel, donde sólo la balandra San Antonio de Laureano Díaz da Cunha, que respondía a intereses locales, arbolaba bandera española.

   Por el contrario, la nueva situación va a facilitar que desde 1869 una nueva línea de vapores toque en su derrota el puerto de Santa Isabel, la British and African Steam Navigation Company, lo que reforzaba la relación entre el puerto guineano y Liverpool, a donde se dirigían casi inexorablemente las producciones de la Colonia, pues el establecimiento de una línea hamburguesa atenuaba el monopolio. 

   La presencia de las dos líneas de vapores inglesas da lugar a la multiplicación de factorías de los fernandinos en la isla de Fernando Póo, y a comienzos de 1872 había establecidas 56, que dependían de los comerciantes de la ciudad. Al mismo tiempo, como la ausencia de caminos determinaba que el transporte del aceite de palma y de los productos de intercambio se hubiera de realizar por mar, aumentó notablemente el número de embarcaciones (balandras, pailebotes, cayucos, botes y lanchas). El gobernador de Souza hizo en 1869 un alistamiento en el que se contabilizaban 57 embarcaciones, lo que suponía más del doble de las existentes tres años antes. 

   Como la completa libertad de comercio no favorecía en nada a los intereses españoles, de forma que los beneficios que pudiera deparar la administración de la Colonia solo favorecían al comercio inglés, no sorprende que el gobernador interino Canga Argüelles reclame en 1872 el restablecimiento de los derechos de importación y exportación, pues los intereses que se mantenían en la Colonia eran ingleses. 

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   El decreto de López de Ayala había declarado propiedad de los habitantes de la Isla las tierras que tuvieran en cultivo y los solares construidos dentro de las poblaciones, advirtiendo a los funcionarios del Gobierno que cuando se regularizase la propiedad rústica y urbana habrían de proceder siempre por extensión y nunca por merma de lo que correspondiese a los hijos del país. Pero al margen de ésta norma el resto del territorio podría ser concedido a todos aquellos que se avecindaran en la Colonia, permitiéndose concesiones gratuitas de hasta 50 has. a los españoles y 10 has. a los extranjeros. El exceso de éstos límites se podría adquirir mediante un censo redimible de un real de vellón por hectárea, o en pleno dominio mediante el pago de dos escudos por hectárea hecho en una sola vez. Las tierras a censo pasarían a ser propiedad del colono cuando hubiera pagado los dos escudos, es decir a los veinte años. Con todo, las propiedades concedidas estarían exentas de contribuciones directas durante cinco años. 

   Para facilitar el establecimiento de colonos el Gobierno se comprometía a conducirlos en los buques del Estado de forma gratuita, siempre y cuando pudieran llevar a cabo la tarea colonizadora, bien con su trabajo, bien con su capital. 

   Estas disposiciones del Gobierno dan lugar a la formación de una expedición integrada por 27 familias (89 personas) que llegó a Santa Isabel el 31 de julio de 1869 a bordo de la urca Pinta. A pesar de la buena disposición del Gobernador en atender a los colonos, al mes de su estancia la mayor parte sufría de paludismo, y el mes de noviembre hubieron de regresar a la Península, lo que causó la irritación del Negociado de Ultramar, que critica a los mal llamados colonos, y les acusa de no desear la incomodidad del trabajo y de buscar sólo «la soñada Jauja de holgazanes y aventureros», ya que en vez de alistarse personas idóneas para las tareas agrícolas, lo hacían tapiceros, pintores, modistas, dibujantes o fotógrafos, con los que el fracaso era seguro (3). 

   La actividad agrícola colonial se contraía a dos agricultores, según el gobernador interino Antonio de Vivar. Estos eran Anselmo Gazulla, que cultivaba 170 has. Con plantaciones de cacao, y Laureano Díaz da Cunha, con una explotación de 40 has. Sus producciones se enviaban irremediablemente a Liverpool. En la antigua granja del Gobierno, la granja «Matilde», se cultivaba café y cacao, si bien apenas producía. 

   En suma, la postración de la agricultura da oportunidad para formular proyectos que se consideran los más convenientes, como podía ser la explotación del aceite de palma, contando con la experiencia y ayuda de los naturales de la Isla e introduciendo técnicas europeas para mejorar la producción. También se fijan en el cultivo del arroz, la caña y el tabaco, por ser productos de gran consumo en la Isla y en la cercana costa. La escasez de vituallas, tradicional en la ciudad que sólo podía surtirse por medio de los vapores correo ingleses, induce al gobernador Sánchez Ocaña a proponer cultivos de subsistencia, y puesto que no eran atractivos para los capitalistas españoles, debía introducirlos el Gobierno y protegerlos, siendo el ejecutor de la actividad agraria. Esta misma idea la mantiene el gobernador interino Manuel Vial, que indica la oportunidad de crear un establecimiento agrícola y ganadero (4). Sin embargo, el Gobierno metropolitano no llegó a aprobarla. 

   No deja de ser notable el cambio operado, pues de una agricultura colonial iniciada en los años sesenta, basada en el algodón y el café, que fracasó, se propone o bien una agricultura tradicional de palmera de aceite, o bien una agricultura de subsistencia. 

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   Ya hemos indicado más arriba que a partir de la Revolución de 1868 se había reducido el presupuesto de la Colonia, pero es que, desde 1866, desde la crisis de las relaciones comerciales entre la Colonia y la Metrópoli, situar fondos en la Colonia era asaz complicado. En principio, la situación de fondos no se realizaba directamente, pues apenas se enviaba numerario, sino que el presupuesto se cumplía fundamentalmente mediante cartas de pago que satisfacía la caja especial de Fernando Póo en Madrid. El presupuesto lo cubría el Tesoro de Cuba, pero ya en junio de 1866 no había podido cumplir el presupuesto de 1865/66, por lo que propone rebajar para el ejercicio de 1866/67 sus obligaciones con las posesiones guineanas, con lo que se inicia una tendencia de reducción presupuestaria que continuó en los presupuestos de 1867/68. La Revolución y el inicio de la guerra en Cuba dieron lugar a la quiebra del sistema de financiación de la Colonia, cuyo presupuesto se redujo más de la mitad. Y si la Colonia apenas generaba ingresos en los momentos anteriores a la Revolución (9.100 pesos), las exenciones comerciales lo redujeron prácticamente en su totalidad. 

   Pero es que, al no remesar Cuba las sumas presupuestadas en su totalidad, la Colonia se vio abocada a constantes dificultades económicas. Por ello, la Caja de Fernando Póo en Madrid no cumplía a tiempo sus deudas con los proveedores ingleses de alimentos para los funcionarios del Gobierno y Estación naval, singularmente la casa «Zulueta y Compañía» de Londres, con lo que la amenaza de cortar el suministro de provisiones mantenía en inquietud constante a la Colonia. 

   Además, apenas había numerario en la Colonia. En abril de 1868 el gobernador interino Félix Recio informaba de que sólo contaba con un efectivo en metálico de 19.939 escudos, en tanto que las obligaciones producidas por los sueldos devengados por los empleados civiles y militares, incluida la Marina, en el trimestre anterior y aun no satisfechos, ascendían a 67.335 escudos. Por ello pide con urgencia que un transporte le enviase numerario, o bien que se utilizara el vapor correo inglés. Dos meses más tarde llegaría el San Antonio conduciendo 200.000 escudos.

   La situación creada por la tardanza en percibir sus sueldos lleva a los funcionarios del Gobierno en la Colonia a endeudarse con los fernandinos, pero aun hay más, pues «si aquí sufrimos tanto, nuestro sufrimiento se convierte en desesperación al saber que nuestras desgraciadas familias, que son todas pobres, y que están atenidas a los auxilios que de nosotros reciben, se encuentran en España sumidas en la indigencia, porque no pueden realizar en la Tesorería central, de ningún modo, las cartas de pago que enviamos a cuenta de nuestros sueldos vencidos» (5). 

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   Desde el punto de vista, misional, la Revolución, al establecer la libertad de cultos, venía a romper el supuesto de la unidad católica. El artículo 32 del Decreto Orgánico permitía a los protestantes practicar el suyo sin limitación alguna. Esto suponía también que la asignación económica a la misión jesuítica establecida en 1858 se suprimió. 

   Ciertamente no se prohibía a los jesuitas misionar, pero las nuevas circunstancias hacían inviable la Misión, si bien se hicieron cargo de la parroquia de Santa Isabel hasta abril de 1872 (6). 

   Las posibilidades de actuación del párroco y el coadjutor fueron escasas, y no sólo por sus limitadas fuerzas, sino porque la población de Santa Isabel era esencialmente protestante (fernandinos) o mantenían creencias tradicionales (krumanes). Los pocos católicos, «congos» o inmigrantes de Sâo Tomé y Príncipe, constituían una minoría. Evidentemente, las posibilidades de misión entre los bubis quedaron paralizadas. En tales circunstancias no es de extrañar que en 1871 los superiores pidieran al Gobierno de Madrid que permitiera volver a los dos jesuitas que servían los puestos de párroco y coadjutor, y encargase la parroquia a sacerdotes seglares. 

   De todas formas, lo cierto era que la Misión jesuítica no había prosperado en los años precedentes: la intromisión de los gobernadores impidió la fundación de misiones en Annobón, la escasez de misioneros impidió la fundación en Cabo San Juan. La misión de Corisco, floreciente a principios de 1868, hubo de abandonarse meses después tras la muerte de los dos Hermanos y la enfermedad de los dos Padres que la atendían. La de Santa Isabel recibió un importante revés el 7 de marzo de 1868 al morir el superior, P. Irisarri, lo que afectó a la de Banapá, ya que el P. Campillo hubo de sucederle de forma interina en sus funciones de superior y abandonar Banapá, donde sólo permaneció el H. Araujo. Sólo la de Basupú del Oeste sufrió las restricciones impuestas por la Revolución. Pero no cabe engañarse, excepto en la misión de Corisco, en las otras misiones no se producía adelanto alguno, lo que explica el desaliento misional. El H. Araujo que misionaba en Banapá con el P. Campillo decía en una carta de agosto de 1867: «Por lo que toca a convertirse, si Dios les ilumina con su gracia, se obrará éste milagro; pero en lo natural no se ve esperanza. Aprenden la doctrina y oyen lo que se les dice y convienen; pero no se convencen, ni creen hayan andado errados en tantos siglos....Aquí en la población (Santa Isabel) es muy poco el adelanto con ésta mezcla de gentes, de sectas y costumbres....Aunque lentamente, se han bautizado, especialmente negras, para casarlas con católicos. Pero todo esto no corresponde a los sacrificios que hace la Provincia y lo mucho que sufrimos aquí todos. El R.P. Superior ha estado ya dos veces a la muerte, y yo ya cuatro, y una vez con la unción». 

   En suma, las disposiciones del Decreto Orgánico de 1868 no hacían más que facilitar la solución a una situación agónica. 

   Entre las actividades de los misioneros tenía gran importancia la enseñanza, que también se vio alterada por las disposiciones de López de Ayala. Desde 1858 la enseñanza había estado dirigida por los misioneros jesuitas, que desplazaron a los misioneros anabaptistas en Santa Isabel, lo que dio lugar a una ruptura con la población fernandina, anglófona y protestante. A la escuela jesuítica apenas concurrían alumnos, pues oscilaban entre 11 y 13, y a pesar de que los gobernadores presionaron para que los niños fernandinos acudieran a la escuela de la Misión con la condición de no hablarles de religión, sus padres razonaban que siendo de distinta religión los maestros, era normal que los alumnos siguieran el ejemplo de ellos, aunque no les enseñaran nada en materia religiosa, originándose un cisma en el seno de las familias de funestas consecuencias. 

   Ahora bien, ellos también estaban preocupados por la educación de sus hijos, y mostraron su disposición a sufragar, entre todos, los gastos que ocasionara la fundación y sostenimiento de una escuela regida por un maestro no perteneciente a la Iglesia, y si se les permitía, ellos mismos harían las diligencias para su contratación (7). 

   Tal propuesta no llegó a aceptarse, por más que el gobernador López de Ayllón, en una «Memoria» de 1864, la consideraba ajustada, razonable y conveniente. Más aun, el P. Irisarri había elaborado un plan misional –que incluía la actividad docente– que intentaba ampliar la actividad de los jesuitas. 

   En Banapá, establecida la escuela de primeras letras, acudieron a ella en los primeros momentos hasta treinta o cuarenta niños y algunos jóvenes y adultos. En Basupú en cambio, acudían a la escuela corto número de niños y a veces algún adulto. La situación en Corisco era distinta, pues la presencia de misioneros presbiterianos de Estados Unidos desde hacía años era acogida con agrado por los corisqueños, por lo que el cumplimiento de la unidad católica en la Isla podía dar lugar a una ruptura de los isleños con la Misión jesuítica. Así pues, ambas misiones mantendran sus respectivas escuelas, aunque lentamente la escuela de los jesuitas va adquiriendo mayor prestigio y número de alumnos, aunque con una notable excepción: la enseñanza de las niñas, que estaba totalmente entregada a los presbiterianos, por lo que los jesuitas buscan compensar ésta carencia, que también se manifiesta en otros lugares, sobre todo en Santa Isabel. 

   La ausencia de enseñanza femenina por carecer de persona adecuada para ejercerla, daba lugar a que las familias fernandinas más acomodadas enviasen sus hijas a educarse en otros lugares del continente, fundamentalmente a Sierra Leona. Para compensar tal carencia los jesuitas habían pensado en instruir y habilitar a algunas mujeres catecúmenas, pero la solución no era fácil de llevar a la práctica. Sin embargo, el problema entró en vías de solución en marzo de 1868 con la llegada a la ciudad de una mulata de la isla de Príncipe, católica y de esmerada educación, capaz de encargarse de la escuela de niñas. El día 5 de mayo de 1868 abrió la escuela femenina dirigida por Leonor Xavier Vellozo. La escuela fue acogida con satisfacción por la población, y a los cuatro días de su apertura ya acudían a ella más de catorce alumnas. 

   Con todo, la maestra no mostró gran interés, por lo que a fines de agosto el Gobernador hubo de despedirla. Con la Revolución de Septiembre se abrieron nuevas perspectivas. El Decreto Orgánico preveía la existencia de una escuela oficial servida por dos profesores y una profesora de Instrucción Primaria (Art. 7), y aunque la libertad de enseñanza permitía la existencia de escuelas misionales, ya hemos visto que las dificultades de los jesuitas y la carencia de apoyo económico determinaron que abandonaran la enseñanza en la Colonia en 1871. Diferente será el caso de los metodistas, y a primeros de abril de 1869 el cónsul inglés y un clérigo de la misión protestante de Victoria solicitaron al Gobernador que les permitiera ejercer libremente su religión en la ciudad. 

   Ante las dudas del Gobernador, el Ministerio evacuó el 15 de junio del mismo año una respuesta taxativa, ordenando que no se pusiera obstáculo alguno a las pretensiones basadas en el artículo 32 del Decreto (8). 

   Establecida la libertad de culto, de misión, catequesis y enseñanza, no había impedimento alguno para que en septiembre de 1870 los metodistas abrieran una escuela para niños y otra para niñas que fueron desde el principio muy concurridas. Tal acontecimiento no agradó al gobernador Canga Argüelles, pues opinaba que siendo en la ciudad todo inglés, si se permitía el ejercicio de la enseñanza primaria a los extranjeros, los intentos por españolizar las posesiones estaban condenados al fracaso. Para frenar la importancia de tal escuela procura que se inaugure el 16 de octubre de 1870 la escuela pública y gratuita con gran solemnidad, acudiendo además del personal oficial, los niños educados por los jesuitas y la mayor parte de los vecinos del barrio «Congo». Un dato notable: no acudió ningún fernandino, lo que indicaba para el Gobernador la indiferencia que en la ciudad había hacia lo español, y presagiaba escasos frutos en la escuela oficial. 

   Si los maestros nombrados ya habían llegado a Santa Isabel, no ocurrió así con la maestra, por lo que el 22 de enero de 1871 se abrió una escuela provisional de niñas, regentada por una mujer de la ciudad encargada de instruir a las alumnas en las labores de su sexo, si bien carecía de quien las enseñara lectura y escritura, pues ésta función que en principio había sido desempeñada por un niño adelantado de la misión católica, no pudo continuar desde que los jesuitas cerraron su escuela, donde se albergaba, instruía y sustentaba. 

   La enseñanza oficial supuso el resurgir de nuevas dificultades, pues las enfermedades, o el temor a ellas, hizo que la discontinuidad y la provisionalidad fueran una constante tanto en la escuela masculina como en la femenina. El Gobernador consideraba que el sistema empleado era insatisfactorio para cubrir las necesidades de la Colonia y oneroso para el Estado, que no dejaba de satisfacer los sueldos que devengaban los maestros durante su licencia por enfermedad. Propone confiar la educación a corporaciones, con las que la continuidad estaba asegurada, al no confiar la enseñanza a individuos concretos. La variación de sus miembros no suponía el cambio del método reglado y fijo de enseñanza, y suponía menos gastos. Proponía, por ello, que se encargasen de la enseñanza femenina las Hermanas de la Caridad. Pero si la enseñanza había de ser secularizada, el Gobierno de la Colonia debía tener potestad para nombrar maestros a quienes considerase idóneos, aunque careciesen de título competente, lo que supondría un ahorro en los gastos de viaje y en caso de enfermedad, al considerarse plazas eventuales. 

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   El fracaso de la expedición de colonos de 1869 induce al Gobierno a reunir una Junta Consultiva para que informase si la isla de Fernando Póo reunía condiciones para ser colonizada, o si lo mejor era abandonar el proyecto, dar por perdido lo gastado, y retirarse de las posesiones (9). Aunque las resoluciones de la Junta Consultiva (evacuadas el 12 de marzo de 1870) eran en general favorables al abandono de las posesiones, el interés político prevaleció, de suerte que las posesiones se mantuvieron dentro de la soberanía española. 

   En la segunda sesión (30 de diciembre de 1869) de la Junta, de Souza indicó que no era aconsejable abandonar las posesiones, pues siempre se consideraría ello en desdoro de la Revolución, y sufriría la honra nacional con la desmembración de los territorios españoles. Ahora bien, el Secretario de la Junta, Mariano Z. Cazurro, manifestaba que si bien estaba de acuerdo con la conservación de la Colonia, no dejaba de considerarla una pesada carga para el presente y una dudosa esperanza para el futuro. En noviembre de 1871, una «Memoria» redactada por el gobernador interino Antonio de Vivar se manifiesta en el mismo sentido, pues considera que los mayores beneficios que la «Gloriosa» había deparado a la Colonia eran las reducciones en el presupuesto, por la economía que habían deparado al Erario. Más aun, piensa que lo mejor sería negociar con Inglaterra para cambiarla por Gibraltar, o en su defecto, convertirla en colonia penitenciaria (10). 

   En tales circunstancias no sorprende que un Decreto Orgánico de 26 de octubre de 1872 proponga una notable reducción del presupuesto, que alcanzaría sólo 134.180  escudos, y consecuentemente una evolución restrictiva de la Administración, de suerte que la Colonia vino en reducirse a poco más que una Estación naval, dotada de una goleta de hélice y un pontón. Pero, si se había abandonado toda idea de colonización por parte del Estado, la Estación naval no tenía sentido. La idea de abandonar las posesiones del Golfo de Guinea aun no se había disipado".

   NOTAS

   (1) Archivo General de la Administración (en adelante A.G.A.), África. Guinea. c.780, exp. 34.

   (2) Vid. LYNN, M.: "From sail to steam: the impact of the steamship services on the British palm oil trade with West Africa. 1850-1890". Journal of African History, 30 (1989). pp. 227-245.

   (3)  A.G.A. África. Guinea. c. 776, exp. 4.

   (4)  A.G.A. África. Guinea. c. 672, exp. 6.

   (5) A.G.A. África. Guinea. c. 709, exp. 13.

   (6) FRÍAS, L.: La provincia de Castilla de la Compañía de Jesús. Desde 1863 hasta 1914, Bilbao, Deusto, 1915, p.107.

   (7)  A.G.A. África. Guinea. c. 687, exp. 3.

   (8) A.G.A. África. Guinea. c. 677

   (9) Gaceta de Madrid de 18 de diciembre de 1869.

   (10) A.G.A. África. Guinea. c.781, exp. 29.

  

   [Este artículo puede leerse también en:

   http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/0214400x/articulos/CHCO0303220191A.PDF]

 

 

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