Fundación Paz y Solidaridad “Serafín Aliaga” – CCOO

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO Y LIBERTADES SINDICALES

EN GUINEA ECUATORIAL

 


 Alicia Campos Serrano y Plácido Micó Abogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los autores:

 

Alicia Campos Serrano. Investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid.

 

Plácido Micó Abogo. Abogado ecuatoguineano; activista político y dirigente del CPDS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Créditos)

Este estudio ha sido realizado en el marco del “Programa de apoyo para el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, 2005-2007”. Además ha contado con la colaboración de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), y con con contribuciones de I. Araqui, R. Baeza, I. Barreñada, A. Guisado, C. Guzmán, J. Manzanares (UGT), A. Martínez, A. Ortega, V. Montero, A. Velloso.

 

© Fundación Paz y Solidaridad “Serafín Aliaga” de Comisiones Obreras. Madrid 2006

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ÍNDICE

 

Notas previas y Abreviaturas

Introducción

1. Situación de los derechos de los trabajadores

A. La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva

     A.1. La libertad de asociación sindical

     A.2. La negociación colectiva

     A. 3. El derecho de huelga

B. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio

B.1. Trabajo forzoso

B.2. Tráfico de personas

C. La abolición efectiva del trabajo infantil

D. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación

D.1. Contratación y despidos

D.2. Trabajo y género

RECUADRO 1: Datos sociales básicos de Guinea Ecuatorial

2. Evolución histórica del trabajo en Guinea Ecuatorial

2.1.  El cultivo del cacao en Fernando Poo

2.2.  Braceros versus pequeños plantadores indígenas

2.3.  Franquismo y rentabilidad de la colonia

2.4.  Independencia y relaciones laborales poscoloniales

3. Las relaciones laborales en una economía del petróleo

3.1. Dinámicas políticas desde las reformas de la década de 1990

RECUADRO 2: Instituciones del Trabajo (gobierno, sindicatos, patronales)

RECUADRO 3: Marco Normativo

RECUADRO 4: Ratificación Convenios OIT

3.2. Los efectos de la economía del petróleo

RECUADRO 5: Estructura ocupacional de la población

RECUADRO 6: Las empresas multinacionales y la producción petrolífera

3.3. El trabajo en el sector asalariado

3.4. Sector no asalariado y el trabajo de las mujeres

4. El movimiento sindical en Guinea Ecuatorial

4.1. Iniciativas sindicales en Guinea Ecuatorial

4.2. Acción sindical internacional

RECUADRO 7: Las Campañas por la Transparencia Internacional y Guinea Ecuatorial.

 

Conclusiones

Propuestas para la solidaridad internacional

 

Anexos          

Mapa y Datos Básicos de Guinea Ecuatorial

Cronología

BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES


 

 


 

 

PRESENTACIÓN

 

Casi 40 años después de su independencia de una España aún –en 1968- bajo la dictadura de Franco, el pueblo de Guinea Ecuatorial no ha recobrado ni la libertad ni la democracia. Continúa sometido a la dictadura de uno de los gobernantes más corruptos de África: Teodoro Obiang Nguema, que sucedió a su tío, el sanguinario dictador Macías Nguema, al que derrocó en 1979.

 

Casi 15 años después del descubrimiento y puesta en explotación de importantes yacimientos petrolíferos en el suelo marino de la plataforma continental ecuatoguineana, que han multiplicado por 20 el PIB del país, la mayoría de la población vive en la pobreza extrema. La esperanza de vida al nacer apenas supera los 43 años, la mortalidad de los niños menores de 5 años es del 146 por mil y las principales causas de muerte siguen siendo el paludismo y las infecciones respiratorias e intestinales. Ostenta, un significativo y triste record: el de mayor diferencia entre las clasificaciones mundiales de PIB per cápita y del Índice de Desarrollo Humano de la ONU: si en 1998 sólo había 4 puestos de diferencia, en 2005 Guinea Ecuatorial consiguió el record: 93 puestos.

 

Si el régimen de Macías, autoproclamado marxista, prescindió de cualquier tipo de legislación democrática y no ingresó en la OIT, y bajo su mandato se llegó a practicar el trabajo forzoso –en las plantaciones de cacao y la construcción civil y a través del trabajo público de los sábados-, el de Obiang ha pretendido, presionado a rachas por una variable y siempre insuficiente presión internacional, lavar la imagen de su dictadura convocando elecciones –para amañarlas, eso sí, en su realización-, promulgando leyes de apariencia democrática –que no desarrollaba reglamentariamente o, simplemente, no cumplía-, haciendo que Guinea ingresara en la OIT y ratificando a cuenta gotas alguno de sus convenios fundamentales, incluidos los números 87 y 98 que protegen la libertad sindical y los derechos de sindicación y negociación colectiva.

 

Las conclusiones del excelente trabajo que presentamos tienen una base muy sólida y son contundentes. Destacamos una: el modelo económico guineano -desde mediados de la década de los 90 se basa en la explotación del petróleo que genera nada menos que el 85 % del PIB- ha fortalecido la dictadura y enriquecido a los gobernantes sin que la gran mayoría de la población se haya beneficiado del incremento exponencial de la renta nacional. En palabras de los autores: “Los beneficios de la producción petrolífera alimentan la corrupción masiva y no revierten en el bienestar general de la población…favorecen las dinámicas de represión, empobrecimiento y cooptación política que son los principales instrumentos de dominación social en el país”.

 

La elaboración de este informe forma parte de una línea de cooperación de la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga de CC.OO., destinada a apoyar el desarrollo del sindicalismo democrático de Guinea Ecuatorial como parte esencial de la imprescindible e inaplazable democratización del país. Sus autores conocen muy bien la realidad guineana. Alicia Campos es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, experta en asuntos africanos y, particularmente, en los de la antigua colonia española. Placido Micó, abogado, es uno de los principales dirigentes de la oposición al régimen de Obiang; líder del partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS), de orientación socialdemócrata, ha conocido la cárcel y otras formas de represión de la dictadura. Tras su última excarcelación vive en Malabo.

 

Una de las preguntas a las que el estudio de Campos y Micó da cumplida respuesta es la de por qué no hay sindicatos si se han aprobado leyes que los permiten y Guinea ha ratificado finalmente –en 2001- los principales convenios de la OIT sobre libertad sindical y derechos sindicales. Las razones políticas son sencillas: porque el régimen de Obiang elabora leyes para no cumplirlas, sólo lo hace para sacudirse la presión internacional por una temporada. Cuando después de remontar las dificultades derivadas de la falta de desarrollo reglamentario, de requisitos casi imposibles de cumplir –como el del número mínimo de trabajadores afiliados en una empresa o sector-, se solicita la autorización del sindicato a las autoridades, estas la niegan por cualquier excusa o por el silencio. Esta es la suerte que han corrido los intentos de legalizar la Unión Sindical de Trabajadores (UST), el Sindicato Independiente de Servicios (SIS), la Asociación Sindical de Docentes (ASD) o la Organización de Trabajadores del Campo (OTC). Sólo ha sido legalizada, en 2002, una organización de pequeños productores agrícolas, la Organización Sindical de Pequeños Agropecuarios (OSPA).

 

No existe ninguna organización empresarial que merezca tal nombre. ¿Por qué sería necesario si no existen sindicatos? Desde el Gobierno, y por exigencia de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), se constituyó, en 1997, una patronal de ámbito nacional, formada por personas del partido del gobierno, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). También, el Gobierno de Obiang ha sido capaz de inventarse organizaciones para acudir a los foros internacionales, como ocurrió, según cuentan los autores, en 2000 en la 277ª sesión del Consejo de Administración de la OIT, donde una inexistente Unión General de Empresas Privadas de Guinea Ecuatorial (UGEPRIGE) presentó un informe que, entre otras cosas, aseguraba que en Guinea Ecuatorial se respetaba el derecho de sindicación.

 

Pero existen otras causas económicas y sociales que también ayudan a comprender las extraordinarias dificultades para organizar sindicatos en Guinea Ecuatorial. Son las que se derivan de su modelo productivo y laboral y su estrecha relación con los modos de gobernar y con las familias y clanes del poder. Lo explican muy bien Campos y Micó en su estudio.

 

Sobre una población de poco más de medio millón de habitantes, sólo existen 30.000 trabajadores asalariados: 7.000 en la industria petrolera, 13.000 en las administraciones públicas y 10.000 en el resto de los sectores, entre estos últimos la parte formal del trabajo de la madera y el cacao. La población no asalariada –campesinos e informales del comercio y el servicio doméstico, principalmente- suman 250.000.

 

La cuestión clave es que el acceso a este empleo asalariado está fuertemente condicionado por el poder económico y político, perfectamente confundidos en el modelo sociopolítico ecuatoguineano. Esto es lo mismo que decir que por Obiang y su familia y las redes clientelares del partido del Gobierno. Hay que mencionar que entre el Presidente, su mujer y sus hijos controlan entre otros sectores y empresas: la construcción, los supermercados, la industria hotelera, la industria maderera y grandes extensiones de suelo que venden a las compañías extranjeras vinculadas al sector petrolífero.

 

Particularmente corrupto es el acceso a un puesto de trabajo en el sector petrolero: a la “recomendación” política sigue la exigencia económica de las agencias de contratación, intermediarias con las empresas multinacionales, a las que hay que comprar el puesto mediante entrada y cuota mensual. Esta última puede suponer pagar a la intermediaria mucho más de lo que efectivamente percibe el trabajador.

 

La muy adecuada contextualización, histórica y política, de este estudio permite al lector preguntarse sobre asuntos que trascienden al ámbito geográfico de Guinea Ecuatorial y que son claves en la política mundial actual, como son: el papel de los diferentes tipos de diplomacia para promover la democratización y los derechos humanos, o la influencia de los intereses de las empresas multinacionales en la política internacional de los países desarrollados.

 

Hay una clara constatación que debe mover a la denuncia: la presión internacional por la democratización, principalmente impulsada por los gobiernos de España y Estados Unidos en la primera mitad de los 90, propició las elecciones menos amañadas que ha conocido Guinea, las municipales de 1995. A partir de esa fecha el fuerte incremento de las actividades de extracción petrolífera llevó simultáneamente a la marcha atrás en la democratización y a la atenuación de la presión diplomática hasta extremos difícilmente perceptibles.

 

Los intereses de las empresas multinacionales llevan a colaborar en el mantenimiento de una dictadura corrupta. Los gobiernos miran para otro lado. No es nuevo en la Historia. Esas empresas tienen nombres propios: ExxonMobbil, Amerada Hess, Tullow Oil, Maratón Oil, Noble Energy. British Gas, Chevron-Texaco, Atlas Petroleum Internacional, Petronas, etc., y, desde 2003, la española Repsol.

 

Estas empresas conocen perfectamente los mecanismos de la corrupción que permiten al Presidente Obiang y su familia, y a las otras familias que viven del poder, apropiarse de gran parte de los ingresos del petróleo, colocando una buena porción de los mismos en bancos fuera del país, mientras la mayoría de la población vive en la pobreza severa. La mayoría de las empresas, si no todas, participan en el mecanismo de la corrupción. Los gobiernos también lo saben. O bien no les importa, o consideran que es mejor adoptar una “diplomacia realista”.

 

A la publicación, a principios de 2004, del informe de Global Witness –Corrupción global petrolífera y minera: es tiempo para la transparencia-, siguió, en julio del mismo año, el del Subcomité Permanente del Senado de los Estados Unidos sobre la aplicación y efectividad de la legislación sobre blanqueo de dinero y corrupción en le extranjero relacionados con el sector financiero de los Estados Unidos. Reproducimos una cita que figura en uno de los anexos de este informe, la que se refiere al Banco Riggs de Washington, en donde también ocultaba Pinochet los dineros de su corrupción:

 

“El banco Riggs administró mas de 60 cuentas y certificados de depósito a nombre de Guinea Ecuatorial, altos cargos de su gobierno y familiares de los mismos, prestando poca o ninguna atención a las obligaciones del banco respecto al control del blanqueo de dinero. Hizo la vista gorda ante las pruebas indicativas de que el banco estaba manejando fondos procedentes de actos de corrupción en el extranjero y permitió que se llevasen a cabo numerosas transacciones sospechosas sin avisar a las autoridades”.

 

En las cuentas corrientes de Obiang y su familia se detectó el ingreso de al menos 13 millones de dólares, solo de dinero en efectivo.

 

¿Qué necesitan los gobiernos para actuar con mayor firmeza? Es difícil responder.

 

Lo que tienen claro Comisiones Obreras y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de la que forma parte, es que están comprometidas, junto con otros muchas centrales, federaciones y sindicatos del mundo, en una lucha permanente por la universalización de los derechos humanos y sindicales en cualquier parte del mundo. Por eso, asumen como compromiso de trabajo las siete propuestas de la última página de este libro para que, más pronto que tarde, puedan existir en Guinea Ecuatorial sindicatos democráticos y representativos que puedan defender en libertad los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este pequeño y hermoso país.

 

Guy Ryder

Secretario General de La CIOSL

 

 

Jose María Fidalgo

Secretario General de Comisiones Obreras

 

 

 


 

NOTAS PREVIAS

1.      Las fuentes utilizadas en este estudio adolecen de las dificultades existentes para obtener datos con respecto a Guinea Ecuatorial. Las condiciones prevalecientes en el país no han permitido la realización de un mínimo trabajo de campo, con encuestas en profundidad, que hubieran constituido una fuente de primer orden: no obstante, se han realizado algunas encuestas a inmigrantes guineanos en España. Además se ha acudido a los informes sobre derechos humanos de Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos, y a estudios de organizaciones o autores individuales sobre Guinea Ecuatorial. Se ha hecho uso de los datos cuantitativos proporcionados por distintos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco de Estados de África Central, así como de los ofrecidos por la Dirección Nacional de Estadísticas de Guinea Ecuatorial. Se ha realizado un estudio sistemático de la legislación guineana. Por último, para recrear la historia de las relaciones laborales en Guinea Ecuatorial, se ha consultado documentación de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Administración de España, así como los archivos de los sindicatos españoles Comisiones Obreras y Unión General de los Trabajadores.

2.      En la bibliografía aparecen los documentos citados a pie de página, con la dirección de la página web donde pueden consultarse en su caso.

3.      La moneda oficial de Guinea Ecuatorial es el Franco CFA. 655,9 FCFA equivale a un Euro, en un cambio fijo.

 



 


 

 

ABREVIATURAS

 

ACP                Grupo de países de África, Caribe y Pacífico [Acuerdos de Cotonou]

AECI               Agencia Española de Cooperación Internacional

AI                    Amnistía Internacional

ASD                Asociación Sindical de Docentes (Guinea Ecuatorial)

BEAC              Banco de los Estados de África Central

CCA                Informe de Evaluación Conjunta del Sistema de Naciones Unidas

CCOO             Confederación Sindical de Comisiones Obreras (España)

CDH                Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas

CEACR           Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Ratificaciones de la OIT

CEMAC           Comunidad Económica y Monetaria de África Central

CIOSL             Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres

CPDS              Convergencia Para la Democracia Social (Guinea Ecuatorial)

EITI                 Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

GMACL           Global March Against Child Labour / Marcha Global contra el Trabajo Infantil

FCFA               Franco CFA

FMI                 Fondo Monetario Internacional

FNUAP           Fondo de Naciones Unidas para la Población

GRGE              Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial

IBA                 International Bar Association

IDH                 Índice de Desarrollo Humano del PNUD

ILAB               Bureau of International Labor Affairs (Estados Unidos)

INSESO           Instituto de la Seguridad Social

IPEC               International Programme on the Elimination of Child Labour

MAO               Movimiento de Amigos de Obiang (Guinea Ecuatorial)

MONALIGE    Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial

MPRI               Military Professional Resources Incorporated

OCDE              Organización de Cooperación y Desarrollo Económico

OIT                  Organización Internacional del Trabajo

ONU                Organización de las Naciones Unidas

OPE                 Oficina de Planificación Técnica de la AECI

OSPA              Organización Sindical de Pequeños Agropecuarios

OTC                Organización de Trabajadores del Campo (Guinea Ecuatorial)

PDGE              Partido Democrático de Guinea Ecuatorial

PEA                 Población Económicamente Activa

PIB                  Producto Interior Bruto

PNUD             Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

POC                Plataforma de Oposición Conjunta (Guinea Ecuatorial)

PUNT              Partido Único Nacional de los Trabajadores (Guinea Ecuatorial)

PWYP             Publish What You Pay, campaña internacional

SIS                   Sindicato Independiente de Servicios (Guinea Ecuatorial)

SONAVI          Sociedad Nacional de Vigilancia (Guinea Ecuatorial)

UDEAC           Unión de los Estados de África Central

UE                   Unión Europea

UGEPRIGE      Unión General de Empresas Privadas de Guinea Ecuatorial

UGT                Unión General de Trabajadores (España)

UGTGE            Unión General de Trabajadores de Guinea Ecuatorial

UNESCO         Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNED             Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)

UNGE              Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial

UNICEF          Fondo Internacional de Naciones Unidas para el Socorro a la Infancia

UST                 Unión Sindical de Trabajadores (Guinea Ecuatorial)


 

Introducción

Este estudio analiza las condiciones de los trabajadores y sus derechos en Guinea Ecuatorial, país ubicado en el Golfo de Guinea y conformado por un territorio en parte continental y en parte insular entre Gabón, Camerún y Nigeria. La situación social de este pequeño país africano está condicionada por un régimen político autoritario y represivo, y una economía de enclave basada en la producción de petróleo. La población realiza sus actividades laborales en condiciones de gran precariedad e informalidad, y con sus derechos como trabajadores escasamente garantizados.

La realidad laboral de Guinea Ecuatorial está constituida por dos ámbitos diferenciados en cuanto a condiciones y problemáticas:

1.      Un sector formal asalariado, concentrado en la Administración del Estado y en las empresas privadas, entre las que destacan las del sector servicios y la construcción. El trabajo en el sector petrolífero es relevante más por sus altos salarios que por la cantidad de personas que emplea.

2.      Un sector no asalariado concentrado en el trabajo agrícola, realizado por pequeños campesinos propietarios o arrendatarios y sus familias, y en el comercio a pequeña escala. Este sector se caracteriza por una intensa feminización del trabajo.

El crecimiento de la explotación petrolífera desde mediados de los años noventa ha generado un importante movimiento de población, tanto de emigrantes ecuatoguineanos retornados como de inmigrantes de toda la región. Además ha aumentado el éxodo del campo a la ciudad, así como el número de mujeres con trabajo asalariado, todo lo cual ha transformado en parte la estructura ocupacional de la población.

La primera parte de este trabajo ofrece una descripción sintética de las actuales condiciones laborales y de la situación de los derechos de los trabajadores en el país, basada en distintos informes de derechos humanos. La segunda parte recorre la intensa historia del trabajo en lo que hoy es Guinea Ecuatorial desde el siglo XIX hasta nuestros días. En la tercera parte, analizaremos las relaciones laborales existentes hoy en día, dentro del actual contexto político y económico del país, sin el que no es posible comprenderlas. Por último, en la cuarta parte, observaremos las iniciativas de organización de los trabajadores, las dificultades con las que se encuentran, y las perspectivas de futuro existentes para el sindicalismo en Guinea Ecuatorial[1].

 

1. Situación de los derechos de los trabajadores

 

El respeto de los derechos fundamentales referidos a los trabajadores en Guinea Ecuatorial es muy escaso, como recogen los distintos informes de derechos humanos. A pesar de estar generalmente recogidos en la legislación guineana, y de haber ratificado en los últimos tiempos (2001) los principales Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno apenas garantiza los derechos laborales, y la posibilidad de acudir a los jueces para exigirlos es casi inexistente. A continuación se considera la situación en Guinea Ecuatorial de los derechos fundamentales recogidos en la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, aprobada por la OIT en 1998, y que cualquier Estado miembro está obligado a respetar.

A. La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva

A.1. La libertad de asociación sindical

En Guinea Ecuatorial, el derecho de asociación sindical está seriamente restringido. La ley 12/1992 que lo regula establece algunas condiciones para formar un sindicato difíciles de cumplir en las condiciones vigentes del país, como es la exigencia de contar al menos con 50 miembros de un mismo sector. La ley sindical no regula el derecho para los trabajadores en el sector público, y prevé una legislación especial sobre sindicatos de funcionarios que todavía no ha sido aprobada. De este modo, el grupo de asalariados más amplio está privado legalmente de este derecho.

Además de estas restricciones legales, el gobierno se ha negado sistemáticamente a reconocer la existencia de sindicatos. Los trabajadores que manifiestan abiertamente su intención de organizar y formar parte de un sindicato, apoyando por ejemplo una solicitud de registro ante las autoridades, son objeto de prácticas de intimidación por parte de agentes de seguridad en sus domicilios[2].

Sólo en 2001, año en que el gobierno se adhirió a los Convenios internacionales 87 y 98 sobre libertad sindical, se legalizó la Organización Sindical de Productores Agrícolas (OSPA), que pretende reunir a los trabajadores del sector informal agropecuario. Existen sin embargo otros intentos infructuosos de reconocimiento legal de sindicatos, como el de la Unión Sindical de Trabajadores (UST), afín al partido de la oposición de filiación socialdemócrata Convergencia Para la Democracia Social (CPDS), y que desde su creación en 1990 se ha visto obligado a trabajar en la clandestinidad. Sindicatos sectoriales como el Sindicato Independiente de Servicios o la Asociación Sindical de Docentes tampoco han conseguido la autorización del gobierno para funcionar, a pesar de reunir todos los requisitos exigidos legalmente[3]. La CIOSL ha denunciado repetidamente en los foros internacionales la dificultad de crear organizaciones sindicales independientes[4].

A.2. La negociación colectiva

En Guinea Ecuatorial no existen vías formales de resolución de los conflictos laborales, ni está institucionalizada la negociación colectiva, aunque la Ley sobre Ordenamiento General del Trabajo de 1990 la considera como uno de los derechos de los trabajadores. Los salarios son establecidos por el gobierno, con consulta sólo a los grandes empleadores, pero sin participación de los trabajadores[5].

En cuanto a la resolución de los conflictos laborales, apenas existen mecanismos formales efectivos. Los procedimientos judiciales, que adolecen de la falta de independencia del gobierno, son largos y costosos y requieren del agotamiento de las vías administrativas. En algunas ocasiones, el Ministerio de Trabajo y, menos frecuentemente, miembros de la Asamblea Nacional designados en la Comisión parlamentaria de Quejas y Peticiones, han mediado entre trabajadores y empresarios[6]. Sin embargo es habitual que los conflictos queden sin resolver: en enero de 2001 un intento de mediación de un inspector del Ministerio de Trabajo entre algunos empleados del Ayuntamiento de la capital (Malabo) y el alcalde acabó con una fuerte reprimenda de éste, del partido en el gobierno, al inspector[7].

A. 3. El derecho de huelga

Según el artículo 10 de la Ley Fundamental o constitución guineana, “el derecho a la huelga es reconocido y se ejerce en las condiciones previstas por la ley”. No obstante, esta ley no ha sido promulgada desde la reforma de la constitución de 1991 que introdujo el mencionado artículo. El derecho a la huelga no se menciona en la Ley sobre Ordenamiento General del Trabajo de 1990, por ser anterior a la adopción formal del pluralismo político en el país. Sí lo hace, sin embargo, la Ley sobre Sindicatos. En la práctica el disfrute del derecho de huelga por parte de los trabajadores es inexistente pues el gobierno no permite su ejercicio, y quienes intentan esgrimirlo son objeto de represalias laborales y represión política[8].

En 1992, un grupo de más de 10 profesores titulados superiores fueron despedidos del instituto de enseñanza media Rey Malabo por haber organizado o apoyado una huelga. A finales de ese año y principios de 1993 se organizó una revuelta estudiantil y más de un centenar de estudiantes fueron expulsados del instituto nacional de enseñanza media de Bata acusados de participar en un conato de huelga. La reacción del gobierno fue detener y torturar a muchas de las personas que habían participado en estas movilizaciones. Desde entonces, ha sido muy difícil para los promotores animar a los trabajadores a sumarse a otras iniciativas de huelga. En alguna ocasión, las empresas del sector petrolero también han despedido a trabajadores que han protestado por las condiciones de trabajo[9].

En un sistema político fuertemente represivo, los trabajadores apenas se atreven a movilizarse para reclamar sus derechos. De ahí que las formas de protesta que alguna vez adoptan los trabajadores sean más sutiles, como ausencias laborales, lentitud premeditada en el trabajo o retención de resultados. En general, cualquiera que proteste abiertamente por las condiciones de trabajo se arriesga a perder su empleo, sin que el gobierno tome medidas contra la discriminación de los trabajadores que reclamen sus derechos[10].

B. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio

B.1. Trabajo forzoso

La Ley sobre el Ordenamiento General del Trabajo de 1990, en su artículo 1.3, dice que la libertad de trabajar no está sujeta a restricción alguna, aunque añade “salvo las que legítimamente establezca la ley”. El artículo continúa diciendo que “nadie podrá ser constreñido a trabajar, sin menoscabo del deber social de contribuir con el propio esfuerzo a la ejecución de las tareas cívicas normales y de los pequeños trabajos comunales decididos libremente por la comunidad”.

Esta salvedad permite y ampara la existencia de una verdadera práctica del trabajo forzoso en el país, pues la mayoría de los habitantes del área rural se ven obligados a realizar trabajos de mantenimiento de las carreteras, desde nacionales a comarcales, salvo en las dos principales ciudades, Bata y Malabo. Este trabajo es impuesto a los aldeanos, no por decisión de sus respectivas comunidades, sino por imposición de la autoridad gubernativa, que castiga a los incumplidores o morosos con multas de entre 25.000 a 50.000 Francos CFA (FCFA) e incluso maltrato físico y detenciones de hasta un mes de duración, sobre todo si se trata de personas que militan en la oposición política. A pesar de los abundantes recursos económicos de los que dispone actualmente el gobierno, los campesinos siguen padeciendo este trabajo forzoso, sin remuneración alguna, con el agravante, por discriminatorio, de que desde hace más de cinco años se viene pagando un incentivo económico a los vecinos que realizan dicho trabajo en el distrito de Mongomo, de donde es originario el Presidente del país.

Asimismo, los detenidos y presos en las cárceles y otros lugares de reclusión se ven obligados a menudo a trabajar sin remuneración en labores domésticas, agrícolas o de construcción para los oficiales de las prisiones y de la guardia presidencial, así como para otros altos funcionarios del Estado y sus familiares[11].

B.2. Tráfico de personas

El tráfico de personas, especialmente de mujeres y niños, es un fenómeno creciente en Guinea Ecuatorial, vinculado a las redes existentes en África occidental y central. Según un estudio de UNICEF de julio de 1998, el país era lugar de tránsito y de reclutamiento de personas para los traficantes que alimentan el mercado laboral en los centros urbanos de Costa de Marfil y Gabón[12]. Pero cada vez más, debido al crecimiento de la industria del petróleo, el país es lugar de destino de personas.

La creciente demanda de prostitución por parte de ejecutivos expatriados de las empresas del sector petrolero en Malabo, ha generado un tráfico de mujeres provenientes de Benin, Camerún, Nigeria y China[13]. Por su parte, niños procedentes de África occidental y central son obligados a trabajar en situaciones de explotación como mano de obra agrícola, criados domésticos o vendedores ambulantes[14]. El tráfico con niños se ha llevado a cabo principalmente en el sector laboral urbano de Malabo y Bata, en su mayoría procedentes de Benin y Nigeria. Niñas de Benin de entre 12 y 16 años de edad trabajan durante 12 horas al día vendiendo cosméticos en las calles de Malabo. A menudo estas niñas no reciben compensación económica y han sido maltratadas físicamente. Niños nigerianos trabajan en mercados de Bata, muchas veces sin sueldo ni libertad personal[15].

En 2002 el gobierno asistió a la Conferencia Regional sobre tráfico de personas en Libreville[16], y en septiembre de 2004 el parlamento guineano aprobó la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que castiga los delitos de tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, así como los de abuso parental del menor y trabajo infantil. A pesar de algunos proyectos del gobierno para la concienciación contra el tráfico de personas y para asistir a los niños en riesgo[17], no se ha hecho nada en este sentido. El país no cuenta con ninguna institución pública que se haga cargo de los niños desamparados; tampoco las hay privadas más allá de los casos puntuales atendidos por alguna comunidad religiosa.

C. La abolición efectiva del trabajo infantil

Según datos de la OIT, se estima en 18.000 los niños entre 10 y 14 años que son económicamente activos en el año 2000 (7.000 niñas y 11.000 niños), lo que supone el 28% aproximadamente de los niños de esa edad[18]. Los trabajos más habituales son los agrícolas y la venta callejera, y a menudo se enmarcan dentro de las relaciones económicas familiares[19]. También hay constancia de niños dedicados a la prostitución[20].

El trabajo infantil está vinculado a un sistema escolar deficiente, caracterizado por la masificación y la falta de infraestructuras[21]. La tasa de asistencia a la enseñanza primaria es sólo del 60%[22]. El grado de abandono, especialmente en la educación secundaria, es mayor en las niñas, quienes a menudo se ven obligadas a asumir obligaciones familiares y laborales a una edad temprana.

La expansión económica de los últimos años ha llevado en las dos principales ciudades del país al aumento de la explotación infantil, incluida la prostitución y el trabajo forzoso[23]. Este fenómeno está vinculado al tráfico de personas en la región ya mencionado, donde Guinea Ecuatorial se ha convertido en destino de muchas de ellas[24]. De este modo hay niños extranjeros que son utilizados como vendedores callejeros por personas que no son sus familiares, y sin que tengan acceso a la escuela[25].

La edad mínima legal para el trabajo de los niños es 14 años, según queda establecido en la Ley sobre Ordenamiento General del Trabajo de 1990, que en su artículo 11.1 prohíbe el trabajo de los menores de dicha edad. En el artículo 11.2 se hace una excepción autorizando el trabajo de mayores de 13 años siempre y cuando se trate de trabajos ligeros y que no puedan perjudicar la salud o el desarrollo del menor, o su asistencia a la escuela; y en el párrafo 3º del mismo artículo se hace otra excepción para los mayores de 12 años, estableciendo que pueden ser admitidos en determinados empleos o trabajos ligeros de carácter artesanal o agrícola. Por esta vía, cualquier padre o pariente de un menor lo puede emplear en cualquier trabajo del campo. La nueva Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas castiga los delitos de abuso parental del menor y de trabajo infantil, cuando se emplee a niños, entendiendo por tales a los menores de 10 años (art. 1.b).

El gobierno de Guinea Ecuatorial ha ratificado los dos principales Convenios de la OIT sobre trabajo infantil: el 138 sobre la edad mínima, en 1985, y más recientemente el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, en 2001. Ese mismo año el Ministro del Interior prohibió la presencia en las calles y el trabajo de los niños menores de 17 años después de las 11 horas de la mañana[26].

Sin embargo, el cumplimiento de las disposiciones laborales, como la edad mínima, o de la obligatoriedad de la educación primaria, es muy deficiente[27]. No existe por parte del gobierno una preocupación manifiesta ni una política decidida dirigida a la protección de la infancia y el trabajo de los niños[28].

D. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación

D.1. Contratación y despidos

La contratación de trabajadores, tanto en la Administración del Estado como en las principales empresas que operan en el país, se caracteriza por una profunda politización del proceso. Las personas que no guardan fidelidad al partido gobernante, Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), tienen grandes dificultades para ser contratadas tanto en el sector público como en el privado[29].

En la evaluación del Pacto Nacional de 2001 entre gobierno y partidos políticos se estableció el compromiso del primero de ordenar a los pagadores de las oficinas públicas que “[dejen] de servir de recaudadores de cuotas a favor de cualquier partido político”, lo que denota la existencia de un impuesto para los trabajadores a favor del partido oficial[30]. Asimismo se prohibía “a las empresas exigir un documento de militancia de ningún partido político a la hora de ofertar puestos de trabajo”. Ninguno de estos compromisos ha tenido efecto en la práctica.

La industria del petróleo se nutre de trabajadores a través de las agencias de contratación controladas por miembros destacados del gobierno, que perciben el salario de los empleados y se quedan con un porcentaje que supera el 50% y ha llegado hasta el 70%. Las agencias de contratación exigen el carné del partido gubernamental y dificultan que personas pertenecientes a la oposición política puedan ser contratadas en la floreciente industria petrolífera[31].

En cuanto a la rescisión de contratos, cualquier protesta por las condiciones peligrosas o insalubres de trabajo puede dar lugar a despidos[32]. La precariedad de los puestos de trabajo es muy elevada, y depende en parte de la actitud de los trabajadores en el ámbito de la ciudadanía. En la Administración pública, los recortes de personal debidos a las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los años noventa se hicieron de manera discriminatoria y afectando a los funcionarios afines a formaciones políticas de la oposición[33].

D.2. Trabajo y género

La mano de obra femenina se concentra en actividades de subsistencia, que según datos de Naciones Unidas absorbe al 81,5%, mientras que el pequeño comercio y los servicios (especialmente el servicio doméstico) lo hacen del 6,9% y el 9,8% respectivamente. Además, las mujeres se encargan de la mayoría de las tareas de cuidado de las familias. Estas actividades se caracterizan por un bajo rendimiento económico, a lo que contribuyen las dificultades en el transporte y la comercialización local de los productos agrícolas. Todo ello provoca una fuerte dependencia material de las mujeres respecto de los hombres y una autonomía personal limitada, que les hace aún más vulnerables ante las adversas circunstancias políticas y limita su acceso a los servicios.

Según el Informe de Evaluación Conjunta de Naciones Unidas, “(a) nivel de las profesiones, se observa la misma estructura, donde la mujer sólo ocupa el 12,6% de las funciones ejecutivas, el 29,6% de las funciones científicas, el 26,2% de los puestos técnico-profesionales, el 25,4% de los empleados oficiales, el 3,9% de los artesanos y mecánicos, y el 2% de los operadores”[34]. Según los datos ofrecidos por el PNUD sobre la desigualdad de género, la actividad económica de las mujeres constituía el 52% de la de los hombres en 2003. Y los ingresos per cápita por trabajo remunerado que reciben las mujeres constituyen el 40% de los de los hombres[35].

Ésta es sucintamente la situación de los derechos laborales en Guinea Ecuatorial. A continuación trataremos de analizar y contextualizar, histórica, política y económicamente, todos estos datos.

RECUADRO 1:
Datos sociales básicos de Guinea Ecuatorial

A pesar del extraordinario crecimiento económico experimentado por Guinea Ecuatorial en los últimos años debido a la explotación petrolífera, el bienestar social de su población continúa siendo muy bajo. Ello es debido a las enormes diferencias en la distribución de los recursos y a la casi nula redistribución e inversión social de los ingresos que recibe el Estado por la explotación del crudo. En 1999 se calculaba que el 5% de la población controlaba el 80% de la riqueza, mientras que el 60% de los guineanos vivía en la pobreza absoluta[36].

Esta contradicción se pone de manifiesto al comparar la clasificación del país según su Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, que era de 5.870$ en 2003, y la que establece el Índice sobre Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IDH se establece en base a tres parámetros que se entienden básicos para un desarrollo humano: una vida larga y saludable, el acceso a la educación y el conocimiento, y un nivel de vida decoroso. Pues bien, Guinea Ecuatorial es el país del mundo con una mayor diferencia entre la clasificación según el PIB per cápita y la clasificación según el IDH, que ha pasado de -4 a -93 entre 1998 y 2005.

El IDH no incluye aspectos importantes que hoy se consideran fundamentos del desarrollo humano, como la capacidad de participar en las decisiones que afectan a la propia vida y de disfrutar del respeto de otros en la comunidad[37]. Estos aspectos pueden evaluarse mejor a través de los informes sobre derechos humanos, que presentan a Guinea Ecuatorial como un país donde éstos se violan gravemente. A continuación se ofrecen una serie de datos provenientes en su mayor parte del Informe del Desarrollo Humano de 2005, el FMI y de distintos informes sobre la situación de los derechos humanos, que sintetizan el contexto social en el que debe entenderse la situación de los trabajadores y las relaciones laborales en Guinea Ecuatorial[38].

 

Población y renta

El pequeño territorio de Guinea Ecuatorial, distribuido en una parte costera continental y otra insular en el Golfo de Guinea, alberga una población de poco más de medio millón de habitantes. Se trata de una población sometida desde hace mucho tiempo a una intensa movilidad, y desde época tardocolonial ha sido habitual la emigración por motivos económicos y políticos a los países vecinos y a la antigua metrópoli. En la última década, han aumentado exponencialmente los procesos de inmigración a las ciudades (Malabo y Bata) de la población rural y de personas provenientes de países vecinos, atraída por la economía del petróleo.

 

PIB (mill. $)                                                        2.368                                                2004[39]

Crecimiento anual del PIB                                   24,5%                                               2000-2004[40]

Población                                                            506.350 habitantes                           2004[41]

Tasa de fecundidad                                               5,9 hijos / mujer                                2000-2005

Crecimiento población                                         2,7%                                                 1975-2003

Distribución por edad                                           44,2% <15 años                                2003

                                                                            3,2% >65                                          2003

Población urbana                                                 38.8%                                               2002[42]

PIB per cápita                                                     5.796 $                                             2004[43]

PIB per cápita en PPA [44]                                     30,130 $                                           2000

                                                                            19,780 $                                           2003

 

Salud

Las principales causas de morbilidad en el país son el paludismo (22% de las muertes), las infecciones respiratorias agudas (20%) y las enfermedades diarreicas agudas (13%)[45]. Existe malnutrición en el país debida a una dieta diaria de 1.973 kilocalorías y 54 gramos de proteínas (la OMS/FAO recomienda 2.650 kilocalorías y 62 gramos de proteínas). Esta malnutrición provoca un 22% de bajo peso en los niños menores de 6 años, que el 70% de las mujeres adolezcan de anemia y que los niños presenten retraso en el crecimiento en un porcentaje elevado (56,1% entre los niños de 48 a 59 meses de edad)[46].

Esta situación se debe tanto a las condiciones generales de habitabilidad como al insuficiente sistema sanitario existente en el país. La tupida estructura del Sistema de Atención Primaria de Salud (APS) establecida en 1983, no está operativa en la mitad de los casos, y la mayoría de los centros no poseen equipamiento básico. La cobertura sanitaria sufre una clara desproporción espacial: el personal médico se concentra en un 89,8% en Malabo y Bata, al tiempo que la isla disfruta de mayores recursos materiales y personales que la parte continental[47].

 

Esperanza de vida al nacer (años)                         43,3                                                  2003

Probabilidad al nacer de
no sobrevivir a los 60 años                                  33% mujeres                                     2000-2005

                                                                            30,6% hombres

Mortalidad materna                                             880 / 100.000                                   2000

Mortalidad niños menores 1 año                          97 / 1.000                                         2003

Mortalidad niños menores 5 años                         146 / 1.000                                       2003

Casos de malaria                                                  2.744 / 100.000                                2000[48]

Casos de tuberculosis                                            351 / 100.000                                   2003

VIH/SIDA                                                            7%                                                    2001[49]

Niños con bajo peso <5 años                                19%                                                  1995-2003

Niños con baja altura <5 años                              35%                                                  1995-2003

Niños con bajo peso al nacer                                13%                                                  1998-2003

Población con acceso a saneamientos
adecuados                                                             53%                                                  2002

Población con acceso a agua
potable                                                                44%                                                  2002

Gasto público sanitario                                         1,3% del PIB                                    2002

 

Educación

El sistema educativo se caracteriza por el ingreso tardío, las consiguientes altas tasas de sobre-edad, la frecuente deserción escolar, y la deficiencia cualitativa y cuantitativa del profesorado y demás recursos educativos[50]. A medida que se avanza en el sistema educativo, se observa un abandono mucho mayor de las chicas que de los chicos. La cooperación internacional proporciona una parte importante de la oferta educativa.

La educación técnica y superior, que adolece de graves carencias, está a cargo de varias Escuelas Técnicas integradas en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE), y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Los jóvenes que pueden prefieren cursar sus estudios superiores en el extranjero, especialmente en España o Estados Unidos.

El sistema educativo sufre de un cuello de botella en el mercado laboral, donde los puestos de trabajo son distribuidos de acuerdo a criterios personalistas, y muchos profesionales guineanos se ven relegados laboralmente y empujados a la emigración[51].

 

Tasa de alfabetización adultos                              84,2%                                               2003

                       jóvenes de 15 a 24 años                92,7%                                               1990

Analfabetismo mujeres                                         23,6%                                               2003

                               hombres                                7,9%                                                 2003

Matriculación educación                                      85% primaria                                    2002-2003

                                                                            26% secundaria                                 2002-2003

Matriculación de mujeres                                     78% primaria                                    2001/2002

                                                                            19% secundaria                                 1999/2000

                                                                            2% superior                                      1999/2000

Ratio niñas/niños matriculados                             85/100 primaria                                2001/2002

                                                                            58/100 secundaria                             1999/2000

                                                                            43/100 superior                                1999/2000

Asistencia                                                            60%                                                  1996-2003[52]

Número de aulas                                                   1.379                                                1998[53]

Gasto público en educación                                  0,6% del PIB                                    2000-2002

                                                        

Situación de la mujer

La desigualdad entre hombres y mujeres ya se ha puesto de manifiesto en los distintos datos sobre la participación en la economía y la educación. El analfabetismo es casi tres veces mayor entre mujeres que entre hombres, y las niñas abandonan antes el sistema educativo, debido a las obligaciones familiares contraídas tempranamente. El número de mujeres que alcanza el nivel de instrucción secundaria es la mitad del de los hombres[54]. Asimismo, la presencia de las mujeres tanto en las estructuras del Estado como en los partidos de oposición sigue siendo limitada: la proporción de mujeres en el Parlamento es del 18% en la legislatura que se inició en 2004[55].

Existen prácticas como el encarcelamiento de las mujeres que no devuelven su dote cuando se separan de sus maridos, o por causa de relaciones sexuales extramaritales o abandono de hogar, que constituyen claras violaciones de los derechos humanos[56]. Del mismo modo, la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico es habitual, y no existe ninguna política gubernamental contra la misma. Como ya se señaló más arriba, debido a la economía del petróleo, ha aumentado el número de mujeres, muchas de ellas inmigrantes, dedicadas a la prostitución[57]. En estas condiciones, la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia social es muy elevada.

 

Derechos Humanos

La situación de los derechos humanos civiles y políticos en Guinea Ecuatorial es grave. El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial señala en su último informe “la inseguridad jurídica a que se encuentra expuesto cualquiera de sus habitantes, que en cualquier momento puede ser privado de libertad en centros de detención inadecuados, e incluso sometido a torturas, por simple 'orden de la superioridad', sin mandato judicial ni motivo legal que lo autorice, y sin posibilidad de acceder a un recurso judicial eficaz para prevenir o corregir esa eventualidad”[58]. Los abusos de las fuerzas de seguridad contra prisioneros y detenidos son cometidos de manera arbitraria y con absoluta impunidad.

La libertad de circulación se encuentra seriamente limitada a través de mecanismos tales como las barreras militares dentro del país, la exigencia de visado de salida o el confinamiento. Hace poco más de cinco años que se han dejado de exigir los visados de salida, aunque la obtención del pasaporte sigue teniendo grandes dificultades, y la policía de fronteras puede exigir autorización de desplazamiento del Ministerio del Interior a los dirigentes y militantes de la oposición política. Existe un conjunto extendido de prácticas discriminatorias contra las mujeres, los miembros de minorías étnicas y los extranjeros provenientes de África Occidental, que violan gravemente el derecho a la igualdad. Por su parte el ejercicio democrático de la oposición política se ve seriamente obstaculizado con el acoso sistemático a sus militantes y a la libertad de prensa y expresión.

Pese a los críticos informes del Relator Especial de Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial, la Comisión de Derechos Humanos decidió dar por finalizada su misión a inicios de 2002. A ello siguió la celebración de un nuevo juicio político en mayo contra gran parte de la oposición, caracterizado por la ausencia de garantías judiciales y la utilización generalizada de torturas[59]. Desde entonces se han realizado numerosas detenciones y celebrado nuevos juicios políticos contra opositores, antiguos miembros del gobierno y extranjeros (algunos de ellos posibles mercenarios), sin garantías para los inculpados, y que han llevado a una situación muy grave para los derechos humanos en las cárceles guineanas[60].

Paradójicamente, en octubre de 2002 el gobierno de Guinea Ecuatorial ratificó dos Convenios internacionales: la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aunque con importantes reservas, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Además es parte de los dos Pactos Internacionales de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y de Derechos Políticos y Civiles y su primer Protocolo Opcional (1987), aunque no del Segundo, así como de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1984) y la Convención de los Derechos del Niño (1992). En realidad, la ratificación de estos convenios por parte del Estado guineano, se debe más a las presiones y exigencias de la comunidad internacional que a una voluntad del gobierno de hacer efectivos sus contenidos. Sirva como ejemplo la no rendición por parte de Guinea Ecuatorial, de los preceptivos informes periódicos que establece cada uno de estos convenios[61].


 

2. Evolución histórica del trabajo en Guinea Ecuatorial

 

Desde los años 1820, el territorio de lo que hoy es el Estado de Guinea Ecuatorial ha sido el escenario de intensas y cambiantes relaciones laborales en el marco de la economía mundial, no pocas veces caracterizadas por el abuso y la explotación.

Fue precisamente el proceso de abolición de la trata de esclavos el que dio lugar a la fundación, en 1827, de la ciudad colonial de Clarence (hoy Malabo) en la isla de Fernando Poo (Bioko). Clarence se concibió como base de operaciones de la marina británica en su persecución de los barcos esclavistas que operaban en el Golfo de Guinea. Este asentamiento forzó a los habitantes autóctonos bubis a compartir la isla con una pequeña población de africanos mestizos provenientes de las colonias británicas de África occidental y de esclavos liberados, que fueron identificándose con el tiempo como fernandinos.

La paulatina y lenta integración de Fernando Poo en la economía mundial se hizo a partir de la producción y el comercio del aceite de palma, actividad que se superpuso a la agricultura de subsistencia de la población. Las compañías británicas que dominaron este comercio durante los años 1835-1843, trataron de reducir a dócil mano de obra a los antiguos esclavos liberados que siguieron llegando con éxito relativo. Tras el fracaso de las grandes compañías, los principales intermediarios de este comercio fueron los fernandinos.

 

2.1. El cultivo del cacao en Fernando Poo

En el último cuarto del siglo XIX, estando ya el gobierno español asentado en la ciudad colonial, renombrada como Santa Isabel, el comercio del aceite de palma fue dando lugar a una economía de plantación basada en el cacao[62]. Hasta la Primera Guerra Mundial, la iniciativa correspondería a los colonos fernandinos, con el cultivo de fincas-plantaciones de tamaño intermedio entre las propiedades de más de 500 hectáreas de las grandes compañías o las pequeñas fincas indígenas de menos de 20 hectáreas[63].

Con el establecimiento de las primeras plantaciones de cacao comenzaron también las necesidades de mano de obra intensiva. El impulso inicial de acudir a la población isleña en busca de braceros se encontró con la férrea resistencia de aquella, lo que unido a la llamada “política de atracción” que pretendía realizar el gobierno colonial, dificultaron los esfuerzos de los finqueros por convertir a los bubis en trabajadores agrícolas de las plantaciones comerciales.

La mayor parte de los trabajadores de las plantaciones comerciales provinieron por tanto de diversos puntos de la costa occidental africana (y en un inicio también del Caribe), donde la abolición de la trata y más tarde de la esclavitud había producido una clase social con un estatus personal indefinido, y disponibles para trabajar como braceros baratos en condiciones de trabajo más o menos forzado. A pesar de mediar contrato, la naturaleza de las relaciones laborales en la colonia constituía una verdadera “servidumbre temporal y remunerada”[64].

Los acuerdos intraeuropeos de 1900 que concedían a España el pequeño territorio continental de Río Muni, convirtieron a los habitantes de esta pequeña zona del bosque tropical en potenciales y codiciados braceros. Los propietarios de la isla establecieron en las costas africanas sistemas informales de contratación a través de mediadores africanos y europeos, y esperaban del Estado colonial la facilitación de este tráfico humano, tintado a menudo de los caracteres de la esclavitud. Todo ello generó un intenso movimiento de población en torno a Fernando Poo, procedente de Liberia, Río Muni o Camerún, donde el nuevo reclutamiento sustituía y se superponía a la antigua trata.

Los abusos y las penosas condiciones de trabajo que prevalecieron en la colonia, conllevaron resistencias y revueltas diversas. Una de las reacciones más habituales de los trabajadores era la escapada hacia el interior de la isla, y la integración, no siempre fácil, en la sociedad bubi. En 1900, trabajadores provenientes de las colonias británicas de Nigeria y Costa de Oro protagonizaron una revuelta. Los británicos, que habían llevado a cabo algunas inspecciones e informes sobre los abusos laborales en Fernando Poo, suspendieron la recluta de trabajadores en sus territorios.

Con el objetivo de controlar el proceso de contratación, así como de asegurar el funcionamiento de la economía colonial, la administración española aprobó en 1906 un Reglamento del Trabajo Indígena en el que se creaba un organismo mediador entre empleadores y trabajadores. La Curaduría Colonial debía dar su conformidad a todas las contrataciones de braceros, en un sistema en que eran pocos los derechos reconocidos a los trabajadores, considerados más como objeto de contratación que como parte contratante. El reglamento establecía además la obligación de todos los residentes en Fernando Poo sin “propiedad, oficio (u) ocupación legal y conocida”, de trabajar “bien contratados por particulares, bien por el Estado”. Esta norma, que contemplaba expresamente el trabajo forzoso en obras públicas para el trabajador “que se hubiese fugado más de una vez de la finca”, unida a una nueva Ordenanza de Trabajo (1913) con más correctivos para cualquier renuencia de los trabajadores, sancionaba jurídicamente la conversión de relaciones asalariadas en trabajo forzado[65].

De la obligación de trabajar del Reglamento de 1906 se excluía expresamente a los bubis. Pero sobre ellos pesaba otra, recogida por el Estatuto Orgánico de 1880 y 1904, que era la de “la prestación personal para obras locales de utilidad general”. Bajo esta cobertura legal, el Gobernador General obligó periódicamente a la población autóctona a participar tanto en los trabajos de obras públicas como en la recolección del cacao en las grandes fincas comerciales[66]. Éste fue un tiempo de violencia y penetración del gobierno colonial, que también utilizó la imposición de tributos para obligar a los africanos al trabajo asalariado. La resistencia de los bubis a la prestación personal conllevó varias guerras, que sólo en 1917 terminaron con el total desarme de la población de la isla.

Pero con la invasión colonial, se operó una paulatina apertura de las pequeñas fincas de cacao, lo que dio lugar a una clase de pequeños cultivadores vinculados a los mercados coloniales. En torno a la I Guerra Mundial, la primacía de los plantadores fernandinos fue decayendo, dejando su espacio tanto a los grandes capitales metropolitanos como a los pequeños propietarios indígenas.

2.2. Braceros versus pequeños plantadores indígenas

El papel económico de los africanos en el sistema colonial sería un tema intensamente debatido por los colonizadores, que observaban con cierta ambigüedad la siempre creciente actividad agrícola de los pequeños cultivadores autónomos. Los grandes agricultores temían que este proceso restara mano de obra asalariada para sus plantaciones. Pero la producción africana, basada en el trabajo personal y familiar, era vista por algunos funcionarios coloniales como más barata y rentable que la de las grandes fincas.

Con la conversión de los bubis en pequeños plantadores, las grandes propiedades de Fernando Poo siguieron necesitando la llegada de braceros de Río Muni y de otras partes de África[67]. Este proceso generó una marcada diferenciación entre la población local y los trabajadores inmigrantes. Cierto es que los primeros se podían ver sometidos al trabajo obligatorio en obras públicas; y que en no pocas ocasiones los segundos se convertían en pequeños propietarios asentados en la colonia. Pero siempre había un número elevado de braceros inmigrantes hacinados en los barracones de las grandes plantaciones, que eran los que sufrían con más rigor la violencia de la dominación colonial. La situación jurídica de estas personas era además muy marginal, porque a pesar de la existencia de normas regulando el trabajo indígena, los braceros de Fernando Poo tenían muy difícil acceso a los tribunales de la colonia para reclamar la aplicación de la legislación laboral, que en ningún caso los consideraba como portadores de derechos.

En Río Muni, frente a la pretensión de convertir el pequeño territorio en abastecedor de mano de obra para la isla, y las periódicas campañas de recluta de los colonos, como la “caza de hombres” de 1926[68], la población también resistiría su conversión en asalariados forzados y baratos. Primero aprovechando la posibilidad de cruzar las fronteras hacia las colonias vecinas de Gabón y Camerún; y más tarde, de modo similar a los bubis, a través del cultivo directo de productos agrícolas comerciales, especialmente de café.

La década de 1930 se inició con un agravamiento del recurrente déficit de mano de obra en las grandes plantaciones europeas y el desprestigio de la colonia española en los mercados de trabajo. A ello contribuyeron las denuncias internacionales formuladas en el seno de la Sociedad de Naciones, a instancias de Estados Unidos, contra el acuerdo del gobierno de Liberia con los plantadores de Fernando Poo. La reconvención de la Sociedad de Naciones se dirigía contra los tratantes liberianos, pero ponía de manifiesto también las penosas condiciones de trabajo en la isla.

Estas dificultades internacionales, que coincidían con el ciclo de depresión económica mundial iniciado en 1929, contribuían al creciente número de concesiones a europeos que no se ponían en cultivo. Todo lo cual llevó al gobierno español a suspender en mayo de 1930 la concesión de terrenos por un tiempo indefinido, exceptuando a los pequeños propietarios africanos que solicitaran fincas de menos de 20 hectáreas. Así se reconocía a la población indígena como colonizadores agrícolas privilegiados, que al trabajar sus fincas personalmente o en el marco de las relaciones familiares, apenas se veían afectados por la secular carencia de braceros, ni las dejaban de cultivar.

2.3. Franquismo y rentabilidad de la colonia

Con el reinicio de un nuevo ciclo de guerras europeas, y la imposición de un régimen dictatorial en España, se recrudeció la obligación de los africanos de trabajar en las infraestructuras y grandes plantaciones coloniales, con la imposición generalizada en toda la colonia de la prestación personal.

Durante el franquismo se daría un importante impulso a la economía colonial, en gran parte subsidiada por el Estado metropolitano. Se favoreció la entrada de grandes compañías, agrupadas en torno a la Casa de Guinea de Barcelona. Las grandes plantaciones cacaoteras de Fernando Poo siguieron siendo la principal producción de la colonia, y la que generaba mayor trabajo asalariado. Pero desde los años treinta del siglo XX también comenzó a explotarse la madera del bosque tropical de Río Muni que, aunque menos intensiva en mano de obra, constituía una industria basada en el trabajo de los africanos. Los productores europeos se resistían a la contratación de trabajadores blancos por lo que ello podía suponer de ruptura de las relaciones de jerarquía racial.

La carencia de personas dispuestas a cambiar su trabajo por un jornal en la colonia siguió obligando a buscar trabajadores en otras zonas de la costa del Golfo de Guinea. En época franquista, se negociaron nuevos acuerdos internacionales para reclutar a trabajadores africanos, esta vez con el gobierno colonial británico de Nigeria[69]. Estas relaciones laborales, que constituían un porcentaje elevado del total de contratos, no se regían por la legislación colonial, sino por el mismo tratado internacional. Aquí el papel de intermediario lo jugaban “agentes reclutadores” españoles en Nigeria y un funcionario del gobierno colonial nigeriano, que debía legalizar los contratos. Con el objetivo de no generar un nuevo grupo de población arraigada, los contratos se preveían por dos años, renovables por 18 meses más. La mitad del salario era retenido por la Delegación de Trabajo, que lo entregaba al finalizar la relación laboral. Al trabajador no se le reconocía el derecho a rescindir su contrato, lo que contribuía al carácter cautivo de estas relaciones de trabajo. De esta manera, gran parte de los trabajadores de la colonia siguió siendo un grupo independiente del resto de la población, de cultura y lugar de origen diferentes, y de carácter básicamente inestable.

En cuanto a los guineanos, cada vez fueron más los que optaban por integrarse en la economía colonial como pequeños productores de cacao o café, en parte para soslayar el régimen de trabajo, y en parte como respuesta a las nuevas oportunidades ofrecidas por el mercado metropolitano. La actitud del gobierno colonial ante este fenómeno siguió siendo contradictoria: como principio general, entorpecía la constitución de grandes plantaciones indígenas a través de la regulación del derecho de propiedad sobre la tierra y de una política de créditos restrictiva para los africanos. Pero por otra parte, consideraba al pequeño productor como solución parcial a la crisis de mano de obra. También aquí la administración intentaría imponer sus propios criterios, fomentando la constitución de cooperativas de productores para la comercialización de la producción, lo que, según la particular visión del colonizador, era el modelo que mejor se ajustaba a la mentalidad del africano. A su vez, el régimen colonial podía aspirar a obtener cierto consentimiento entre la población indígena, integrada como pequeño productor agrícola o como funcionariado, en la medida en que el peso de la explotación colonial recaía en el conjunto de los braceros extranjeros.

A finales de la década de 1950 se verificaría un aumento de la legislación laboral y de la función protectora de la administración, reflejo de las nuevas preocupaciones sociales de posguerra y de la regulación internacional con respecto al trabajo colonial. Nunca se extendería, sin embargo, el sistema de protección social metropolitano a la colonia. La Delegación de Trabajo vendría a sustituir a la Curaduría Colonial en sus funciones de tutela, inspección y sanción respecto de los contratos laborales[70]. Se estableció también una Inspección de Trabajo integrada en la Delegación. En 1951 aparece el Tribunal de Trabajo Indígena[71], con lo que las normas protectoras de los trabajadores, hasta ahora simples criterios de fiscalización de la propia administración, comenzaron a considerarse como derechos exigibles ante una jurisdicción laboral. Pese a los nuevos tiempos, para el Reglamento de Trabajo de los Indígenas de 1953 el trabajo seguía teniendo carácter obligatorio pues “todo residente en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea tiene el deber social de trabajar, cuyo cumplimiento le podrá ser exigido por la Autoridad”.

Con el tiempo, fue creciendo el número de asalariados entre la población asentada, especialmente entre aquellos individuos con más difícil acceso a la tierra, lo que conllevaría importantes transformaciones sociales[72]. En los últimos años de la colonia, la administración colonial se convirtió en una fuente extraordinaria de relaciones laborales asalariadas. El número de funcionarios creció exponencialmente, especialmente tras la reforma colonial que llevó al establecimiento de un Régimen de Autonomía en 1963, y que supuso la creación de una serie de nuevas instituciones. Fueron precisamente funcionarios coloniales los que organizaron una huelga en abril de 1966, exigiendo un equiparamiento de salarios con los funcionarios metropolitanos. La africanización y el crecimiento de la Administración del Estado sería una de las dinámicas que mostraría una mayor continuidad tras la descolonización del territorio en 1968.

2.4. Independencia y relaciones laborales poscoloniales

Tras la descolonización en 1968 y la ruptura que siguió entre el gobierno independiente de Macías Nguema y la antigua metrópoli, gran parte de la economía colonial, caracterizada por una dependencia extrema, se desmoronó. El gobierno español eliminó los precios preferenciales y los beneficios a la importación de los productos guineanos[73]. Los grandes propietarios españoles abandonaron sus explotaciones agrícolas y madereras, que fueron nacionalizadas y ocupadas por los nuevos prohombres del país.

El desmantelamiento de la escasa infraestructura económica heredada de la época colonial dio lugar a un periodo de vertiginosa decadencia económica, de aislamiento y autarquía que, junto a la represión política que protagonizó el nuevo gobierno, afectó gravemente a la actividad económica de los ciudadanos, especialmente de los pequeños productores que se habían integrado en el mercado colonial. Con el colapso de la economía de exportación, la mayor parte de la población se concentró en una agricultura de subsistencia basada en el trabajo familiar, que ha perdurado hasta la época actual, a pesar de la transformación económica experimentada por la aparición de nuevos recursos minerales en los años noventa.

El régimen poscolonial estableció un sistema político de partido único, de inspiración marxista-maoísta, llamado precisamente Partido Único Nacional de los Trabajadores (PUNT). El trabajo era considerado como el primer deber y obligación de todo ciudadano, sin que se esperase contrapartida alguna, justificándose que “el trabajo creador y revolucionario” dignificaba al hombre. En estas circunstancias, cualquier tipo de reivindicación sobre las condiciones de trabajo era “contrarrevolucionario, subversivo y propio de los enemigos de la patria”.

La actividad empresarial se hizo casi inexistente, a excepción de un puñado de modestas empresas constructoras españolas de la época tardocolonial, dedicadas fundamentalmente a la realización de las obras públicas y a la extracción maderera. El resto de la escasa actividad empresarial estaba en manos del Estado, como las empresas estatales de comercio, dedicadas a la venta mediante boletos de racionalización de artículos importados como ropa, bebidas, electrodomésticos o bicicletas; la empresa estatal de transportes, con una flota de autobuses que cubrían los trayectos entre las cabeceras de distrito; o la empresa estatal de petróleo, dedicada a la venta de productos derivados.

Trabajar en la Administración del Estado o en una empresa estatal era un privilegio reservado a unos pocos. Sin embargo, estos trabajadores no tenían garantizados derechos laborales, incluida la percepción regular de un salario, pues podían pasar muchos meses sin recibir sus haberes. Cualquier acto de protesta era considerado como una actividad subversiva y castigado con el encarcelamiento sine die. Además, los trabajadores de las empresas estatales no tenían la libertad de rescindir su relación laboral de no mediar causa justificada.

En 1975 se expulsó a todos los trabajadores nigerianos de las plantaciones de cacao que quedaban en la isla, y fueron en parte sustituidos por mano de obra traída de manera forzosa desde Río Muni y la isla de Annobón. Cada pueblo y cada familia del continente debían entonces enviar a la isla un cupo de trabajadores para salvar la cosecha de cacao, reproduciendo así el tráfico de personas de épocas anteriores. Si la gente no se alistaba voluntariamente, se procedía a su detención y traslado forzoso desde su pueblo hasta las plantaciones de cacao de la isla; los obreros así traídos no tenían derecho a salario alguno, y tan sólo recibían una escasa ración de alimentos. Sin asistencia médica ni de ningún otro tipo y sin familiares o conocidos a quienes acudir para sobrevivir, muchos de estos trabajadores forzosos hurtaban en las fincas de los habitantes de la isla ante la impotencia de éstos, que no tenían instancia alguna donde denunciar a “los trabajadores revolucionarios”, como entonces se les llamaba. Estas personas no podían retornar a sus aldeas, y sólo en casos excepcionales conseguían una autorización de desplazamiento, o “credencial”.

En condiciones similares se desarrollaba el trabajo en el sector de la construcción, concretamente en las obras de alguna que otra infraestructura, como fue la construcción de la central hidroeléctrica de Bikomo, donde los trabajadores guineanos apenas percibían, de manera muy irregular, un salario de 3000 bikwele, que alcanzaba escasamente para la manutención de cinco días.

Los funcionarios públicos y la población en general estaban obligados cada sábado a trabajos públicos, como la limpieza de la hierba de las calles (o “chapeo de las ciudades”). En cualquier momento y lugar los cuerpos de seguridad podían detener a las personas y obligarlas a trabajar en tareas de limpieza. La institución del trabajo forzoso gratuito y generalizado era conocida como “trabajar por el PUNT”. Más allá de este trabajo forzoso generalizado, los presos de la cárcel central de Black Beach eran empleados, sin remuneración alguna, en trabajos de obras públicas, limpieza de las ciudades, o en las fincas estatales y plantaciones privadas de alimentos de los prohombres del régimen para trabajar en el cacao.

De modo que la independencia tuvo una profunda repercusión en la economía y las relaciones laborales generadas durante la colonia. Pero no transformó el carácter despótico de estas relaciones sino que las llevó al grado extremo, retrotrayéndolas a las épocas de mayor explotación colonial. En esta época, la regla era el trabajo forzoso y la excepción el libre y voluntario.

2.5. Continuidades y rupturas tras el golpe palaciego

Con el régimen establecido en 1979 tras un golpe palaciego dirigido por Teodoro Obiang Nguema, sobrino del anterior dictador, se inició un giro internacional hacia los países occidentales, que conllevó efectos económicos. Comenzó entonces un proceso de desestatalización formal de la economía y las fincas de cacao volvieron a manos privadas. Se produjo una tímida recuperación de la producción de materias primas dirigidas a los mercados internacionales, fundamentalmente el cacao y la madera. A principios de los años noventa la producción maderera constituía el 12% del PIB.

Además, la cooperación al desarrollo creció exponencialmente hasta convertirse en la principal fuente del presupuesto general del Estado. Se organizaron dos Conferencias de Países Donantes coordinadas por los organismos de Naciones Unidas y las Instituciones Financieras Internacionales, y se firmaron desde 1980 sucesivos acuerdos marco con España como principal donante bilateral. Todo ello dio lugar a la aparición en el país de un grupo de hasta 300 técnicos extranjeros, con elevados salarios, así como de un nuevo nicho de empleo para los profesionales guineanos. No obstante, a pesar de su calificación profesional, el salario de estos trabajadores era hasta diez veces inferior al de los técnicos expatriados, situación promovida no sólo por los responsables de agencias de cooperación extranjeras, sino también por las autoridades nacionales, recelosas de ver surgir a una clase de profesionales bien remunerada sin que previamente se hubiese asegurado su fidelidad y sometimiento al régimen del General Presidente Obiang Nguema.

La Administración del Estado continuó y aumentó su papel como principal empleador formal del país. La obtención de un trabajo asalariado en la Administración exigía la lealtad al nuevo Presidente, su familia y los dirigentes del nuevo partido único, Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). Cuando el gobierno se vio obligado a reducir el gasto público debido a la aplicación de los programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional desde 1985, los primeros que perderían su puesto de trabajo serían los funcionarios menos afines al régimen.

En 1983, Guinea Ecuatorial entró a formar parte de la Unión de Estados de África Central (UDEAC) y dos años más tarde del Banco de los Estados de África Central y la zona del Franco CFA (FCFA). Esta decisión tuvo graves efectos sobre las economías familiares guineanas, pues la devaluación que supuso la conversión del Ekuele en FCFA provocó una disminución de los ingresos y del valor adquisitivo de los salarios.

En enero de 1981 Guinea Ecuatorial se adhirió a la OIT. Sin embargo el decreto 1/81 de ese mismo año consideraba al trabajo, no sólo como un derecho, sino como un deber de los guineanos. Además imponía un carné de trabajo sin el que estaba prohibido desplazarse por el país[74]. Con menor intensidad y frecuencia, se siguió recurriendo al trabajo forzoso de los presos y de la población en general. Las relaciones laborales continuaron estando caracterizadas por el autoritarismo y la falta de garantía de los derechos fundamentales.



 


 

3. Relaciones laborales en la economía política del petróleo

 

La situación actual de los derechos de los trabajadores en Guinea Ecuatorial está condicionada por unas dinámicas políticas caracterizadas por el autoritarismo, la ausencia de democracia y la violación sistemática de los derechos humanos, así como por una economía profundamente extrovertida.

Dos fenómenos ocurridos en la década de 1990 han producido algunas transformaciones importantes en el país y han afectado, de diversas maneras, a los trabajadores y sus derechos. El primero es el proceso de reforma política y económica iniciado por el gobierno entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, con la aplicación de un programa de ajuste estructural y el establecimiento formal de un sistema multipartidista basado en elecciones periódicas. Dicho proceso, que permitió la legalización de diversos partidos políticos diferentes al gubernamental y la celebración de un Pacto Nacional en 1993, no ha ampliado sin embargo la participación y los derechos de los ciudadanos de manera sustantiva.

El segundo fenómeno lo constituye la explotación, desde 1994, de los numerosos yacimientos petrolíferos de la plataforma marítima ecuatoguineana, que ha supuesto un crecimiento vertiginoso de la economía y de los recursos a disposición de los gobernantes. Atenderemos a ambos procesos y sus efectos sobre las relaciones laborales en las secciones que siguen.

3.1. Dinámicas políticas desde las reformas de la década de 1990

A finales de los años ochenta, las transformaciones del sistema internacional provocadas por el fin de la guerra fría favorecieron las reformas políticas en los Estados africanos que, al menos formalmente, pasaron de soportar regímenes militares o de partido único a dotarse de constituciones multipartidistas y a celebrar elecciones periódicas. El gobierno dictatorial de Guinea Ecuatorial se había convertido a finales de los ochenta en un receptor incómodo para los donantes internacionales. Sus presiones y el nuevo clima de reformas democráticas en África animaron cierta apertura del régimen. En 1991 se aprobó la reforma constitucional que admitía la existencia de partidos políticos y preveía la celebración de elecciones periódicas para la elección del Presidente, la cámara legislativa, y los ayuntamientos. En 1993 se celebró un Pacto Nacional, que reunió al gobierno y su partido PDGE, con el resto de los 13 partidos recientemente reconocidos en el país[75].

Al mismo tiempo se profundizaron las medidas de liberalización económica propuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y en el marco de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central CEMAC (que había sustituido a la UDEAC). Se privatizaron empresas estatales y se establecieron beneficios legales a las inversiones directas extranjeras[76].

Como parte de las reformas constitucionales y legislativas, se empezaron a reconocer formalmente algunos de los derechos laborales. La Ley Fundamental, reformada en 1991, reconoce como uno de los fundamentos de la sociedad ecuatoguineana, “la protección del trabajo, a través del cual el hombre desarrolla su personalidad creadora de la riqueza de la nación para el bienestar social” (art. 5.d), mientras que el artículo 13.l. considera entre los derechos y libertades de los ciudadanos la “libertad de trabajo”. La constitución recoge también el derecho a la huelga (art. 10), dejando su posterior regulación a una ley futura; pero no hace un reconocimiento expreso de los sindicatos.

El año anterior se habían aprobado sendas leyes sobre la Ley sobre Ordenamiento General del Trabajo y el Régimen General de la Seguridad Social. En 1992 apareció la Ley sobre sindicatos y relaciones colectivas de trabajo, fundamentada, a decir de su preámbulo, en el derecho a la libertad de asociación reconocido en el artículo 13.k de la Ley Fundamental. Y también se aprobó la Ley sobre los funcionarios civiles del Estado. Todavía no se ha aprobado, sin embargo, la ley reguladora del derecho de huelga prevista en la constitución. (Sobre legislación del trabajo, véase recuadro 3). Más lentamente, Guinea Ecuatorial fue adhiriéndose a los Convenios de la OIT: sólo en 2001 ha ratificado los principales Convenios de la Organización, entre los que se encuentran los relativos a la libertad sindical números 87 y 98. (Véase recuadro 4).

Estas novedades políticas y legislativas han quedado en su inmensa mayoría sobre el papel, sin que se haya dado cumplimiento a sus previsiones. Guinea Ecuatorial sigue sufriendo un régimen familiar basado en la violencia cotidiana y el empobrecimiento de la población. La violación grave de los derechos humanos continúa siendo práctica habitual de los cuerpos de seguridad del Estado. La falta de libertad de los votantes y el fraude generalizado que se ha producido en todas las convocatorias electorales ha impedido la alternancia en el poder. Además, la represión y la intimidación permanente contra quienes militan en los partidos de la oposición, o en otras organizaciones políticas y sociales como las sindicales, disuade a la mayoría de las personas de participar en cualquier actividad en defensa de sus derechos[77]. El lenguaje de la democracia y las libertades civiles que ahora utilizan los gobernantes se ha convertido por tanto en un discurso ficticio y vacío de contenido.

En cuanto al ámbito laboral, no existe participación alguna de trabajadores o empleadores en la definición de la política del gobierno. En la práctica, las normas laborales apenas son tenidas en cuenta por las empresas a la hora de contratar y de establecer las condiciones para sus trabajadores. Las autoridades laborales son incapaces de hacer prevalecer la ley, dada la implicación directa de la clase gobernante en la actividad empresarial del país, ya sea como dueños de empresas, socios o accionistas, o como valedores de este o aquel empresario. La mayor parte de las empresas extranjeras instaladas en el país, fuera del sector extractivo, tienen en nómina a uno o más prohombres del régimen. Frente a la acción de estos valedores, decae la aplicación de la ley.

La resistencia de los gobernantes guineanos a permitir un juego político más abierto y democrático es debida, en parte, a la función que cumple el Estado como principal instrumento de acumulación económica y política en las sociedades africanas. En Guinea Ecuatorial, los gobernantes aprovechan el aparato estatal, y su papel de intermediario principal entre la población y los mercados e instituciones internacionales, para participar en una red de actividades económicas legales o ilegales de carácter transnacional[78]. En el país no existe ámbito social o económico autónomo al margen de las personas que ocupan el Estado, que controlan o mantienen importantes intereses en las empresas más importantes del país. Y a pesar de las dos décadas de liberalización económica y privatizaciones promovidas desde las instituciones financieras internacionales, las redes clientelares que comienzan en la cúpula del gobierno siguen controlando toda la fábrica social. El acceso y el control de este Estado patrimonialista y extravertido se convierte así en un asunto de intensa competencia, y hace que los detentadores del poder utilicen cualquier medio para no abandonarlo[79].

La inconsistencia y parálisis del proceso de democratización generó cierta reacción de censura de los donantes internacionales en la primera mitad de los años noventa. El gobierno español retiró en 1994 la mayor parte de la cooperación de apoyo institucional con el país, y un año más tarde la administración Clinton decidió clausurar la embajada estadounidense. En 1996 el FMI suspendió sus programas como consecuencia de la falta de cumplimiento de sus recomendaciones[80]. Todo ello coincidió con malos momentos para la economía de Guinea a raíz de la devaluación del Franco CFA en agosto de 1993, y el gobierno necesitó urgentemente de la cooperación internacional. Esta coyuntura fue aprovechada por los países donantes, especialmente España, para condicionar políticamente su asistencia, lo que contribuyó a la celebración de las elecciones más democráticas desde la independencia, las municipales de septiembre de 1995. En ellas, la oposición agrupada en la Plataforma de Oposición Conjunta (POC) demostró que era capaz de atraer a la mayoría del electorado si se garantizaba la libertad de expresión y de voto, aunque el gobierno no reconoció todas las alcaldías realmente obtenidas[81].

Sin embargo, las conminaciones externas a la democratización se han mostrado ineficaces para conseguir algo más que la modificación formal de la legislación del Estado. Esto es así especialmente después del descubrimiento de inmensos yacimientos petrolíferos en las aguas continentales de Guinea Ecuatorial. Los ingresos provenientes de las empresas multinacionales que explotan el petróleo hicieron innecesaria la ayuda al desarrollo para la supervivencia del Estado y han provocado la casi desaparición de las presiones externas a favor de los derechos y libertades en el país. Los principales donantes de Guinea Ecuatorial se muestran desde entonces complacientes ante la situación política guineana, con la vista puesta en la participación de sus empresas en la lucrativa industria del petróleo. Muestra de este desinterés fue el éxito obtenido por el lobby promovido por el gobierno guineano al lograr que Naciones Unidas retirara en 2002 su Relator Especial para los Derechos Humanos en el país.

Para la mayoría de la población, los efectos políticos del petróleo se demuestran bastante perversos[82]. Como veremos más adelante al hablar de la economía, el carácter de enclave de la producción petrolífera y la propiedad estatal de los yacimientos ha reforzado la centralidad de los ocupantes del Estado, que poseen un acceso directo a una extraordinaria fuente de riqueza, sólo mediado por empresas extractivas extranjeras. Todo ello ha alimentado el autoritarismo y la capacidad de control y represión de los gobernantes: parte de los ingresos del petróleo se invierten en la seguridad del Presidente y su familia y las empresas extranjeras. Además, se han visto reforzadas las dinámicas de patrimonialismo y clientelismo político, al aumentar el gobierno su capacidad de cooptación política para neutralizar a potenciales opositores. El acceso a un trabajo asalariado es precisamente uno de los instrumentos que utiliza el gobierno para premiar o excluir a las personas en función de su adhesión al partido en el poder. En cuanto a las elecciones que se han seguido celebrando en el país, lejos de avanzar en la limpieza, las posteriores a las municipales de 1995 han sido una sucesión de fraudes manifiestos.

El gobierno no parece considerar la posibilidad de que las riquezas del petróleo puedan beneficiar al conjunto de la población, pues el empobrecimiento deliberado de sus ciudadanos es otro de los instrumentos contra la movilización política y social. De ahí que condene al ostracismo laboral a todas las personas que militan en los partidos de la oposición o expresen su rechazo a la situación política vigente. Al participar en estas dinámicas, las empresas petrolíferas están contribuyendo a reprimir cualquier disidencia contra el régimen. Estas condiciones refuerzan la exclusión económica y política de la población, que sigue siendo más espectador que participante en los asuntos públicos de su país.

 

RECUADRO 2:
Instituciones del Trabajo

GOBIERNO.- El gobierno conserva el monopolio de la regulación y determinación, al menos en el plano formal, de las relaciones laborales. A estos efectos existe un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social encargado de llevar a cabo la política del gobierno es este campo. Actualmente el ministerio consta de dos Delegaciones Regionales de Trabajo, una en Malabo y otra en Bata; varias Direcciones Generales de Trabajo y Empleo, Promoción Ocupacional y Seguridad Social; y una Inspección General de Trabajo con sólo cinco inspectores.

Compete al Ministerio de Trabajo el conocimiento, por vía administrativa, de los conflictos entre empleados y empleadores derivados de las vicisitudes del contrato de trabajo. En primera instancia conoce de la demanda el delegado de trabajo territorialmente competente cuya resolución es recurrible ante el Director General de Trabajo, Empleo y Promoción Ocupacional y su decisión abre paso al recurso extraordinario de revisión ante el Ministro, que agota la vía administrativa, tras la cual procede el llamado recurso de suplicación ante el jurisdiccional competente. Una vez agotado el procedimiento anterior, cabe, como queda dicho, el recurso de suplicación ante el Tribunal de Apelación territorialmente competente (art. 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), y posteriormente el de casación ante la Corte Suprema de Justicia (art. 38.4 de la misma ley).

SINDICATOS.- Como se expondrá más adelante en el apartado reservado al movimiento sindical en Guinea Ecuatorial, actualmente no existe ninguna organización sindical reconocida que lleve a cabo libremente sus actividades. Todas salvo una de las solicitudes de reconocimiento legal presentadas han encontrado la negativa del gobierno, exigiendo requisitos nuevos a los contemplados en la ley o recurriendo al silencio administrativo para no tramitarlas. Los obstáculos a la existencia de sindicatos son muestra de la falta de voluntad política por parte del régimen para garantizar y hacer proteger los derechos de los trabajadores, a pesar de su reconocimiento formal por las leyes.

Por otra parte, el partido en el poder ha fomentado la creación de la llamada Organización Especializada de los Trabajadores del PDGE que dirige el hijo del Presidente Teodoro Nguema Obiang. Esta organización ha nombrado representantes y constituido células en muchas empresas, que tienen entre otras misiones ejercer de policía política, vigilando y denunciando la presencia de cualquier trabajador militante o sospechoso de militar en la oposición, así como de aquellos que puedan ser cabecillas de movimientos de protestas, lo que puede llevar al despido inmediato.

PATRONALES.- En Guinea no existe una organización patronal que merezca tal nombre. Desde principios de los años noventa, existía de hecho una organización de microempresarios, sin reconocimiento legal, que reunía en su seno a propietarios de talleres mecánicos y electrónicos, carpinterías, sastrerías, etc. Su actividad se centraba en la búsqueda de reconocimiento y apoyo por parte de las autoridades e instituciones internacionales interesadas en la materia. Esta asociación era invitada a conferencias internacionales en representación de la clase empresarial guineana hasta que, en 1997, el Gobierno, obligado por las exigencias de su pertenencia a la CEMAC, decidió convocar a todos los empresarios ordenando su constitución en una patronal cuyos cargos fueron designados por razones de afinidad política y simpatía con el partido en el poder. Sus actividades han sido hasta ahora insignificantes.

 

RECUADRO 3:
Marco Normativo

La actividad laboral y los derechos inherentes a los trabajadores en Guinea Ecuatorial están regulados en varias leyes y otras disposiciones normativas de diverso rango, entre las que cabe destacar:

Ley Fundamental o Constitución (1982, revisada en 1991, 1995 y 2003)

Ley Orgánica del Poder Judicial (10/1984)

Ley sobre Ordenamiento General del Trabajo (2/1990)

Ley Reguladora de la Política Nacional de Empleo (6/1992), modificada por la Ley 6/1999.

Ley de Seguridad Social (D 104/1984) y Reglamento del Régimen General de la Seguridad Social (D 100/1990)

Ley de Sindicatos y Relaciones Colectivas de Trabajo (12/1992)

Ley reguladora de las agencias de trabajo temporal, (5/1999)

Decreto sobre Salario Mínimo Interprofesional (106/2000) y Órdenes que lo desarrollan

Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, (1/2004).

El papel de las leyes de Guinea Ecuatorial en la defensa de los trabajadores es muy ambiguo; aunque recogen en buena medida los derechos laborales reconocidos internacionalmente, el Estado no pone ningún medio para hacerlos efectivos. A la flaqueza y debilidad de las instituciones y la carencia de procedimientos, se suma la falta de voluntad política mostrada por los gobernantes. Todo ello contribuye a la contradicción que se vive en Guinea Ecuatorial entre lo que dicen las leyes y la práctica cotidiana de sus ciudadanos.

LEY FUNDAMENTAL DE GUINEA ECUATORIAL

La Ley Fundamental (Constitución) de Guinea Ecuatorial, data de 1982, y ha sido objeto de tres reformas: la primera operada en 1991, llamada a reconocer el pluralismo político en el país; la segunda de 1995 para reforzar los poderes del Presidente y la tercera en 2003 para aumentar el número de miembros del parlamento guineano de 80 a 100. De estas reformas, en lo que interesa al presente estudio, la más importante es la de 1991, dado que por una parte recoge o amplía el reconocimiento de determinados derechos de los trabajadores, como el derecho a la huelga y a formar sindicatos. Pero al mismo tiempo reduce a su mínima expresión la regulación de los derechos y garantías del trabajador contenidos en la constitución anterior, al suprimir su Título VI sobre “Trabajo, Seguridad Social y Promoción del Ciudadano” que establecía garantías, así como la obligación del Estado de promover y garantizar los derechos de los trabajadores. Fruto de este Título hoy inexistente es la ley de 1990 sobre Ordenamiento General del Trabajo.

El Titulo I de la Constitución actualmente en vigor, dedicado a los principios fundamentales del Estado, incluye en el art. 5 “la protección del trabajo a través del cual el hombre desarrolla su personalidad creadora de la riqueza de la nación para el bienestar social”. En el art. 13 sobre los derechos y libertades de que goza todo ciudadano, se incluye en el punto c) el derecho a la libertad de trabajo, sin las restricciones de la Constitución precedente, que abría la puerta al trabajo forzoso al establecer que “ninguna persona puede ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo excepciones previstas por la ley”.

El artículo 25 establece que el trabajo es un derecho y deber social, y el Estado reconoce su función constructiva para la mejora del bienestar y desarrollo de la riqueza nacional además de que se compromete a promover las condiciones económicas y sociales para hacer desaparecer la pobreza, la miseria y asegurar con igualdad a los guineanos las posibilidades de una ocupación útil que les permita no estar acosados por la necesidad. Nada de todo esto se produce en la realidad, si acaso todo lo contrario: no hay ni medidas ni políticas contra la pobreza o el paro y el gobierno pareciera interesado en mantener la pobreza de sus ciudadanos

El art. 10, reconoce el derecho a la huelga, ejercido en las condiciones previstas por la ley, aunque 14 años después de su reconocimiento, no se ha dictado ninguna ley que regule y garantice su ejercicio, excepto la parca regulación contenida en la Ley sobre Sindicatos que más adelante se comentará.

En cuando al derecho de sindicación, no hay nada escrito en la Constitución. En todo el texto de la ley fundamental sólo hay una mención a la palabra “sindicato” en el art.11, al decir que “los ciudadanos, los poderes públicos, los partidos, los sindicatos, las asociaciones y otras personas jurídicas están sujetos a la Ley Fundamental y al ordenamiento jurídico”. Sin embargo, y contrariamente al caso del derecho a la huelga, en 1992 se dictó la Ley sobre Sindicatos y Relaciones Laborales mencionada.

 

 

LEY 10/1984 ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL (20 junio)

La Ley Orgánica del Poder Judicial instituyó las Magistraturas de Trabajo como órganos jurisdiccionales encargados de conocer en primera instancia cualquier litigio o cuestión en materia laboral y de seguridad social (art. 11). Sin embargo, dichas Magistraturas de Trabajo nunca fueron constituidas.

La dependencia y sujeción del Poder Judicial al Ejecutivo y la politización del mercado laboral y de las relaciones entre empleados y empleadores dio lugar a que en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada en 1988 fuesen eliminadas las Magistraturas de Trabajo de la ley anterior. El Ministerio de Trabajo y Promoción Social asumió formalmente, como ya lo hacía en la práctica, la función de primera instancia en los litigios entre empleados y empleadores. Sólo tras agotar las instancias administrativas, podrán éstos acceder a la vía jurisdiccional a través de las Salas de lo Civil y Social de los Tribunales de Apelación por medio del llamado recurso de suplicación establecido en el artículo 47.

De hecho el procedimiento administrativo es tan largo, tedioso y costoso que casi nunca es agotado por trabajadores que se desaniman a lo largo del mismo y, de este modo, los asuntos laborales casi nunca llegan a los tribunales de justicia.

 

LEY 2/1990 SOBRE ORDENAMIENTO GENERAL DEL TRABAJO (4 enero)

Como indica su nombre, ésta es considerada como la ley laboral por excelencia en Guinea Ecuatorial. Dictada en 1990, antes del reconocimiento formal del multipartidismo, no reconoce ni el derecho a la huelga ni el de sindicación si bien en su articulado (art. 48.7 y 8) hace una profusa mención de las organizaciones de los trabajadores o de los empleadores apostillando “cuando las hubiere”.

En lo que se refiere a la negociación colectiva el art. 1.7 establece que el Estado fomentará el pleno desarrollo de los mecanismos de negociación voluntaria para regular mediante convenios entre empleadores y trabajadores las condiciones de empleo y la solución de los conflictos por los procedimientos de mediación, arbitraje y conciliación. Y en el art. 5 reconoce como fuente del derecho laboral, entre otros, a los convenios colectivos. No obstante, el Estado no ha dictado ninguna disposición normativa para crear mecanismo o institución alguna para hacerla efectiva.

No se reconoce la mediación ni el arbitraje como medios de resolución de los conflictos laborales, que se recogerán sin embargo en la Ley sobre Sindicatos y Relaciones Colectivas de Trabajo de 1992. Sólo el art. 82.1 regula el procedimiento de reclamación en caso de despido, que faculta al Delegado de Trabajo a intentar una conciliación entre las partes antes de decidir sobre si el despido es justificado o no.

La ley laboral recoge en el artículo 1.1. el principio de la libertad de trabajo así como su carácter voluntario. No obstante, el mismo art. 1.3 consagra la excepción a este principio reconociendo la posibilidad del trabajo forzoso u obligatorio en los términos que establezca la ley, que en el caso de la que comentamos se refiere al “deber social de contribuir con el propio esfuerzo a las tareas cívicas normales y de los pequeños trabajos comunales decididos libremente por la comunidad”.

La ley establece la presunción de existencia de un contrato de trabajo, salvo que se pruebe lo contrario, entre cualquier persona que presta un servicio y quien lo recibe. El contrato de trabajo puede ser convenido por tiempo indeterminado o determinado así como para una obra determinada (art. 7). El salario es el que libremente determinen las partes, aunque éste no podrá ser inferior al mínimo legal establecido, extremo éste que pocas veces se tiene en cuenta y muchos trabajadores perciben salarios inferiores al mínimo legalmente establecido.

Los derechos básicos de los trabajadores vienen recogidos en el art. 24 de la ley, entre los que se mencionan el derecho al trabajo y a la libre elección de oficio o profesión; a la ocupación efectiva; a no ser discriminado por ningún motivo; a la promoción y formación profesional en el trabajo; a la integridad física, al descanso y a trabajar en buenas condiciones de seguridad e higiene; al respeto debido a su intimidad y dignidad; a la percepción puntual del salario; al ejercicio de las acciones derivadas del contrato de trabajo; a la asociación profesional y a la negociación colectiva. Estos derechos se encuentran desarrollados en otros artículos de la ley. Sin embargo, no se encuentran garantizados en la práctica, y el trabajador se encuentra normalmente a merced del empleador.

En lo que se refiere a la jornada y semana laboral, dice la ley que la duración del trabajo diurno no excederá de ocho horas diarias y de 48 horas semanales mientras que si fuera nocturno, éste no excederá de las 6 horas diarias y 36 semanales. Tratándose de un trabajo que combina los dos periodos (diurno y nocturno) el tiempo de trabajo no excederá de las 7 horas diarias y 42 horas semanales, salvo las excepciones que recoge el mismo artículo de la ley.

Para los menores de 18 años, el artículo 48.7 impone que sólo podrán trabajar en horas diurnas y su jornada de trabajo no excederá de las seis horas diarias. Precepto que, como muchos otros, no se cumple en la realidad dada la incapacidad y la ausencia de voluntad de las autoridades para hacer cumplir la ley.

El art. 49 regula las horas extraordinarias y fija su máximo en dos horas diarias, con un máximo de doscientas al año. Se prohíben las horas extraordinarias en jornada nocturna. El art. 49.3 de la ley, establece la obligación de los empleadores de proceder al registro diario de las horas extraordinarias, totalizándolas semanalmente y dando cuenta detallada al trabajador, así como a la Inspección de Trabajo en el formulario correspondiente. Sin embargo, ni dichos formularios existen ni la Inspección de Trabajo exige o recibe información alguna sobre las horas extraordinarias que realizan los trabajadores en las diferentes empresas, a pesar de que la precariedad de los trabajos asalariados en Guinea Ecuatorial obliga a muchos trabajadores a aceptar horas extraordinarias sin respetar los máximos legales.

También regula la ley el derecho al descanso, tanto semanal como en lo que se refiere a los días festivos y el derecho a vacaciones anuales remuneradas.

La ley laboral contiene una regulación sobre el trabajo de los menores que bien podría ser calificada de permisiva, dado que, a pesar del texto del art. 1.1 “el trabajo de los menores de catorce años está prohibido”, (ha de entenderse que no lo está para los mayores de 14 años), a continuación en los incisos 2 y 3 del mismo artículo se introducen excepciones admitiendo el trabajo de los que han cumplido trece años de edad, para trabajos ligeros que no puedan perjudicar su salud o desarrollo e incluso para los niños de doce años de edad para “determinados empleos o trabajos ligeros de carácter artesanal o agrícola, taxativamente señalados por las autoridades del trabajo”. Señalamiento que no se ha hecho hasta la fecha, con el resultado de que es legal el trabajo de niños de doce años en Guinea Ecuatorial.

Una de las notas predominantes en la situación de desprotección de los derechos laborales en Guinea Ecuatorial es la incompetencia de la Administración debida la falta de voluntad política por garantizar dichos derechos como parte importante que son del derecho internacional de los derechos humanos. Sobre este aspecto se pueden citar muchísimos ejemplos de lo que constituye una abrumadora dejación de las responsabilidades de la Administración en la materia. El art. 20 de la ley dice “los empleadores enviarán cada tres meses a las autoridades del trabajo una relación detallada del número y nombres de sus trabajadores, con indicación del oficio que desempeñaran y de su salario y demás condiciones de trabajo”. Ningún empleador cumple con este deber legal de información y ninguna autoridad laboral se interesa ni sanciona este incumplimiento, lo que entre otros extremos explica el absoluto desconocimiento de las autoridades laborales sobre la situación del empleo y de los trabajadores en el país.

El único procedimiento para que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos cuando los consideren violados es el recogido en los artículos 81 y 82 de la ley, sobre “recurso contra el despido”, según el cual, en caso de despido, el empleado presenta su reclamación al Delegado de Trabajo, quien intentará una conciliación y si no prospera decidirá sobre si el despido es injustificado o no. Contra dicha decisión cabe un recurso de alzada ante el Director General de Trabajo y contra la decisión de éste procede el recurso extraordinario de revisión ante el Ministro de Trabajo, cuya decisión abre la vía jurisdiccional mediante el llamado recurso de suplicación ante el Tribunal de Apelación territorialmente competente.

Este procedimiento es largo, tedioso, costoso y por su dilatación y obstáculos políticos, está fuera del alcance de la mayor parte de los trabajadores, que normalmente lo abandonan en la primera instancia ante el Delegado de Trabajo, donde se puede estar más de tres meses esperando que dicte una resolución que normalmente es favorable a los empleadores, que suelen ser los mismos hombres fuertes del gobierno o sus asociados extranjeros.

LEY 6/1992 REGULADORA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EMPLEO (3 enero)

Esta ley establece por una parte las líneas básicas de la política del gobierno hacia el empleo y sus órganos ejecutores, y por otra trata de los trabajadores extranjeros en Guinea Ecuatorial así como de los regímenes especiales de empleo.

El art. 1º define la política de empleo como aquella que fomenta el pleno empleo, productivo y libremente elegido con el fin de estimular el crecimiento y desarrollo económico, y así elevar el nivel de vida del trabajador, satisfaciendo las necesidades de la mano de obra y resolviendo sus problemas de desempleo y subempleo.

El órgano ejecutor de la política nacional de empleo es la Dirección General de Trabajo, Empleo y Formación Ocupacional (art. 5), que lo realiza a través del Servicio Nacional de Empleo y de los Centros de formación Profesional Ocupacional (art. 6). El Servicio Nacional de Empleo tiene supuestamente una Oficina Central en la Dirección General de Trabajo, Empleo y Formación Ocupacional y Oficinas Periféricas, ubicadas en las Delegaciones de Trabajo (art.9).

El Servicio Nacional de Empleo, aparte de los objetivos de estudiar y promover la generación de empleos, planificar la fuerza de trabajo y promover y supervisar la colocación de los trabajadores (art.7) tiene entre sus funciones: la confección y revisión periódica del Censo Laboral; fomentar la formación permanente del trabajador; determinar las causas del desempleo y del subempleo de la mano de obra rural y urbana, analizando de forma permanente el mercado de trabajo; formular y actualizar periódicamente la clasificación nacional de ocupaciones; promover, directa o indirectamente, el aumento de las oportunidades de empleo y encauzar debidamente las ofertas y demandas de trabajo.

Esta última mención es de mucha importancia teniendo presente el art. 11, que establece la gratuidad del servicio prestado en materia de colocación de los trabajadores por parte del Servicio Nacional de Empleo. Y además obliga a toda empresa legalmente instalada en el país y que tenga necesidad de mano de obra a solicitar de las Oficinas de Empleo los trabajadores que necesite, clasificados por oficios y categorías, quienes vienen obligados a inscribirse en la Oficina de Empleo de su domicilio cuando estén desempleados.

Nada de lo dicho en la ley que comentamos tiene lugar en la realidad, no hay ninguna política nacional de empleo, ni Servicio Nacional de Empleo que funcione. Además, las agencias de contratación que actualmente trabajan en el sector petrolífero y están en manos de familiares y colaboradores directos del Presidente, realizan una actividad que según esta ley corresponde al Estado y suponen una dejación de las funciones y responsabilidades de la Administración pública establecidas en esta ley. En 1999 se aprobó una ley en relación a estas agencias que se comenta más adelante.

Los otros aspectos que regula la ley en lo referente a los trabajadores extranjeros, en materia de concesión y renovación de los permisos de trabajo así como los regímenes especiales de empleo, más concretamente sobre empleo de los minusválidos, son pura ficción legal.

 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, aprobada por Decreto 104/1984 (10 marzo), y REGLAMENTO DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, aprobado por Decreto 100/1990 (28 septiembre)

Fue promulgada en el año 1986 y entre sus disposiciones generales establece que el régimen de Seguridad Social protegerá a los ecuatoguineanos sin discriminación por condiciones personales o sociales (art. 4). Entre los beneficiarios se incluyen a los trabajadores por cuenta ajena, los funcionarios públicos de la Administración del Estado y de las instituciones autónomas, los socios trabajadores de cooperativas de producción, el clero, los estudiantes y otros grupos de población.

Nada se dice de los parados, que de este modo quedan legalmente marginados y, si tenemos en cuenta que algo más del 80% de la población trabaja en el sector no asalariado y pueden considerarse técnicamente como parados, resulta que la ley que comentamos deja fuera prácticamente a la mayoría de la población de Guinea Ecuatorial.

Los subsidios o prestaciones que regula la ley son las prestaciones médico-farmacéuticas, el subsidio de incapacidad temporal, el subsidio de maternidad, las prestaciones por invalidez, la pensión de vejez, las prestaciones por muerte o supervivencia y los subsidios familiares.

Las prestaciones son escasas y de corta duración y su obtención es muy difícil debido a la corrupción que impregna el funcionamiento del INSESO. Para la mayoría de los guineanos asegurados las prestaciones médico-farmacéuticas simplemente no existen, pues en los hospitales del país son los mismos enfermos o sus familiares los que han de comprar todos los medicamentos.

La aplicación de la ley a los trabajadores autónomos es pura ficción, no hay regulación para su inscripción en ese régimen y no existen datos de que algún trabajador autónomo esté asegurado al amparo de la ley que comentamos.

Mediante decreto núm. 100/1990, de fecha 28 de septiembre, se aprobó el Reglamento del Régimen General de la Seguridad Social, que no añade ni aclara nada sustantivo de lo regulado en la ley ni sirvió para mejorar la efectiva aplicación de la misma.

 

LEY 12/1992 SOBRE SINDICATOS Y RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO (1 octubre)

Según la exposición de motivos de esta ley, su finalidad es sentar las bases para la promoción de asociaciones de empleados y empleadores y de negociaciones colectivas de trabajo y establecer mecanismos que favorezcan la solución de los conflictos colectivos entre empleadores y empleados.

La ley consta de dos títulos, el primero dedicado a los sindicatos y el segundo a las relaciones colectivas de trabajo, que regula “la negociación colectiva”, “la huelga” y “el cierre patronal”. Quedan excluidos del ámbito de la aplicación de la ley los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado, lo mismo que los funcionarios de la Administración Pública, a la espera, para estos últimos, de una ley especial que trece años después no ha sido promulgada.

El artículo 2 establece que “los empleados y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar la presente Ley y los estatutos de las mismas”. Y el artículo 8, “que los empleados deberán gozar de la adecuada protección contra todo acto de discriminación tendente a menoscabar la libertad de asociación profesional en relación a su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) sujetar el empleo de un empleado a la condición de que no se afilie a una asociación profesional o a que deje de ser miembro de la misma; b) despedir a un empleado o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación a una asociación o de su participación en actividades gremiales fuera de su hora de trabajo, o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”.

Esta normativa se muestra en general garantista de los derechos sindicales, aunque establece una dificultad legal para la creación de sindicatos: mientras que para las asociaciones de empleadores sólo se exige un número de tres empleadores, para las organizaciones de trabajadores se exige un mínimo de 50 trabajadores de un mismo sector. No obstante, las mayores dificultades son las que existen en la práctica, debido a los obstáculos administrativos, la marginación laboral y la persecución personal que sufren quienes quieren organizarse profesionalmente. Como consecuencia de ello, trece años después de promulgada la ley no existe en el país ningún sindicato de trabajadores ni asociación de empresarios que lleve a cabo sus actividades de forma reconocida y normalizada. (Véase Sección 4 sobre sindicatos en Guinea Ecuatorial)

La inexistencia de organizaciones de trabajadores y empleados afecta negativamente a la negociación colectiva regulada en el capítulo I, del título II de la misma ley, pues ésta exige de dichas organizaciones para poder llevarse a la práctica. El artículo 25 de la ley estipula que “El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, estimulará y fomentará entre los empleadores y sus organizaciones, por una parte, y las organizaciones de empleados, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar, por medio de convenios colectivos, las condiciones de empleo”; mientras que el art. 26 insiste diciendo que, “el empleador que emplee empleados miembros de una asociación tendrá la obligación de celebrar con ésta, cuando lo solicite, un convenio colectivo”.

La Comisión Consultiva Tripartita que se contempla en el artículo 30 para la promoción de la negociación colectiva, integrada por un representante del Ministerio de Trabajo, un representante de los empleados y un representante de los empleadores, nombrados por el Gobierno, nunca se ha constituido. Del mismo modo, tampoco se ha hecho uso del mecanismo contemplado en el artículo 30, según el cual, “mientras no existan asociaciones capaces de exigir negociaciones colectivas” el Ministerio de Trabajo y Promoción Social podrá convocar a varios empleadores y empleados “para examinar las cuestiones más relevantes relativas al trabajo y sobre todo la posibilidad de que sean voluntariamente mejoradas las condiciones de trabajo y la remuneración”, lo que “producirá los efectos de un convenio colectivo”. El incumplimiento de todas estas previsiones sólo refleja la falta de voluntad del régimen por dar efectividad a la posibilidad de la negociación colectiva.

La regulación del derecho de huelga, que aparece en el capítulo II del mismo título II, es parca y no ha tenido aplicación alguna. El artículo 35 exige que los empleados hayan agotado uno de los procedimientos de solución de conflictos contemplados en la misma ley, y que la misma sea declarada de conformidad con lo establecido en los estatutos de la asociación de que se trate y por mayoría de los empleados interesados. A falta de asociaciones, se hace difícil cumplir este último requisito y convocar legalmente una huelga, pues normalmente los empleados de las grandes empresas se ven obligados a pertenecer a la organización especializada de trabajadores del partido en el gobierno PDGE (Véase Sección 4).

En cuanto a los procedimientos para la solución de conflictos de trabajo, los artículos 42 a 46 de la ley contemplan el arreglo directo, la mediación, el arbitraje y la huelga. El art. 47 establece una Junta de Conciliación y Arbitraje que está integrada por un Magistrado de la jurisdicción laboral (inexistente hasta ahora en el país), el Delegado de Trabajo de la Jurisdicción, un representante de la asociación de empleados más representativa del sector afectado y un representante de la asociación de empleadores más representativa del sector donde ocurre el conflicto. Después de más de trece años, no se ha dictado el reglamento que la misma ley contempla, ni designado ningún miembro de la Junta.

 

LEY 5/1999 REGULADORA DE LAS AGENCIAS DE TRABAJO TEMPORAL (6 diciembre)

Las Agencias de Trabajo Temporal comenzaron a funcionar en Guinea Ecuatorial en 1995, tras el inicio de la explotación del petróleo en el país. La ley que las regula, de 1999, nunca ha sido aplicada, dado que ninguna de las agencias existentes hasta entonces o las que han sido creadas con posterioridad a la entrada en vigor de la ley se han sometido a las exigencias de la misma, ya sea en relación a su establecimiento y funcionamiento como en la relación o trato dado a los trabajadores.

Entre los requisitos para el establecimiento de una agencia, es necesaria una autorización administrativa (art. 2); la constitución de un Fondo de Garantía Inicial por un valor de 10.000.000 FCFA, en un banco comercial nacional, bajo el control semestral del Ministerio de Trabajo (art. 3); la inscripción de toda agencia en un registro en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (art. 4). Asimismo, las agencias tienen la obligación de remitir mensualmente a dicho Ministerio los contratos de puesta a disposición que hayan firmado (art. 6.2). En lo que respecta a las relaciones con los trabajadores, la ley establece que los contratos de puesta a disposición no pueden tener una duración superior a seis meses, art. 7. c), debiendo ser formalizados siempre por escrito “en el modelo oficial anexo a la ley”, que no existe. Ninguna de estas exigencias legales es respetada por las agencias existentes.

Las agencias de trabajo temporal están todas en manos de los hombres más poderosos del régimen, y existen y funcionan al margen de cualquier disposición legal, como se expondrá más adelante (Sección 3.2.). Entre sus objetivos está el procurar el enriquecimiento rápido de sus dueños, así como el control y la marginación laboral de los opositores políticos en las empresas petroleras americanas.

 

DECRETO 106/2000, POR EL SE FIJA EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y LOS SALARIOS BASE DE CATEGORÍAS PROFESIONALES DEL SECTOR PRIVADO (26 diciembre); DECRETO 38/2003 (28 abril); ORDEN MINISTERIAL 1/2003 (9 junio)

Con este Decreto se fija por primera vez en Guinea Ecuatorial el salario mínimo interprofesional y los salarios base de las diferentes categorías profesionales del sector privado, distinguiendo entre el sector no petrolero y el petrolero, clasificadas en ocho grupos: profesionales, técnicos y profesionales auxiliares, personal administrativo, trabajadores de los servicios y personal de comercio y ventas, trabajadores cualificados y similares, trabajadores y montadores de instalaciones y maquinarias, trabajadores de explotaciones agropecuarias, pesqueras y conexas y trabajadores no cualificados. Quedan excluidos de su ámbito de aplicación el personal doméstico, excepto cuando dicho personal esté vinculado a ejecutivos de empresas o empresarios en cuyo caso le son aplicables los salarios de base establecidos en el Decreto.

El salario mínimo en ambos sectores se fija en 75.000 FCFA, y los salarios base se obtienen multiplicando el mínimo interprofesional por los respectivos coeficientes que en el primer sector varían entre 5 que corresponde a los profesionales (con un salario base de 375.000 FCFA) y 1 para los trabajadores no cualificados (con un salario de 75.000 FCFA) mientras que en el petrolero van de 10 para los profesionales (con un salario de 750.000 FCFA) hasta 2,5 para los trabajadores no cualificados (con un salario de 187.500 FCFA).

Para los trabajadores considerados como personal ejecutivo homólogo, es decir los nacionales con categoría de personal de alta dirección o ejecutivo que prestan servicios en la empresa, el decreto establece que su salario no podrá ser inferior al 50% del de sus homólogos expatriados. Esta disposición nunca se cumple, en primer lugar porque los salarios de los ejecutivos expatriados no siempre se conocen, y en segundo lugar porque, cuando se conocen, son tan elevados que las empresas afectadas, con el beneplácito de las autoridades políticas y laborales, consideran inaceptable que un nacional pueda percibir el 50% del mismo. A pesar de lo que dice el decreto, los empresarios siguieron pagando a los trabajadores salarios inferiores a los que fijaba la norma.

Los dos decretos de 2003 vienen a sustituir las leyes anteriormente vigentes en materia de clasificación de categorías profesionales y los salarios base asignados a cada una. Los sectores de actividad se dividen en dos grupos, el primero, que agrupa el agropecuario, industrial, construcción, servicios, forestal, hostelería, banca y artes gráficas, mientras que el segundo grupo lo constituye el llamado sector petrolero.

En lugar de ocho se establecen cinco categorías:

§  Profesionales, se equiparan a los doctores, licenciados y asimilados. En el sector no petrolero les corresponde un coeficiente de cinco, lo que hace un salario base de 450.000 FCFA.

§  Técnicos y profesionales auxiliares, que incluye por una parte a los ingenieros técnicos, arquitectos técnicos, ATS, Peritos, Técnicos universitarios, e Informáticos, contables y asimilados, con un coeficiente de 4 y salario base 360.000 FCFA y, por otra, los maestros en oficios varios, con un coeficiente de 3,8, lo que hace un salario de 342.000 FCFA.

§  Personal administrativo, que incluye dos grupos, el de los oficiales de primera (contables, informáticos, gestores/as, ejecutivos/as y asimilados), con un coeficiente 3 y salario de 270.000 FCFA, y el de los oficiales de segunda (auxiliares contables, auxiliares informáticos, auxiliares gestores administrativos, secretarios/as y asimilados) con un coeficiente de 2,8 y salario de 252.000 FCFA.

§  Personal cualificado en oficios varios, que incluye a carpinteros, pintores, electricistas, fontaneros, albañiles, mecánicos, conductores y similares, con coeficientes que van de 1,8 hasta 1,1, y salarios que oscilan entre 162.000 FCFA y 99.000 FCFA.

§  Trabajadores no cualificados, en el que se incluyen peones, guardianes, mozos/as y asimilados, que tiene un coeficiente 1 y un salario base de 90.000 que, aunque no lo diga la norma, se supone es el salario mínimo interprofesional.

En el sector petrolero, que además de las empresas petroleras propiamente dichas incluye a todas las subcontratistas que operan con aquellas, las categorías y grupos profesionales son los mismos, pero los coeficientes varían entre 10 para los profesionales, con salario base de 900.000 FCFA, y 2.5 para el personal no cualificado al que corresponde un salario base de 225.000 FCFA.

Al igual que ocurría con la primera normativa que comentamos, con la actualmente vigente muchas empresas siguen pagando a sus trabajadores salarios inferiores a los legalmente estipulados.

LEY 1/2004 SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS, 2004 (14 septiembre)

Esta ley, además de castigar los delitos de tráfico ilícito de migrantes así como la trata de personas, castiga los delitos de abuso parental del menor y de trabajo infantil. Según el texto de la ley, en su artículo 4, se entiende por abuso parental del menor la “utilización de niños o niñas por sus parientes para la venta ambulante de mercaderías u otros trabajos durante la jornada escolar o en horas nocturnas”, se castiga con una pena de entre un mes y un año de prisión menor y multa que oscila entre 50.000 a 500.000 FCFA. Por su parte, el art. 5 establece que incurre en el delito de trabajo infantil “el que emplea, ofrece o acepta a un menor para realizar trabajo por cuenta propia o ajena, para el comercio formal o informal” y se castiga con un año de prisión menor y una multa no superior a 250.000 FCFA.

Con estas dos figuras delictivas se podría pensar que los niños están protegidos en Guinea Ecuatorial contra cualquier tipo de explotación laboral, lo cual no es cierto dada la falta de efectividad en el cumplimiento de las leyes y sobre todo, en este caso, a la confusión y limitación de la propia ley.

El art. 1, inciso b) de la ley que comentamos, define el concepto niño, como “toda persona desde su nacimiento hasta los diez años inclusive” por lo que, cuando se tiene más de diez años, desaparece el delito y estos menores pueden dedicarse no sólo a “trabajos ligeros y agrícolas” sino también a la venta ambulante de mercaderías y otros trabajos. Tratándose del delito de trabajo infantil, la ley utiliza el término “menor” que al no estar definido en el art. 1 de la ley genera confusión. De todas formas una interpretación coherente del art. 5 en relación al art. 4 y a su mismo enunciado, “delito de trabajo infantil” nos inclina a afirmar que aquí también lo que se prohíbe es emplear a menores de diez años, aunque esta vez sea sólo para “realizar trabajo por cuenta propia o ajena para el comercio formal o informal”, quedando permitido el emplearlos en otros sectores diferentes al del comercio formal o informal.

Resulta que esta ley, teóricamente dictada para sancionar y castigar el fenómeno del trabajo infantil, es de hecho más permisiva que la Ley sobre Ordenamiento General del Trabajo al rebajar de 12 a 10 años la edad mínima para el trabajo de los menores. En cualquier caso, esta es una ley sin ninguna trascendencia social, dictada sólo para su presentación ante determinadas instituciones internacionales que exigían al gobierno del país adoptar medidas contra el trabajo infantil, sin importar la sinceridad o efectividad de las mismas.

 

RECUADRO 4:
 Ratificación Convenios OIT

Guinea Ecuatorial ha ratificado en diferentes momentos algunos Convenios de la OIT[83].

En junio de 1985, ratificó el Convenio 1 sobre Horas de Trabajo (Industria) (1919); el Convenio 14 sobre Descanso Semanal (Industria) (1921); el Convenio 30 sobre Horas de Trabajo (Comercio y Oficinas) (1930); el Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración (1951); el Convenio 103 sobre Protección de la Maternidad (Revisado) (1952) y el Convenio 138 sobre la Edad Mínima (1973).

En abril de 1996 ratificó los Convenios 68 y 92, relativos a la tripulación de buques, sobre alimentación y el servicio de fonda (1946) y sobre alojamiento de la tripulación (1949) respectivamente.

Por último, muy recientemente, en agosto de 2001, tras el encuentro con una misión de la OIT, el gobierno se adhirió a otros Convenios fundamentales: el Convenio 29 sobre el Trabajo Forzoso (1930), Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación (1948); Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva (1949); Convenio 105 sobre la Abolición del Trabajo Forzoso (1957); Convenio 111 sobre Discriminación (Empleo y Ocupación) (1958); y Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999).

Guinea Ecuatorial ha suscrito 14 de los más de 180 Convenios existentes, lo que contrasta con los 45 de Camerún, 38 de Nigeria o 34 de Gabón, países vecinos. Por otra parte, no ha ratificado importantes Convenios: el 81 sobre la inspección del trabajo, 1947; el Convenio 122 sobre la política del empleo, 1964; el Convenio 129 sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969; ni el Convenio 144 sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976.

Por otra parte, como miembro de la OIT, el gobierno de Guinea Ecuatorial está obligado a presentar memorias con respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos tras la ratificación de los sucesivos Convenios. Sin embargo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Ratificaciones (CEACR) no había recibido ninguna de dichas memorias hasta 2004, como expresa y lamenta en sus sucesivas observaciones. En 2005 la Comisión recibió finalmente memorias relativas a 11 de los 14 convenios ratificados, pero todavía no ha presentado las primeras memorias sobre los Convenios 68, 92 y 182. Además la CEACR ha solicitado información adicional al gobierno sobre la aplicación de los Convenios 1 y 30 sobre horas de trabajo, y se ha interesado especialmente sobre las organizaciones de empleadores y trabajadores consultadas.

La situación de estas organizaciones en Guinea Ecuatorial, que se describe en este informe, hace muy difícil que el gobierno pueda dar cumplimiento por ahora a los requerimientos de la OIT a este respecto. Del mismo modo, tampoco puede responder a las observaciones de la CEACR pidiendo información sobre las gestiones que ha realizado para trasladar a la legislación nacional los convenios internacionales adoptados durante los diez últimos años.

La OIT ha prestado asistencia al gobierno de Guinea Ecuatorial para reformar las leyes laborales y para formar inspectores de trabajo. No ha habido ninguna continuidad de este contacto[84].

 

3.2. Los efectos de la economía del petróleo

La economía guineana ha sufrido a lo largo del tiempo importantes transformaciones, como las mostradas al narrar la historia de las relaciones laborales. La última gran mudanza se produjo a mediados de la década de 1990, cuando el país pasó bruscamente de la dependencia de la ayuda internacional a la dependencia de la explotación del petróleo. Con la producción de petróleo en cantidades cada vez mayores, la economía de Guinea Ecuatorial ha vivido un cambio radical. Mientras que en 1991 el PIB era de 130 mill. $[85], en 2000 se convirtió en 856 mill. $ y en 2004 en 2.368 mill. $, con un crecimiento medio entre 2000 y 2004 de 24,5%. Estos datos cobran una dimensión aún más extraordinaria si se valoran en relación al tamaño del país, con un territorio de 28.051 km2 y una población de medio millón de habitantes. Ello ha elevado el PIB per cápita del país a casi 5.800 $ en 2004[86].

La composición del PIB ha sufrido también un cambio drástico: mientras la agropecuaria constituía alrededor del 40% de la actividad productiva a principios de la década de 1990, en 2003 sólo significó el 3%, incluyendo tanto la agricultura de subsistencia como la dirigida a la exportación, mientras el petróleo ha pasado de nada a proporcionar el 85%[87]. El resto del PIB está compuesto por el sector servicios, básicamente del Estado, la explotación maderera, y la actividad industrial, concentrada casi exclusivamente en la construcción[88]. Lo que no ha cambiado en estos últimos años es la escasa diversificación de la economía guineana.

Si no se añaden otras dimensiones ni se analizan detenidamente sus componentes, estos datos agregados no reflejan la situación que vive la mayoría de la población. Ya señalamos los bajos Índices de Desarrollo Humano de Guinea Ecuatorial (Recuadro 1). Si excluyéramos la producción petrolífera, la renta per cápita se reduciría a unos 500 $, lo que se acerca mucho más a la realidad cotidiana de los guineanos. Por otra parte, la distribución de la población por sectores económicos está muy alejada de la estructura del PIB que acabamos de ver, y como puede apreciarse en el Recuadro 5. Todo ello es debido a que la causa del crecimiento, la industria de extracción de petróleo, constituye un ámbito en gran medida separado del resto de la economía guineana.

El carácter de enclave del sector petrolífero es descrito así por el economista Fernando Abaga: “se lleva a cabo en el mar, lejos de todo y de todos, generando poco empleo debido a su uso intensivo de capital... Se trata de un sector que exporta todo lo que produce e importa todo lo que consume, guarda por tanto poca relación con el resto de la economía. Con estas características su dinamismo no alcanza a los demás sectores y no juega el papel de “motor del desarrollo” que se esperaba de él. Contribuye, además, a esta situación la debilidad del sector privado en Guinea Ecuatorial y la práctica inexistencia de una industria de transformación que pudiera satisfacer localmente la demanda de bienes y servicios generados por las industrias ligadas directamente al petróleo, todo lo cual contribuiría a integrarlo en la economía nacional. En consecuencia puede decirse que la evolución del sector petrolero es independiente del resto de sectores de la economía que (...) padece una situación de estancamiento”[89].

La principal actividad que sufre dicho estancamiento es la agricultura, tanto la comercial como la de subsistencia. No obstante hay algunos sectores que están experimentando una fuerte dinamización, especialmente los que ofrecen servicios específicos a la industria del petróleo. Pero también el de la construcción de edificios públicos, carreteras y viviendas. Asimismo, sectores tan diversos como las telecomunicaciones o el comercio informal, o actividades ilícitas como la prostitución, se han visto estimuladas por la llegada de trabajadores extranjeros e inmigrantes rurales a Malabo y Bata, principales centros urbanos.

Aunque muy por detrás del petróleo, la producción maderera, en expansión desde los años ochenta, refuerza las dinámicas socioeconómicas mencionadas, pues se trata de una actividad basada en concesiones estatales y con poca relación con la actividad económica de la población. Las principales empresas que operan en este sector son transnacionales asiáticas o rusas. El ritmo insostenible de la explotación maderera amenazaba con poner en peligro no sólo el bosque guineano sino también el hábitat y las actividades agrícolas[90]; pero la importancia adquirida por la producción petrolífera ha hecho disminuir la extracción de madera hasta situarse en 2003 por debajo del límite legal de 450.000 m3.

Los efectos de la producción del petróleo en el resto de las estructuras económicas y sociales son, por tanto, contradictorios y responden en gran medida a la conocida como Enfermedad Holandesa. Mientras el Producto Interior Bruto y los ingresos del Estado se han multiplicado, los desequilibrios macroeconómicos se han exacerbado. El gasto público ha aumentado de manera espectacular, debido tanto a inversiones en grandes infraestructuras como a la apropiación indebida de los gobernantes. Y aunque el endeudamiento del Estado se ha reducido en términos relativos al PIB, las cifras de la deuda pública no han dejado de crecer[91]. También han aumentado las inversiones extranjeras, pero circunscritas en su inmensa mayoría a las infraestructuras extractivas.

Sin embargo, el porcentaje sobre el PIB del gasto público en servicios sociales como educación y salud, apenas ha experimentado un crecimiento significativo. Por otra parte, y como era de esperar del repentino crecimiento económico experimentado, la inflación se ha disparado, llegando a un máximo de 8,8% en el año 2002[92]. Esto significa que, aunque los recursos generados por la producción petrolífera apenas lleguen a la población guineana, ésta los sufre en forma de subida de los precios al consumo.

La riqueza generada por el descubrimiento del petróleo ha acentuado pues la desigualdad en la distribución de la renta. Es el pequeño círculo de personas que controla el Estado el que se beneficia directamente de los recursos. Ello es posible por la falta de transparencia y la corrupción generalizada en las finanzas públicas, que permiten la apropiación indebida de los recursos del petróleo. Según el propio FMI, no hay control fiscal sobre los pagos realizados por las empresas petrolíferas. Gran parte de las rentas que corresponden al Estado son ingresadas en cuentas bancarias en el extranjero, abiertas a nombre de los más altos cargos del gobierno[93]. Además, este grupo es el que monopoliza los pocos servicios que Guinea presta a las empresas concesionarias: venta de terrenos, desaduanaje, contratación de trabajadores, venta de gas, etc[94].

Como reconoce un Informe del Senado de Estados Unidos, “los más altos cargos del gobierno de Guinea Ecuatorial y sus familias dominan totalmente ciertos sectores de la economía del país y, en algunos casos, se han convertido en porteros o bisagras virtuales económicas para las empresas extranjeras que desean hacer negocios en el país. Por ejemplo, el Presidente Obiang controla algunas empresas que prácticamente monopolizan la construcción, los supermercados, y la industria hostelera y que generan beneficios significativos en otras áreas también. El hijo del Presidente domina al parecer la industria maderera y también posee empresas en otros sectores económicos. El Presidente y su mujer controlan amplias parcelas de terreno que han sido arrendadas o vendidas a las compañías extranjeras vinculadas al sector petrolífero. Este tipo de dominio económico obliga a las compañías extranjeras que quieren operar en Guinea Ecuatorial a hacer negocios con el Presidente, sus familiares, o las entidades que controlan, lo que les proporciona lucrativos beneficios”[95].

Ya señalamos los efectos políticos de la economía del petróleo, que ha reforzado los principales instrumentos del autoritarismo del Estado: la represión y la cooptación de los posibles opositores[96]. El surgimiento de una economía rentista en un régimen autocrático como el de Guinea Ecuatorial ha provocado el fortalecimiento político de los gobernantes, que al controlar una fuente de producción tan copiosa e independiente de cualquier sector de la población o de la ayuda internacional, pueden mantenerse más fácilmente al margen de las demandas de cambio[97]. Las presiones internacionales también se han visto amortiguadas debido a la campaña de lobby a favor del Presidente Obiang que realizan las empresas petrolíferas ante el gobierno de los Estados Unidos (ver Recuadro 6).

El gasto de los gobernantes en seguridad ha crecido exponencialmente, al tiempo que se ha privatizado en gran medida. La industria petrolífera ha generado unas necesidades específicas que monopoliza la empresa privada de seguridad Sociedad Nacional de Vigilancia (SONAVI), propiedad del antiguo Director de la Seguridad Nacional y hermano del Presidente, Armengol Ondó Nguema. Por ejemplo, empresas privadas extranjeras de seguridad han mantenido contactos con el gobierno guineano tratando de sustituir la anterior cooperación del gobierno marroquí en este ámbito. Es el caso de Military Professional Resources Incorporated (MPRI), formada por asesores militares privados estadounidenses[98].

Además de aumentar las capacidades de represión del gobierno, la gran afluencia de recursos petrolíferos está generando una intensa competencia por los mismos. Ello provoca, por una parte, conflictos internos dentro del grupo de personas que ocupan el poder y, por otra parte, ha estimulado al menos un intento, financiado por intereses internacionales, de derrocar al dictador por medios violentos a manos de mercenarios extranjeros[99]. Este clima de tensión sirve al gobierno para justificar las represalias contra la población, y la periódica celebración de juicios sin garantías contra miembros de la oposición, o colaboradores del mismo gobierno venidos a menos, acusándolos de ficticios golpes de estado.

La extracción de petróleo ha convertido la actividad económica de la mayoría de la población en residual para el Estado. Por su misma naturaleza, la economía de enclave no propicia que prospere ningún grupo socioeconómico al margen del Estado, y permite a quienes lo ocupan llevar a cabo una política de empobrecimiento y desmovilización de la población. De esta manera se evita que existan presiones articuladas a favor de una redistribución económica, y los ingresos del petróleo se filtran en muy escasa medida, y nunca de forma equitativa, al conjunto de la población. En las actuales condiciones políticas del país, puede decirse que la producción del petróleo, lejos de mejorar, ha empeorado las condiciones de vida de los ciudadanos guineanos.

No obstante, además de nutrir a las personas en el poder y a sus familias, el petróleo ha provocado un pequeño aumento del número de funcionarios y trabajadores en el sector de la construcción y de las empresas extractivas, así como un proceso de inmigración tanto de los países vecinos como de otras partes del mundo. La búsqueda de empleo de los guineanos es utilizado por los gobernantes como un instrumento más de cooptación política, pues a menudo el acceso a un trabajo asalariado depende de las simpatías hacia el partido en el gobierno. El mercado laboral en torno a la producción petrolífera se encuentra por tanto profundamente politizado, como veremos en la siguiente sección sobre relaciones laborales.

RECUADRO 5:
Estructura ocupacional de la población activa

El carácter de enclave de las producciones petrolífera y maderera hace que la estructura ocupacional de la población difiera enormemente de la estructura del PIB. Mientras la mayor parte de la población se dedica a la agricultura, el peso de ésta en el Producto Interior Bruto ha ido disminuyendo con el tiempo hasta un 3,3%; por su parte la actividad extractiva, poco intensiva en trabajo y que sólo ocupa al 0,7% de los trabajadores, constituye la principal actividad económica del país (85% PIB). No obstante, en los últimos años, la estructura ocupacional ha sufrido cambios importantes, aunque no tan espectaculares como la del PIB, como puede apreciarse en los gráficos que siguen. En ellos comparamos la estructura del PIB con la estructura de la población activa en 1994 y 2002.

 

Evolución de la estructura del PIB y de la PEA (1994-2002), en %

 

PIB

 

 

Poblac. Activa

 

 

1994

2002

 

1994

2002

Agricultura y pesca

29,4

3,3

 

70,5

50,9

Madera

19,1

2,5

 

 

 

Petróleo

18,3

84,9

 

 

0,7

Construcción

4,9

2,5

 

2,1

6,1

Sector secundario (resto)

4,7

0,6

 

2,1

2,6

Comercio

9,4

1,9

 

6,7

7,4

Admón. Pública

5

2,4

 

4

6,3

Sector terciario (resto)

7,3

1,7

 

9,7

10,7

Impuestos importación

1,9

0,2

 

 

 

Actividades mal definidas

 

 

 

4,9

14,1

Fuentes: FMI[100] y Censos de Población 1994 y 2002[101].

 

La mayoría de los ciudadanos se dedica a las actividades agropecuarias, aunque la cifra ha descendido del 70,5% en 1994 al 50,9% en 2002. Este descenso es debido a la llamada enfermedad holandesa, término con el que los economistas describen los efectos depresivos de una actividad de enclave, como la del petróleo, sobre la mayor parte de los sectores productivos. En Guinea Ecuatorial, muchas personas han emigrado de las zonas rurales a las urbanas en busca de un empleo. En cuanto al género, las mujeres están ocupadas en labores agrícolas en un 60% del total de la población activa femenina, mientras que los hombres sólo lo están en un 42%. (En 1994 eran el 81,5% de las mujeres y el 60% de los hombres)[102].

El sector servicios ha experimentado un crecimiento sensible en la última década: en 1994 ocupaba al 20,4% de la población activa y según el censo de 2002 ocupa al 24,4%. De este porcentaje, trabajan en la Administración del Estado 13.603 personas (de las cuales 10.177 son hombres), lo que supone aproximadamente el 6,1% de los trabajadores. Por su parte, el comercio da empleo al 7,4%, con una ligera mayoría de mujeres.

Por último, el sector secundario es muy pequeño en términos de ocupación de la población, y está compuesto, fundamentalmente, por la construcción y la industria extractiva, y en menor medida otras actividades como la producción de energía o las manufacturas. No hay datos contrastados sobre el número de trabajadores nacionales en el sector petrolífero, aunque se estiman en unos 4.000[103]. La construcción es la única actividad del sector que ha experimentado un significativo aumento de mano de obra, de 2,1% en 1994 al 6,1% en 2002.

En cuanto a los trabajadores inmigrantes, Guinea Ecuatorial se ha convertido en los últimos años en receptor neto de personas procedentes de países limítrofes, especialmente Camerún (21,7%) y Nigeria (9,4%)[104]. En 1994 según el censo de población eran sólo 5.859 los extranjeros residentes en el país; hoy es difícil, calcular con exactitud el número de inmigrantes[105]. Por otra parte hay que tener en cuenta que la mayor parte de los trabajadores, técnicos o manuales, de las plataformas marítimas no son guineanos, pero apenas pisan el suelo del país, por lo que tampoco son contabilizados como inmigrantes.

 

RECUADRO 6:
La empresas multinacionales y la producción petrolífera

El Golfo de Guinea (Nigeria, Angola, Camerún y Gabón) se ha convertido ya en un área económicamente estratégica en la producción de crudo[106]. Esta consideración lo es especialmente para Estados Unidos[107]. Iniciadas en 1992, las prospecciones petrolíferas en Guinea Ecuatorial comenzaron a dar frutos significativos en 1996, con 17.000 barriles por día (bpd), producción que se ha ido incrementando exponencialmente hasta los 371.700 bpd del año 2004. Ello lo ha convertido ya en el tercer productor de petróleo en África Subsahariana, y también el tercer receptor de inversiones directas estadounidenses.

De los tres principales yacimientos de Guinea, Alba y Zafiro se encuentran en las aguas territoriales de la isla de Bioko, mientras que frente a las costas de Río Muni está el yacimiento de Ceiba, que comenzó a explotarse en 2000. Los yacimientos de Bioko son también ricos en metano y gas natural, que hasta hace poco se quemaba, pero que en los últimos tiempos ha comenzado a aprovecharse. Recientemente se han aprobado los planes para la construcción de una planta de licuación de gas natural en la isla.

La explotación de petróleo y derivados es realizada por grandes empresas transnacionales, en su mayoría de capital estadounidense. En Zafiro opera fundamentalmente ExxonMobil, que en los últimos tiempos ha realizado importantes inversiones para aumentar la producción hasta los 280.000 bpd. En Ceiba opera Amerada Hess (que absorbió a Triton Energy), junto con la surafricana Energy Africa (comprada por la británica Tullow Oil) y la empresa nacional guineana GEPetrol. La producción de condensados y gas natural en Alba corresponde fundamentalmente a Marathon Oil, en conjunto con Noble Energy, y la empresa británica British Gas Plc ya ha comprado toda la producción de los próximos 17 años de una nueva planta de gas natural en construcción.

Otras empresas poseen licencias de exploración o alguna participación en las principales explotaciones, como Chevron-Texaco, Devon Energy, Vanco Energy, Atlas Petroleum International Ld. (Nigeria-Estados Unidos), Petronas (Malasia), Sasol Petroleum (Suráfrica), PetroSA (Suráfrica), Roc Oil (Australia), Glencore (Suiza) y Repsol (España), que compró en 2003 el 25% de un bloque de exploración frente a Río Muni[108]. La construcción y explotación de infraestructuras necesarias para la explotación petrolífera está también en manos de grandes compañías internacionales, como Incat Petroleum Services - IPS (Gran Bretaña), encargada de la construcción del puerto de Luba, o Pils (Holanda), del puerto de Malabo. La industria del petróleo requiere, además, de los servicios de muchas otras empresas de servicios tecnológicos y consultoría, que asesoran al gobierno, como es el caso de Exploration Consultant Group of Cías (ECL), Schlumberger-Western Geco, Inseis Terra, Transocean o Emerson Process Management. Se trata en general de una industria con un alto nivel de subcontratación de servicios y expertos internacionales, por lo que a menudo resulta muy difícil determinar la responsabilidad social de las empresas en relación a las relaciones laborales.

Todo el petróleo y el gas que se produce en Guinea Ecuatorial se exportan, y los derivados del petróleo que se consumen son importados. La única empresa que los comercializaba era la estatal GETotal, que tras un proceso de privatización parcial, ha pasado a pertenecer en un 80% a TotalFinaElf. En los últimos tiempos, también Mobil ha establecido surtidores en el país.

Los contratos del Estado guineano con las empresas petrolíferas han sido desde el principio muy beneficiosos para éstas. Los acuerdos reguladores establecidos en 1998 aumentaron la participación del gobierno en las ganancias del petróleo, pasando de un 13% a un 20% de las exportaciones. Éste sigue siendo, sin embargo, un porcentaje mucho menor que el que reciben otros países de la región, como Nigeria, que recibe más del 50%. No obstante, a los acuerdos formales hay que sumar los pagos secretos que realizan las empresas directamente a los prohombres del régimen guineano, promoviendo una dinámica general de corrupción y enriquecimiento de la elite política.

En febrero de 2001 se creó la empresa estatal GEPetrol, con el objetivo de representar al gobierno en los contratos de participación en la exploración y en la producción de petróleo con las empresas transnacionales. Además, participa en algunas joint ventures con empresas extranjeras. Esto ha provocado en cierto modo la duplicación de funciones con respecto a los Ministerios y la concentración de las decisiones públicas sobre el petróleo en manos de los más altos cargos del Estado, que ocupan su consejo de administración. Además, sus cuentas de gastos e ingresos no sufren el control del parlamento, substrayendo así a la ciudadanía información fundamental sobre la producción petrolífera. GEPetrol es propiedad del gobierno, pero se sospecha que haya sido parcialmente privatizada a favor de altos cargos gubernamentales. El gobierno ha anunciado en enero de 2005 la creación de otra compañía nacional, SONGAZ, para la Administración de la participación estatal en la extracción, tratamiento y distribución nacional de gas natural.

La contabilidad y gestión de los recursos provenientes del petróleo por parte del Estado es muy poco transparente, y se caracteriza por la corrupción generalizada. La mayor parte de las rentas que corresponden al Estado ha sido ingresada en cuentas bancarias en el extranjero, algunas de ellas a nombre de los más altos cargos del gobierno. Algunos de estos pagos se realizan en especie, como los viajes y los tratamientos médicos del dictador en clínicas privadas de Estados Unidos. Además, las empresas petrolíferas entran a menudo en negocios con altos cargos gubernamentales, sus familias o entidades controladas por ellos, sobre todo en relación al arrendamiento o la compra de terrenos, el pago de servicios de seguridad, la contratación de trabajadores (véase Sección 3.3), el pago de las misiones diplomáticas y la embajada del país en Estados Unidos, o el pago de becas de estudio a los hijos de los gobernantes guineanos. Algunas compañías, como ExxonMobil y Maratón, han participado en negocios conjuntos, en el ámbito de la producción petrolífera, con empresas que son total o parcialmente propiedad personal de los gobernantes guineanos, como Abayac S.A., GEOCAM o GEPetrol[109].

El Recuadro 7 trata de las denuncias contra la corrupción alimentada por las empresas del petróleo en Guinea Ecuatorial que han sido hechas recientemente por organizaciones internacionales a favor de la transparencia internacional. Estas denuncias compiten con el poderoso lobby de apoyo al actual régimen político en Guinea Ecuatorial, alimentado por las empresas petrolíferas americanas ante el gobierno de la gran potencia mundial. El Presidente Obiang se beneficia del asesoramiento técnico de consultores internacionales, como Bruce McColm de Internacional Decision Strategies para mejorar su imagen política en Estados Unidos. Ello se ha visto favorecido por los intensos vínculos de la Administración Bush con la industria petrolífera. La política de Washington en Guinea está más determinada por los intereses del petróleo que por los informes de su Departamento de Estado sobre la grave situación de los derechos humanos en el país. Prueba de ello es la decisión de 2002 de reabrir su embajada en Malabo, cerrada en 1995[110].

 

3.3. El trabajo en el sector asalariado

En Guinea Ecuatorial, el sector de la población que trabaja a cambio de un salario es relativamente pequeño. La mayoría de las economías familiares cuentan con el trabajo asalariado de alguno o algunos de sus miembros sólo como una fuente más de recursos, entre varias otras. El trabajo no asalariado, al que atenderemos en el próximo apartado, es para muchas familias el principal medio de sustento. Pero el acceso a la economía monetaria, que se logra a través de los salarios o el comercio, es imprescindible para disfrutar de ciertos servicios básicos, como la educación de los hijos e incluso la sanidad hospitalaria. Además, el salario, público o privado, de algún familiar es la principal forma, si bien indirecta, en la que las riquezas minerales del país se filtran a la población en su conjunto.

El trabajo asalariado, que ocupa a unas 30.000 personas[111], se concentra en la Administración del Estado, en las empresas privadas y en los proyectos de la cooperación internacional. En los últimos tiempos, con la transformación socioeconómica que ha sufrido el país desde el descubrimiento del petróleo, ha aumentado el trabajo en los sectores extractivo y de la construcción, aunque el número de ecuatoguineanos empleados en las empresas petrolíferas no llega en ningún caso a 7.000 (ver Recuadro 5). Por su parte, el sector público ha visto aumentar el número de funcionarios, hasta llegar a los 13.000. En cuanto a la cooperación internacional, ha disminuido su importancia, también en términos laborales.

No existe en el país un sector empresarial amplio que dé lugar a su vez a una clase de asalariados, y el carácter de enclave de la producción petrolífera tampoco genera la aparición de un número amplio de empresas locales de servicios. Las principales empresas, en los sectores clave como el inmobiliario, de transportes, de telecomunicaciones, de hostelería, y los ligados al sector petrolífero están en manos de los mismos gobernantes o sus familiares, a veces con la participación importante de socios extranjeros. Entre ellas destacan[112]:

SEGESA y ENERGE, compañías de distribución de electricidad;

ABAYAC S.A., holding de empresas del Presidente Obiang;

SONAVI, compañía privada de servicios de seguridad propiedad de Armengol Ondó Nguema, hermano del Presidente;

GETESA, empresa de telecomunicaciones;

Nusiteles G.E., compañía de telecomunicaciones propiedad del Presidente, el ministro de Asuntos Exteriores Pastor Michá Ondo Bile, el antiguo director de la Seguridad Nacional Armengol Ondó Nguema, el ministro de Justicia y Religión Rubén Maye Nsue Mangué, la corporación americana Internacional Decision Strategies de Bruce McColm;

GEPetrol y SONAGAS empresas estatales intermediarias entre el gobierno y las compañías petrolíferas, al parecer parcialmente privatizada en manos de altos cargos del gobierno;

GEOGAM (Guinea Ecuatorial Oil and Gas Marketing Ltd.), en el sector del gas, propiedad en un 25% del gobierno y un 75% por el mismo Obiang;

Grupo Sofana y Somagui Forestal, empresas del sector maderero, controladas por el hijo del Presidente.

 

En general, las iniciativas empresariales en Guinea Ecuatorial, nacionales o extranjeras, se encuentran con muchas trabas burocráticas, y sólo las personas afiliadas al partido en el poder y bien conectadas personalmente con el gobierno pueden aspirar a superarlas y mantener sus negocios.

Politización del mercado laboral

Una de las características más destacadas del mercado de trabajo asalariado es el clientelismo y la politización[113]. La obtención de un puesto de trabajo en la Administración del Estado depende más de las conexiones personales y familiares que de la formación y los méritos. Requisito casi imprescindible, aquí también, es la pertenencia al partido del jefe del Estado, PDGE. Del mismo modo, las principales empresas del país, al estar dirigidas por la elite gobernante, refuerzan esta dinámica en la que las personas que carecen de contactos se encuentran con graves dificultades para conseguir un contrato.

Esta situación se agrava para quienes manifiestan abiertamente su pertenencia o simpatía hacia la oposición política, y sus familias. La autorización y formación de partidos políticos a inicios de los años noventa conllevó, para muchos de quienes se animaron a participar en ese proceso, la pérdida de sus trabajos[114]. Asimismo, el gobierno aprovechó el acuerdo de ajuste estructural con el FMI de 1993 y 1994 para cesar a numerosos funcionarios, hasta 500, en su mayoría ligados a la oposición. En este contexto, muchas personas han encontrado en la cooperación internacional un ámbito menos politizado, donde los criterios meritocráticos pesan más a la hora de conseguir un contrato. Sin embargo, la retirada en 1993-1994 de gran parte de la cooperación española, que llegó a emplear a 2500 guineanos como profesores, sanitarios, conductores, mecánicos, vigilantes o cocineros, redujo su número drásticamente a unos 300.

La dificultad para encontrar un trabajo remunerado constituye uno de los principales instrumentos políticos contra la discrepancia y la organización política de la oposición. El control del trabajo que logra ejercer el grupo en el poder conlleva un intento de despolitizar la vida social. Se trata además de una presión ejercida desde el mismo seno de las familias: los militantes de la oposición se enfrentan a menudo con el apremio y hasta ostracismo de cónyuges, padres o hermanos, temerosos por la economía y la seguridad familiar. La concentración del poder en manos del Presidente Nguema y su familia y el miedo como uno de sus principales instrumentos políticos se manifiesta de este modo en el mismo ámbito laboral.

En cuanto al trabajo en las plataformas petrolíferas, el control sobre la contratación se hace a través de empresas intermediarias, pertenecientes en su mayoría a familiares del Jefe del Estado. Algunas de estas empresas de subcontratación de trabajadores son Amlocaser (de Armengol Ondó Nguema, hermano del Presidente, general del ejército y Delegado Nacional de la Seguridad), Nomex (de Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo del Presidente y Secretario de Estado de Minas y Energía), MSS (de Antonio Mba Nguema, hermano del Presidente, general del ejército y Ministro de Defensa), Atsige (de Manuel Nguema Mba, tío del Presidente, general del ejército y Ministro de Seguridad), Apegesa (de Juan Oló Mba Nseng, suegro del Presidente, ex Ministro de Minas e Hidrocarburos, diputado, decano del Colegio de Abogados, presidente del consejo de administración de SEGESA y comisario de la Seguridad Presidencial y Atanasio Elá Ntugu Nsa, actualmente Ministro de Minas y Energía), BomDen, (Julián Ondó Nkumu, coronel del ejercito y Director General de la Seguridad Presidencial[115]).

Capital humano

La politización del mercado de trabajo tiene un efecto negativo sobre el llamado capital humano, cuyas deficiencias no son consecuencia tanto de la ausencia de profesionales capacitados como de las dificultades estructurales que encuentran las personas más educadas para ser contratadas, lo que convierte a la emigración en una opción adoptada por muchas de ellas[116]. Por su parte, las empresas multinacionales, en su mayoría del sector petrolífero, así como las ONG, suelen emplear a personal técnico extranjero para las labores más especializadas, lo que genera un sector de profesionales expatriados desvinculado del resto de la población, al contrario que los profesionales autóctonos.

En cuanto a la formación de los trabajadores asalariados en Guinea Ecuatorial, los cuadros universitarios medios y superiores han estudiado normalmente en universidades extranjeras, muchas de ellas españolas, pero también la antigua Unión Soviética, y Cuba, y cada vez más de países occidentales como Francia o Estados Unidos. Desde principios de la década de los 80, un gran número de técnicos y auxiliares administrativos, como enfermeras, han estudiado en escuelas de Marruecos becados por los gobiernos de ambos países, y también en la Escuela Superior en Malabo, encargada además de la formación de maestros diplomados. Esta escuela, convertida en Escuela de la Administración Pública, ha seguido hasta la actualidad formando a los oficiales y auxiliares administrativos en el país.

En la ciudad de Bata y desde el régimen de Macías, venía funcionando la Escuela de Maestría Industrial, actualmente llamada Instituto Politécnico Modesto Gené, donde se gradúan oficiales y maestros industriales en las especialidades de electricidad, mecánica, madera, sanitaria o administrativa. Para la formación de los Auxiliares Técnicos Sanitarios se creó en Bata la Escuela de Sanidad. En Malabo funcionan, desde mediados de los años ochenta, una escuela de formación ocupacional, para profesiones varias (auxiliares administrativos, fontaneros, albañiles, electricistas etc.) y una escuela de capacitación agraria.

Debido al estado de abandono y de falta de recursos humanos y materiales de que adolecen, el nivel de formación que dispensan estos centros es muy bajo, y los que en ellos se forman difícilmente encuentran trabajo en las empresas del país si antes no son formados por el mismo empresario. Buena parte de los que mejor se desenvuelven en estas profesiones proceden del exilio de los países vecinos, Gabón, Camerún y Nigeria, o de España, donde aprendieron su oficio.

Desde la creación de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en 1995, varios de los centros de educación a los que antes hemos hecho alusión, se convirtieron en escuelas universitarias: de sanidad, Administración pública, magisterio, ingenieros técnicos agrícolas y forestales, etc., sin un cambio significativo, ni en el profesorado ni en los programas. Así se explica que sean inmigrantes de los países vecinos (cameruneses, nigerianos, malienses...) los que copen el mercado de pequeños talleres mecánicos, electricidad, carpintería, electrónica, frigoría, etc., y que las empresas tengan que ocuparse de la formación del personal que reclutan para estas labores.

Los trabajos que realizan los guineanos en las plataformas marítimas de extracción de petróleo son, en su mayoría, los de menor calificación y no requieren de una capacitación previa: ésta corre a cargo, normalmente, de la misma empresa. Los puestos de trabajo se distribuyen entre los que se ocupan de los servicios a la tripulación -cocineros, ayudantes de cocina, mantenimiento y limpieza- y los que se dedican a la exploración y extracción del crudo, que van desde peones hasta ayudantes de ingeniero[117]. En las plataformas trabajan otros muchos operarios de distintas nacionalidades, como filipinos, paquistaníes, malayos, cameruneses, ghaneses o nigerianos, algunos de los cuales son los que ocupan los cargos medios, con buenos salarios pero sin contribuir a la seguridad social guineana ni pagar impuestos. Por su parte, los ingenieros guineanos trabajan para el gobierno en labores de inspección y control de la actividad petrolífera.

Emigración e inmigración de trabajadores

La emigración es un fenómeno que no solamente afecta a las personas más educadas, como mencionábamos más arriba, sino a todos los sectores sociales. Los destinos tradicionales han sido los países vecinos, Camerún y Gabón, y la antigua metrópoli en Europa, aunque en la actualidad sólo España sigue acogiendo a un número importante de trabajadores guineanos (50.000 aproximadamente). Para muchas personas se trata de una emigración estacional o de corta duración, especialmente cuando se realiza dentro de la región. Las remesas enviadas al país por los emigrantes constituyen una importante aportación a las economías familiares, pero sus dimensiones se desconocen.

En los últimos tiempos, sin embargo, Guinea Ecuatorial ha pasado a ser receptor de trabajadores. Los mismos jóvenes guineanos emigran ahora de las zonas rurales a las principales ciudades, antes que a los países vecinos, en busca de un trabajo en el sector petrolífero. La industria extractiva atrae además a inmigrantes de toda la región. En las plataformas off-shore, aparte de ecuatoguineanos, trabajan americanos, británicos, indonesios, filipinos, paquistaníes, malayos, cameruneses, ghaneses, nigerianos, etc., pero los trabajadores asiáticos raramente pisan el continente africano, y son trasladados directamente desde sus países de origen.

No todos los emigrantes, locales o extranjeros, encuentran trabajo en las plataformas, lo que está generando una masa de jóvenes en las ciudades, dispuestos para ser contratados en la construcción o en empresas como SONAVI, la empresa que monopoliza los servicios de seguridad y vigilancia, propiedad del hermano del Presidente. Muchos cameruneses y nigerianos se dedican al comercio en las ciudades. Por su parte, los jóvenes sin empleo se encuentran siempre disponibles para actividades menos reguladas -como la carga y descarga de camiones, que se paga por horas-, o incluso ilegales, como la prostitución.

Los inmigrantes provenientes de los países vecinos, fundamentalmente Camerún y Nigeria, sufren una situación grave de exclusión e inseguridad jurídica. Esta población sufre de manera acentuada la extorsión y el acoso de los miembros de los cuerpos de seguridad. Además, el gobierno organiza regularmente detenciones y expulsiones masivas de cameruneses, casi siempre de manera repentina y sin aviso previo[118].

Contratos de trabajo

Generalmente los contratos de trabajo en Guinea Ecuatorial se hacen verbalmente y no quedan plasmados en un documento. Sólo en el sector petrolífero se formalizan los contratos por escrito: como señalamos más arriba, el trabajo en la industria extractiva se basa en un sistema de subcontratación, por lo que el contrato laboral es entre los trabajadores y la agencia intermediaria de contratación. La duración de los contratos para trabajar en las plataformas marítimas es de 28 días, al cabo de los cuales el trabajador vuelve a tierra y puede ser contratado de nuevo después de otros 28 días de descanso.

Los trabajadores de la Administración del Estado pueden ser funcionarios o contratados por un tiempo determinado. Los funcionarios son nombrados por el gobierno con carácter indefinido, sin que en los nombramientos se especifiquen las condiciones de trabajo. Es habitual que los aspirantes a un puesto de trabajo en la Administración pública, tengan que trabajar durante más de un año, incluso hasta tres años, como meritorio, sin percibir salario alguno. La terminación de la relación laboral se hace mediante cese, normalmente justificado con la frase habitual “por conveniencia de mejor servicio”. Los despidos del personal al servicio de la Administración pública carecen de recurso, y sólo si los perjudicados tienen algún pariente o amigo poderoso pueden aspirar a volver a trabajar en el sector público.

Del mismo modo, la obtención de un trabajo en la Administración o en las empresas más grandes se debe más a relaciones personales que a criterios de formación y calidad, como señalamos más arriba, aunque algunas veces puede mediar un proceso de selección de personal, con algún examen sin garantía alguna de objetividad ni transparencia. El Ministerio de la Función Pública y Reforma Administrativa anuló en 1999 dos concursos sucesivos para cubrir plazas en la Administración pública, alegando que parte de los seleccionados no se habían presentado al examen: el ministro en cuestión fue cesado pocos meses después, y la práctica fraudulenta se ha seguido produciendo.

En la industria petrolífera hay casos en que es necesario “comprar” el puesto de trabajo, pagando de 100.000 a 300.000 FCFA a la agencia intermediaria. Algunas compañías petrolíferas han hecho intentos de contratar al margen de los intereses gubernamentales, y hay casos de trabajadores contratados directamente. Sin embargo, la contratación sigue realizándose en general a través de las agencias[119], lo que es visto por muchos directivos de manera positiva, como un medio de asegurarse un mayor control sobre el trabajador[120].

En general, la duración de los contratos no es muy larga, y el mercado de trabajo sufre de una inestabilidad estructural. Los trabajadores guineanos tienden a cambiar de puesto de trabajo frecuentemente. Y el desempleo en este sector de la economía es también muy elevado.

Salarios

Los salarios medios de los ecuatoguineanos son bajos en relación al coste de los productos básicos, aunque existen grandes diferencias entre la industria del petróleo y el resto de empleadores[121]. Fuera del sector petrolífero, un salario medio, tanto en la Administración como en el sector privado o la cooperación internacional, es de 30.000 a 50.000 FCFA. Lo mismo ocurre en el ámbito de la cooperación internacional, lo que genera una diferencia entre los guineanos y los expatriados que trabajan en un mismo proyecto[122]. Estos sueldos son insuficientes para cubrir las necesidades personales y familiares, lo que obliga a los trabajadores asalariados a participar también de la economía no asalariada (agricultura, autoempleo) de la que trata la siguiente sección. La escasez de los salarios genera además otros fenómenos como la pequeña corrupción, la extorsión a los usuarios de los servicios públicos, etc. Todo ello puede tener como consecuencia, a su vez, el fracaso de muchas empresas.

Los trabajadores del sector petrolífero constituyen, por su parte, un grupo privilegiado en el conjunto de la sociedad guineana. El salario medio mensual varía entre 200.000 y 400.000 FCFA (300-500 $ aproximadamente). Sin embargo las empresas petrolíferas afirman pagar a las agencias intermediarias de contratación mucho más (1.200 $ a 2.500 $), y la diferencia parece quedarse en manos de los propietarios de dichas agencias. Igualmente, las multinacionales dicen pagar seguros, indemnizaciones y horas extras de los que los trabajadores apenas disfrutan.

En 1999, el gobierno estableció por ley un salario mínimo. Fijado en 27.000 FCFA en 2000 este salario no permitía un nivel decente de vida; normalmente los empleadores pagaban más, y los trabajadores del petróleo llegaban a recibir hasta 10 veces el salario mínimo[123]. En 2003 el salario mínimo pasó a 77.000 FCFA, y se estableció legalmente la distinción entre el salario mínimo ordinario y el cobrado en el sector privado y petrolífero. El gobierno introdujo una estructura de dos tercios creando un sistema separado de salarios para el sector privado dentro y fuera del sector petrolífero. En cada grupo se ha creado un sistema de clasificación de acuerdo a criterios diversos como nivel educativo, habilidades, experiencia, etc.[124] No obstante, el aumento salarial no se ha hecho efectivo en la Administración del Estado, por lo que sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades personales y familiares.

Otras condiciones laborales

La jornada laboral en la economía formal es de 35 a 40 horas semanales. En la Administración, el trabajo se desarrolla de 8 a 16:30 horas, de lunes a viernes y, en las empresas privadas, aunque la ley fija una jornada laboral de un máximo de 8 horas, no son infrecuentes los casos de jornadas de más de 10 horas al día. Existe un abuso generalizado de las horas extraordinarias, por encima del máximo establecido en la ley, y que no suelen pagarse como tales. En el sector petrolífero, la jornada es de 12 horas diarias, de 8 a 20, de lunes a domingo. Este horario intensivo se compensa con los 28 días de descanso por cada 28 días de trabajo ya mencionado anteriormente.

No existe en Guinea un sistema de seguros para los trabajadores. El Instituto de la Seguridad Social (INSESO) cobra cuotas a algunos empleadores, incluidas las empresas petrolíferas, por sus empleados. Además, la legislación contempla un sistema de protección amplio frente a los riesgos laborales (ver recuadro 3)[125]. Sin embargo, en la práctica, la corrupción que domina el INSESO hace que la mayoría de los trabajadores no disfruten de seguros por desempleo, accidentes laborales o baja por maternidad, ni de pensiones de jubilación. Los trabajadores que sufren accidentes laborales, deben pagar sus costas en el hospital, incluido el material sanitario.

En cuanto a la jubilación, las personas deben seguir buscándose el sustento más allá de la terminación del trabajo asalariado, en la economía no asalariada. Son las familias las que se hacen cargo de la subsistencia de los ancianos cuando éstos ya no pueden trabajar en las labores agrícolas. Sólo los antiguos empleados de la administración de la colonia que acrediten 15 años o más de servicio, tienen derecho a una pensión española[126]. Sin embargo, no todos los que podrían disfrutar de este derecho lo hacen, debido a la falta de información y de apoyo del gobierno guineano para tramitar la solicitud necesaria.

Conflictos laborales

En Guinea Ecuatorial no existen vías formales y efectivas de resolución de los conflictos laborales, ni está institucionalizada la negociación colectiva (ver Recuadro 4). La inexistencia de organizaciones de trabajadores y empleados, a las que atenderemos en la próxima sección, hacen prácticamente imposible la puesta en marcha de la negociación colectiva regulada por la Ley sobre Sindicatos. Por otra parte, tampoco se ha instituido la Comisión Consultiva Tripartita contemplada en la misma ley, a través de la que podría llevarse a cabo un diálogo permanente gobierno-trabajadores-empresarios a nivel estatal.

Tampoco la huelga, como derecho fundamental recogido en los convenios internacionales y la propia legislación guineana, constituye una vía posible de reclamación para los trabajadores guineanos, debido al riesgo de persecución policial que ello conlleva. Además existen importantes obstáculos legales, como la necesidad establecida en la Ley sobre Sindicatos de agotar uno de los procedimientos de solución de conflictos y que la decisión sea adoptada por la mayoría de la asamblea de empleados de la empresa. De nuevo, la ausencia de asociaciones sindicales y el hecho de que los trabajadores de las grandes empresas se vean obligados a militar en la organización especializada de trabajadores del PDGE, hacen muy difícil el cumplimiento de estos requisitos.

Los mecanismos de solución de conflictos contemplados en la Ley sobre Sindicatos son el arreglo directo, la mediación y el arbitraje. Sin embargo, las dinámicas políticas ya explicadas no favorecen la solución negociada de los conflictos, que se canalizan por vías informales de carácter personalista y jerarquizado. Ello explica que no se haya puesto en marcha la Junta de Conciliación y Arbitraje.

En cuanto a las vías judiciales, resulta casi imposible en la práctica que un trabajador que considere violados sus derechos obtenga una resolución favorable. Ello es debido a los escasos recursos a su disposición para contratar los servicios de un profesional del derecho, lo dilatado del procedimiento ante la Administración, y la connivencia de las autoridades, tanto administrativas como judiciales, con los principales empleadores. El único procedimiento judicial contemplado en la LOGT es la reclamación por despido ya explicado en el Recuadro 4. Este procedimiento es largo y costoso, y por su dilatación y obstáculos políticos está fuera del alcance de la mayor parte de los trabajadores, que normalmente lo abandonan en la primera instancia ante el Delegado de Trabajo, donde se puede estar más de tres meses esperando que dicte una resolución que normalmente es favorable a los empleadores, que suelen ser los mismos hombres fuertes del gobierno o sus asociados extranjeros.

En suma, la capacidad de los trabajadores para reclamar sus derechos se ve afectada por la situación general del país de falta de independencia del Poder Judicial. Los miembros del gobierno ejercen un control considerable sobre los jueces, que son incapaces de garantizar el derecho a un juicio justo y de actuar de manera independiente[127]. Las Magistraturas de Trabajo, previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1984, nunca se institucionalizaron, y fueron suprimidas en la reforma legislativa de 1999. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo y Promoción Social ha sustituido formalmente a los jueces como instancia de resolución de conflictos laborales. Se puede así comprender que, debido a las intensas vinculaciones entre gobernantes y sector empresarial, los trabajadores sin conexiones en el mismo gobierno tengan muchas dificultades para obtener una resolución favorable frente a los empleadores.

El clima general de miedo que domina en el país hace que pocos trabajadores se animen a reclamar sus derechos, de manera individual o colectiva. Entre los trabajadores hay una falta de confianza en que las instituciones resuelvan sus reclamaciones, que cuando se dan, se identifican con posiciones políticas opuestas al gobierno.

3.4. Sector no asalariado y el trabajo de las mujeres

Una gran parte de la economía y el trabajo en Guinea Ecuatorial no están basados en relaciones laborales asalariadas. Es lo que algunos estudiosos llaman sector informal, y aquí preferimos denominar no asalariado. Como ocurre en todos los países africanos, no se trata de un ámbito al margen y claramente diferenciado de la actividad asalariada: las economías familiares se basan siempre en una combinación de ambos tipos de trabajo, y ya hemos mencionado cómo las personas pasan de uno a otro a lo largo de su vida laboral.

Las principales actividades que se realizan por cuenta propia y en el ámbito de las relaciones familiares son las agropecuarias, las domésticas y el pequeño comercio. La población económicamente activa en este sector puede estar situada en torno a 250.000 personas[128]. Se trata de un sector intensamente feminizado en el que las mujeres llevan a cabo gran parte de las actividades. También aquí es importante el trabajo puntual de los niños, en apoyo a las labores de los adultos, como el chapeo de las fincas, la siembra y la recolección, o la venta callejera de productos agrícolas o alimentos caseros.

El trabajo agropecuario, particularmente el agrícola se dirige, principalmente, a producir alimentos para el consumo familiar, y sólo el excedente de esta agricultura de subsistencia va a parar a los mercados locales. Existe una clara división del trabajo en la actividad agro-alimentaria: las mujeres son las principales encargadas del cultivo, la preparación de alimentos y, en su caso, de la comercialización. Los hombres son los responsables de desbrozar las fincas al inicio de cada una de las dos temporadas anuales de siembra (junio-julio y diciembre-enero), así como de la caza y la pesca a pequeña escala. Las mujeres que no cuentan con algún familiar masculino para la labor de desbroce, pueden pagar a alguien para que la realice, generando algunas relaciones asalariadas temporales en el ámbito agrícola.

La jornada laboral de las mujeres dedicadas al cultivo es larga y sin límites concretos. Al amanecer, hacia las 6-7 horas de la mañana, inician el camino hacia las fincas, que pueden estar a varios kilómetros de la vivienda. Permanecen en ellas hasta la tarde, y a su regreso en torno a las 17-18 horas, se ocupan de la preparación de la principal comida familiar del día y del resto de las labores domésticas. A pesar de la gran carga de trabajo que todo esto conlleva, las actividades agrarias y domésticas de las mujeres son clasificadas en los documentos de identidad bajo la categoría de origen colonial de “sus labores”. Los principales problemas de los trabajadores agrícolas son la dificultad de obtener crédito por parte de los pequeños productores, así como la deficiente red de transportes.

La antigua producción comercial de cacao, que constituyó la principal producción colonial, es hoy una actividad muy marginal, concentrada en la isla de Bioko. Las variaciones en los precios internacionales y las medidas gubernamentales (iniciadas tras la independencia con la redistribución de tierras entre los nuevos gobernantes y la expulsión de trabajadores inmigrantes) provocaron el colapso del sector (véase Sección 2.4). Hoy puede ocupar a unos 5.000 agricultores. La Comisión Europea y la Cooperación Española lanzaron en 1993 un programa de reactivación del sector del cacao, basado entre otros aspectos en la regeneración de los cultivos[129].

El cacao es producido por pequeños parcelistas, en su mayoría hombres, que cultivan una media de 2 y 3 hectáreas de terreno[130]. La propiedad de la tierra está concentrada en pocas manos, miembros del gobierno o con buenas conexiones con el mismo; el principal propietario, y también exportador, es la empresa de capital español Casa Mallo S.A. El agricultor vende su producción al propietario al final de la cosecha a un precio fijado previamente por el gobierno (del que se descuentan los adelantos realizados en especie), y tiene que hacerse cargo de todos los gastos generados. La relación entre los agricultores y los propietarios de la tierra no se formaliza a través de un contrato escrito, y es de carácter clientelar y fuertemente jerarquizado. Este sector también genera algunos puestos de trabajo asalariado, en los secaderos, viveros o actividades de replantación, donde muchas personas (destajistas), en este caso a menudo mujeres, trabajan temporalmente a cambio de un jornal[131].

La pesca artesanal practicada en Malabo y en el litoral de Río Muni es realizada mayoritariamente por hombres, propietarios o arrendatarios de los aparejos que utilizan.

La comercialización de productos básicos, procedentes del excedente de la agricultura y la pesca de subsistencia, es también labor de las mujeres. Aunque a menudo son las mismas cultivadoras las que venden parte de su producción en los mercados más cercanos, existe una cierta especialización de algunas mujeres que se dedican a recorrer los poblados en busca de los productos excedentes. Normalmente son ellas también las que ahuman el pescado que luego se venderá seco. Estas comerciantes, conocidas popularmente como “bayamselam” (del pinyin-english buying and selling), son las que aprovisionan de productos básicos como petróleo, sal, jabón o arroz a las zonas rurales. Una de las principales dificultades de esta actividad son las deficientes comunicaciones existentes en todo el país, que se agravan con la existencia de numerosas barreras militares con las que el gobierno trata de controlar y entorpecer la movilidad de la población dentro del país, que sufre una extorsión permanente de manos de las fuerzas de seguridad.

El pequeño comercio no se limita a los productos agroalimentarios producidos y comprados localmente. Existe un comercio más amplio con los países vecinos -Camerún, Benin, Gabón o Nigeria-, también protagonizado por mujeres, que compran allí tejidos, ropa y alimentos. En los centros urbanos la venta se hace en el mercado, pero también en viviendas particulares para evitar los impuestos a los locales comerciales. No existe horario en el mercado, que abre con el amanecer y cierra al anochecer. Muchas mujeres que no cuentan con familia en las ciudades, duermen en los mismos puestos del mercado hasta que acaban de vender sus mercancías. En este sector también hay muchos emigrantes de la región como cameruneses, nigerianos, benineses, togoleses o senegaleses, que controlan parte del pequeño comercio en Malabo y Bata[132].

Además de la compra-venta, existen muchas otras actividades económicas desarrolladas en el sector servicios que toman la forma de lo que podríamos denominar microempresas, como cantinas, servicio de taxis, albañiles, electricistas, profesores particulares, etc. El trabajo aquí consiste normalmente en autoempleo, y no se atiene a las pautas descritas para el trabajo asalariado. Sin embargo, sí puede verse afectado por las mismas dinámicas de politización que éste, sobre todo si mantiene un local, pues cualquiera que exprese sus simpatías por un partido de la oposición puede verse hostigado por los agentes estatales de tal manera (con impuestos excesivos, cortes en el suministro de electricidad, etc.) que le lleven a cerrar su negocio.

La economía del petróleo ha afectado a la economía no asalariada de dos maneras diferentes. Por una parte, ha generado una cierta depresión en la actividad agrícola, pues muchos jóvenes emigran a los centros urbanos en busca de un trabajo asalariado en el sector extractivo. Por otra parte ha fomentado otra serie de actividades en estas ciudades, como es el mismo comercio, pero también la prostitución. Ha aumentado el número de niños que recorren las calles vendiendo productos diversos, algunos de los cuales forman parte de redes regionales de tráfico de personas. Muchas de las mujeres dedicadas a la prostitución también han llegado a Guinea Ecuatorial desde países vecinos como Camerún, a través de estas redes, para atender la demanda de los expatriados que trabajan en las empresas multinacionales. Y cada vez son más las jóvenes guineanas que aceptan esta forma de explotación como única forma de acceder a la riqueza que está generando el petróleo y que apenas beneficia a toda la población.


 

4. El movimiento sindical en Guinea Ecuatorial

 

El carácter autoritario de todos los regímenes políticos que ha sufrido Guinea Ecuatorial desde la colonización ha dificultado el ejercicio del derecho de sindicalización de sus ciudadanos.

Durante la colonia, el gobierno colonial franquista no reconocía el derecho de asociación, y en consecuencia hasta la década de 1960 no existió ninguna organización de trabajadores para la reclamación de sus derechos. Sí se fomentaron, sin embargo, las cooperativas agrícolas de pequeños productores para el cultivo del cacao. Desde 1936 existía un denominado Sindicato Maderero de empresarios, que defendía los intereses de los productores y compradores españoles. La legislación metropolitana española sólo concebía la existencia de un sindicalismo “vertical”, que reunía a empresarios y trabajadores en una misma organización. Sin embargo, como tantas otras instituciones metropolitanas, ésta no se extendió en la colonia.

El primer intento de organización sindical independiente se produjo en la época tardocolonial y en el exilio, con la fundación en 1959 de la Unión General de Trabajadores de Guinea Ecuatorial. La UGTGE mantenía vínculos con el partido nacionalista anticolonial MONALIGE. Este sindicato obtuvo cierta libertad de acción durante la apertura política que supuso el régimen de Autonomía, establecido durante los últimos años de presencia colonial (1965-1968)[133]. En esta época tuvo lugar además la primera huelga de funcionarios de la Administración, en 1966, con la exigencia de una equiparación de salarios entre africanos y europeos.

Tras la independencia, el carácter extremadamente autocrático y represivo del nuevo gobierno, la disminución drástica de las empresas que operaban en el país y las condiciones de pobreza de la población, dedicada mayoritariamente a actividades de subsistencia, impidieron la organización y funcionamiento de sindicatos. En los ámbitos internacionales, tampoco se prestó mucha atención a la situación que se vivía en Guinea Ecuatorial. Sólo en octubre de 1980 la Conferencia de Unión Sindical Africana (Mogadiscio), aprobó una resolución en la que se pedía que “el gobierno de Guinea Ecuatorial tomara las medidas necesarias para restaurar el funcionamiento normal de los sindicatos, en conformidad con las disposiciones de la OIT[134].

Con el gobierno establecido por Obiang Nguema tras el golpe palaciego contra su tío, continuaron sin respetarse los derechos de los trabajadores, incluido el de asociación y de libertad sindical, a pesar de que en 1981 Guinea Ecuatorial se adhirió a la OIT. Sólo tras los cambios políticos que conllevaron la reforma de la constitución en 1991, se abrió la posibilidad legal de organizar sindicatos en el país, aunque la Ley Fundamental no recogiera explícitamente este derecho (ver Recuadro 3). La Ley sobre Sindicatos y Relaciones Colectivas de Trabajo de 1992, redactada con asesoramiento de la OIT, reguló por primera vez este derecho; en 1999 fue modificada por la ley 6/1999.

A pesar del reconocimiento legal de la libertad de sindicalización, existen varios obstáculos para la aparición en Guinea Ecuatorial de sindicatos libres. El primero son las dificultades que establece la misma ley, al exigir un mínimo de 50 trabajadores de un mismo sector. Ello es contradictorio con la realidad del país, en que la mayoría de las empresas son de tipo familiar y dimensiones reducidas. Además, el artículo 6 excluye de la ley al sector público, a pesar de que éste ocupa del 25 al 40% de los trabajadores asalariados del país. La misma ley prevé una normativa especial para los funcionarios y demás trabajadores públicos, que aún no se ha aprobado[135].

El segundo obstáculo a la aparición de sindicatos es la aplicación restrictiva de la ley, que ha llevado a la denegación de la legalización de la mayor parte de las propuestas presentadas desde principios de los años noventa. En 2005 se ha presentado ante la OIT una queja contra el gobierno de Guinea Ecuatorial por violación de la libertad sindical, denunciando los obstáculos burocráticos, incluidos los del mismo notario de Malabo, a la legalización de dos sindicatos[136]. Además, los promotores de estas propuestas son objeto de prácticas de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad[137].

Por último, la estructura del ámbito laboral en Guinea Ecuatorial, con una gran mayoría de trabajadores en el sector informal, dificulta la organización de sindicatos en el sentido más clásico. No obstante, el único sindicato legalizado funciona precisamente en este sector, como veremos más adelante.

La labor de los sindicatos en Guinea Ecuatorial se ve muy entorpecida, en primer lugar por el carácter clandestino que deben asumir sus actividades. En segundo lugar porque dos de los principales instrumentos de presión de los trabajadores, el derecho a la huelga y la negociación colectiva, no tienen efectividad alguna. Por último, a causa de la persecución y represión policial y la discriminación laboral a la que se ven sometidos los sindicalistas, quienes reciben el mismo trato que los opositores políticos[138]. La situación del derecho de sindicalización en Guinea Ecuatorial ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)[139].

La situación de los sindicatos se agrava en ciertos sectores económicos, como es el de la industria petrolífera. El control que ejerce el gobierno a través de las agencias intermediarias de contratación, y el interés de las multinacionales por evitar la organización de reivindicaciones de sus trabajadores, se aúnan para impedir que exista ninguna iniciativa en este sentido. En general, las organizaciones guineanas con pretensiones sindicales tienen muy baja capacidad de movilización, y todavía carecen de efectividad en la defensa de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores[140].

 

4.1. Iniciativas sindicales en Guinea Ecuatorial

En 1990 se creó la Unión Sindical de Trabajadores (UST), que ha venido trabajando en la clandestinidad debido a las recurrentes negativas del gobierno a su legalización. La UST está vinculada al partido socialdemócrata Convergencia para la Democracia Social (CPDS), a través de su Secretaría de Acción Sindical, cuyo programa incluye la necesidad de una democratización de las estructuras políticas del país para una efectiva defensa de los derechos de los trabajadores. Los derechos laborales son, por tanto, reivindicados como parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos[141]. Para el principal partido de la oposición interna, “[dadas] las condiciones actuales de lucha por los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores (...) sigue siendo absolutamente necesario que UST encuentre en CPDS la fuente de su acción e iniciativa”[142].

Según la UST, su proyecto sindical consiste en desarrollarse autónomamente en varios sectores, como la educación, los servicios, los transportes o las actividades agropecuarias. Una vez legalizadas varias organizaciones de rama, consideradas como federaciones del sindicato, se pretende convocar un congreso fundacional del sindicato[143]. En este sentido, la UST ha dedicado gran parte de sus actividades a procurar su legalización de acuerdo con las normas vigentes en el país, así como la legalización de otros sindicatos, como el Sindicato Independiente de Servicios (SIS) o la Asociación Sindical de Docentes (ASD)[144].

La UST apoyó en 1991 una huelga de funcionarios locales del PNUD de 48 horas, lo que dio lugar a un aumento salarial del 25%. En diciembre de 1992 y principios de 1993, también apoyó la huelga indefinida de profesores del Instituto Rey Malabo, provocada por la expulsión de varios docentes, que motivó una represión brutal por parte del gobierno: “se detuvo y se torturó a políticos, profesores, sacerdotes, estudiantes y otros ciudadanos sin otra justificación que la de amedrentar a todo aquel que pueda pretender criticar la caótica situación del país”. Además, se expulsó a 27 profesores del Instituto. En septiembre de 1993 y marzo de 1994, debido a la brutal represión del año anterior, fracasaron sendas convocatorias de huelga de los trabajadores nacionales de la ONU en Malabo y de la Administración pública, en reivindicación de una subida de los salarios que los ajustase a la devaluación del Franco CFA[145].

El Sindicato Independiente de Servicios (SIS) se constituyó ante notario en enero de 1996, con el objetivo de defensa y mejora de las condiciones de los trabajadores del sector terciario. A pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos en la ley, y de la presión ejercida desde la CIOSL solicitando su reconocimiento legal, el gobierno le denegó personalidad jurídica. “En su grupo promotor había unas 80 personas provenientes de la hostelería, correos y comunicaciones, tanto del sector público como privado. El gobierno forzó el despido de varios promotores y negó el reconocimiento a la organización argumentando que varios de ellos eran funcionarios. El SIS recurrió dos veces, pero no logró su legalización”[146].

Por su parte, la Asociación Sindical de Docentes (ASD), constituida en 1998, agrupa a maestros y profesores de enseñanzas primaria, media, profesional y superior, tanto en el sector público como el privado[147]. El gobierno rechazó su solicitud de reconocimiento alegando que agrupaba a funcionarios del Estado y que no estaba aprobada todavía la ley que debería regular la constitución y el funcionamiento de sindicatos dentro del sector público. En el ámbito de la educación privada, la cooperación internacional ha sido objeto de reclamaciones de los trabajadores. En marzo de 1999, 111 maestros y profesores de los centros integrantes de la Asociación de Centros Católicos de la Enseñanza de Guinea Ecuatorial (ACCEGE), financiada por la cooperación española, dirigieron un manifiesto a la presidencia de esta asociación, denunciando las diferencias salariales entre españoles y guineanos y reivindicando un aumento de sueldo y la mejora de las condiciones de trabajo. La reacción de los responsables de la ACCEGE fue acudir al Ministerio de Educación guineano denunciando la politización de la demanda, y no contratar a algunos de sus promotores al año siguiente[148].

Paralelamente a todos estos esfuerzos entorpecidos por el gobierno, funciona la Organización Especializada de los Trabajadores del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, presidida por el hijo del Presidente, Teodoro Nguema Obiang, ministro y empresario. Tiene células en casi todas las empresas del país, con la misión de vigilar y tomar medidas represivas contra cualquier trabajador que no sea militante activo del PDGE y quien manifieste aspiraciones de crear o participar en un sindicato.

La estructuración sindical en el ámbito agropecuario no asalariado sufre de los obstáculos propios del llamado sector informal, en el que la distinción entre trabajadores y empleadores no aparece de manera clara. Aquí las relaciones fundamentales se dan entre propietarios y arrendatarios (parcelistas), productores y compradores, y agricultores y asalariados temporales. La sindicalización del trabajo agropecuario no asalariado en Guinea Ecuatorial ha conocido varias iniciativas.

En 1998 se organizó una cooperativa de servicios integrados, que logró apoyo de la cooperativa española Mondragón[149]. A partir de esa cooperativa se creó la Organización Sindical de Pequeños Agropecuarios (OSPA), que hace su aparición en un momento crítico para la agricultura, afectada negativamente por la economía del petróleo. Su desarrollo también se vio afectado por la represión gubernamental en las comunidades rurales bubis de la isla de Bioko a principios de 1998[150]. Pero en julio de 2000, después de tres años de espera, logró su reconocimiento legal, siendo el primer sindicato, y hasta ahora único, con dicho estatus. Se trata de un sindicato que quiere representar a agricultores y ganaderos, pequeños propietarios por cuenta propia, arrendatarios o aparceros, y también a técnicos y cooperativas o asociaciones de producción o transformación artesanal[151]. El reconocimiento del gobierno ha podido verse facilitado por su carácter de sindicato de pequeños productores o parcelistas, que lo hace menos propenso a una movilización que pudiera afectar gravemente a los cultivos de los que dependen sus miembros[152]. Inicialmente, formaba parte del proyecto federal de la UST, pero tras su legalización se ha desvinculado del mismo, lo que ha llevado a la primera a promover otro sindicato en el mismo ámbito, la Organización de Trabajadores del Campo (OTC).

Además de estas iniciativas sindicales, ha de tenerse en cuenta la existencia de algunas cooperativas, especialmente entre los productores de cacao, como la de Buena Esperanza en Bioko. En 1998 se creó la cooperativa de servicios integrados en el ámbito agropecuario CIPA, que opera en Evinayong y que ha recibido el apoyo de la cooperativa Mondragón de Guipúzcoa (España)[153]. En 2002 se lanzó otro proyecto de cooperativa en el ámbito de la pesca artesanal COPESCA, que tiene como objetivo operar en Basupú, Río Campo, Mbini y Cogo. Ambos proyectos aspiran a estructurar la demanda de los trabajadores del sector informal en Guinea.

En cuanto a las organizaciones empresariales, a pesar del número relativamente pequeño de tres empleadores que exige la Ley sobre Sindicatos y Relaciones Colectivas de Trabajo para la constitución de una asociación de empresarios, no se ha registrado ningún expediente de solicitud de reconocimiento de una asociación de esta índole, si exceptuamos la Organización Sindical de Pequeños Agropecuarios. El problema está en el hecho de que la gran mayoría de las empresas de cierta entidad que operan en el país, están en manos de los gobernantes, protagonistas de todo tipo de violaciones de los derechos laborales y de la legalidad vigente, y no tienen ningún interés en asociarse. Los empresarios que tuvieran intención de asociarse temen ser acusados de organizarse políticamente en contra del gobierno.

Como ya se mencionó en el recuadro 2, la organización de microempresarios que existía en el país desde principios de los años noventa nunca logró reconocimiento legal, a pesar de sus esfuerzos en este sentido. En 1997, el gobierno de Guinea Ecuatorial promovió la constitución de una patronal a nivel nacional para cumplir con las exigencias de su pertenencia a la CEMAC. La independencia de esta patronal es muy discutible, pues los principales cargos de la misma están en manos de personas afines al partido gobernante PDGE. Además, la ausencia de contrapartes sindicales de los trabajadores hace que no pueda cumplir con una de las funciones de las organizaciones de empresarios, que es participar en el diálogo social tripartito entre gobierno, sindicatos y patronales.

Además, desde el año 1995, sin someterse al procedimiento legalmente establecido para el reconocimiento de una asociación, se creó el Movimiento de Amigos de Obiang (MAO), que incluía entre otros a todos los empresarios del país, tanto nacionales como extranjeros. El gobierno también ha promovido la creación de organizaciones ficticias ad hoc para contrarrestar la imagen negativa en las instituciones internacionales: en 2000 una inexistente Unión General de Empresas Privadas de Guinea Ecuatorial (UGEPRIGE) presentó un informe en la 277a reunión del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, en el que se trató el asunto de la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, asegurando que en Guinea Ecuatorial se respetaba el derecho de sindicalización[154].

En cuanto a los colegios profesionales, sólo malfunciona el Colegio de Abogados, con muy escasa independencia del gobierno[155]. La politización del Colegio ha sido siempre el objetivo del régimen, que en 2002 en vísperas de un juicio político contra un grupo de opositores acusados de conspiración, decidió disolverlo temporalmente con el propósito de evitar que éste pudiese designar a los abogados de oficio que debían representar a los acusados, dejando dicha designación al arbitrio del Ministro de Justicia. En 1996 se intentó organizar un Colegio de Médicos, que el gobierno no autorizó[156].

El gobierno pone obstáculos e impedimentos para la creación de los colegios profesionales en el país. Ello se debe en parte a la aversión y miedo que tiene el régimen a la estructuración de la sociedad, y a su percepción de las organizaciones profesionales como espacios potenciales de reivindicaciones y en consecuencia, posibles semilleros de oposición política. Además los colegios pueden suponer un obstáculo a los intereses consolidados de muchas personas con títulos académicos dudosos instalados en altas instancias del régimen, quienes siempre han visto la organización de los profesionales con recelo.

 

4.2. Acción sindical internacional

El carácter fuertemente extrovertido de la economía guineana hace que las iniciativas sindicales tengan que ser planteadas también más allá de las fronteras del país, lo que convierte a los foros internacionales en ámbitos muy relevantes para las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores.

La UST, a pesar de su clandestinidad, ha establecido vínculos internacionales desde su mismo origen[157]. Especialmente intensas son las relaciones con sindicatos españoles, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, que forman parte de la Plataforma por la Democratización de Guinea Ecuatorial[158]. Desde 1994, una delegación de UST participa en los Congresos de la UGT. En el siguiente, el 37º en 1998, se aprobó una resolución sobre la situación en Guinea Ecuatorial. Además, la UGT organiza periódicamente seminarios de formación para sindicalistas guineanos sobre diferentes aspectos de la actividad sindical[159]. La UST también mantiene relaciones con Comisiones Obreras y ha sido invitada a sus congresos confederales[160]. El último seminario formativo, sobre Sindicalismo y Democracia en Guinea Ecuatorial, se celebró los días 16 a 18 de diciembre de 2005 en Bata a cargo de la UST y con apoyo de CPDS, la Fundación Josep Comaposada (UGT) y la Agencia Catalana de Cooperación[161].

La UST mantiene relaciones con la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). En 1998, dirigentes de CPDS visitaron esta organización para explicar las condiciones en las que se estaba intentando poner en marcha la actividad sindical en Guinea Ecuatorial[162]. La CIOSL ha conminado repetidamente al gobierno guineano para que reconozca legalmente a las organizaciones sindicales que han intentado registrarse como tales. En la reunión 277ª del Consejo de Administración de la OIT de marzo de 2000 se trató sobre “La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva” en el caso de Guinea Ecuatorial, en el que la CIOSL presentó un informe sobre este país[163].

En el marco de la CEMAC, la UST participa junto con los sindicatos de la región en el proyecto de creación de una estructura sindical regional, para velar por las necesidades y demandas de los trabajadores de los seis países miembros: Camerún, Gabón, Chad, República Centroafricana, Congo y Guinea Ecuatorial. La UST también participó en el 5º Seminario Regional ACP-UE sobre Medios Económicos y Sociales y Sociedad Civil, celebrado en mayo de 2003 en Yaundé[164].

Los sindicalistas guineanos reconocen la necesidad de presión externa sobre gobierno y compañías petrolíferas. Sin embargo, su situación de clandestinidad y precariedad parece dificultar su acción internacional, y hace que sus principales actividades se dirijan a su legalización misma. Precisamente, en mayo de 2005, los secretarios generales de los sindicatos UST, ASD y OTC presentaron una queja ante la Oficina Internacional de Trabajo por violación de libertad sindical contra el Gobierno de Guinea Ecuatorial, acusándolo de entorpecer sin base legal el reconocimiento de las ramas docente y agropecuaria de la UST. Por otra parte, la situación política que sufre el país hace muy difícil desligar las reivindicaciones socioeconómicas de las políticas, así como los militantes de los partidos políticos de los de las organizaciones sindicales, lo que en cierta medida entorpece el mismo movimiento sindical.

Si la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores ha tenido desde siempre una dimensión transnacional, ésta se hace imperiosa en una situación como la de Guinea Ecuatorial, donde los principales empleadores poseen muchas de sus bases más allá de las fronteras del país. Así, por una parte las empresas petrolíferas tienen sus sedes fundamentalmente en Estados Unidos, mientras que los recursos con los que paga la administración guineana a sus funcionarios proceden de la venta de petróleo a esas mismas empresas. Si las relaciones laborales guineanas se desarrollan en esta estructura internacionalizada, cualquier acción sindical que tenga la pretensión de ser eficaz, debe articular su estrategia en un ámbito más amplio al del Estado guineano.

Los derechos de los trabajadores guineanos no son, hoy en día, el objetivo principal de ninguna campaña internacional. Sin embargo, en los últimos años se ha acrecentado la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones transnacionales a favor del cumplimiento de ciertos estándares éticos en el marco de las relaciones económicas. Prueba de ello son las campañas a favor de la transparencia internacional en la industria de la extracción del petróleo y otros minerales. Y Guinea Ecuatorial es hoy en día uno de los países más afectados por estas campañas, que pueden convertirse en apoyo e inspiración de la actuación de sindicatos y asociaciones que reclaman el respeto de los derechos de los trabajadores.

 

RECUADRO 7:
Las Campañas por la Transparencia Internacional y Guinea Ecuatorial

Desde mediados de los años noventa, la denuncia de la corrupción y la exigencia de transparencia en los negocios a nivel mundial ha sido el objeto de organizaciones como Transparency International y Global Witness, ambas con base en Londres. Global Witness trata de poner de manifiesto los vínculos existentes entre la explotación de recursos naturales como la madera, el petróleo y los diamantes y las situaciones de abusos de los derechos humanos, conflicto y corrupción. Sus principales instrumentos son la emisión de informes sobre países concretos y la actividad de cabildeo o presión (lobby) ante los responsables políticos.

La exigencia de publicidad en las transacciones económicas que se realizan entre países productores de minerales y compañías transnacionales ha ido aumentando hasta generar una coalición mundial de más de 270 organizaciones, promovida por Global Witness, CAFOD, Open Society Institute de George Soros, Oxfam, Save the Children UK, y Transparency International UK. La coalición Publish What You Pay (Hagan Público lo que Pagan) reclama la publicación obligatoria de todos los pagos que las empresas del petróleo, gas y minería efectúan a los gobiernos de los países de los que se extraen estos recursos. También reclama que la existencia de un sistema de gestión transparente de los ingresos provenientes de recursos naturales sea una condición necesaria para todos los programas de crédito, desarrollo y asistencia técnica que prestan las instituciones financieras internacionales a estos gobiernos. El convencimiento que subyace a esta exigencia es que, gestionados correctamente, estos ingresos podrían generar un proceso de desarrollo, crecimiento económico y reducción de la pobreza. Pero ello sólo se hace posible si los ciudadanos de estos países pobres, aunque ricos en recursos, tienen instrumentos para exigir a sus gobiernos unas políticas responsables, y la transparencia, y el acceso a la información sobre los ingresos provenientes de los recursos naturales se entiende como uno de los requisitos imprescindibles para ello.

Gracias a la presión de estas organizaciones, la relevancia de la transparencia y de un buen manejo público de los fondos provenientes de la explotación de minerales, ha generado una serie de declaraciones e iniciativas oficiales. Este creciente consenso internacional se hace evidente en el Global Compact de Naciones Unidas, la independiente Global Reporting Initiative, las Guidelines for Multinational Enterprises adoptadas por la OCDE, la reseña de la política de inversión del Grupo Banco Mundial en las industrias extractivas, Extractive Industries Review, el Plan de acción del G8 sobre la lucha contra la corrupción y la mejora de la transparencia aprobado en la cumbre de 2003, la declaración apoyada por Estados Unidos como los Voluntary Principles on Security and Human Rights y la Directiva de Obligación de Transparencia de la Unión Europea de 2005. El informe de marzo de 2005 de la Comisión para África, establecida por el gobierno británico, también identifica la corrupción y las prácticas empresariales opacas como parte de los principales retos para la prosperidad africana.

La propuesta más concreta a este respecto es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) lanzada en septiembre de 2002 por el gobierno británico de Tony Blair, que invita a sumarse a todos los gobiernos y empresas involucradas en la producción de minerales estratégicos, así como a representantes de la sociedad civil. La EITI promueve la exhibición pública, y de manera voluntaria, de las cuentas de la industria extractiva. En marzo de 2005, los países, compañías, organizaciones de la sociedad civil e IFI participantes acordaron 6 criterios mínimos obligatorios para la implantación de la Iniciativa[165].

Aunque la campaña PWYP ha aplaudido esta iniciativa, y las demás declaraciones, a favor de la transparencia internacional, advierte de la baja efecicacia que pueden tener sus medidas si no se adoptan reglamentaciones de carácter exigible que obliguen a las compañías extractivas a publicar lo que pagan (en tasas, royalties y otros impuestos) por los productos de los países individuales en los que operan y a los gobiernos a publicar sus ingresos provenientes de las industrias extractivas.

Guinea Ecuatorial ha sido uno de los países cuya situación ha sido expuesta y denunciada por las campañas a favor de la transparencia internacional. En enero de 2003, Global Witness publicó una primera nota de prensa sobre la situación en Guinea Ecuatorial, basada en un trabajo de investigación periodística publicado en Los Ángeles Times. En él se denunciaban los pagos hechos por las compañías petrolíferas a una cuenta a nombre del mismo Presidente ecuatoguineano en un banco privado de Washington, Riggs Bank, que había facilitado además la venta de lujosas mansiones a Obiang Nguema y su familia[166].

Dos años más tarde, en marzo de 2004, y después de una exhaustiva investigación, Global Witness publicó un informe, Corrupción global petrolífera y minera: es tiempo para la transparencia, sobre los efectos de la extracción de petróleo, gas y minerales en cinco países, entre ellos Guinea Ecuatorial[167]. El informe señalaba la distancia entre el espectacular crecimiento económico del país y el bajo desarrollo humano disfrutado por su población, y denunciaba la malversación de los ingresos del petróleo por parte de los gobernantes del país como causa de esta contradicción. En concreto, condenaba la confusa relación entre los ingresos del Estado y las finanzas personales de los gobernantes, como se había puesto de manifiesto con el descubrimiento de la cuenta millonaria del Riggs Bank, así como la ausencia total de publicidad respecto a los ingresos generados por el petróleo, considerados a menudo por el régimen como “secreto de estado”. Como afirmaba el informe “la cuestión del manejo del gobierno de los ingresos del petróleo no es nada teórica, pues estos ingresos ayudan a empoderar a un régimen político acusado en numerosos informes de una extrema brutalidad hacia su propia gente, y de participar en el tráfico internacional de drogas”.

Al informe de Global Witness siguió la publicación en julio de 2004 de la investigación llevada a cabo por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos sobre la aplicación y efectividad de la legislación sobre blanqueo de dinero y corrupción en el extranjero relacionados con el sector financiero de los Estados Unidos (Patriot Act de octubre de 2001). El estudio se centraba en el caso concreto del Banco Riggs y las cuentas abiertas a nombre del ex dictador chileno Augusto Pinochet y de los gobernantes de Guinea Ecuatorial. El informe concluía que “el banco Riggs administró más de 60 cuentas y certificados de depósitos a nombre de Guinea Ecuatorial, altos cargos de su gobierno y familiares de los mismos, prestando poca o ninguna atención a las obligaciones del banco respecto al control del blanqueo de dinero. Hizo la vista gorda ante las pruebas indicativas de que el banco estaba manejando fondos procedentes de actos de corrupción en el extranjero y permitió que se llevasen a cabo numerosas transacciones sospechosas sin avisar a las autoridades”. El banco también proporcionó créditos y gestionó becas para los gobernantes y sus familias. Asimismo el informe del Senado reconocía que “[l]as compañías petroleras que operan en Guinea Ecuatorial pueden haber contribuido a prácticas de corrupción en este país al haber efectuado grandes pagos a, o habiendo creado empresas mixtas con, altos cargos de su gobierno, sus familiares o empresas controladas por ellos, con una mínima transparencia”[168].

Según la prensa, en agosto de 2005 las autoridades de la Bolsa en Estados Unidos (SEC) abrieron una investigación oficial sobre los pagos efectuados por las compañías petrolíferas americanas Exxon-Mobil, Devon, Marathon y Amerada Hess en Guinea Ecuatorial[169].

Estos informes han expuesto y visibilizado la situación de Guinea Ecuatorial ante un público internacional, y han provocado la aparición de presiones antes casi inexistentes sobre su gobierno. Los intentos del dictador y su familia de abrir nuevas cuentas bancarias en Europa y Estados Unidos han recibido varias negativas[170]. La reacción más inmediata ha sido el interés mostrado por los gobernantes guineanos por mejorar su “presentabilidad” internacional, adoptando el lenguaje de la transparencia en la gestión de los recursos del Estado. Para ello ha buscado desde marzo de 2004 el asesoramiento técnico del Fondo Monetario Internacional, que desde 1996 tenía suspendidos sus acuerdos con el país. El FMI ha publicado un Informe sobre Aplicación de Normas y Códigos sobre Transparencia Fiscal en Guinea Ecuatorial (abril 2005), como base de futuras conversaciones con el gobierno que explica claramente que el gobierno no tiene una política fiscal para gestionar la riqueza petrolífera del país, que no hay transparencia informativa sobre los ingresos petrolíferos y el proceso presupuestario, y que no hay una estructura clara de gestión para GEpetrol[171].

Asimismo, el gobierno ecuatoguineano ha expresado su interés por sumarse a la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas, participando en la cumbre celebrada en Londres en marzo de 2005. Sin embargo, uno de los criterios mínimos para participar en la Iniciativa es que “la sociedad civil se ha de comprometer de manera activa a convertirse en participante, supervisora y evaluadora de este proceso y a contribuir al debate público”, y el gobierno no ha hecho hasta el momento ningún gesto para fomentar un debate público sobre la gestión de los ingresos petrolíferos o permitir la actividad de una sociedad civil independiente en el país. Los efectos que estas campañas internacionales tengan en el futuro están todavía por ver.

En conclusión, las campañas internacionales por la transparencia en la gestión de los recursos del petróleo constituyen iniciativas que ayudan a visualizar, a nivel internacional, la relación entre ciertas actividades empresariales y la situación de opresión política que se vive en el país. Por el momento, los gestos del régimen guineano para contrapesarlas poseen un carácter fundamentalmente cosmético. Sin embargo, si las exigencias internacionales se consolidasen, poseen un potencial de transformación político muy importante.

En las actuales condiciones, una compañía que no quiera participar en las dinámicas de corrupción y empoderamiento de la dictadura quedaría excluida del mercado guineano. Por eso es importante que las empresas que aspiren a unas inversiones socialmente responsables sumen sus esfuerzos a las iniciativas colectivas que exigen una mayor transparencia internacional y el respeto de los derechos de los trabajadores y demás derechos humanos, en aquellos países productores de materias primas básicas. Así colaborarán en el establecimiento de normas internacionales, obligatorias para todas las industrias extractivas, que impidan que el apoyo a la dictadura se convierta en una ventaja comparativa.

El sindicalismo necesita tomar nota de las potencialidades de la internacionalización de las denuncias de las violaciones de los derechos laborales en Guinea Ecuatorial. Y podría ganar ventaja de estas campañas, apoyándolas y sumando a la denuncia de la opresión política, la cuestión concreta de la situación de los trabajadores.

 


 

CONCLUSIONES

-         La situación de los derechos de los trabajadores en Guinea Ecuatorial está intensamente condicionada por el contexto político de autocracia y ausencia de libertades civiles y sociales. Los abusos laborales han sido una nota característica de la participación de este territorio en la economía mundial desde inicios del siglo XIX.

-         Desde mediados de la década de los 90, la economía de enclave generada por la explotación de petróleo ha fortalecido a la dictadura y enriquecido a los gobernantes que, al disfrutar de una fuente de recursos tan copiosa al margen de su población, no tienen que responder políticamente ante ésta. Los beneficios de la producción petrolífera alimentan la corrupción masiva y no revierten en el bienestar general de la población. Las rentas de la industria del petróleo favorecen las dinámicas de represión, empobrecimiento y cooptación política que son los principales instrumentos de dominación social en el país.

-         El mercado laboral asalariado está intensamente politizado, pues constituye otro instrumento de control de la disidencia por parte de las autoridades. Además de la Administración pública, las principales empresas del país están monopolizadas por la familia o allegados del Presidente Obiang Nguema, o se ven obligadas a mantener estrechas relaciones con este círculo de personas para sobrevivir. De modo que ningún opositor o disidente es normalmente contratado en la Administración del Estado o en las empresas. El miedo a perder o no conseguir un puesto de trabajo es una de los principales obstáculos para que los ciudadanos reclamen públicamente sus derechos, o se asocien en sindicatos o cualquier otra organización de la sociedad civil.

-         En la industria del petróleo, esta politización se realiza a través de las agencias de contratación, que están en manos de familiares directos del dictador, y que funcionan como intermediarios entre los trabajadores y las empresas extranjeras que operan en el sector. Cualquier guineano que pretenda trabajar en las plataformas petrolíferas marítimas debe acudir, necesariamente, a estas agencias de contratación que cumplen dos funciones principales: apoderarse de parte importante del salario de cada trabajador, e impedir que obtengan trabajo personas no afines al régimen.

-         El sector no asalariado constituye el principal ámbito laboral de la población. Este sector se concentra en la agricultura, el pequeño comercio, la pesca artesanal o el transporte. Las dos primeras son actividades intensamente feminizadas. Estas personas, que trabajan bien por cuenta propia o bien como arrendatarios, carecen de seguridad social y otros servicios, y sus actividades no reciben apoyo alguno de la administración, en forma de infraestructuras o subvenciones.

-         Ni las normas legales vigentes sobre trabajo, ni los Convenios internacionales de la OIT a los que se ha adherido Guinea Ecuatorial, se desarrollan ni se aplican en la práctica. La aprobación de leyes laborales se dirige más a la necesidad de dar una imagen internacional respetable y homologable, que a reconocer derechos a los trabajadores y a regular las relaciones laborales. Éstas, en general, se desarrollan en un ambiente de gran informalidad.

-         No hay libertad sindical en Guinea Ecuatorial. La situación política impide la articulación de reivindicaciones de los trabajadores frente al gobierno y las empresas que, a menudo, están en manos de las mismas personas. Además, la preponderancia del sector no asalariado genera dificultades adicionales a la organización de los trabajadores. Los promotores de iniciativas sindicales son perseguidos y reprimidos por las fuerzas de seguridad, del mismo modo que lo son los opositores políticos.

 


 

PROPUESTAS para la solidaridad internacional

La naturaleza autoritaria del régimen reforzada en los últimos años por la economía del petróleo, la falta de atención internacional a la situación de Guinea Ecuatorial, la connivencia de ciertas empresas transnacionales y la gravedad de las violaciones sistemáticas y continuadas de los derechos fundamentales y laborales, son razones más que suficientes para que el movimiento sindical internacional se movilice.

Estas son algunas de las propuestas de acción.

  1. Presionar sobre el gobierno guineano para que se ponga en práctica y, en algunos puntos, se modifique la ley sindical vigente, se legalicen las iniciativas sindicales y se permita la organización de los trabajadores del sector público.
  2. Denunciar la instrumentalización política de las contrataciones por parte de las autoridades de Guinea Ecuatorial y la connivencia de algunas empresas transnacionales.
  3. Exigir el cumplimiento efectivo de los Convenios fundamentales de la OIT en Guinea Ecuatorial, y denunciar la participación de delegados no representativos de los trabajadores en la delegación de Guinea Ecuatorial en las Conferencias anuales de la OIT.
  4. Articular un apoyo internacional efectivo a las iniciativas sindicales en Guinea Ecuatorial: presionando por su reconocimiento, dándoles voz en los foros internacionales, apoyando su estructuración y ayudándoles a desarrollarse en el sector formal e informal.
  5. Presionar para que la cooperación gubernamental bilateral con Guinea Ecuatorial se condicione al respeto de los derechos fundamentales y laborales, a la democratización de las relaciones laborales y al establecimiento de la negociación colectiva y el diálogo social.
  6. Exigir transparencia al gobierno de Guinea Ecuatorial en cuanto a los ingresos de la industria extractiva.
  7. Apoyar las iniciativas en pro de la democratización del país.


 

ANEXOS

MAPA

 

Fuente: http://www.afrol.com/es/Servicios/Clipart/Paises/guinea_ec_clips.htm

 

INDICADORES BÁSICOS

 

Extensión territorial                                     28.051 km2

Población                                                   506.350                         2004         

PIB ($)                                                       2.368 mill.                      2004

Crecimiento anual del PIB                           24,5%                            2000-2004

Tasa de fecundidad                                     5,9 hijos / mujer             2000-2005

Esperanza de vida al nacer (años)               43,3                               2003

Crecimiento población                                2,7%                              1975-2003

Distribución por edad                                 44,2% <15 años            2003

                                                                  3,2% >65                      2003

Población urbana                                        38.8%                            2002

PIB per cápita ($)                                       5.796                             2004

Tasa de alfabetización adultos                     84,2%                            2003

 

(Fuentes ya señaladas en el Recuadro 1)


 

CRONOLOGÍA BÁSICA

 

1850-1880    Se inicia la producción de cacao en Fernando Poo (hoy isla de Bioko) y las necesidades de mano de obra, en el marco de la expansión colonial europea en África.

1858            El gobierno español aprueba el Real Decreto sobre Colonización de las Islas Españolas del Golfo de Guinea (13 diciembre)

1900            Delimitación de fronteras de la parte continental de la colonia española (Río Muni) por el Tratado de París entre Francia y España (27 marzo). Inicio de la penetración militar y económica.

1904            Aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico de la colonia y de un Real Decreto sobre el Régimen de la Propiedad en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea.

1905            Firma de un convenio entre el gobierno colonial guineano y el gobierno de Liberia para la importación de trabajadores a la isla.

1906            Aprobación de un Reglamento del Trabajo Indígena por el gobierno colonial (6 agosto).

1914            Fin de las guerras de colonización en la isla de Fernando Poo y derrota de la resistencia militar de la población bubi.

                   Firma de un nuevo convenio entre el gobierno colonial y el gobierno de Liberia sobre importación de mano de obra.

1919            Denuncia del tráfico de mano de obra entre Liberia y Guinea Ecuatorial en la Sociedad de Naciones.

Años 20       Guerras de penetración colonial en Río Muni.

1928            Aprobación del Estatuto del Patronato de Indígenas, que consolida la distinción jurídica entre europeos e indígenas (17 de julio).

Años 30       Se inicia la explotación forestal de Río Muni.

1931-1936    Tímidas reformas liberales durante la vigencia de la II República Española que animaron ciertas reivindicaciones de los africanos.

1936-1939    Guerra civil y establecimiento del régimen dictatorial franquista. Aprobación de una nueva normativa general para la colonia, como el Estatuto Orgánico de 1938.

1943            Firma de un acuerdo entre los gobiernos coloniales de la Guinea Española y de Nigeria para la emigración de trabajadores a la isla de Fernando Poo (23 enero).

1944            Establecimiento de la Delegación de Trabajo (14 de mayo).

1951            Establecimiento del Tribunal de Trabajo Indígena (15 de marzo).

1963            Establecimiento de un Régimen de Autonomía en la colonia (diciembre).

1968            Descolonización e independencia de Guinea Ecuatorial (12 de octubre).

1969            Golpe palaciego del Presidente Francisco Macías Nguema (5 de marzo) e inicio de un régimen de terror.

1975            Expulsión de los trabajadores nigerianos. Se inicia desplazamiento forzoso de la población de Río Muni y Annobón para sustituirlos.

1979            Golpe palaciego de Teodoro Obiang Nguema contra su tío (3 de agosto).

1980            Tratado de Amistad y Cooperación entre Guinea Ecuatorial y España, con el que se reinicia la ayuda española (23 octubre).

1981            Adhesión de Guinea Ecuatorial a la OIT.

1983            Integración en la UDEAC (hoy CEMAC).

1985            Integración en el BEAC y la zona del Franco CFA.

1985            Se inician programas de ajuste estructural con el apoyo del FMI y el Banco Mundial.

1990            Aprobación de la Ley sobre Ordenamiento General del Trabajo y del Reglamento del Régimen General de la Seguridad Social (4 enero).

                   Fundación de la UST en la clandestinidad.

1991-1992    Reforma constitucional y reconocimiento formal de un sistema multipartidista.

1992            Se inicia la explotación del petróleo por la compañía Walter Internacional en el yacimiento Alba.

                   Aprobación de la Ley sobre Sindicatos y Relaciones Colectivas de Trabajo (1 octubre).

                   Creación de la POC (noviembre).

Huelga de profesores y revuelta estudiantil por expulsión de 10 profesores acusados de pertenecer a la oposición política (17 diciembre). La reacción del gobierno fue la detención y tortura de muchos de los participantes.

1993            Pacto Nacional entre gobierno y partidos de la oposición (18 marzo)

                   Devaluación Franco CFA.

                   Elecciones a la Cámara de Representantes del Pueblo (21 noviembre).

1994            Retirada de los proyectos institucionales y reducción drástica del presupuesto de la cooperación española.

1995            Elecciones municipales donde vence la oposición (17 septiembre).

1996            La explotación del petróleo empieza a ser significativa, con 17.000 bpd.

                   Cierre de Embajada USA y retirada de los programas del FMI.

                   Elecciones presidenciales donde Obiang se declara vencedor con el 97% de los votos (25 febrero).

1997            Conferencia Económica Nacional y aprobación de la Estrategia Económica a Medio Plazo (junio).

1998            Represión contra levantamiento del Movimiento por la Autodeterminación de la Isla de Bioko (enero).

1999            Nuevos acuerdos de cooperación con España: celebración de la IX Comisión Mixta y III Plan Marco 2000-2003.

                   Elecciones a la Cámara de Representantes del Pueblo (7 marzo)

2000            Elecciones municipales, en las que no concurrió la oposición (4 abril).

Legalización de la OSPA (10 julio) .

                   Inicio de la explotación del yacimiento Ceiba en las aguas territoriales de Río Muni.

2001            Guinea Ecuatorial se adhiere a 6 Convenios internacionales sobre el trabajo, 87 sobre Libertad Sindical y 98 sobre Derecho de Sindicación y Organización Colectiva, entre otros.

                   Creación de la empresa semipública GEpetrol.

2002            Retirada del relator especial de la ONU para los derechos humanos.

                   Juicio contra la oposición (mayo-junio).

                   Elecciones presidenciales (15 diciembre).

2003            Denuncias de la corrupción promovida por las empresas petrolíferas en Guinea Ecuatorial publicadas en LA Times y la organización Global Witness (enero) .

Repsol entra en el mercado petrolífero guineano.

2002            Elecciones presidenciales y nueva victoria fraudulenta de Obiang Nguema (diciembre).

2003            Reapertura de la embajada norteamericana (16 octubre).

2004            Nuevo juicio político contra opositores de Mongomo.

                   Elecciones legislativas y municipales (abril).

                   Publicación del informe de Global Witness, Tiempo de Transparencia (marzo) y del informe del Senado de Estados Unidos sobre las cuentas guineanas en el Banco Riggs (15 julio).

                   Intento de golpe de estado por mercenarios surafricanos (15 julio) y celebración de un juicio sin garantías (septiembre y noviembre).

                   Asalto a la isla de Corisco (febrero), y consiguiente juicio militar a alguno de los detenidos (diciembre).

2005                        Se reinician negociaciones con el FMI.

Nuevo juicio político a antiguos colaboradores del régimen por supuesto golpe de estado (septiembre).

 


 

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[1] El carácter circular de esta estructura, que comienza hablando de libertad sindical y termina con un capítulo sobre la situación de los sindicatos en Guinea Ecuatorial, permite abordar progresivamente los temas tratados, que pueden aparecer en varios momentos del estudio, primero de manera sintética y más adelante en el contexto de una explicación más general.

[2] Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guinea Ecuatorial, 2000; Departamento de Estado de Estados Unidos (Dpto. Estado), Informe País sobre Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial, 2004; Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), Informe anual sobre violaciones a los derechos sindicales, 2004.

[3] Dpto. Estado, 2000 a 2004.

[4] CIOSL, 2004; CDH, 2000.

[5] Dpto. Estado, 1999 a 2002.

[6] Dpto. Estado, 2001 a 2003. En 2004 hubo un paro de un día en la compañía CCIC (Consolidated Contractors International Company) por causa de los salarios mínimos, en que el Ministerio de Trabajo intervino y colaboró en la consecución de un acuerdo, Dpto. Estado, 2004.

[7] Dpto. Estado, 2001.

[8] Dpto. Estado, 1999 a 2004.

[9] Así en 2004 la empresa K5 Oil Centre procedió al despido de más de 8 conductores porque estos amenazaron con parar el trabajo si no se les formalizaban sus contratos por escrito después de 6 meses de trabajo.

[10] Dpto. Estado, 2004.

[11] CDH, 1994 a 1998; Dpto. Estado, 1999 a 2004.

[12] Informe de UNICEF de 1998, citado por Dpto. Estado, 2000.

[13] Dpto. Estado - OMCTP, 2005; Okué Oyono, 2000.

[14] OMCTP, 2005; OIT-IPEC, 2002.

[15] Dpto. Estado, 2002.

[16] Dpto. Estado, 2002.

[17] Dpto. Estado, 2003; OMCTP, 2005.

[18] OIT, International Labour Office - Bureau of Statistics, Economically Active Population 1950-2010, STAT Working Paper, 1997 citado por GMACL, 2000.

[19] Estudio sobre trabajo infantil de UNICEF de 2001, citado por Dpto. Estado, 2004.

[20] Dpto. Estado, 1999 a 2004; GMACL, 2000; Department of Labor, 2004.

[21] Informe de UNICEF citado en “La explotación infantil aumenta en Guinea Ecuatorial”, AfrolNews, 23/11/2000.

[22] UNICEF, Panorama: Guinea Ecuatorial.

[23] Okué Oyono, 2000; “La explotación infantil...”, 23/11/2000; Dpto. Estado, 2002 y 2003.

[24] OMCTP, 2005.

[25] Dpto. Estado, 2004.

[26] “Guinea Ecuatorial: Minors Grounded, Prohibited From Working”, Irinnews, 31/8/2001.

[27] ILAB, 2004.

[28] Dpto. Estado, 2001 y 2002; CPDS, Breve Informe… 2003.

[29] CDH, 2001 y 2002; Dpto. Estado, 1999-2004.

[30] CDH, 2002.

[31] CDH, 2002; CPDS, Ponencia Marco…2005.

[32] Dpto. Estado, 1999 a 2003.

[33] CDH, 2000.

[34] Naciones Unidas, 1999.

[35] PNUD, Informe de Desarrollo Humano (IDH), 2005.

[36] Naciones Unidas, CCA, 1999.

[37] Así lo reconoce el mismo Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Country Fact Sheets, Ecuatorial Guinea: The Human Development Index – going beyond income, 2005.

[38] Cuando no se indique otra fuente, los datos de esta sección provienen del PNUD, IDH, 2005.

[39] FMI, Country Report No. 05/151, Republic of Equatorial Guinea: Statistical Appendix, mayo 2005.

[40] Ibídem.

[41] Ibídem.

[42] Ibídem.

[43] FMI, Country Report No. 05/151, 2005.

[44] Paridad de Poder Adquisitivo (PPA): medida que homogeneiza el Producto Interior Bruto per capita de los países en función del poder adquisitivo real según el coste de la vida.

[45] Datos para 1995 provenientes de Naciones Unidas, CCA, 1999.

[46] Naciones Unidas, CCA, 1999.

[47] OCDE, African Economic Outlook - Country Studies: Equatorial Guinea, 10/1/2002.

[48] PNUD, IDH, 2004.

[49] PNUD, IDH, 2002.

[50] Naciones Unidas, CCA, 1999.

[51] ABAGA, 1997.

[52] UNICEF, Panorama: Guinea Ecuatorial.

[53] GRGE, Programa de Acción… 2001.

[54] CDH, 2002.

[55] El Índice de Desarrollo relativo al Género del PNUD, que mide las desigualdades entre hombres y mujeres en los tres aspectos básicos del IDH, es de 0,641 para 2003: PNUD, IDH, 2005.

[56] CDH, 2002.

[57] Dpto. Estado, 2005.

[58] CDH, 2002.

[59] Amnistía Internacional, Una parodia… 2002. El Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión que visitó el país el mes de diciembre de 2002 presentó un Informe a la CDH, en el que se señalaban las graves deficiencias existentes no sólo en relación a la libertad de opinión y expresión sino también a los demás derechos políticos, al tiempo que mostraba su preocupación por la situación de los presos políticos juzgados entre mayo y junio de 2002 (ONU: E/CN.4/2003/67/Add.2).

[60] Amnistía International, “Equatorial Guinea: Stop the killings, the rapes and the arbitrary arrests”, noticia de 5/7/2004; AI, “Equatorial Guinea: Prisoners starving to death”, noticia de 14/4/2005; AI, Equatorial Guinea: A trial with too many flaws, Informe de 7/6/2005.

[61] Es ilustrativo que en las últimas sesiones del Parlamento, la Mesa de la Cámara, en connivencia con el gobierno, se negó a tramitar una pregunta de un diputado de CPDS interesándose por las medidas y acciones llevadas a cabo por el ejecutivo, en cumplimiento de la obligaciones que le incumben como Estado parte de la Convención contra la Tortura para erradicar esa práctica en el país. CPDS, “Los dos únicos parlamentarios de CPDS ejercen un riguroso control al gobierno del PDGE”, La Verdad núm. 54, marzo-agosto 2005.

[62] Los datos de esta sección y la siguiente están basados en su mayor parte en CAMPOS SERRANO, 2005; SANZ CASAS, 1983; SUNDIATA, 1996.

[63] Sanz Casas, 1983 (p. 121).

[64] Clavero, 2005.

[65] Clavero, 2005; Sanz Casas, 1983 (p. 233).

[66] Sundiata, 1996. Sobre esta misma política llevada a cabo en 1911-1912, véase el trabajo de Petit, 1998.

[67] En 1914 se firma un nuevo convenio con Liberia que es cancelado en 1919. Siguieron nuevos acuerdos privados. Ver Sanz Casas, 1983 (pp. 229 y 244).

[68] Cámara Agrícola de Fernando Poo, “Nota sobre el problema de brazos en Fernando Poo”, de 14/5/1930, citado por Sanz Casas, 1983 (p. 240).

[69] El primero se firmó el 9 de diciembre de 1942.

[70] Ordenanza del Gobierno General de 15/5/1944.

[71] Ordenanza del Gobierno General de 15/3/1951.

[72] Esteva Fabregat, 1964.

[73] Abaga, 1997.

[74] Liniger Goumaz, 1983.

[75] Desde entonces se han celebrado varias consultas electorales a la Cámara de Representantes del Pueblo (1993 y 1999, 2004), a la Presidencia (1996 y 2002) y a los Ayuntamientos (1995, 2000 y 2004). El Pacto Nacional se ha revisado en 1997 y 2001.

[76] Dpto. Estado, Bureau of African Affairs, Background Note: Equatorial Guinea, enero 2005.

[77] CPDS, Informe Los procesos electorales en Guinea Ecuatorial: La historia de las frustradas esperanzas de democratización, 2003.

[78] A lo largo del tiempo, la clase gobernante guineana ha participado en los mercados internacionales de venta de madera, drogas, pesca, tráfico de armas, empresas de aviación, basura tóxica, y en los últimos tiempos sobre todo petróleo. Ver Wood, 2004.

[79] Sobre las dinámicas políticas de los Estados africanos y la idea de extraversión del poder ver Bayart, 1999; Cooper, 2002; Chabal y Daloz, 2002.

[80] abaga, 1997; Escribano, 1999.

[81] Sólo se reconoció la victoria de la oposición en 9 de las 19 alcaldías realmente obtenidas sobre 27 disputadas.

[82] Sobre los efectos políticos del petróleo, véase Micó, 2005; Wood, 2004.

[83] http://www.ilo.org

[84] Dpto. Estado, 2001 y 2002.

[85] Banco Mundial, Equatorial Guinea at a glance, 2002.

[86] FMI, Country Report 05/151, 2005.

[87] FMI, Country Report 98/33, Equatorial Guinea: Statistical Appendix, abril 1998; FMI, Country Report 05/151, 2005.

[88] Banco Mundial, 2002. OCDE, African Economic Outlook - Country Studies: Equatorial Guinea, 10/1/2002.

[89] Abaga, 1999 (pp.7-8).

[90] Greenpeace, 2000 (p.19).

[91] De 254 mill. $ en 1991 a 319 mill. $ en 2003: Banco Mundial, 2002 y 2004.

[92] FMI, Public Information Notice No. 05/61, Article IV Consultation with Equatorial Guinea, 6/5/2005.

[93] FMI, Public Information Notice No. 03/144, Article IV Consultation with Equatorial Guinea, 9/12/2003; Global Witness, Corrupción global petrolífera y minera: es tiempo para la transparencia, Informe de marzo 2004.

[94] Abaga, 1999 (p.9).

[95] Senado de Estados Unidos, Permanent Subcommittee on Investigations, Committee on Governmental Affairs, Money Laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act. Case Study Involving Riggs Bank, 15/7/2004 (p.97).

[96] Micó, 2005.

[97] Escribano, 1999 (p.15).

[98] LA seguridad del Presidente Obiang estuvo durante cierto tiempo a cargo de una unidad militar marroquí. Dare, 2002; Wood, 2004 (p.564).

[99] Sobre estos acontecimientos de marzo 2004, véase Carlin, 2005.

[100] FMI, Staff Country Report No. 99/113, Equatorial Guinea: Recent Economic Developments, October 1999; FMI, Country Report No. 05/151, 2005

[101] II Censo de Población y II de Viviendas, República de Guinea Ecuatorial, 1994; III Censo General de Población y Viviendas, República de Guinea Ecuatorial, julio 2002. Los resultados del último censo de 2002 han sido considerados por muchos observadores como inexactos, pues ofrecen una cifra total de población de 1.014.999 personas, frente a las 304.670 del censo de 1994, las 516.000 calculadas para 2003 por la CEMAC o las 506.350 según el FMI en 2004. Ello ha sido debido muy probablemente al deseo del gobierno guineano de hacer disminuir la cifra de la renta per cápita del país y poder así acceder a programas de ayuda para países con renta más baja. Por otra parte, hay que señalar que este censo toma como población económicamente activa a los mayores de 15 años, mientras que el de 1994 la contabilizaba desde los 6 años. Todo esto genera problemas de interpretación y tratamiento de los datos censales. En este estudio se ha decidido aceptar como más real la cifra ofrecida por la CEMAC o el FMI, y dividir entre dos los datos de población total y de población económicamente activa que da el censo (430.542). Además, se han utilizado bien los porcentajes o bien las cantidades netas ofrecidas, según su consistencia con datos ofrecidos por otras fuentes o estimaciones propias de los autores.

[102] Naciones Unidas, CCA, 1999.

[103] Naciones Unidas, citando al Ministerio de Trabajo de Guinea Ecuatorial, recoge la cifra de 4.000 a 7.000 ecuatoguineanos mientras que otro autor ha calculado que la industria emplea de 1.100 a 1.500 ecuatoguineanos, junto a 6.000 trabajadores extranjeros. ONU, Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guinea Ecuatorial presentado por el representante Especial de la CDH, Sr. Gustavo Gallón, 24/1/2002, E/CN.4/2002/40 (p.21) y Velloso, 2003.

[104] Según Moulinot (2003) habría entre 10.000 y 20.000 cameruneses en el país; mientras que según el Censo de Población de 2002, los nigerianos supondrían la mitad de esa cifra.

[105] El censo de 2002 da una cifra total de 259.967 personas, lo que constituye un número excesivo, resultado de las especiales circunstancias de este censo ya mencionadas en la nota 100.

[106] Los datos de esta sección están basados en su mayor parte en EIA Country Analysis Briefs: Equatorial Guinea, octubre 2004. Ver también página web del Ministerio de Minas, Industria y Energía de Guinea Ecuatorial, http://www.equatorialoil.com; OCDE, 2002; Abaga, 1999; Frynas, 2004.

[107] Así, lo reconocía en 2002 el informe del African Oil Policy Initiative Group, una coalición de consultores africanos, ejecutivos del sector energético y miembros de un subcomité sobre África del Congreso de Estados Unidos, titulado significativamente “African Oil: A Priority for U.S.National Security and African Development” (Petróleo africano: una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y el desarrollo en África).

[108] Repsol YPF, Nota informativa Guinea Ecuatorial 2003 Exploración, 31/5/2004.

[109] Senado de Estados Unidos, 2004.

[110] Silverstein, “The Crude...”, 2002; Dare, 2002; Beinart, 2004.

[111] CDH, 2002, citando al Ministerio de Trabajo. El censo de 2002, que plantea los problemas ya consignados, da una cifra de 56.285.

[112] Parte de esta información proviene del informe del Senado de Estados Unidos, 2004.

[113] CPDS, Ponencia Marco..., 2005.

[114] Prueba de esta realidad es que en la misma evaluación del Pacto Nacional de 2002 se prohibió “a las empresas exigir un documento de militancia de ningún partido político a la hora de ofertar puestos de trabajo”.

[115] CPDS, Ponencia Marco..., 2005.

[116] abaga, 1997 (pp.162-3).

[117] Estas actividades están clasificadas en la industria del petróleo de manera muy precisa, y algunas de las más habituales entre los trabajadores guineanos son las de roustabout, floorhands y derrickhand. Según la definición de la página oficial del gobierno canadiense, un roustabout es un peón que traslada equipamiento, guía las grúas y mantiene limpias las tuberías y la cubierta; un floorhand opera los instrumentos de perforación, ayuda con la conexión y desconexión de las tuberías y se encarga del mantenimiento general de la plataforma; y un derrickhand opera los aparejos de la perforación y es responsable de la transferencia y almacenamiento de tuberías y del mantenimiento del sistema de perforación. Véase http://www.gov.ns.ca/energy y http://www.whatoiljobs.com.

[118] Asodegue, Hojas Informativas de 12/3/2004 y /7/10/2005 en www.asodegue.org.

[119] USA, 2002 a 2004, mencionando a representantes de la OIT.

[120] Frynas, 2004 (p. 541).

[121] CDH, 1997.

[122] Según una queja presentada por profesores de escuelas privadas financiadas con fondos de la cooperación española, los salarios en 1999 eran de 1.200-1.500 FCFA/hora para Licenciados, 708 FCFA/hora para Titulados y 666 FCFA/hora para los Diplomados, lo que contrastaba con los 1.800 € al mes que cobraban los profesores españoles en los mismos centros. “Manifiesto del Comité de Representación de Maestros y Profesores de la ACCEGE”, 11/3/1999, http://www.afrol.com/es/Paises/Guinea_Ecuatorial/documentos/accegue_11.03.00.htm y http://www.ccoo.es/guinea.ec_democratica/sindicalismo.htm.

[123] Dpto. Estado, 1999 a 2001.

[124] Dpto. Estado, 2003

[125] Aunque en crecimiento, no existe un número suficiente de inspectores para supervisar las condiciones de trabajo en las empresas. Dpto. Estado, 2004.

[126] Consejo de Estado de España, Dictamen de 20/5/1999.

[127] Internacional Bar Association (IBA), Guinea Ecuatorial en un momento decisivo, Informe de una misión en Guinea Ecuatorial realizada por el Instituto de Derechos Humanos de la IBA, octubre 2003.

[128] El Censo de 2002 da una cifra de 351.695 personas mientras que el informe de la CDH de Naciones Unidas de 2002 lo sitúa en 150.000.

[129] OCDE, 2002.

[130] “De esta población, una parte es rural y vive en los poblados o en los patios de las fincas (conjunto de habitaciones con distintos niveles de confort), y se dedica al sector cacao. Otros viven en las ciudades, y trabajan sus parcelas temporalmente. Un número indeterminado de hombres y mujeres están ocupados en el sector de manera temporal para trabajos de baja capacitación”, Oficina de Planificación y Evaluación, Informe ejecutivo: El sector cacao en Guinea Ecuatorial, SECIPI, Ministerio de Asuntos Exteriores (España), 1997.

[131] OPE, 1998 (p. 12).

[132] Wood, 2004 (p. 553).

[133] Liniger-Goumaz, 2000.

[134] Liniger-Goumaz, 1983.

[135] El gobierno se niega sistemáticamente a hablar, también en sede parlamentaria, del desarrollo de la Ley de Sindicatos. Así ocurrió por ejemplo en el Encuentro entre Gobierno y Partidos Políticos celebrado en Mbini en agosto de 2003. CPDS, Comunicado de Prensa de 27/8/2003.

[136] Queja presentada ante la OIT por la Unión Sindical de Trabajadores (UST), la Asociación Sindical de Docentes (ASD) y la Organización de Trabajadores del Campo (OTC) por violación de libertad sindical contra el Gobierno de Guinea Ecuatorial, 23/5/2005.

[137] CIOSL, Observaciones presentadas en la 277ª reunión del Consejo de Administración de la OIT sobre La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, marzo 2000.

[138] A finales del año 2004, Pío-Miguel Obama Oyana, encargado de los asuntos sindicales del partido de la oposición CPDS, estuvo detenido en la comisaría de policía durante 45 días.

[139] CIOSL, 2000.

[140] CPDS, Ponencia Marco..., 2005.

[141] Unión Sindical de Trabajadores (UST), Informe presentado ante XXXVII Congreso de la UGT, Madrid, 1998.

[142] CPDS, Ponencia Marco..., 2005.

[143] CCOO, 2000.

[144] UST , Informe General, febrero 1994; UST, Informe General, 1998.

[145] UST 1994 y 1998.

[146] CCOO, 2000.

[147] ASD, Estatutos, 11/3/1998.

[148]Manifiesto del Comité de Representación de Maestros...”, 2000; “Rotas las conversaciones en el sector de la enseñanza privada. Los profesores guineanos podrían ir a la huelga a partir de mañana”, Asodegue, 10/5/2000; “Se aplaza la huelga de enseñantes. Obiang estuvo en Estados Unidos a comprar seguridad”, Asodegue, 11/5/2000.

[149] UST, 1998.

[150] CCOO, 2000.

[151] Organización Sindical del Pequeños Agropecuarios (OSPA), Estatutos, 8/10/1998.

[152] Carlos Oná, Entrevista, La Opinión, 19/8/2000.

[153] El proyecto incluye la creación de una granja de pollos y una planta de producción de piensos. Véase la página web de Cooperativa Mondragón http://www.mundukide.org/PROYECTOS.htm#cipa

[154] UGEPRIGE, Observaciones presentadas a la Oficina Internacional del Trabajo, marzo 2000.

[155] IBA, 2003.

[156] CPDS, Ponencia Marco..., 2005.

[157] Los primeros contactos fueron a través de la Internacional Socialista y el sindicato israelí HISTADRUT, CCOO, 2000.

[158] www.ccoo.es/guinea.ec_democratica.

[159] El primer seminario organizado por UGT fue sobre “Organizadores Sindicales para Guinea Ecuatorial”, de 23 junio a 4 julio 1997.

[160] “Congreso con presencia de representantes ecuatoguineanos”, Europa Press, 12/4/2002.

[161] La organización del seminario sufrió numerosos obstáculos por parte de las autoridades, que no permitieron la entrada en el país del experto español en formación sindical, ni la utilización de locales públicos para la celebración del evento, que contó con una asistencia de 109 personas. UST, Informe final, 18/12/2005.

[162] CCOO, 2000.

[163] CIOSL, Observaciones presentadas ante la Oficina Internacional del Trabajo, marzo 2000.

[164] “Se celebró en Yaundé, República del Camerún, del 21 al 23 de mayo, el 5º Seminario Regional ACP-UE sobre Medios Económicos y Sociales y la Sociedad Civil”, La Verdad núm. 47, Malabo, junio 2003.

[165] Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas http://www.eitransparency.org.

[166] Global Witness, Nota de Prensa “¿Alberga un banco estadounidense los millones desaparecidos provenientes del petróleo Ecuatoguineano? Los Departamentos de Justicia y del Tesoro Estadounidenses deben investigarlo”, 20/1/2003; Ken Silverstein, “Oil Boom Enriches African Ruler”, Los Angeles Times, 10/1/2003

[167] Global Witness, 2004.

[168] Senado de Estados Unidos, 2004.

[169] Africa Energy Intelligence, Equatorial Guinea: SEC Investigates, n° 399, 31/8-13/9/2005.

[170] “Guinée Équatoriale. Du Pétrole... et demain?”, Jeune Afrique / L'Intelligent, núm. 2302, 20-26/2/2005.

[171] FMI, Republic of Equatorial Guinea: Report on the Observance of Standards and Codes--Fiscal Transparency Module, 27/4/2005.